“Y el presidente me dijo que no”, se quejó Mondragón abiertamente. “Entonces… ya presenté mi renuncia”, concluyó.
La maraña que hundió a Mondragón/ANABEL HERNÁNDEZ
Revista Proceso # 1951, 22 de marzo de 2014
Manuel
Mondragón y Kalb renunció a su cargo de comisionado nacional de Seguridad el
viernes 14, luego de haber convocado a personas de su confianza para unirse a
su equipo: planeaba hacer cambios sustanciales en esa institución y en la
Policía Federal. Pero el permiso para ello le fue negado por su jefe, el
presidente de la República, según revelan a Proceso fuentes cercanas a los
acontecimientos. Aparentemente el médico y militar tiene enemigos en altas
esferas del gobierno, quienes le pusieron todos los obstáculos posibles a su
labor. Hay fuertes indicios de que Genaro García Luna, el superpolicía
consentido del sexenio calderonista, sigue moviendo muchos de los hilos de la
seguridad nacional.
La
mañana del viernes 14 la sala de espera del despacho de Manuel Mondragón y
Kalb, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), estaba
llena. Siete hombres y dos mujeres hacían antesala. Todos tenían dos cosas en
común: eran de toda la confianza del comisionado y fueron testigos de cómo se
descompuso la relación entre éste y el presidente Enrique Peña Nieto.
“Si
no puedo estar con mi gente, esto no tiene sentido”, se quejó Mondragón horas
después ante ellos en un discurso de apenas cinco minutos. Quien estaba llamado
a ser uno de los ejes rectores de la política de seguridad pública fue frenado
en el transcurso de los primeros meses de gobierno de Peña Nieto.
Según
uno de los convocados por Mondragón, quien habló con Proceso a condición del
anonimato, muchas áreas sensibles de la CNS –que sustituyó a la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) federal– y de la Policía Federal (PF) permanecían bajo
control de personas ajenas al equipo de Mondragón, dejándole escaso margen para
efectuar cambios sustantivos, incluso para limpiar la institución de gente poco
confiable, con historiales negros o comprometida con intereses del sexenio
anterior.
Cuando
asumió el cargo, Mondragón les dijo a sus allegados que el compromiso con Peña
Nieto era que se quedaría los tres primeros años de gobierno: 36 meses. Sólo
duró 15. Renunció cuando el presidente le impidió concretar los cambios en la
CNS y la PF.
Su
dimisión el viernes 14 y la llegada de su relevo, Monte Alejandro Rubido, dejan
ver los primeros signos de división y desgaste dentro del gabinete presidencial
en materia de seguridad y justicia.
Veinte
días antes de su renuncia Mondragón había comenzado a invitar a gente de su confianza
a integrarse a la CNS en puestos clave; si aceptaban la invitación, debían
estar disponibles el 19 de marzo, pues el anuncio de los cambios se haría el
lunes 24.
A
los invitados a formar parte del nuevo equipo se les informó el jueves 13 que
los cambios iban a adelantarse y se anunciarían el martes 18. Quienes formarían
el nuevo equipo fueron citados el viernes 14 a las 10:00 horas en las oficinas
de Mondragón, en el antiguo búnker de la SSP federal en avenida Constituyentes.
Los
fueron llamando uno a uno para hablar con Mondragón; luego volvieron a la sala
de espera. Así fue toda la mañana hasta que al filo del mediodía la pasarela se
suspendió y pasadas las tres de la tarde fueron llevados a una sala de juntas
donde el comisionado entró con rostro adusto.
“Gracias
por dejar sus trabajos por este proyecto. Me da pena, pero esto no va a poder
ser”, señaló molesto.
Explicó
brevemente que había consultado los cambios con el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y éste había aceptado, pero le pidió que “tocara
base” directamente con el mandatario.
“Y
el presidente me dijo que no”, se quejó Mondragón abiertamente. “Entonces… ya
presenté mi renuncia”, concluyó.
Aunque
según su propio dicho Osorio Chong le había dado su apoyo, Mondragón lidiaba,
como otros miembros del gabinete, con el subsecretario de Gobernación Luis
Enrique Miranda Nava.
Pese
a que en el organigrama Miranda es subordinado del titular de la Secretaría de
Gobernación, en los hechos actúa sobre éste y otros integrantes del equipo de
gobierno, dada su cercanía con Peña Nieto, según revelan a este semanario
fuentes del gabinete presidencial.
