El acoso laboral de Lía Limón

La defensora de derechos humanos que los “vulnera”/Gloria Leticia Díaz

Revista Proceso # 1951, 22 de marzo de 2014

La peor acusación posible: Exempleados de la Unidad de Derechos Humanos aseguran que Lía Limón –subsecretaria de Gobernación y responsable de velar por el respeto a las garantías individuales– los amagó, atosigó y forzó a que renunciaran por no estar de acuerdo con el modo en que se gestionaba el mecanismo de protección a activistas y reporteros. Afirman que las amenazas trascienden lo laboral y ahora temen por sus vidas.

 Un día después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto compareciera ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió una notificación de gravedad: Empleados federales le informaban que la subsecretaria Lía Limón García incurrió en abusos de autoridad, discriminación, misoginia, maltrato y humillaciones.­

 Integrante de la delegación gubernamental que dio respuesta final a las recomendaciones del Examen Periódico Universal el jueves 20 en la sede de la ONU, en Ginebra, Limón García fue señalada por trabajadores de la Unidad de Derechos Humanos (UDH) y el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPP) en una carta dirigida a Osorio Chong.

Firmada por Silvia Vázquez Camacho, Leopoldo López Rizo, Karina Copado Araujo y Diana Díaz Montiel, la misiva –de la que Proceso tiene copia– da cuenta de agravios atribuidos a Limón, exdiputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional (PAN). Además, advierte de riesgos si la funcionaria permanece al frente de la dependencia responsable de la política de derechos humanos del país.

 Los funcionarios se quejan de que fueron orillados a renunciar ante el ambiente de acoso y amenazas de Limón García, perpetrado de forma directa y a través de funcionarios cercanos –entre ellos su secretario particular, Sinuhé Márquez Armenta, colaborador de la funcionaria desde su paso por la ALDF.

 Los hechos fueron difundidos en el contexto de la renuncia del titular de la UDH de la Segob, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, el martes 18. La dependencia no ha dado explicaciones acerca de esa dimisión.

Hasta el viernes 22 el cargo de Gutiérrez Contreras no había sido cubierto, pese a que desde el miércoles 19 decenas de defensores, periodistas y organizaciones sociales enviaron una petición a Osorio Chong en la que recordaban que el titular de la UDH “es trascendental en tanto que participa de la configuración de la promoción y defensa de los derechos humanos en la Administración Pública Federal; coadyuva en la generación de la política nacional de derechos humanos y es el coordinador ejecutivo nacional del MPP”. Apuntaron también que dicha unidad es el área encargada de “instrumentar el cumplimiento de las medidas provisionales, precautorias y cautelares de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

Historia de sombras

Durante la audiencia en Ginebra del jueves 20, Lía Limón informó que desde la entrada en operación del MPP, en 2012, la dependencia ha recibido “152 solicitudes de incorporación que benefician a más de 220 defensores de derechos humanos y periodistas”.

La funcionaria, en cambio, no dio cuenta del rezago en la atención de 70% de los casos, a pesar de que se integró un Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, en 2013, contó con 127.5 millones de pesos, y con 134.4 millones para este año.

 En la carta enviada por los colaboradores de la UDH a Osorio Chong enumeran abusos laborales como “la elusión de pagos salariales hasta por cuatro meses, sin reposición de los mismos”; la falta de personal para atender la carga de trabajo y rotaciones de personal a finales de 2013 y principios de 2014, ordenadas por Limón García, que “en poco o nada” contribuyeron al MPP.

 “Los directamente afectados de dichas decisiones unilaterales son los beneficiarios y peticionarios del MPP, ya que la rotación de personal genera rupturas de confianza en las instituciones, al ser temas sensibles y de carácter confidencial”, se lee en el documento.

 Karina Copado –quien laboró en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del DF, y que en la UDH fungía como subdirectora de Seguimiento y Análisis– acusa que fue obligada a renunciar tras ser “objeto de acoso laboral, hostigamiento y violencia psicológica por parte de la subsecretaria” por su condición de madre soltera.

