Ayotzinapa en las columnas políticas hoy,

Hoy es lunes 6 de octubre de 2014.

Duele Ayotzinapa, duele Guerrero, duele México..

¿Qué pasó?, cómo pudo pasar? Por que pasó?…

La respuesta dice el profesor Bob Dylan está en el viento....

No la respuesta Bob está en la corrupción.

¡Muy lamentable...!

 Las columnas políticas hoy, lunes 6 de octubre de 2014.

FRENTES POLÍTICOS/Excelsior

I. Indignante. El levantamiento y probable asesinato de 43 estudiantes normalistas es el capítulo más oscuro de la reciente historia de México. La infiltración del narcotráfico en el caso de Ayotzinapa enturbia la vida social del país y obliga a las autoridades, primero, a encontrar a los responsables y, después, a garantizar que no vuelva a suceder. Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, informó que atraerá el caso. El hallazgo de fosas clandestinas en Iguala es atroz y condenable. Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, afirmó que el Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune. José Luis Abarca, edil perredista de Iguala, debe ser el primero en explicar qué sucedió. Pero encuéntrenlo porque anda de fuga.

II. Los cara dura. El cinismo galopa en el perredismo. Después de que fueron ellos quienes enlistaron en sus filas a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, quien se desentendió del caso de los normalistas desaparecidos, pidió licencia, y huyó, ahora resulta que exigen al gobierno de Enrique Peña Nieto su apoyo incondicional e institucional al gobernador Ángel Aguirre, para esclarecer los hechos, al señalar que es él el responsable de la seguridad en el país y no debe eludirla. Desvergonzados. Fueron ellos, los del PRD, quienes dieron poder a un alcalde ligado a la organización criminal de los Guerreros Unidos; fue un gobierno surgido de la izquierda quien lo dejó “gobernar” Iguala; y fue un gobierno de izquierda quien lo dejó escapar. Límpiense las manos. Por desgracia, esta vez, están manchadas de sangre.

IV. Malas compañías. Vicente Fox, expresidente de México, afirmó que se debe investigar al diputado Ricardo Villarreal, para determinar si está o no vinculado con el presunto operador financiero de Héctor Beltrán Leyva, Germán Goyeneche Ortega. Esto, luego de que se ventilara una fotografía en la que se encontraba Goyeneche en un informe del legislador panista. Y como ya ve usted que Vicente Fox como dice una cosa dice la otra, luego de que se declarara peñista en un noticiero a nivel nacional, indicó que no es peñista. “Yo soy mexicano y pro México. Yo no tengo partido… Yo soy pro México y estoy con todo lo que se haga bueno para México, como lo está haciendo el presidente Peña”. ¿O sea?

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Bajo Reserva/ El Universal

Impunidad en Guerrero

Tierra y ánimos están muy calientes en Guerrero. Los normalistas de Ayotzinapa y los familiares de más de 40 desaparecidos en Iguala tienen la indignación y el enojo a flor de piel, por la actuación poco convincente de las autoridades de Guerrero y la posible complicidad del alcalde —el ahora ex perredista igualteco José Luis Abarca— en la masacre y la desaparición forzada de los estudiantes. Hay que agregar el ingrediente de posibles nexos del edil con el crimen organizado y la eventual ayuda que recibió de otras autoridades para que emprendiera la fuga, nos recuerdan. Todos ellos actuaron en la lógica de la complicidad. ¿Y qué ha hecho hasta ahora el gobernador Ángel Aguirre? Parece que poco y tiene al gobierno federal al frente de las indagatorias de esta barbarie.

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TRASCENDIÓ/Milenio

Que en la Procuraduría General de la República no harán comentario alguno contra las autoridades guerrerenses que presuntamente guardan relación con el crimen organizado.

La instrucción de su titular, Jesús Murillo Karam, es aclarar con mucho cuidado quién o quiénes están detrás de los crímenes recientes, para evitar un linchamiento mediático contra inocentes.

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Lenguas Viperinas/La Silla Rota..

