La
visita de Parolin a México/BERNARDO
BARRANCO V.
Revista Proceso # 1968, 19 de julio de 2014
La
desmesurada y melosa acogida del gobierno al secretario de Estado y número dos
del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, refleja el interés de Enrique Peña
Nieto por guardar una excelente relación con la Iglesia mexicana y con la Sede
Apostólica. Porque existe una creciente preocupación por la inesperada actitud
crítica del episcopado ante las reformas y el rumbo que está tomando el país.
Recordemos
que en abril los prelados mexicanos presentaron un conjunto de preguntas
críticas sobre los contenidos de las reformas fiscal, educativa, política,
energética y mediática. Los cuestionamientos están posicionados en un documento
titulado “Por México ¡ACTUEMOS!”.
En
dicho pronunciamiento, los obispos, en cinco bloques de preguntas, expresan
inquietudes sobre la orientación del país. Es decir, no son interpelaciones que
buscaban sólo la aclaración, sino que constituyen verdaderas objeciones a los
asuntos que abordan las grandes reformas que han venido siendo votadas por las
cámaras. Por ejemplo, en relación con la hacendaria, los obispos inquieren en
el texto sobre el destino de la renta para que sea utilizada con honestidad y
transparencia en la construcción de una nación con menos desigualdades, que
favorezca el empleo digno.
Por
lo que concierne a la reforma electoral, los prelados piden que se superen las
artimañas de los políticos más habilidosos que lucran con el poder. Sobre la
reforma energética, los obispos se preguntan sobre su orientación social;
advierten del aprovechamiento de unos pocos, sentenciando que si la persona
humana no está por encima del dinero, el dinero le pondrá precio a cada
persona. En ese sentido abordan sus cuestionamientos a las reformas en
telecomunicaciones observando: ¡Sin verdad y sin justicia los monopolios sólo
cambiarán de manos, la manipulación de la opinión pública y de los contenidos
la definirán los intereses dominantes! Los obispos objetan la indiferencia con
que asumimos nuestra circunstancia, al banalizar la pobreza de más de 50
millones de mexicanos, muchos en una miseria que los condena a morir sin
atención médica.
Por
primera vez en mucho tiempo, los prelados abandonan el lenguaje de terciopelo
para confrontar a los protagonistas de las reformas sobre el rumbo que está
tomando del país. Ellos mismos señalan que “ante las reformas constitucionales
hacemos nuestras las inquietudes de nuestro pueblo y nos preguntamos de qué
manera serán benéficas, sobre todo para los que han estado permanentemente
desfavorecidos, o si serán una nueva oportunidad para aquellos acostumbrados a
depredar los bienes del país”.
En
la visita ad limina que en mayo pasado realizaron a Roma, expresaron ante el
Papa y diversos dicasterios romanos sus preocupaciones por la violencia,
inseguridad, desempleo, migración, corrupción e impunidad en el territorio
mexicano. Mariano Palacios Alcocer, embajador de México ante el Vaticano, no
tardó en notificar la forma y el tono de los prelados al encontrarse con el
Papa.
El
giro crítico de los obispos por supuesto que preocupa al gobierno. Es claro que
en el modelo de gobernabilidad la Iglesia juega un papel estratégico para la
actual administración. En la experiencia de Enrique Peña Nieto como gobernador
quedó manifiesta la inmejorable relación de apoyo mutuo con el clero
mexiquense. Especialmente con algunos obispos como Onésimo Cepeda, Francisco
Javier Chavolla y Carlos Aguiar Retes.
Recordemos
que antes de la campaña presidencial, Víctor Rodríguez, entonces secretario de
la CEM y hoy obispo de Valle de Chalco, declaró que Peña Nieto era “el mejor
gobernador del país”. Por ello, la estrategia del presidente es mantener
excelentes vínculos con el Papa y la cúpula del Vaticano como recurso político,
con el fin de fortalecer su postura ante la hipotética rebeldía clerical. Así
lo hizo Salinas de Gortari en la década de los ochenta bajo la llamada
“doctrina Prigione”.