Apartado
de los reflectores y lejos de la toma pública de decisiones, en 15 meses de
gobierno Miranda adquirió gran poder, añaden esas fuentes. A él se suman
Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, y el comisionado
especial para Michoacán, Alfredo Castillo, primo de Castillejos. Fuentes de la
CNS sostienen que fueron Miranda y Castillejos quienes minaron el proyecto de
la Gendarmería Nacional hasta convertirlo en una “caricatura”, en comparación
con lo que Peña Nieto había prometido en su campaña presidencial.
Manos
atadas
La
molestia de Mondragón no era nueva. Más de una vez se dijo traicionado por el
personal de la PF porque no le informaba o no acataba las repetidas
instrucciones de sacar a los indeseables e incorporar al personal propuesto por
el comisionado.
En
corto –refieren testigos–, se llegó a quejar de que aunque quería emprender
acciones penales contra el extitular de la SSP federal Genaro García Luna y los
exjefes de la PF Luis Cárdenas Palomino, de la División de Seguridad Regional;
Facundo Rosas Rosas, comisionado general, y Armando Espinosa de Benito, de la
Unidad de Inteligencia, entre otros, había recibido instrucciones de no
“iniciar una cacería de brujas”.
Además
la presencia de Federico Flores Campbell, responsable de Asuntos Internos de la
PF, hace casi imposible pensar en sanciones por irregularidades del pasado. De
2007 a 2009 éste fue nombrado por García Luna jefe del Órgano Interno de
Control de la SSP y el 1 de enero de 2013 fue designado encargado de Asuntos
Internos de la PF.
En
julio de 2013 encabezó un operativo ilegal en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México: con el pretexto de una supuesta búsqueda de drogas, agentes a
su cargo tuvieron acceso directo al equipaje de los pasajeros de un vuelo
procedente de Venezuela; revisaron todas las maletas violando los protocolos de
seguridad y custodia de la terminal aérea sin que haya quedado claro el
verdadero propósito de esa acción.
Por
ese operativo el jefe de la División de Seguridad Regional de la PF, Manelich
Castilla Cravioto –gente de confianza de García Luna y de Cárdenas Palomino–,
fue destituido y se suponía que Flores Campbell sería sujeto a investigación.
Los resultados de la misma no se conocen, pero el policía sigue en su puesto.
Lista
de enquistados
Mondragón
intentó sacar de la PF a los allegados a García Luna y a familiares de Cárdenas
Palomino y de Espinosa de Benito, pero lo más que logró fue cambiarlos de
puesto. Casi todos siguen en la institución, algunos en cargos clave.
Logró
mover a Roberto Reyna Delgado, exsecretario particular y hombre de confianza de
García Luna, a quien éste había mandado de avanzada a Miami antes de mudarse él
mismo a esa ciudad.
En
mayo de 2012 le creó el puesto de primer secretario adjunto de la PF en el
consulado en Miami y en octubre de ese año lo hizo consejero agregado de la
corporación.
Cuando
Mondragón lo detectó, lo regresó a México, pero no pudo expulsarlo de la PF,
donde sigue cobrando con el cargo de comisario pese a que apenas tiene ocho
años de antigüedad en la institución.
El
ahora excomisionado intentó procesar en Asuntos Internos a Espinosa de Benito y
a su subalterno Sergio Quiroz, quienes se hicieron millonarios a costa de sus
cargos en la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y en la PF, e
incluso falsificaron certificados de bachillerato para seguir trabajando en la
dependencia (Proceso 1910 y 1917). El área a cargo de Flores Campbell no hizo
nada.
En
este grupo figura también Gustavo Cortés Valdez, cuñado de Sergio Quiroz. Él
era director en la Coordinación de Servicios Generales de la PF, cargo del que
fue removido a finales de junio de 2013. Según sus declaraciones ante la
Secretaría de la Función Pública en septiembre del mismo año, fue reincorporado
a la institución como director general adjunto de la Dirección General de
Recursos Humanos.
Edith
y Victoria Quiroz Padilla, hermanas de Sergio, siguen trabajando en las áreas
de Investigación de Delitos, la primera, y Coordinación de Servicios Generales,
la segunda, de la PF.
