Para el Cártel de Sinaloa, un impacto modesto

Para el Cártel de Sinaloa, un impacto modesto/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso # 1948, 1 de marzo de 2014;

La aprehensión más esperada de los últimos 13 años es menos importante de lo que se cree, aseguran dos de los investigadores sobre el narcotráfico más reputados del continente. Con el Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán creó una organización tan horizontal que su supervivencia ni siquiera depende de la violencia que despliegue o del líder que la encabece. Este fenómeno es parte de una dinámica global que el gobierno mexicano no ha analizado: se están diversificando la naturaleza de los cárteles y el tipo de actores que participan en el sistema criminal.

La delincuencia organizada en México es una maquinaria tan desarrollada que la caída de un jefe como Joaquín El Chapo Guzmán sólo tiene un impacto modesto en su operación. Aun cuando la captura del líder más mediático del Cártel de Sinaloa puede traer episodios de violencia, lo que se espera son nuevas alianzas –empezando por las políticas– para garantizar el funcionamiento de sus lucrativos mercados ilegales.

La organización delictiva en activo más antigua de México, el Cártel de Sinaloa, logró descentralizar su operación, incrementar sus redes de resguardo gubernamental y extender su influencia a actores económicos e internacionales para crear una de las mafias más poderosas del mundo.

 Después de tres décadas de existencia tiene una estructura horizontal que le otorga niveles de resistencia altísimos, aseguran los investigadores colombianos Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarrán, quienes acaban de publicar el libro Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México.

A partir de expedientes judiciales, los autores identifican en su libro algunas de las estructuras de protección política y los vínculos económicos que han permitido la operación de las bandas en los tres países. Ya en otras obras habían realizado análisis similares con el caso de la frontera de México con Estados Unidos, la Cosa Nostra siciliana y las agrupaciones delictivas de Europa del Este.

Entrevistados en México cinco días después de la recaptura de Guzmán Loera, relativizan el alcance de la detención por parte de la Marina y la DEA, el pasado 22 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.

“Estaba mediatizado como el gran concentrador del poder en la organización. Puede haber duda de que eso fuera así en las últimas épocas, porque el de Sinaloa ya no es un cártel, sino una estructura de redes que trabaja simultáneamente en al menos una decena de mercados ilegales”, explica Garay.

Añade: Siempre es bienvenida la aprehensión de un líder o patrón de una organización criminal trasnacional. Sin embargo las nuevas estructuras se conforman no sólo por agentes del delito, sino primordialmente por actores que actúan entre la legalidad y la delincuencia.

Los investigadores colombianos proponen trascender el término “cárteles del narcotráfico”. El concepto debe ser la “ilegalidad”, que comprende muchas actividades: tráfico de estupefacientes, drogas sintéticas, armas, trata de personas, extorsión, piratería, minería delictiva y otras.

“Hablar de narcotráfico a estas alturas es perverso para el imaginario público. Hay que hablar de la ‘ilegalidad trasnacional’, porque centrarlo sólo en el narco es perder de vista que estamos en un contexto de ilegalidad mucho más amplio”, detalla Garay.

Sobre el funcionamiento de esas nuevas agrupaciones, Salcedo-Albarrán asevera: Cuando se reconstruye una estructura delictiva se crean subredes, grupos con relativa autonomía articulados por un actor que los vincula a la red general. Eso implica que cada facción –y ese es uno de los motivos por los que no hay que hablar de cárteles, sino de redes criminales– tiene un nivel muy alto de descentralización.

Ya no son organizaciones como el Cártel de Medellín –dirigido por Pablo Escobar durante los ochenta, en Colombia–, que eran piramidales y donde toda decisión pasaba por el capo. “(Ahora) se tendrían que retirar muchísimos actores para que hubiera una desarticulación relativamente efectiva”, afirma.

Los efectos que la detención del Chapo traiga a su grupo dependerán del nivel de concentración que ejercía. “Hay personas que concentran capacidad de decisión y cuando se retiran provocan cambios, pero en estricto sentido las redes sociales y las redes criminales no desaparecen. No van a desaparecer 100, mil o 10 mil personas que están interactuando. Lo único que hay es un cambio”.

Un escenario es que la caída de Guzmán Loera desemboque en más violencia, pero Garay lo pone en duda. Primero porque el Cártel de Sinaloa parece no tener rivalidad importante en la mayoría de los territorios que controla. Segundo porque la organización opera mediante entramados delictivos. “Lo que vamos a presenciar es más bien una reestructuración relativamente silenciosa en algunos casos”.

