Lozano,
como empleado del consorcio/JENARO VILLAMIL
Revista Proceso # 1952, 29 de marzo de 2014
La
noche del lunes 24, en un acto insólito los presidentes del PAN, Cecilia
Romero, y del PRD, Jesús Zambrano, leyeron un comunicado en el cual expresaron
la oposición de ambos partidos a la iniciativa de ley del gobierno federal en
materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada siete horas antes en
el Senado. Argumentaron que viola la reforma constitucional de 2013 y
demandaron una ley “democrática, antimonopólica, cultural y en defensa de las
audiencias y de los usuarios”.
La
presentación de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto molestó a las
dirigencias de ambos partidos. En el PRD todos los grupos que integran las
bancadas en las dos cámaras se opusieron,
con el argumento de que era una clara violación a la Constitución y
confirmaba lo planteado en los “borradores” de la iniciativa que circularon
desde febrero.
En
el PAN, Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas se reunieron con la presidenta
interina del partido para analizar los términos de la iniciativa la tarde del
mismo lunes 24. Ambos exintegrantes del Consejo Rector del Pacto por México
coincidieron en que violaba lo acordado en la reforma constitucional de abril
de 2013.
Varias
llamadas y mensajes entre Creel y Molinar, del PAN, y Guadalupe Acosta Naranjo
y Jesús Zambrano, del PRD, afinaron los términos del comunicado conjunto y la
necesidad de publicarlo ese mismo día.
Mientras
Romero y Zambrano leían en el hotel Hilton de la Alameda el rompimiento con la
ley de Peña, el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Javier
Lozano Alarcón, descalificó esa posición. Dijo que Romero había sido “mal
informada”.
En
su cuenta de Twitter el legislador panista, promotor de la campaña de Ernesto
Cordero por la dirigencia nacional del PAN, afirmó: “Corrección: dirigentes que
no han leído el proyecto lo descalifican”.
El
martes 25, Lozano en declaraciones a los medios y en su cuenta de Twitter
afirmó: “Vaya confusión. Pretende @GustavoMadero dictar línea a los @SenadoresdelPAN
sobre Reforma de #Telecomunicaciones. Ya no eres jefe nacional”.
Ningún
otro legislador –ni siquiera del PRI– ha defendido en estos días con tal
enjundia la iniciativa del Ejecutivo como Lozano.
Incluso
maniobró para que el jueves 27 se suspendiera la sesión con los integrantes de
las comisiones unidas del Senado –de Comunicación, presidida por él; de
Estudios Legislativos, encabezada por la priista Graciela Ortiz, y de Radio y
Televisión, por la perredista Alejandra Barrales– para que se tomara un acuerdo
con Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva de la cámara alta
para imponer un calendario de consulta de foros, discusión y aprobación de la
iniciativa en comisiones y en el pleno. La fecha límite para su aprobación será
entre el 23 y el 25 de abril, anunció Lozano.
Su
correligionario Javier Corral, con una posición diametralmente opuesta, afirmó
que esa decisión era violatoria del reglamento del Senado porque sólo los
integrantes de las comisiones unidas pueden tomar ese acuerdo. Barrales afirmó
que ella no avalaba el “acuerdo” dado a conocer por Lozano y Ortiz y que este
lunes 31 los integrantes de su comisión votarían.
Presiones
La
presión de Lozano por aprobar fast track un documento rechazado por los propios
dirigentes del PAN y PRD ha molestado a un sector de la bancada panista. Al
menos seis senadores que no están alineados con Gustavo Madero ni con Cordero
se han reunido con especialistas de distintos sectores y han coincidido en que
el contenido de la ley tiene elementos de anticonstitucionalidad, está sesgada
a favor de Televisa y permite el control del gobierno federal en el contenido
de los medios y las redes sociales.
El
activismo de Lozano no es casual. El PRI y el Partido Verde tienen 61 votos y
sólo necesitan “cuatro votos o cuatro ausencias” para aprobar por mayoría
simple de 65 votos la iniciativa de Peña Nieto. Lozano ha asegurado tener entre
10 y 12 votos “amarrados” de su bancada, confiaron a Proceso varios
legisladores. Incluso prometió “uno o dos votos” del PRD.
Lozano
fue uno de los cuatro redactores de la iniciativa del Ejecutivo federal, junto
con el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta; el consejero jurídico
de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el estratega jurídico de
Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, amigo del panista.
Oficialmente
nadie ha reconocido que estos cuatro personajes formaron parte del war room que
procesó, redactó y corrigió los borradores que llegaron a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) para dar el toque final a una iniciativa
polémica.
La
presencia de Lozano entre el equipo de redactores de la Ley de
Telecomunicaciones fue una condición impuesta por el grupo de Cordero –quien
controla la mayoría de los votos de la bancada del PAN en el Senado– durante la
aprobación de la reforma constitucional en materia energética en diciembre de
2013.