GUERRERO EN llamas con la noticia del posible asesinato de 17 de los más de 40 normalistas desaparecidos en iguala. Los testimoniales aseguran que fue un grupo de la delincuencia organizada el que ordenó matar a los estudiantes, pero en la investigación no oficial están involucrados los policías municipales en las desapariciones. La Procuraduría estatal no se da abasto tratando de explicar qué pasó en Ayotnizapa, qué pasó en Iguala, qué pasó con las fosas y quiénes eran los cuerpos calcinados. El gabinete de seguridad federal de reunirá la mañana de este lunes para delinear una ruta de ayuda a Guerrero, pero nos aseguran que desde el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se mantendrá un discurso crítico en contra del gobernador Ángel Aguirre que desde la tragedia de Ingrid y Manuel, no ha podido enfrentar decorosamente ninguna crisis en su estado.

SERÁ EN la Ciudad de México en donde se convoque a una marcha en apoyo a los normalistas pero sobre todo en repudio al gobierno guerrerense. Organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos convocan a una marcha el próximo miércoles, y por qué en el D.F, porque ellos mismos advierten de la inseguridad y de la nula disposición del gobierno de guerrero a escuchar una sola consigna en su contra.
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Alhajero

Se tardó la PGR/ Martha Anaya I

24 Horas

¡Una semana entera!, se tardó la Procuraduría General de la República en atraer la investigación por la desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Ah, pero eso sí, rimbombantes que fueron las declaraciones de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR:

“El Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune, queremos ser enfáticos en el hecho de que habremos de poner toda la fuerza del Estado para esclarecer este lamentable acontecimiento”.

El mensaje lo pronunció Zerón el sábado pasado -ocho días después de ocurridos los sucesos en Iguala- y hasta haber sido localizadas las fosas clandestinas donde presumiblemente podrían hallarse los estudiantes.

Ocurrió también luego de que René Bejarano alzara la voz en un receso del Consejo Nacional del PRD y se preguntara por qué el gobierno federal era omiso en Guerrero.

-¿Eso hizo el gobierno federal cuando estalló la crisis en Michoacán?

-¡No! -respondió el propio Bejarano- porque era un gobernador priista. ¿O cuando estalló la crisis en Tamaulipas? ¡No!, porque también era un gobernador priista. Pero ahora que es un gobierno de izquierda, no intervienen para que se profundice la crisis.

AMBIGÜEDAD EN EL PRD.- El líder de Izquierda Democrática Nacional (IDN) -tribu que perdió la secretaría general del partido en los recientes comicios internos- cuestionaba también la ambigüedad de su partido ante este terrible caso:

-¿(Sería acaso) porque José Luis Abarca es de Nueva Izquierda? ¿Porque el presidente municipal de Iguala, ahora prófugo, pertenece a la corriente de Los Chuchos que acaba de entronizar a su tercer presidente al hilo del PRD, Carlos Navarrete?

 Horas después -luego de que la PGR lanzara a sus hombres a analizar los cuerpos hallados en las fosas clandestinas- Navarrete, en sus primeras declaraciones como presidente del sol azteca, anunciaría a su vez que pedirá que todos los candidatos e integrantes del CEN del PRD pasen por un examen por los aparatos de seguridad del Gobierno mexicano.

 “No queremos que la delincuencia coloque candidatos por la vía del PRD”, dijo, ante lo ocurrido con el presidente municipal de Iguala.

 DESDE HACE UN AÑO DEBIÓ INTERVENIR.- El 30 de mayo del año pasado, desapareció en Iguala, junto con ocho integrantes de la organización Unidad Popular, su dirigente Arturo Hernández Cardona.

 Tres fueron asesinados, cuatro lograron escapar. Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes, acusó entonces -firmado ante notario- al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de haber sido quien personalmente dio muerte a Hernández Cardona.

 Dirigentes y luchadores sociales encabezados por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad exigieron que la PGR atrajera la investigación porque, según este testimonio, los autores del triple asesinato eran autoridades municipales.