Advierte del riesgo de que ese reacomodo sin mayor violencia se perciba como un desmantelamiento y no como una consolidación y reafirmación del cártel: “Hay que tener mucho cuidado con esas lecturas. El hecho de que eventualmente no hubiera violencia no significaría que se acabó el grupo, sino que su reestructuración ya estaba muy avanzada”.

Reacomodos en todo el territorio

Director académico del centro de investigación Scientific Vortex, considera que la aprehensión del Chapo podría, eso sí, impactar en fenómenos como la reestructuración de la actividad delictiva en Michoacán. “La lucha por Michoacán es porque se busca con las autodefensas una autodepuración frente a Los Caballeros Templarios. Pero hay evidencias previas sobre la presencia de cárteles como Nueva Generación, que tenía un vínculo con Sinaloa y está buscando entrar a la ciudad de Lázaro Cárdenas, cuyo puerto es clave para el tráfico ilegal en el Pacífico”.

–En las eventualidades hay que considerar a Los Zetas, el principal grupo opositor al Cártel de Sinaloa –se les plantea.

Salcedo-Albarrán, filósofo con maestría en ciencia política y director de Scientific Vortex, responde: Los Zetas también operan a través de redes con autonomías relativas, incluso en muchos casos con demasiada autonomía… pese a lo cual siguen siendo zetas. Lo mismo pasa en California, donde absorben pandillas, y en Guatemala, donde sus miembros ya se conocen como los guatezetas.

Refiere el caso del tráfico de hidrocarburo condensado y su venta a empresas legales en Estados Unidos, “que no tienen ningún problema en pagárselo directamente a la banda”.

Esa banda –que nació con un carácter paramilitar, al ser fundada por desertores del Ejército mexicano– “es uno de los mejores ejemplos de descentralización elevadísima, lo cual les da también un alto nivel de resistencia. Para desaparecerlos tendrían que operar sobre muchísimos actores y redes simultáneas en varios países”.

–¿Eso explicaría que a la declaración oficial de muerte de Heriberto Lazcano, El Lazca, y a la detención de Miguel Ángel Treviño, El Z-40, no se supiera de grandes enfrentamientos? –se le pregunta.

–Su carácter paramilitar propiamente dicho también pudo irse mutando. Como en el caso del Cártel de Sinaloa, con Los Zetas podemos estar en un escenario de nuevas alianzas, incluidas las políticas.

Advierte que en el caso de Michoacán la preeminencia de las autodefensas no es la solución. Por el contrario. Recuerda lo que ocurrió con las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que surgieron como una sombrilla de los grupos paramilitares, financiados por hacendados y comerciantes que luchaban contra las guerrillas.

Estaban apoyadas por fracciones del Estado, algunos gobernadores y alcaldes. Una vez que avanzaron en el control social y militar, el siguiente paso fue el control político para capturar o cooptar las estructuras gubernamentales y dar paso a un Estado mafioso y autoritario. “Eso ocurrió a mediados de los noventa y aún estamos sufriendo ese flagelo”, apunta.

El propósito de las AUC –consignado en un documento llamado Refundar el Estado– era consolidar el poder territorial de todos los agrupados (entre quienes había terratenientes y latifundistas) mediante un movimiento de derecha que acabara con la oposición, a la que asociaban con el terrorismo y la guerrilla. Las AUC, no obstante, tuvieron una vinculación estrecha con el narco.

“Fue un proyecto que conocí a fondo”, declara Garay, quien entre sus estadías en Europa, en especial en Italia, funge como director del Proceso de Verificación de la Comisión Nacional de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en Colombia, un fenómeno entreverado entre el combate al narcotráfico y la guerrilla.

Garay y Salcedo-Albarrán se sorprenden de que en México no se haya emprendido una acción sistemática contra los actores políticos y económicos relacionados con la delincuencia a gran escala.

“Nos da la impresión de que en México ha pasado lo mismo que en Colombia, donde las organizaciones delictivas han cooptado a sectores del poder político para garantizar sus actividades, aunque aquí no se ha judicializado nada sobre legisladores federales, como fue el caso de Colombia, donde entre 2002 y 2006, 38% de los congresistas fue procesado por sus relaciones con el narco”, coinciden.