José
Luis y Juan Luis Balboa Palomino, familiares de Cárdenas Palomino, siguen en la
PF. José Luis estuvo en la División de Seguridad Regional desde 2011; ahora
está asignado a la Coordinación Estatal en Querétaro. En marzo de 2013 Juan
Luis entró a la corporación como director de área en la Administración de
Recursos Materiales.
Comisionado
reprobado
Desde
el inicio de la administración de Peña Nieto corría el rumor de que el
comisionado general de la PF, Francisco Galindo Ceballos, uno de los funcionarios
responsables de reestablecer el orden en Michoacán, se iba a quedar con el
puesto de Mondragón y Kalb.
De
acuerdo con un examen de confianza al que lo sometieron en 2010 cuando era
titular de Seguridad Pública en San Luis Potosí, Galindo no cubre las
condiciones para ocupar el cargo actual. No pasó la prueba aplicada por la SSP
federal: según los resultados de la evaluación –a los cuales se tuvo acceso–
apareció con nivel de riesgo “alto” en el rubro de “cohecho y uso indebido de
atribuciones y facultades”.
En
el apartado “síntesis de la evaluación” se afirma que aunque en el polígrafo no
hubo reacciones significativas de falta de veracidad, al final de la evaluación
el propio Galindo dijo que había desviado recursos durante su gestión en San
Luis Potosí y que cuando fue director general de Seguridad Pública de la
capital potosina recibió un soborno de un proveedor. Se le declaró “no
recomendable” para el cargo y en 2010 fue despedido del gobierno estatal y
reubicado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de donde pasó a
comisionado general de la PF.
A
principios de 2013, cuando algunos medios publicaron esa información, Galindo
Ceballos afirmó que se trataba de un examen falso, pero Proceso pudo verificar
la autenticidad de la prueba.
Galindo
Ceballos mantuvo en puestos clave a personal de probada ineficacia, con
resultados desastrosos. Uno de ellos es Sergio Licona Gómez, quien en abril de
2011 fue hecho coordinador estatal de la PF en Morelos. Había sido escolta de
Cárdenas Palomino y trabajó con él desde 2002, en tiempos de la AFI.
En
agosto de 2012 ocurrió en Morelos que dos agentes de la CIA que viajaban junto
con un capitán de la Marina mexicana en una camioneta con placas diplomáticas
fueron atacados por policías federales, subordinados de Licona y vestidos de
civil, aunque viajaban en vehículos oficiales.
Pese
al escándalo, Licona no fue removido. Hoy Morelos vive una ola de violencia
generalizada: homicidios, asaltos, secuestros y extorsiones.
Apenas
el martes 11 Licona fue retirado de la coordinación estatal y en su lugar quedó
José Francisco Gutiérrez Zúñiga, hombre con estudios de primaria y pésimos
resultados como coordinador de la PF en Michoacán, de donde fue removido hace
dos meses.
En
el Estado de México el coordinador de la PF es Israel Zaragoza Rico, quien
además de venir también del equipo de Cárdenas Palomino participó en el montaje
fabricado por la AFI contra Florence Cassez en diciembre de 2005. En marzo de
2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Procuraduría
General de la República una denuncia penal en su contra.
En
diciembre de 2005, cuando ocurrió la aprehensión de Cassez, Zaragoza era
supervisor de área de la AFI. En enero de 2006 fue ascendido a director de
área. En octubre de 2007 ingresó a la PF. Desde el 16 de julio de 2011 es
coordinador de la PF en el Estado de México. Durante su gestión en esa entidad
ha aumentado la presencia de la delincuencia organizada y se vive ahí una etapa
de violencia extrema en las zonas norte y oriente.
El
relevo
En
el lugar de Mondragón el presidente Peña Nieto colocó a Monte Alejandro Rubido,
quien ha trabajado desde 1983 en el sistema policiaco y de inteligencia.
Durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón entró y salió varias
veces del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la SSP federal
y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En
algunos puestos sólo duró cinco meses. Ni siquiera sus mentores en el Cisen
–consultados por este semanario– le reconocen aptitudes policiacas. No se le
conoce mérito alguno y su papel más destacado se remonta a 2001, cuando se le
detectó operando en un centro de espionaje en el Estado de México al servicio
del gobernador Arturo Montiel, exjefe y pariente de Peña Nieto.
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