Moreno Valle. El gobernador de la represión y la mentira

EL gobernador de la represión y la mentira/

ÁLVARO DELGADO Y GABRIELA HERNÁNDEZ 

Revista Proceso # 1969, 26 de julio de 2014;

Su mala fama crece, ganada a pulso… o mejor dicho, a mano dura. Cuando el gobernador Rafael Moreno Valle seguía refinando sus prácticas represivas contra la disidencia poblana amparado en su Ley Bala, se topó con pared: la muerte del niño José Luis Tehuatlie a raíz de una bala de goma disparada por las fuerzas de seguridad del estado de Puebla, aun cuando el mandatario insiste en exculparlas. Implacable, la condena de prácticamente todos los sectores políticos y sociales de esa entidad, y aun de los nacionales –con excepción del PAN, su partido– se cierne sobre el mandatario cortándole las alas a su aspiración presidencial.

 PUEBLA, PUE.- Las imágenes son dramáticas: Decenas de niños de la primaria Belisario Domínguez corren con sus padres en medio de nubes de gas lacrimógeno lanzado por la Policía estatal para dispersar a unos 200 manifestantes que pretendían ingresar a la Secretaría de Finanzas, en la capital del estado.

 El gas alcanzó también al hospital Betania, contiguo al edificio gubernamental, en cuya área de urgencias fueron atendidas varias personas, víctimas de la impericia policial para disolver la protesta de vendedores de autopartes que exigían la devolución de mercancía incautada.

 Tras el operativo, el 11 de mayo de 2011, el entonces secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado –actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) –, se ufanó de aplicar la ley contra los manifestantes. “No son hermanos de la caridad y yo no soy un payaso. Somos policías y estamos actuando”.

Con esta acción policiaca, el panista Rafael Moreno Valle conmemoró sus primeros 100 días como gobernador de Puebla, una política de garrote que ha aplicado en todo su sexenio y cuya más reciente expresión –ya con Facundo Rosas como jefe policiaco– fue la batida contra campesinos, el miércoles 9, que derivó en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

“Ustedes han visto cómo la ley que se aprobó en Puebla se aplica”, se regodeó ante periodistas tras el operativo inaugural de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública –la vigente Ley Bala–, cuyas consecuencias pueden hundir su proyecto presidencial.

 En medio de la peor crisis de su carrera tras la muerte del niño de 13 años de edad, el sábado 19, el gobernador se ha aferrado a que a éste lo mató un cohetón lanzado por los manifestantes y no un artefacto de la policía –una bala de goma o un cartucho de gas lacrimógeno–, como aseguran testigos con base en evidencias.

  “Ese señor es un criminal. Él miente, él cree que puede pasar por encima de todo. Si llega a la Presidencia, qué no hará”, alerta, desde su humilde hogar, Elia Tamayo, la madre del niño al que sus amigos llamaban Conan y que ese miércoles regresaba de clases.

 PAN, cómplice: Ana Tere

 Con reputación de déspota, caprichoso y frívolo, el emblema de Moreno Valle ha sido la represión sistemática de toda expresión disidente, sobre todo de campesinos, indígenas y organizaciones sociales que se defienden de los proyectos empresariales impulsados por su gobierno.

 Cualquier manifestación opositora a sus proyectos ha sido hostilizada y sofocada con toletes, gases lacrimógenos y balas de goma, pero también con la cárcel, a menudo –conforme a numerosas denuncias de los afectados– con fabricación de pruebas.

 Por lo menos 31 activistas están bajo proceso penal, 25 de ellos aún en las cárceles del estado, por oponerse a los megaproyectos privados. Sólo en la Sierra Norte, con población mayoritariamente indígena, existen 90 concesiones para minas y la construcción de ocho hidroeléctricas que impugnan los habitantes.

 Al gobierno de Moreno Valle lo culpan del homicidio de un activista: Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) y opositor al proyecto de construir una hidroeléctrica en el río Apulco, en los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco, asesinado el 4 de junio de cuatro balazos.

 También ha aflorado la crueldad del gobernador: Hace un mes falleció en la cárcel el activista Delfino Flores Melga, de 90 años de edad, a quien el gobierno estatal le negó el derecho a seguir su proceso en su domicilio, como lo exhortó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 Del despotismo de Moreno Valle también han sido víctima el Partido Acción Nacional (PAN), en el que milita desde 2009: Ha encarcelado, amenazado y hostilizado a sus críticos, hasta tomar el control completo en Puebla y con gran influencia en el nacional, en contubernio con Gustavo Madero.