 Al procurador se le hizo llegar desde entonces -hace más de un año- dos acuerdos del Senado para que atrajera las investigaciones, recuerda Bejarano.

 GEMAS: Obsequio del padre Alejandro Solalinde desde cuenta en Twitter: “La administración de @AngelAguirreGro ha estado llena de corrupción, impunidad, represión, tragedia, crimen, dolor y muerte. #FueraAngelAguirreGro”

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El segundo Aguas Blancas de Ángel Aguirre/ Roberto Rock L.

La Silla Rota,

La administración del presidente Peña Nieto se hartó de mantener a flote al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien en las próximas horas –hundido en una seria crisis-  puede entrar a una caída libre que eventualmente lo arroje del poder. Está en juego también el actual control del Partido de la Revolución Democrática sobre la absoluta mayoría de los cargos de elección popular ligados con ese estado.

Luego de extenderle por años múltiples apoyos, pese a tratarse de un mandatario enajenado por el alcohol, corrupto, nepotista e incompetente, funcionarios federales consultados por este espacio aseguran que Los Pinos ha emprendido un apresurado deslinde de Aguirre tras confirmar que integrantes de su grupo político –lo que incluye a diversos parientes- tienen nexos directos con las múltiples mafias del narcotráfico que, entre otras atrocidades, ordenaron en días pasados el asesinato de jóvenes normalistas y la inhumación de cadáveres en fosas clandestinas,  en Iguala.

Según avancen las indagatorias iniciadas ya por la PGR, esta  tragedia sufrida por estudiantes de la Normal de Ayotizinapa superará en gravedad los hechos de junio de 1995, cuando durante el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer, policías estatales emboscaron y asesinaron a campesinos en Aguas Blancas que viajaban en un camión de redilas para asistir a un acto político. En marzo de 1996, nueve meses después de esa masacre y cuando ya se asumía impune, Figueroa debió renunciar al cargo. Al relevo entró uno de sus aliados, Ángel Aguirre Rivero, entonces líder del Congreso local.

José Luis Abarca, incondicional de Aguirre, es el ex alcalde de Iguala cuya policía según quedó demostrado ya, está al servicio del cártel denominado “Guerreros Unidos”, una de las muchas denominaciones que ha adoptado el crimen organizado en el estado.  El pasado viernes 26 de septiembre, miembros de esa corporación policiaca municipal balearon un autobús que transportaba a estudiantes de Ayotzinapa, matando a varios de ellos, sin que hasta ahora se sepa el motivo. Muchos jóvenes más –quizá decenas- fueron arrestados en esas horas para después ser entregados a sicarios de los narcotraficantes, quienes han declarado que recibieron la orden de asesinarlos, quemar sus cuerpos y sepultarlos en terrenos ocultos.

Los hilos del poder de Aguirre no son sólo locales, antes al contrario. El mandatario de Guerrero, quien militó en el PRI durante décadas, pero que en 2011 llegó al gobierno estatal con el apoyo del PRD, pactó en los años recientes un apoyo de mutuo beneficio con la facción dominante en este último partido, Nueva Izquierda -conocida como “Los Chuchos”-, al que han pertenecido los más recientes presidentes de la organización, incluso el actual, Carlos Navarrete.

El referido ex alcalde Abarca, presidentes municipales que acumulan serios señalamientos; encumbrados diputados locales, legisladores federales y otros políticos muy cercanos a Aguirre, son reivindicados por Nueva Izquierda como parte de su corriente y militantes distinguidos del PRD. Varios de ellos son considerados en investigaciones federales protectores de grupos criminales, como los citados “Guerreros Unidos”, “Los Rojos”,  “Los Ardillos” o el CIDA (Cártel Independiente de Acapulco), desprendimientos de lo que fue el cártel de los Beltrán Leyva.  Autoridades en este campo consideran que la multiplicación de estos grupos tiene en la política una de sus principales raíces.

