Piden se libere a Adolfo García Ibarra

 Reclama la libertad de su hijo, recluido en forma “ilegal”

Revista Proceso # 1951, 22 de marzo de 2014

PALABRA DE LECTOR

Señor director:

Agradezco a usted haber publicado mi carta en Palabra de Lector de Proceso 1923, del 8 de septiembre de 2013, a partir de lo cual la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal empezó a conducirse con apego a derecho y conforme a la verdad de los hechos, pues los dictámenes y peritajes de dicha institución posteriores a esa fecha demuestran fehacientemente que mi hijo Adolfo García Ibarra nada tiene que ver con los actos antisociales que falsamente se le imputan.

Pero aun cuando los dictámenes y peritajes obran en el expediente, mi hijo continúa sujeto a proceso de manera injusta e ilegal bajo la causa penal 34/2014 radicada en el Juzgado 39, antes radicada en el Juzgado 34 bajo la causa penal 252/2012.

Por eso le pido difundir la presente misiva dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza; al presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), Édgar Elías Azar; al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, y a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo.

 Señores: Les solicito su honorable y urgente intervención para que mi hijo Adolfo García Ibarra sea liberado, pues se encuentra ilegalmente privado de su libertad desde el 10 de octubre de 2012. En su oportunidad, en la etapa procesal se acreditó su calidad de pequeño empresario –alta en Hacienda como persona física con actividad empresarial el 23 de febrero de 2011– en el giro de “Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover”. Además, es estudiante de bachillerato en el Ceneval.

 Con una actitud persecutoria y dolosa, el juez 34 penal del Fuero Común en el Distrito Federal, Armando Montoya Vázquez, dictó a mi hijo auto de formal prisión el 19 de octubre de 2012 con base en una diligencia simulada del día 11 del mismo mes en el penal de Santa Martha Acatitla. Al respecto, existe una grabación en un disco CD –obra en el expediente– donde se confirma que mi hijo jamás fue trasladado a ese penal ni tampoco fue identificado como su cómplice por la autora de los delitos.

 Asimismo, el juez 34 dictó el citado auto sin que nadie identificara a mi hijo, como se puede constatar en todas las declaraciones que conforman la averiguación previa y en posteriores ampliaciones de declaraciones, lo que confirma la inocencia de mi hijo y la fabricación de pruebas en la averiguación previa y la manipulación del expediente, así como las ofensas y el dolo del Ministerio Público adscrito a dicho Juzgado, Arnulfo Bravo Pedroza.

 Dadas estas flagrantes violaciones, interpuse una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el 12 de mayo de 2013, que fue asignada a la 4ª Visitaduría con el número 35 33 2013, en cuyo análisis la CDHDF ha detectado graves violaciones a los derechos humanos de mi hijo y está por concluir su Informe de Recomendaciones, según la entrevista que sostuve con la licenciada Yolanda Ramírez el pasado 7 de marzo.

 Para acreditar la falsa y dolosa averiguación previa que integró la agente del Ministerio Público Claudia Álvarez Arteaga, adscrita a GAM-8, y la actuación ilegal de los policías de investigación que detuvieron a mi hijo (Mario Alberto Márquez Cervantes, Noé Gómez Sachiñas, Manuel Vilchis Alarcón, Elizabeth Ortega Cruz y Lizbeth Reyes Barrutieta), expongo que la autora de los hechos, Marilyn Karina Moranchel Curiel o Mariana Escudero Petrovich –quien purga sentencia en el penal de Santa Martha Acatitla–, ratificó en la comparecencia del 27 de diciembre de 2013 su escrito del 26 de noviembre de 2013 –el cual fue recibido en el Juzgado 34 en Materia Penal el día 27–, donde claramente afirma que desde su detención el 8 de agosto de 2012 se dio por confesa y dijo que el nombre de su cómplice es Adrián Maravini Relames.

 De igual forma, ha sido específica al declarar que mi hijo Adolfo García Ibarra no tiene nada que ver en los hechos y que él no es Adrián Maravini Relames. En el citado escrito, Marilyn Karina Moranchel Curiel o Mariana Escudero Petrovich sostiene que fue obligada bajo tortura por las policías Elizabeth Ortega Cruz, Lizbeth Reyes Barrutieta y un policía apodado El Rambo para que dijera que mi hijo era su cómplice, pues “necesitaban un pagador”, y que la delegada de la Gustavo A. Madero, Nora Arias, “les había dado luz verde”. Describe allí cómo El Rambo la torturó para que dijera el nombre de mi hijo. En el expediente obra el certificado médico de lesiones y cicatrices de la tortura infligida a la autora de los delitos.

 En el careo efectuado el 27 de diciembre de 2013 entre mi hijo y la autora confesa de los delitos, en presencia del secretario de Acuerdos Nicolás Álvarez García (el juez 34 estaba de vacaciones), la citada mujer reafirmó el hecho de que mi hijo jamás cometió los delitos de los que se le acusa, que él no es Adrián Maravini Relames, y describe a su cómplice: persona morena, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, complexión no muy robusta, cabello quebrado, ojos y labios pequeños, nariz aguileña y cejas pobladas. Esa descripción no concuerda con la de mi hijo. Por cierto, el cómplice se encuentra prófugo.

 Dado el dolo, la mala fe, el desvanecimiento de pruebas, las graves violaciones constitucionales al debido proceso y a los derechos humanos de mi hijo en que han incurrido la representación social y el juez 34, Armando Montoya Vázquez, mi hijo solicitó el cambio de juzgado (excusa), cerrándose la instrucción el 11 de febrero de 2014 en el Juzgado 34 y turnándose el expediente al Juzgado 39 –se asignó la causa penal 34/2014–, presidido por el juez Francisco Salazar Silva, quien se ha conducido con respeto y ha garantizado en todo momento los derechos humanos de mi hijo. Actualmente se está en la etapa de conclusiones por parte del Ministerio Público adscrito al Juzgado 39.

 Por todo lo expuesto, ante el temor fundado de que se dicte una sentencia condenatoria por demás anticonstitucional y violatoria de derechos humanos, acudo ante todos ustedes solicitando su intervención, pues como confirman las probanzas que he expuesto, es clara la inocencia de mi hijo, y exijo que se decrete su absoluta libertad por así corresponder en derecho. Por ello, señor procurador general de Justicia del DF y señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, les solicito me concedan una cita para que comprueben con base en el expediente la inocencia de mi hijo y el actuar ilegal del personal a su cargo. (Carta resumida.)

 Atentamente

 Elvira Ibarra Rosales