La visita de Parolin a México, opinión de Bernardo Barranco

La visita de Parolin a México/BERNARDO BARRANCO V.

Revista Proceso # 1968, 19 de julio de 2014

La desmesurada y melosa acogida del gobierno al secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, refleja el interés de Enrique Peña Nieto por guardar una excelente relación con la Iglesia mexicana y con la Sede Apostólica. Porque existe una creciente preocupación por la inesperada actitud crítica del episcopado ante las reformas y el rumbo que está tomando el país.

Recordemos que en abril los prelados mexicanos presentaron un conjunto de preguntas críticas sobre los contenidos de las reformas fiscal, educativa, política, energética y mediática. Los cuestionamientos están posicionados en un documento titulado “Por México ¡ACTUEMOS!”.

En dicho pronunciamiento, los obispos, en cinco bloques de preguntas, expresan inquietudes sobre la orientación del país. Es decir, no son interpelaciones que buscaban sólo la aclaración, sino que constituyen verdaderas objeciones a los asuntos que abordan las grandes reformas que han venido siendo votadas por las cámaras. Por ejemplo, en relación con la hacendaria, los obispos inquieren en el texto sobre el destino de la renta para que sea utilizada con honestidad y transparencia en la construcción de una nación con menos desigualdades, que favorezca el empleo digno.

Por lo que concierne a la reforma electoral, los prelados piden que se superen las artimañas de los políticos más habilidosos que lucran con el poder. Sobre la reforma energética, los obispos se preguntan sobre su orientación social; advierten del aprovechamiento de unos pocos, sentenciando que si la persona humana no está por encima del dinero, el dinero le pondrá precio a cada persona. En ese sentido abordan sus cuestionamientos a las reformas en telecomunicaciones observando: ¡Sin verdad y sin justicia los monopolios sólo cambiarán de manos, la manipulación de la opinión pública y de los contenidos la definirán los intereses dominantes! Los obispos objetan la indiferencia con que asumimos nuestra circunstancia, al banalizar la pobreza de más de 50 millones de mexicanos, muchos en una miseria que los condena a morir sin atención médica.

Por primera vez en mucho tiempo, los prelados abandonan el lenguaje de terciopelo para confrontar a los protagonistas de las reformas sobre el rumbo que está tomando del país. Ellos mismos señalan que “ante las reformas constitucionales hacemos nuestras las inquietudes de nuestro pueblo y nos preguntamos de qué manera serán benéficas, sobre todo para los que han estado permanentemente desfavorecidos, o si serán una nueva oportunidad para aquellos acostumbrados a depredar los bienes del país”.

En la visita ad limina que en mayo pasado realizaron a Roma, expresaron ante el Papa y diversos dicasterios romanos sus preocupaciones por la violencia, inseguridad, desempleo, migración, corrupción e impunidad en el territorio mexicano. Mariano Palacios Alcocer, embajador de México ante el Vaticano, no tardó en notificar la forma y el tono de los prelados al encontrarse con el Papa.

El giro crítico de los obispos por supuesto que preocupa al gobierno. Es claro que en el modelo de gobernabilidad la Iglesia juega un papel estratégico para la actual administración. En la experiencia de Enrique Peña Nieto como gobernador quedó manifiesta la inmejorable relación de apoyo mutuo con el clero mexiquense. Especialmente con algunos obispos como Onésimo Cepeda, Francisco Javier Chavolla y Carlos Aguiar Retes.

Recordemos que antes de la campaña presidencial, Víctor Rodríguez, entonces secretario de la CEM y hoy obispo de Valle de Chalco, declaró que Peña Nieto era “el mejor gobernador del país”. Por ello, la estrategia del presidente es mantener excelentes vínculos con el Papa y la cúpula del Vaticano como recurso político, con el fin de fortalecer su postura ante la hipotética rebeldía clerical. Así lo hizo Salinas de Gortari en la década de los ochenta bajo la llamada “doctrina Prigione”.