La cooptación política en Colombia ha continuado y muchos de esos actores se han reciclado en la vida pública colombiana, pero “en México no tenemos evidencias judiciales sobre legisladores federales, sino del ámbito local y municipal”, donde se padece la “institucionalidad más débil”, aseguran.

Los investigadores opinan que ni la propaganda permanente de combate a las bandas trasnacionales ni el silencio son la mejor forma en que un gobierno puede enfrentar a estos grupos.

“Las dos políticas se van a los extremos. Al expresidente Felipe Calderón se le reprocha haber alborotado todo sin estar preparado con un plan de acción. Eso implicó los niveles de violencia que se vivieron sin haber tenido la fuerza, inteligencia ni acción necesarias para controlarla. Intentar acallar eso y mantener algún tipo de pacto en el que los narcotraficantes pudieran seguir operando habría sido totalmente deplorable.

“El otro extremo es ya no llamarle ‘guerra contra el narco’, sino problemas de seguridad aislados. Eso es evadir una situación dramática, lo que es poco deseable porque hace que la sociedad no se percate de la verdadera magnitud del problema. Saber lo que pasa es indispensable para tomar cualquier decisión”, indica Salcedo-Albarrán.

Garay comenta que México se encuentra en otra etapa de la delincuencia organizada, donde la violencia ya no es la protagonista: “Puede haber una nueva reconfiguración de relaciones políticas y de alianzas entre algunos cárteles. Algo de ese estilo puede estar pasando”.

Los especialistas advierten de otra manifestación del estadio actual de la criminalidad: los narcotraficantes personales, que están aumentando y fortaleciéndose. Se trata de narcoempresarios y profesionales que trabajan sólo para sí mismos, expone Garay Salamanca, quien ha sido además asesor en el Ministerio de Hacienda del gobierno de Colombia y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos micronarcos devienen en “capital social perverso”.

Instituciones vulneradas

Sobre los señalamientos desde Estados Unidos y México de que la delincuencia organizada en territorio mexicano fue prohijada por el PRI, Garay rememora que la infiltración en las instituciones y la sociedad ha ocurrido durante mucho tiempo, por lo que el problema no se le puede atribuir de manera simplista a un partido en específico: “Aquí ha habido rupturas en las transiciones políticas, de alianzas, compromisos, acuerdos, y esto tiene influencia no sólo de lo ilegal a lo político, sino de lo político a lo ilegal”.

Refiere que ese proceso de ilegalidad suma ya muchas décadas en México, tal como ha ocurrido en Colombia, y que grupos crecientes de la sociedad –políticos, funcionarios, empresarios o profesionales, entre otros– van asumiendo patrones, formas y conductas que al menos en la letra no contradicen o confrontan la legalidad.

Sin embargo, su actuación real linda con el delito. Los investigadores los llaman “agentes opacos o grises”: Además de personas se trata de instituciones públicas y privadas “que contribuyen de manera decisiva a la reproducción del capital ilegal, entendido no sólo como capital económico o financiero, sino también político, social y en algunas ocasiones cultural”.

Para los investigadores, las manifestaciones del pasado miércoles en Culiacán y Guamúchil, Sinaloa –en las cuales se exigió que El Chapo no fuera extraditado a Estados Unidos– son una expresión de la “aculturación mafiosa”, que demuestra cómo los patrones legales se han relajado.

–¿Es posible revertir ese capital social de los cárteles? –se le inquiere a Salcedo-Albarrán.

–Siempre es posible que la sociedad avance hacia la adopción de patrones morales, culturales y políticos dentro de la legalidad. El problema es que progresivamente, a veces muy despacio, se han ido adoptando patrones culturales de ilegalidad como si fueran normales. En la medida en que los Estados van recuperando legitimidad y confianza, es posible revertir esta situación.

“Los delincuentes han aprendido que ya no es enfrentando al Estado como van a permanecer. Aspiran al control político, pero no a la participación política directa. Lo que buscan a través de funcionarios afines es tener la influencia suficiente sobre las instituciones y crear las condiciones más propias para operar y ampliar su capital.

“Desde principios del siglo XX los italianos aprendieron que mafia sin Estado no puede existir. Nosotros hemos reaprendido que redes ilícitas trasnacionales sin parcelas del Estado y sin parcelas de la sociedad tampoco podrían existir. No tendrían cómo utilizar ese capital social acumulado.”