Las víctimas de Michoacán: el recuento imposible/reportaje

Las víctimas de Michoacán: el recuento imposible/JOSÉ GIL OLMOS

Revista Proceso # 1944, 1 de febrero de 201.

Desde 2007, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado desde su natal Michoacán, los habitantes de la entidad han vivido inmersos en la violencia: la de las bandas criminales que los matan, extorsionan o desaparecen, y la de las fuerzas de seguridad, las cuales prácticamente hacen lo mismo. La cifra de michoacanos muertos, desaparecidos o desplazados contra su voluntad es incierta. Lo único seguro es que el estado adquiere poco a poco las características de la tierra arrasada.MORELIA, MICH.- Concentrados en la estrategia militar para combatir al crimen organizado, los gobiernos federal y estatal no reparan en quienes han quedado atrapados en la guerra contra el narcotráfico y padecen por igual las agresiones de policías, soldados y delincuentes.

 Durante 2013 cientos de familias michoacanas fueron forzadas a desplazarse a otros estados o de una ciudad a otra. Extraoficialmente en la entidad se cuentan, en ese año, más de 3 mil muertos y una docena de desaparecidos a manos de policías municipales y soldados.

 Desde 2007, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, ha habido 12 mil 715 homicidios dolosos en Michoacán, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dados a conocer en septiembre del año pasado.

 De acuerdo con ese conteo, sólo de enero a julio de 2013 se habían cometido 496 homicidios dolosos en Michoacán, la cifra más alta desde 1998, cuando se tuvo el récord histórico de 695 en un lapso semejante.

 Pero en realidad no hay una cifra exacta de muertos y desaparecidos en esta guerra. Desde el 24 de febrero de 2013 –fecha en que comenzaron a integrarse los grupos de autodefensa ciudadana–, tras los combates con Los Caballeros Templarios cada bando recoge a sus muertos y heridos y no se levanta ni un acta ministerial. Por ejemplo, el 19 de octubre del año pasado hubo un enfrentamiento entre estos dos grupos, y según José Manuel Mireles –uno de los dirigentes comunitarios– el saldo fue de 13 muertos, de los cuales 12 eran delincuentes. No hubo registro oficial de ese hecho.

 Lo inasible de las cifras se detecta incluso al revisar los datos oficiales de algún choque, como ocurrió en julio de 2013, cuando hubo ataques en seis puntos del estado. El gobierno federal reportó 20 civiles muertos, pero no reveló nombres; sólo proporcionó los de dos policías federales y el del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet.

 La Iglesia tiene otros números: cifras de la arquidiócesis de Morelia indican que desde la llegada de Fausto Vallejo al gobierno michoacano (2011) ha habido 2 mil 300 muertes violentas; desde la declaración de guerra de 2006, más de 30 mil.

 Nadie conoce tampoco el número de desplazados, pues miles de familias han huido de los municipios más violentos –30% de los 113 de la entidad– en una migración “hormiga y silenciosa”.

 El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares, reconoció que en los primeros 20 días de este año 90 personas huyeron de sus casas de Tierra Caliente, por la inseguridad; el año pasado fueron más de 200.

 El éxodo michoacano generado por la violencia criminal se observa de manera más nítida si se considera que de las 36 mil solicitudes de asilo en Estados Unidos el año pasado, 2 mil eran de Michoacán, especialmente de Tierra Caliente.

 Y el Comité de Familiares de Personas Detenidas, Desaparecidas en México (Cofaddem) Alzando Voces sostiene que “en esta nueva estrategia” –la del gobierno de Peña Nieto, que prolonga la iniciada por Calderón– “siguen ausentes los derechos humanos y la impartición de justicia”.

 Violencia de Estado

 El 3 de enero de 2007 el presidente Felipe Calderón se puso una casaca verde y un quepis en la 43 Zona Militar de Apatzingán, Michoacán, para lanzar su declaración de guerra contra el narcotráfico. Flanqueado por los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván, y de Marina, Mariano Francisco Saynez, exclamó: “Vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a ­exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con ustedes”.