 Postulado por la coalición integrada por PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza –el partido de su madrina Elba Esther Gordillo–, Moreno Valle cooptó también al PRI estatal –su antiguo partido– para controlar el Congreso, el Poder Judicial y los organismos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, aval de todos sus abusos.

Con los medios de comunicación controlados mediante un robusto presupuesto publicitario –uno de los más opacos del país, según las ONG Fundar y Artículo 19–, el afán absolutista de Moreno Valle se consolidó luego de tres años y cinco meses de gobierno.

Pero lo ocurrido en San Bernardino Chalchihuapan, donde la policía disolvió un bloqueo a la autopista Puebla-Atlixco de campesinos que protestaban por la reinstalación del registro civil en las juntas auxiliares–, alteraron sus planes: El PAN le hizo el vacío, el PRD promoverá juicio político contra él y el PRI censuró su “política criminal”.

No fue el PRI estatal –cuya dirigencia será sustituida en breve–, sino el grupo parlamentario en el Senado el que expresó, en la propuesta de un punto de acuerdo, que lo ocurrido el miércoles 9 “deja de manifiesto la intolerancia, represión e inobservancia de los derechos humanos por parte del Ejecutivo de aquella entidad”.

Con un inusual dureza, añadió: “Aunque el gobernador de la entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil como los testigos y la madre del menor afirman, la realidad es que el menor de tan sólo 13 años murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas”.

Al respecto, Isabel Allende, diputada federal priista de Puebla, afirma que es inaudito el exceso de fuerza en San Bernardino. “Hay una incapacidad total del secretario de Seguridad Pública y de sus colaboradores, y la Secretaría de Gobierno no tiene el más mínimo interés en mantener la gobernabilidad del estado”.

Pero el responsable, aclara, es Moreno Valle y por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe investigar a cabalidad los hechos, aunque el abogado del gobernador, Juan Pablo Piña Kurczyn, es amigo del presidente del organismo, Raúl Plascencia.

 Hijo del exgobernador priista Mariano Piña Olaya y de Patricia Kurczyn, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Piña Kurczyn fue secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública hasta que, en 2012, su amigo Plascencia lo designó sexto visitador de la CNDH.

 Justo al día siguiente del desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, Piña renunció como secretario general nacional de la Fundación Colosio del PRI, para hacerse cargo de la defensa de Moreno Valle, su amigo desde que éste era priista.

 El único partido que se ha mantenido silente es el PAN. En su más reciente elección interna, en mayo, Moreno Valle fue clave para la reelección de Madero, cuyo círculo cercano admite que tiene también aspiraciones presidenciales.

 Al respecto, Ana Teresa Aranda, la única opositora de Moreno Valle desde que ingresó al PAN –por lo cual ha sido amenazada de muerte y sus denuncias archivadas–, lamenta que su partido a nivel local y nacional calle. “Hay un silencio sepulcral con respecto a Chalchihuapan”.

 –¿Cuál debe ser la posición del PAN?

 –Es una lástima que las dirigencias nacional y estatal no se pronuncien para condenar los hechos sangrientos de Chalchihuapan. Un partido cuyos principios parten del respeto de la inminente dignidad de la persona humana no puede guardar silencio ante la represión, la intolerancia y el autoritarismo. Si lo hace se convierte en cómplice.

 –¿Qué debe hacer Moreno Valle? ¿Solicitar licencia, pedir una investigación imparcial, rectificar?

 –Debería hacer todo eso. Pero, dada su naturaleza, preferirá mantenerse tercamente en su teoría del complot.

 –¿Se derrumbó ya el proyecto presidencial de Moreno Valle?

 –Ojalá y así sea.

 La Sierra, “un polvorín”

 Para los líderes de organizaciones sociales de Puebla que padecen la mano dura de Moreno Valle, por su oposición a sus “proyectos de muerte” –como llaman a las mineras y las hidroeléctricas–, el proyecto presidencial está afectado con la represión en San Bernardino Chalchihuapan y la muerte del niño Tehuatlie Tamayo.

 Raymundo García López, dirigente de Serranos Unidos en Resistencia Indígena y del Comité Revolucionario Indígena de Zapotitlán, afirma que “la mano dura de Moreno Valle fue un mensaje a los mercados financieros internacionales de que puede resolver los problemas, pero ahora su aspiración se ve menguada”.

 Sin embargo, no avizora que disminuya la hostilidad gubernamental, sobre todo porque los habitantes de la Sierra Norte no cederán a las presiones y a la “represión” para que depongan su oposición a los proyectos mineros e hidroeléctricos.

