Lozano, como empleado del consorcio/JENARO VILLAMIL

 Lozano, como empleado del consorcio/JENARO VILLAMIL

Revista Proceso # 1952, 29 de marzo de 2014

 La noche del lunes 24, en un acto insólito los presidentes del PAN, Cecilia Romero, y del PRD, Jesús Zambrano, leyeron un comunicado en el cual expresaron la oposición de ambos partidos a la iniciativa de ley del gobierno federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada siete horas antes en el Senado. Argumentaron que viola la reforma constitucional de 2013 y demandaron una ley “democrática, antimonopólica, cultural y en defensa de las audiencias y de los usuarios”.

 La presentación de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto molestó a las dirigencias de ambos partidos. En el PRD todos los grupos que integran las bancadas en las dos cámaras se opusieron,  con el argumento de que era una clara violación a la Constitución y confirmaba lo planteado en los “borradores” de la iniciativa que circularon desde febrero.

 En el PAN, Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas se reunieron con la presidenta interina del partido para analizar los términos de la iniciativa la tarde del mismo lunes 24. Ambos exintegrantes del Consejo Rector del Pacto por México coincidieron en que violaba lo acordado en la reforma constitucional de abril de 2013.

 Varias llamadas y mensajes entre Creel y Molinar, del PAN, y Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús Zambrano, del PRD, afinaron los términos del comunicado conjunto y la necesidad de publicarlo ese mismo día.

 Mientras Romero y Zambrano leían en el hotel Hilton de la Alameda el rompimiento con la ley de Peña, el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Javier Lozano Alarcón, descalificó esa posición. Dijo que Romero había sido “mal informada”.

 En su cuenta de Twitter el legislador panista, promotor de la campaña de Ernesto Cordero por la dirigencia nacional del PAN, afirmó: “Corrección: dirigentes que no han leído el proyecto lo descalifican”.

 El martes 25, Lozano en declaraciones a los medios y en su cuenta de Twitter afirmó: “Vaya confusión. Pretende @GustavoMadero dictar línea a los @SenadoresdelPAN sobre Reforma de #Telecomunicaciones. Ya no eres jefe nacional”.

 Ningún otro legislador –ni siquiera del PRI– ha defendido en estos días con tal enjundia la iniciativa del Ejecutivo como Lozano.

 Incluso maniobró para que el jueves 27 se suspendiera la sesión con los integrantes de las comisiones unidas del Senado –de Comunicación, presidida por él; de Estudios Legislativos, encabezada por la priista Graciela Ortiz, y de Radio y Televisión, por la perredista Alejandra Barrales– para que se tomara un acuerdo con Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva de la cámara alta para imponer un calendario de consulta de foros, discusión y aprobación de la iniciativa en comisiones y en el pleno. La fecha límite para su aprobación será entre el 23 y el 25 de abril, anunció Lozano.

 Su correligionario Javier Corral, con una posición diametralmente opuesta, afirmó que esa decisión era violatoria del reglamento del Senado porque sólo los integrantes de las comisiones unidas pueden tomar ese acuerdo. Barrales afirmó que ella no avalaba el “acuerdo” dado a conocer por Lozano y Ortiz y que este lunes 31 los integrantes de su comisión votarían.

Presiones

La presión de Lozano por aprobar fast track un documento rechazado por los propios dirigentes del PAN y PRD ha molestado a un sector de la bancada panista. Al menos seis senadores que no están alineados con Gustavo Madero ni con Cordero se han reunido con especialistas de distintos sectores y han coincidido en que el contenido de la ley tiene elementos de anticonstitucionalidad, está sesgada a favor de Televisa y permite el control del gobierno federal en el contenido de los medios y las redes sociales.

El activismo de Lozano no es casual. El PRI y el Partido Verde tienen 61 votos y sólo necesitan “cuatro votos o cuatro ausencias” para aprobar por mayoría simple de 65 votos la iniciativa de Peña Nieto. Lozano ha asegurado tener entre 10 y 12 votos “amarrados” de su bancada, confiaron a Proceso varios legisladores. Incluso prometió “uno o dos votos” del PRD.

Lozano fue uno de los cuatro redactores de la iniciativa del Ejecutivo federal, junto con el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta; el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el estratega jurídico de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, amigo del panista.

 Oficialmente nadie ha reconocido que estos cuatro personajes formaron parte del war room que procesó, redactó y corrigió los borradores que llegaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para dar el toque final a una iniciativa polémica.

 La presencia de Lozano entre el equipo de redactores de la Ley de Telecomunicaciones fue una condición impuesta por el grupo de Cordero –quien controla la mayoría de los votos de la bancada del PAN en el Senado– durante la aprobación de la reforma constitucional en materia energética en diciembre de 2013.