Testigos
de esta negociación relatan a Proceso que Cordero gestionó con Castillejos y
con Luis Videgaray, secretario de Hacienda, para que se incluyera a Lozano en
ese equipo.
Priista,
panista, zedillista, calderonista y ahora corderista, Lozano se ha
caracterizado en los últimos meses por su apoyo a las campañas del Grupo
Televisa contra la sociedad entre Grupo Dish y Telmex, contra el extitular de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel, ya desaparecida) Mony de
Swaan y a favor de aprobar en sus términos la iniciativa.
La
cercanía de Lozano con el director de Información y representante legal de
Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, le permitió al consorcio de Emilio
Azcárraga acceder a información privilegiada durante la elaboración de la
iniciativa y defender “los candados” a favor del monopolio televisivo, tal como
lo describió Proceso en su edición 1944.
Lozano
y Tejado no ocultan sus simpatías y acuerdos. En sus cuentas de Twitter ambos
se tratan de “tocayos”, coinciden en criticar a Gustavo Madero, al Pacto por
México (que ya desapareció como tal), en el embate contra De Swaan y en
identificar a todos los críticos de Televisa como si fueran pagados o enviados
por Carlos Slim.
La
sincronía entre Tejado y Lozano también se evidenció cuando antes de que el
Instituto Federal de Telecomunicaciones emitiera la declaración de “agente
económico preponderante” contra América Móvil y Televisa el viernes 7,
presionaron para que el organismo investigara un supuesto acuerdo secreto de
compra-venta entre Carlos Slim y Joaquín Vargas, de MVS, socios en Grupo Dish.
Lozano impulsó en el Senado un punto de acuerdo para iniciar esta
investigación.
Paradójicamente,
como presidente de la Cofetel de octubre de 1998 a marzo de 1999, Lozano fue
favorable a la sociedad que entonces tenían Televisa y Grupo Carso en
Cablevisión, filial de Azcárraga. Carso llegó a tener 49% de las acciones de
esa empresa. Entonces, según Lozano, Slim no violaba la prohibición del título
de concesión de Telmex que le impedía participar en el mercado de la
radiodifusión.
Lozano
también fue investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en
2008 por otorgarle una segunda prórroga a la empresa Unefon, cuando fue
presidente de la Cofetel (Proceso 1725).
El
caso generó un agrio debate entre Jorge Álvarez Hoth, quien había sido
subsecretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fox, y Lozano, entonces
secretario del Trabajo con Felipe Calderón.
Lozano
acusó a Álvarez de haber perdido un litigio ante Unefon (ya propiedad de
Ricardo Salinas Pliego) que provocó el pago de 550 millones de pesos a la
empresa por “cobro indebido de intereses”, multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó
el último día de la gestión foxista. Álvarez y la ASF establecieron que ese
pago fue consecuencia del otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas
aprobadas por Lozano (Proceso 1626, 1639 y 1642).
Como
subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de
la Cofetel, Lozano también abrió paso a la competencia en telefonía móvil.
Telefónica, empresa que dirigió Francisco Gil Díaz, amigo y exjefe de Lozano en
la Secretaría de Hacienda, fue de las compañías más beneficiadas.
La
única empresa del sector que ha expresado públicamente su beneplácito y apoyo a
la iniciativa Peña Nieto en telecomunicaciones ha sido Telefónica.
Borrador
modificado
La
influencia y participación de Lozano y Tejado fue clave en la confección final
de la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones. Hacia finales de octubre de
2013 había un borrador elaborado en la SCT cuya redacción coordinó el
subsecretario Ignacio Peralta Sánchez.
Quienes
conocieron ese documento indicaron a este semanario que no había un sesgo tan
claro en ese primer borrador a favor de Azcárraga. Buscaba una regulación
también de la empresa en el sector de televisión restringida (Proceso 1944).
Peralta
admitió en conferencia de prensa en noviembre de 2013 que ya estaba “muy
avanzado” el borrador de la iniciativa. A pregunta expresa de este reportero el
funcionario admitió que el tema más difícil era la figura de la “concesión
única” y no la regulación del “agente económico preponderante”.
Pero
fue ampliamente rebasado por Lozano, Tejado y Castillejos, quienes incorporaron
los últimos cambios entre febrero pasado y este mes.
No
fue casual que el funcionario de la SCT cediera en varias partes de los
borradores. En el artículo 16 transitorio de la iniciativa de Peña Nieto se
rompió con el acuerdo de la reforma constitucional para que la fecha límite del
“apagón analógico” sea el 31 de diciembre de 2015. La SCT incorporó que en
algunos casos las transmisiones analógicas deberán finalizar “a más tardar el
31 de diciembre de 2017”, dos años más y vísperas de las elecciones de 2018.
Por
su parte Castillejos jugó un papel fundamental en la elaboración y operación de
la iniciativa. El artífice legal de las reformas constitucionales de 2013
también mantiene una buena relación con su primo y presidente de la Mesa
Directiva del Senado, el priista Raúl Cervantes Andrade.
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