 A partir de entonces la entidad mostró todos los signos de una guerra: enfrentamientos entre bandas criminales, soldados, policías y autodefensas; quema de vehículos; miles de muertos, desplazados y desaparecidos; cateos ilegales; detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, que no han sido reconocidas por los gobiernos federal y estatal.

 Cristina Paredes, hija de Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos desaparecido el 26 de septiembre de 2007, dice a Proceso que la violencia en Michoacán es generada por el Estado y empezó cuando Felipe Calderón lanzó su declaración de guerra. Ahora, sigue con la misma gravedad en el gobierno de Peña Nieto.

 “Esa lucha empieza a generar graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, el desplazamiento involuntario, tortura como método de inculpación, allanamiento de morada, cateos ilegales, violaciones, robo a casa habitación por parte de militares.

 “La posición que nosotros manejamos es que es una violencia de Estado; no creemos que sea sólo una guerra contra las drogas o el crimen organizado, porque éste está dentro de las mismas estructuras del gobierno, como lo vemos en los casos que tenemos registrados de desaparición forzada en los cuales han tenido que ver militares, marinos, policías estatales y municipales.

 “Esta violencia no obedece simplemente a un partido, al PAN con Felipe Calderón, sino que se sigue agudizando con el PRI de Enrique Peña Nieto. Ahora se sigue desapareciendo gente, desplazándola; es lo mismo porque no se han creado las condiciones de seguridad, y es por eso que nacen las guardias comunitarias diciendo ¡ya basta!

 “Hoy se vuelven a desplegar soldados y policías y nos están llegando reportes de que se están llevando a gente que ni siquiera tiene que ver con el crimen organizado ni con el narcotráfico. Creemos nosotros que otra vez, con todo esto, se van a registrar graves violaciones a los derechos humanos”, sostiene Cristina, integrante del Cofaddem.

 Mercedes Ruiz González, madre de Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz –abogado defensor de los derechos mineros que desapareció junto con su colega Vianey Heredia Hernández el 29 de junio de 2010 en Tumbiscatío– señala a este semanario otras de las graves faltas en la impartición de justicia para todos los casos de desaparición forzada:

 “No existe un solo caso en el que se haya consignado por una desaparición forzada. Ahora, con la administración de Peña Nieto, estamos viendo que esa impartición de justicia y la impunidad continúan bajo el manto de la retórica y del discurso, porque las violaciones se siguen llevando a cabo. Incluso vemos que en los medios de comunicación existe un velo en el que ni siquiera pueden hacerse visibles muchos casos de desaparición forzada. No es que ya no existan o no se lleven a cabo, sino que están ocultos, no se están registrando”, advierte.

 Laura María Orozco, también del Cofaddem y cuyo padre y dos de sus hermanos están desaparecidos, advierte que hay casos en los cuales se juntan tres violaciones a los derechos humanos: desplazamiento involuntario, desaparición forzada y sustracción de bienes y tierras.

 “Tenemos conocimiento de que muchas de las personas despojadas de sus propiedades o víctimas de desaparición forzada o asesinato han tenido que dejar sus hogares. Pero no hay un registro concreto de desplazados. La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene ese registro. Es una situación grave”, afirma la joven.

La pesadilla de los Orozco

El Cofaddem tiene registrados 189 casos de desaparición forzada desde 2006. Por su parte, la CEDH hace un año daba cuenta de 678 quejas por desapariciones, sin especificar si eran forzadas.

Laura María Orozco dice a Proceso que en el Cofaddem estiman que por cada caso registrado hay cinco más no denunciados, pues muchos familiares se frenan por las amenazas y hostigamiento de los policías municipales y de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. Esto significa que habría unos 945 casos y en la mayoría estarían implicados policías municipales y estatales, así como militares.

Es el caso de su familia. En agosto de 2007, cuenta, su hermano fue detenido en Nuevo Zirosto cuando un grupo de soldados llegó a una supuesta casa de seguridad de los criminales, la cual encontraron vacía. Al no hallar a nadie en el lugar, detuvieron a su hermano José Iván y lo acusaron de portar armas, tráfico de droga y posesión ilegal de autos.