Sin embargo, la postura crítica de los obispos mexicanos, habitualmente tan sumisos y condescendientes con el poder, sólo podría explicarse por dos razones. Una es el “efecto Francisco”, quien es aún mucho más radical en su crítica al modelo económico vigente. Dicho de otra forma: Los obispos locales hacen eco de las posiciones del Papa ante la situación política y económica de México. En este caso, el gobierno debe entender que la fuente de la discrepancia no es la Iglesia local ni los tibios obispos mexicanos, sino la visión del Papa Bergoglio.

Efectivamente, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio), denuncia el sistema económico actual: es injusto en su raíz. Esa economía mata, porque predomina la ley del más fuerte. La cultura del descarte ha creado algo nuevo: “Los excluidos no son ‘explotados’ sino desechados, son ‘sobrantes’”. Vivimos en una nueva tiranía invisible, a veces virtual, de un mercado divinizado, donde imperan la especulación financiera, una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta.

Nos preguntamos si el presidente Enrique Peña podrá encontrar puentes saludables de encuentro en torno a los pobres entre México y el Vaticano, como lo anunció en un principio, pues gran parte de los informes de los obispos en la visita ad limina son al respecto severos. Ya no podrá presumir el descafeinado programa hambre cero de inspiración católica, pues sus resultados han sido decepcionantes.

La segunda razón posible es que los obispos estén ante la puerta de negociaciones de alguna prebenda o privilegio específico. Políticamente, no debemos pasar por alto ni olvidar que los prelados mexicanos son verdaderos maestros del manejo de tiempos, oportunidades y posicionamiento de sus intereses.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar, y el 7 de junio el presidente Enrique Peña Nieto visitó oficialmente el Vaticano y se entrevistó con el Papa Francisco. El gobierno quiere atajar un potencial foco de tensión con la Iglesia católica utilizando el recurso del pragmatismo político. Especialmente cuando la jerarquía mexicana está dando muestras del descontento y malestar que percibe entre su feligresía, no sólo ante la política económica, sino frente a los diversos entornos preocupantes en el país. Uno de los objetivos del presidente en su visita fue explicar, especialmente al Papa, las supuestas bondades estratégicas de las reformas y de la política estructural del gobierno. Es el regreso al encantamiento que utilizó el candidato Peña para cautivar a muchos prelados. La visita del secretario de Estado Parolin va más allá de los temas de migración y la probable visita del Papa Francisco a México. Se inscribe en el marco de redefiniciones de las relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano y en la configuración de un nuevo tratamiento a la agenda de intereses de la Iglesia local.

En política todo es posible, más en los tiempos actuales del pragmatismo absoluto que se respira. Mal haría el gobierno mexicano en negociar bajo la mesa alguna concesión clerical. Estaría violando el artículo 40 constitucional, que consagra al país como una república laica. Es decir, el Estado mexicano no debe otorgar ningún privilegio a ninguna asociación religiosa, por más mayoritaria que sea; está obligado a guardar equidad con todas las religiones, y debe salvaguardar el derecho de las minorías. Como señalábamos en otra entrega, la enorme diversidad religiosa que México ha mostrado en los últimos 20 años reduce las fronteras de posibles negociaciones u ofrecimientos gubernamentales para obtener ventajas coyunturales. El Estado laico compromete al Ejecutivo para fortalecer nuestro sistema de democracia, que lo obliga a incluir, proteger y respetar a las minorías. El crecimiento de las Iglesias evangélicas lo llevan a un diseño de inclusión en la construcción plural, porque todas estas confesiones son parte activa de la vida social. Por ello, negociar al viejo estilo prigionista puede resultar arriesgado, ya que la condición de monopolio absoluto ha finiquitado. El orden del espacio público en materia religiosa supone no sólo la separación Estado-Iglesias, sino un corpus de tolerancia institucional en la cual la inclusión es un factor primordial.

Esta nueva soberanía de pluralidad religiosa no puede ser negociada para congraciarse con la religión preponderante. Por más apremiado que esté el presidente, en el marco de la laicidad no puede mercadear privilegios ni concesiones a cambio de ponderación y apoyo político a proyecto alguno. El Ejecutivo, y no la Iglesia, estarían socavando el carácter laico del Estado mexicano contenido en el ar­tículo 40 de la Constitución. l