En San Lázaro
En el marco del ciclo de
conferencias sobre el nuevo sistema de justicia basado en la presunción de
inocencia y el pleno respeto de los derechos humanos, el Centro de Estudios de
Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) presentó la conferencia del
magistrado Arturo César Morales Ramírez.
El director de Estudios Parlamentarios del CEDIP, Luis Mendoza Cruz,
comentó que la conferencia magistral del juez, “Los derechos humanos en el
contexto constitucional”, ayuda a conocer la eficiencia de este sistema de
justicia.
En su intervención, Morales Ramírez, magistrado del Décimo Segundo Tribunal
Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito Judicial, precisó que
la reforma al artículo 1 y 29 a la Constitución, en materia de amparo y
derechos humanos, publicada en junio del 2011, da herramientas para resolver
asuntos que impactan directamente en la administración de justicia federal.
Las reformas a la Carta Magna, señaló, generan la necesidad de profundizar
en el estudio de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de
los que México es parte.
Comentó que en el caso de la resolución emitida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Rosendo Radilla, líder social del
municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, detenido ilegalmente en un retén
militar el 25 de agosto de 1974, es de gran relevancia, ya que condena al
Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos.
La CIDH ordenó una serie de medidas de reparación en concordancia con la
gravedad de las violaciones. Las autoridades mexicanas se vieron forzadas a
establecer criterios para el cumplimiento de esta sentencia y de las sucesivas
que emita la CIDH.
Se obliga al Estado mexicano a someterse a una convención sobre derechos
humanos y a una jurisdicción contenciosa de la Corte, por lo que tiene que cumplir
e implementar las acciones que sirvan para fomentar la protección de garantías
y reajustar sus leyes y conductas violatorias a las mismas.
“Esto, con la finalidad de que México armonice un derecho interno con un
externo y encontrar uno en común, es decir, aplicar una norma internacional que
se pueda implementar”, subrayó.
El caso Radilla, agregó, resulta paradigmático en el derecho mexicano por
establecer la obligación de adoptar estándares de derecho internacional en
relación a la investigación y sanción de la desaparición forzada.
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