 “Puede haber un conflicto regional de gran envergadura si no se detienen estos proyectos. Y serán mayores con la reforma energética, especialmente con la ocupación temporal. Ojalá los diputados corrijan lo que aprobó el Senado.”

 –¿Qué consecuencias podría haber?

 –Sería un polvorín en las regiones indígenas donde están los proyectos. Nosotros, por más humildes que seamos, no nos dejamos engañar.

 Y es que Moreno Valle ha perseguido a todos los activistas que se oponen a sus proyectos, como ocurrió, en abril, con Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero, líderes del movimiento opositor al gasoducto Morelos.

 El 6 de abril, la comisariada de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, fue detenida por policías estatales debido a que esa comunidad ejidal se negó a firmar la autorización para el paso del gasoducto Morelos por esas tierras.

 De acuerdo con Juan Carlos Flores, líder del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra (FPDAT) en Morelos, Puebla y Tlaxcala, la mujer fue aprehendida cuando salía de una reunión en San José Teruel, municipio de Tepeojuma, en la que se confirmó la determinación de oponerse al proyecto.

 El frente acusa al gobierno estatal y a las empresas encargadas del gasoducto

–la italiana Bonatti y las españolas Enagás y Elecnor– de estar detrás de la detención de Rosas Vélez, presa en Atlixco.

 El propio Flores fue aprehendido al día siguiente luego de interponer una queja ante la CEDHP por la detención de Enedina y se le imputaron varios delitos “fabricados”, como los que se les han imputado a otros dirigentes.

 “¡Que chinguen a su madre!”

 Desde 2012, los integrantes de la organización han denunciado una serie de agresiones en comunidades de Tlaxcala, acoso, golpizas y tortura de policías estatales en Morelos y capturas en Puebla.

 El Proyecto Integral Morelos atraviesa con un gasoducto de 158 kilómetros los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala y contempla dos termoeléctricas. Irá de La Magdalena Soltepec, en Tlaxcala, a Yecapixtla, Morelos, afectando a 407 mil habitantes de 11 municipios de los tres estados.

 La activista Samantha César afirma que la detención de Flores obedece a que es el líder en los tres estados. “La consigna es de Moreno Valle. Hay un proceso de criminalización y hostigamiento del gobierno estatal”.

 Revela que funcionarios de la Secretaría de Gobernación aclararon que los encarcelamientos de activistas en Puebla no tienen que ver nada con el gobierno federal.

 “La consigna es de Moreno Valle. Ahí se vio la línea que está ejecutando el gobierno estatal”, afirma la activista, quien revela que existen otras 10 órdenes de aprehensión contra dirigentes indígenas, y advierte:

 “Es una política de terror y privación de los derechos humanos y políticos. Primero encarcelan a nuestros dirigentes, luego reprimen a mototaxistas y del Metrobús y ahora asesinan al niño.”

 Esa ha sido la orden de Moreno Valle, como solía decir Vargas Fosado. “A mí me contrataron para aplicar la ley y eso es lo que hago. Ya lo saben: yo no reparto flores”.

 En efecto, repartía toletazos, gases lacrimógenos y balas de goma, como se acreditó en el desalojo de campesinos del municipio de Chignahuapan, en agosto de 2011, según la recomendación –primera y única en lo que va del sexenio– de la CDH de Puebla.

Ese 23 de agosto de 2011, centenares de policías, sin contar con un mandato judicial, desalojaron con violencia a unas 500 personas que estaban en posesión de un predio ubicado en la exhacienda de Atlamaxac.

Ese día, 31 personas, en su mayoría mujeres y ancianos, fueron detenidas y decenas resultaron heridas, al menos cuatro de gravedad, por el uso de toletes, petardos y balas de goma.

Artemisa León Moreno, de 70 años, mostró a la prensa, desde la cama de un hospital, la profunda herida que le produjo un petardo lanzado por los granaderos: “Nos disparaban directo, nomás escuchábamos pasar las balas”.

En enero de 2012, la CEDH emitió una recomendación contra Vargas Fosado al quedar confirmado que ese violento desalojo se llevó a cabo sin orden judicial y que en el operativo se usaron balas de goma.

Vargas también acometió contra periodistas, que fotografiaron los hechos, según un audio difundido por el diario Intolerancia a finales de 2011, en la que da instrucciones para que someta a los comunicadores.

“A esos cabrones no les devuelvan las cámaras, hasta allá, y bórrenles toda la imagen que tienen”, ordenó. “De tontos nos van a acusar si se las devolvemos. ¡Que chinguen a su madre…!.”