 Testigos de esta negociación relatan a Proceso que Cordero gestionó con Castillejos y con Luis Videgaray, secretario de Hacienda, para que se incluyera a Lozano en ese equipo.

 Priista, panista, zedillista, calderonista y ahora corderista, Lozano se ha caracterizado en los últimos meses por su apoyo a las campañas del Grupo Televisa contra la sociedad entre Grupo Dish y Telmex, contra el extitular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel, ya desaparecida) Mony de Swaan y a favor de aprobar en sus términos la iniciativa.

 La cercanía de Lozano con el director de Información y representante legal de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, le permitió al consorcio de Emilio Azcárraga acceder a información privilegiada durante la elaboración de la iniciativa y defender “los candados” a favor del monopolio televisivo, tal como lo describió Proceso en su edición 1944.

 Lozano y Tejado no ocultan sus simpatías y acuerdos. En sus cuentas de Twitter ambos se tratan de “tocayos”, coinciden en criticar a Gustavo Madero, al Pacto por México (que ya desapareció como tal), en el embate contra De Swaan y en identificar a todos los críticos de Televisa como si fueran pagados o enviados por Carlos Slim.

 La sincronía entre Tejado y Lozano también se evidenció cuando antes de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitiera la declaración de “agente económico preponderante” contra América Móvil y Televisa el viernes 7, presionaron para que el organismo investigara un supuesto acuerdo secreto de compra-venta entre Carlos Slim y Joaquín Vargas, de MVS, socios en Grupo Dish. Lozano impulsó en el Senado un punto de acuerdo para iniciar esta investigación.

 Paradójicamente, como presidente de la Cofetel de octubre de 1998 a marzo de 1999, Lozano fue favorable a la sociedad que entonces tenían Televisa y Grupo Carso en Cablevisión, filial de Azcárraga. Carso llegó a tener 49% de las acciones de esa empresa. Entonces, según Lozano, Slim no violaba la prohibición del título de concesión de Telmex que le impedía participar en el mercado de la radiodifusión.

 Lozano también fue investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2008 por otorgarle una segunda prórroga a la empresa Unefon, cuando fue presidente de la Cofetel (Proceso 1725).

 El caso generó un agrio debate entre Jorge Álvarez Hoth, quien había sido subsecretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fox, y Lozano, entonces secretario del Trabajo con Felipe Calderón.

 Lozano acusó a Álvarez de haber perdido un litigio ante Unefon (ya propiedad de Ricardo Salinas Pliego) que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa por “cobro indebido de intereses”, multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista. Álvarez y la ASF establecieron que ese pago fue consecuencia del otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas aprobadas por Lozano (Proceso 1626, 1639 y 1642).

 Como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de la Cofetel, Lozano también abrió paso a la competencia en telefonía móvil. Telefónica, empresa que dirigió Francisco Gil Díaz, amigo y exjefe de Lozano en la Secretaría de Hacienda, fue de las compañías más beneficiadas.

 La única empresa del sector que ha expresado públicamente su beneplácito y apoyo a la iniciativa Peña Nieto en telecomunicaciones ha sido Telefónica.

Borrador modificado

La influencia y participación de Lozano y Tejado fue clave en la confección final de la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones. Hacia finales de octubre de 2013 había un borrador elaborado en la SCT cuya redacción coordinó el subsecretario Ignacio Peralta Sánchez.

Quienes conocieron ese documento indicaron a este semanario que no había un sesgo tan claro en ese primer borrador a favor de Azcárraga. Buscaba una regulación también de la empresa en el sector de televisión restringida (Proceso 1944).

Peralta admitió en conferencia de prensa en noviembre de 2013 que ya estaba “muy avanzado” el borrador de la iniciativa. A pregunta expresa de este reportero el funcionario admitió que el tema más difícil era la figura de la “concesión única” y no la regulación del “agente económico preponderante”.

Pero fue ampliamente rebasado por Lozano, Tejado y Castillejos, quienes incorporaron los últimos cambios entre febrero pasado y este mes.

 No fue casual que el funcionario de la SCT cediera en varias partes de los borradores. En el artículo 16 transitorio de la iniciativa de Peña Nieto se rompió con el acuerdo de la reforma constitucional para que la fecha límite del “apagón analógico” sea el 31 de diciembre de 2015. La SCT incorporó que en algunos casos las transmisiones analógicas deberán finalizar “a más tardar el 31 de diciembre de 2017”, dos años más y vísperas de las elecciones de 2018.

 Por su parte Castillejos jugó un papel fundamental en la elaboración y operación de la iniciativa. El artífice legal de las reformas constitucionales de 2013 también mantiene una buena relación con su primo y presidente de la Mesa Directiva del Senado, el priista Raúl Cervantes Andrade.