En el comunicado número 100 de la Secretaría de la Defensa –con fecha 1 de agosto de 2007– se consigna la detención de José Iván y de otro menor; los acusaban de secuestro y supuestamente les aseguraron nueve pistolas, cinco fusiles y cientos de cartuchos, así como una camioneta, uniformes y fornituras de la Policía Municipal y placas de un auto de Guerrero.

José Iván Orozco salió de prisión el 8 de mayo de 2012 absuelto por encontrársele inocente. Pero durante los cinco años que estuvo preso, su padre y sus hermanos Moisés y Leonel fueron desaparecidos por militares, en venganza, dice su hermana, por las denuncias que interpusieron ante autoridades estatales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Su padre, Leonel Orozco Ortiz, fue desaparecido por soldados vestidos de civil el 3 de julio de 2008 luego de presentar la denuncia de intento de extorsión de militares, quienes le pidieron 200 mil pesos para liberar a su hijo José Iván.

“Le dijeron a mi papá que si no quería que se llevaran a su hijo les diera 200 mil pesos. Mi papá les dijo que no tenía por qué darles dinero y entonces le dijeron a mi hermano: ‘Ahora a ver si sales, ¿para qué fue a quejarse a derechos humanos?’. Como no dimos el dinero saquearon la casa, se llevaron ropa, fotos de la familia y todo lo que pudieron.

“Mi papá puso denuncias por extorsión y robo contra los militares y se quejó incluso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 5 de julio de 2008 iba a presentar sus pruebas ante la CNDH, pero el 3 de julio llegó un grupo armado que dijo ser de la Policía Ministerial con una orden de aprehensión en su contra. Amagaron a mi mamá, a mi hermano y a un tío. Esas personas tenían corte militar pero decían que eran ministeriales, y se lo llevaron”.

Después de ese hecho, Laura señala que presentaron denuncias ante la procuraduría estatal (APP 244/2008/II-FEADS) sin resultado alguno. Dedicados a trabajar huertas de aguacate siguieron sus labores, pero continuaron sufriendo el hostigamiento de los militares, quienes incluso una vez catearon la casa de su hermano Moisés y la de su madre.

“Mi mamá no los dejó. Ellos anotaron algo en su libreta y a los ocho días, el 18 de abril de 2009, llegó a la casa un grupo de la AFI que se llevó a mi hermano Leonel Orozco Medina, de 17 años. Se puso una denuncia ante la procuraduría (APP 62/2009/I-FEADS) y no hicieron nada. Hasta ahorita sigue desaparecido.”

Luego de esto dejaron el pueblo y encargaron sus tierras a dos tíos, pero en 2010 fueron despojados de las huertas por soldados que se las dieron a otras personas, vinculadas con bandas criminales. Ante esto su hermano Moisés presentó nuevas denuncias. La respuesta fue brutal. Este último fue desaparecido por la Policía Municipal de Apatzingán el 22 de mayo de 2012. Hoy 50 miembros de la familia viven en otras entidades.

Otros casos de desaparición forzada son los de Luis Gómez Álvarez, un hojalatero a quien policías municipales de Morelia se llevaron el 19 de abril de 2013; Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz y Vianey Heredia Hernández, los dos abogados dedicados a la defensa de los derechos mineros que desaparecieron cuando iban a Tumbiscatío el 29 de noviembre de 2010; Patricio Barrera Corona, Simón Corona Banderas, Roberto Mejía Mendoza y otra persona más que desaparecieron el 23 de septiembre de 2009 en un retén policiaco de Turicato, cuando regresaban a su casa luego de pedir recursos para mejorar la iglesia. Y hay más…

En la lista de desapariciones forzadas en Michoacán figuran periodistas, abogados, jornaleros y trabajadores. En lo que va del gobierno de Peña Nieto ya se tiene una relación de 12 desapariciones forzadas, con lo cual Michoacán ocupa la cuarta posición en ese rubro, sólo superado por Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.