En sus últimas declaraciones como dirigente nacional del PRD, la semana pasada, Jesús Zambrano expresó respaldo pleno al gobernador Aguirre y demandó al gobierno federal no debilitar sus ayudas, luego de que el presidente Peña Nieto declarara en tono de extrañamiento, que Aguirre debe esclarecer debidamente el ataque contra los normalistas.

El pronunciamiento presidencial mandó una señal de ruptura entre Aguirre Rivero y el equipo de Los Pinos. Hasta entonces el mandatario estatal se había presentado, tanto en público como en privado,  como aliado y protegido del primer círculo de Peña Nieto, destacadamente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien Aguirre trabó una sólida amistad desde el tiempo en que ambos fueron diputados federales en la 59 Legislatura (2003-2006). 

Aguirre Rivero ha confirmado ante diversos testigos que cuando el PRD lo postuló para la gubernatura en 2011, y contendió contra el candidato del PRI, Manuel Añorve –aliado político del líder parlamentario Manlio Fabio Beltrones-, Osorio Chong, entonces gobernador de Hidalgo, le canalizó diversos apoyos y habría estimulado a varios gobernadores priístas a respaldarlo igualmente.

Desde entonces, el PRD ha tenido a su cargo postular para sus actuales cargos a las principales figuras de la política de Guerrero. Además de Aguirre, le deben el puesto los senadores y diputados federales por mayoría, así como los principales alcaldes, con excepción del de Acapulco, Luis Walton, postulado por otra agrupación de izquierda: Movimiento Ciudadano.

El grupo político de Aguirre, apoyado por Nueva Izquierda, dominó a nivel estatal las recientes elecciones perredistas para designar consejos municipales, estatales y nacional, del que el pasado fin de semana surgió Carlos Navarrete como nuevo dirigente. Aguirre Rivero impulsó la planilla “Izquierda Progresista Guerrerense” (IPG), que encabezó su hijo, Ángel Aguirre Herrera.

Aguirre Herrera, de 30 años, ha sido ya impulsado por su padre el gobernador como diputado federal y actualmente es diputado local, sin ningún antecedente profesional o político personal que lo justifique. Desde esa posición se le está proyectando para postularlo a la alcaldía de Acapulco, lo que habría sido ya acordado con Nueva Izquierda. El pacto incluiría a un antiguo rival de Aguirre, el senador perredista Armando Ríos Piter, quien por esta vía tendría a cambio el aval del gobernador para buscar la gubernatura en los comicios del próximo año.

Esos eran los actores y los balances que regían antes de la masacre contra normalistas de Ayotzinapa. En las próximas horas esta tragedia seguirá sacudiendo al país y a la imagen de México en el mundo.  No está claro aún de qué tamaño serán los costos políticos, quién los deberá pagar y cómo se reflejarán en la urnas en julio del 2015.  Pero es posible que Aguirre no presencie esa fecha desde el palacio de gobierno en Chilpancingo.

robertorock@lasillarota.com

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El Cristalazo

LO PEOR ENTRE LO PEOR/Rafael Cardona

La CRónica

Nada conveniente para un país cuyo discurso por el mundo se basa en la modernidad democrática y la oferta de oportunidades de negocios industriales en todas las áreas de actividad humana: del turismo a la energía. Esto no pasa ni en Ruanda.

Rodeada por hipótesis a la cual más terrible, la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa podría marcar el rostro definitivo de este gobierno cuando apenas ha trascurrido su primer tercio entre la algarabía reformista y la realidad inconforme.

La primera hipótesis, la favorita, es simple: se trata de un caso masivo de desaparición forzada. La diferencia entre ésta y un secuestro “vulgar” también es sencilla: cuando el secuestrador es un agente del gobierno o del Estado, el delito obtiene una categoría mayor: es una violación grave a los derechos humanos. Quien está para proteger no puede secuestrar. El abuso de autoridad, la perversión, agravan la privación de la libertad.

Y si a eso se le agrega la eliminación del secuestrado (abducido, dicen algunos en espanglish) entonces estamos frente al peor de los mundos posibles.