Sin
embargo, la postura crítica de los obispos mexicanos, habitualmente tan sumisos
y condescendientes con el poder, sólo podría explicarse por dos razones. Una es
el “efecto Francisco”, quien es aún mucho más radical en su crítica al modelo
económico vigente. Dicho de otra forma: Los obispos locales hacen eco de las
posiciones del Papa ante la situación política y económica de México. En este
caso, el gobierno debe entender que la fuente de la discrepancia no es la
Iglesia local ni los tibios obispos mexicanos, sino la visión del Papa
Bergoglio.
Efectivamente,
el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii gaudium (La alegría
del Evangelio), denuncia el sistema económico actual: es injusto en su raíz.
Esa economía mata, porque predomina la ley del más fuerte. La cultura del
descarte ha creado algo nuevo: “Los excluidos no son ‘explotados’ sino
desechados, son ‘sobrantes’”. Vivimos en una nueva tiranía invisible, a veces
virtual, de un mercado divinizado, donde imperan la especulación financiera,
una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta.
Nos
preguntamos si el presidente Enrique Peña podrá encontrar puentes saludables de
encuentro en torno a los pobres entre México y el Vaticano, como lo anunció en
un principio, pues gran parte de los informes de los obispos en la visita ad
limina son al respecto severos. Ya no podrá presumir el descafeinado programa
hambre cero de inspiración católica, pues sus resultados han sido
decepcionantes.
La
segunda razón posible es que los obispos estén ante la puerta de negociaciones
de alguna prebenda o privilegio específico. Políticamente, no debemos pasar por
alto ni olvidar que los prelados mexicanos son verdaderos maestros del manejo
de tiempos, oportunidades y posicionamiento de sus intereses.
La
respuesta del gobierno no se hizo esperar, y el 7 de junio el presidente
Enrique Peña Nieto visitó oficialmente el Vaticano y se entrevistó con el Papa
Francisco. El gobierno quiere atajar un potencial foco de tensión con la
Iglesia católica utilizando el recurso del pragmatismo político. Especialmente
cuando la jerarquía mexicana está dando muestras del descontento y malestar que
percibe entre su feligresía, no sólo ante la política económica, sino frente a
los diversos entornos preocupantes en el país. Uno de los objetivos del
presidente en su visita fue explicar, especialmente al Papa, las supuestas bondades
estratégicas de las reformas y de la política estructural del gobierno. Es el
regreso al encantamiento que utilizó el candidato Peña para cautivar a muchos
prelados. La visita del secretario de Estado Parolin va más allá de los temas
de migración y la probable visita del Papa Francisco a México. Se inscribe en
el marco de redefiniciones de las relaciones entre la Iglesia y el Estado
mexicano y en la configuración de un nuevo tratamiento a la agenda de intereses
de la Iglesia local.
En
política todo es posible, más en los tiempos actuales del pragmatismo absoluto
que se respira. Mal haría el gobierno mexicano en negociar bajo la mesa alguna
concesión clerical. Estaría violando el artículo 40 constitucional, que
consagra al país como una república laica. Es decir, el Estado mexicano no debe
otorgar ningún privilegio a ninguna asociación religiosa, por más mayoritaria
que sea; está obligado a guardar equidad con todas las religiones, y debe
salvaguardar el derecho de las minorías. Como señalábamos en otra entrega, la
enorme diversidad religiosa que México ha mostrado en los últimos 20 años
reduce las fronteras de posibles negociaciones u ofrecimientos gubernamentales
para obtener ventajas coyunturales. El Estado laico compromete al Ejecutivo
para fortalecer nuestro sistema de democracia, que lo obliga a incluir,
proteger y respetar a las minorías. El crecimiento de las Iglesias evangélicas
lo llevan a un diseño de inclusión en la construcción plural, porque todas
estas confesiones son parte activa de la vida social. Por ello, negociar al
viejo estilo prigionista puede resultar arriesgado, ya que la condición de
monopolio absoluto ha finiquitado. El orden del espacio público en materia
religiosa supone no sólo la separación Estado-Iglesias, sino un corpus de tolerancia
institucional en la cual la inclusión es un factor primordial.
Esta
nueva soberanía de pluralidad religiosa no puede ser negociada para
congraciarse con la religión preponderante. Por más apremiado que esté el
presidente, en el marco de la laicidad no puede mercadear privilegios ni
concesiones a cambio de ponderación y apoyo político a proyecto alguno. El
Ejecutivo, y no la Iglesia, estarían socavando el carácter laico del Estado
mexicano contenido en el artículo 40 de la Constitución. l
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