 Leopoldo López Rizo, exintegrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), quien laboraba como subdirector de Atención a Periodistas, asevera que se le exigió su renuncia como una represalia a una opinión expresada en torno al funcionamiento del MPP durante una reunión del Consejo Consultivo del Mecanismo, llevada a cabo el 25 de febrero en las oficinas de Bucareli. Especifica además que tiene diabetes, y que durante el tiempo que estuvo en el MPP –desde febrero de 2013, pero “sin goce de sueldo hasta abril de 2013”–sufrió “una constante discriminación y falta de sensibilidad por parte de la Subsecretaría” respecto de su padecimiento.

 Silvia Vázquez Camacho –defensora originaria de Tijuana, de donde salió en 2010 tras sufrir varios atentados, y beneficiaria de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana– era subdirectora de Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos, pero fue obligada a renunciar a causa de la reunión del 25 de febrero.

 Lo mismo ocurrió con Diana Díaz Montiel, quien se desempeñaba como jefa de Departamento comisionada al Área de Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos. Antes de ingresar al MPP, Díaz Montiel colaboraba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 Los quejosos informan a Osorio Chong que en las últimas semanas la subsecretaria ha ordenado “la retención de personas con horarios extraordinarios de la jornada laboral, sin existir justificación, la vigilancia permanente de personal ajeno al MPP allegado a la Subsecretaría y laborar ante la amenaza latente de que se les sea solicitada la renuncia”.

Con demanda

Karina Copado dibuja el acoso laboral en una denuncia presentada ante la CNDH el 5 de marzo. En el documento, del que este semanario tiene copia, describe una reunión convocada por la subsecretaria con personal de la UDH, el 21 de febrero pasado. En la junta Limón dedicó una hora a “lanzar humillaciones e insultos a nuestra capacidad intelectual”, además de advertir de que “aquí hay hora de entrada (9:00) pero no de salida, y el que no quiera se larga”. Ese fue el primer contacto que la expanista tuvo con sus subalternos desde que asumió la Subsecretaría en diciembre de 2012, incriminan.

Tres días después de esa reunión, Limón exigió a Copado su renuncia, luego de llegar con retraso. Copado había informado previamente que asistiría a una audiencia por un juicio de pensión alimenticia, lo que no fue considerado por la subsecretaría. Karina Copado es madre soltera.

Durante 20 días, la trabajadora fue acosada para obligarla a dejar su cargo. Presuntamente Limón instruyó para ello al director general adjunto de la Unidad de Análisis de Riesgo, Óscar Ochoa Mancera, y a la directora de Evaluación de Riesgo, María Celia Suárez Pacheco.

Ambos funcionarios llegaron al MPP a instancias de Limón. Ochoa Mancera –con experiencia en labores de inteligencia y seguridad nacional– estuvo adscrito a la Policía Federal (1999-2011) y a la PGR hasta 2013. En esa fiscalía fue responsable de la seguridad de testigos protegidos. Suárez Pacheco, por su parte, tiene formación en criminología y laboró en el sistema penitenciario y de procuración de justicia en Querétaro, y en seguridad pública en Baja California Sur.

En la misiva, los servidores públicos obligados a renunciar manifiestan temer por su integridad y la de sus familias, ya que la “propia subsecretaria ha expresado en diversos espacios y momentos que de revelar esta situación no sólo afectará nuestra vida profesional”.

La incongruencia

Para los denunciantes, la situación que subsiste en el MPP resulta incongruente con la posición expresada por el Estado mexicano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como con la misma Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Los firmantes hacemos un exhorto a usted (Osorio Chong) para realizar una revisión de la situación que hoy prevalece en el MPP que afecta al personal que colabora, así como a los beneficiarios, ya que la política de derechos humanos en el país está a cargo de una funcionaria que violenta los derechos humanos de aquellos que se encuentran encargados de proteger a un grupo tan vulnerable de la población”, concluyen.

Copias de la carta fueron enviadas a Peña Nieto, a los miembros del Consejo Consultivo del MPP, al presidente de la CNDH, al secretario técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza; a Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a la revista Proceso.