Por desgracia (para todos, no solo para el gobierno y su imagen) el hallazgo de las fosas entre Iguala y Taxco agrava las sospechas. Si los cuerpos ahí inhumados son de los normalistas de Ayotzinapa el terremoto reventará la escala de todos los sismógrafos políticos. De inmediato se le agregaría al caso Tlatlaya, lo cual derivaría automáticamente en una imagen (un juicio y una condena) quizá irreparable para el gobierno.

Asesinatos militares y policíacos. Punto.

Nada conveniente para un país cuyo discurso por el mundo se basa en la modernidad democrática y la oferta de oportunidades de negocios industriales en todas las áreas de actividad humana: del turismo a la energía. Esto no pasa ni en Ruanda.

La otra hipótesis es quizá la más compleja de todas: los estudiantes de esa normal (de tradición luchadora y de raíces extremistas, con los Cabañas y los Vásquez Rojas como santos tutelares) se sintieron amenazados tras el tiroteo del autobús secuestrado y la muerte de sus compañeros y decidieron irse “pa’l monte” mientras las aguas se calman.

Pero ni esto ha ocurrido ni su paradero “fugitivo” ha dejado trazos, huellas o noticias siquiera entre sus familiares quienes insisten en la frase de remota patente: “¡vivos se los llevaron; vivos los queremos ver!”.

La tercera hipótesis no es tampoco nada tranquilizadora: los cuerpos hallados en las fosas descubiertas hace apenas unas horas, no son los de esos desaparecidos.

Pues no, pero son de otros, lo cual demuestra una sistemática circunstancia: en este país la gente desaparece o es asesinada, no se sabe por quién y sus cadáveres vienen a la luz cuando se busca a otros desaparecidos, estén o no en rígida condición de momia fresca.

Como sea, en cualquiera de los tres casos, el panorama es terrible. Tanto como podría ser, en otras circunstancias, la advertencia del presidente Enrique Peña al gobernador Ángel Aguirre Rivero: “cumpla con su deber.” ¿Y ya? ¿Con eso tenemos?

Pues por desgracian no. Los deberes de la autoridad se incumplen en cualquiera de los tres casos anteriores y en otros más.

Hoy, por desgracia, brotan cadáveres, no importa su antigüedad. Importa la ignorancia generalizada: no sabemos quiénes son, quién los mató, quién los sepultó, quién los escondió.

—“Oigo en tus quejas, crujir los esqueletos en parejas…”

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¡Alto al baño de sangre!

Itinerario Político/Ricardo Alemán

El Universal,

El Estado mexicano no puede tolerar una masacre más, sea de estudiantes, sea un ajustes de cuentas, sea una ejecución extrajudicial.

Hasta las 20 horas de ayer, nadie sabía si los restos localizados en fosas clandestinas de Iguala pertenecen a los normalistas desaparecidos. Sin embargo –y más allá del resultado que arrojen los peritajes de ADN--, lo cierto es que el Estado mexicano no puede tolerar una masacre más, sea de estudiantes, sea un ajustes de cuentas entre bandas criminales, sea una ejecución extrajudicial.

Y es que, en rigor, la gravedad del hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas no depende de que los restos humanos encontrados sean o no de los normalistas perdidos en Guerrero. Lo cierto es que –a estas alturas–, la gravedad del asunto es que aparezcan nuevos cementerios clandestinos, en esta ocasión, en Iguala, Guerrero. ¿Por qué?

Porque la ingobernabilidad en una entidad federativa es –además de un mal gobierno–, del tamaño de los grupos criminales que se disputan el territorio; es del tamaño de sus peleas y, por consecuencia, de sus cementerios clandestinos, en donde también se puede encontrar el ADN que permite identificar a las bandas criminales que desestabilizan tal o cual entidad federativa.

Pero además, la aparición de fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, confirma la expresión presidencial de que en esa entidad se vive “un debilitamiento institucional”. ¿Y de qué tamaño es ese “debilitamiento institucional” en Guerrero? Queda claro que es del tamaño del escándalo provocado por el choque entre normalistas y policías de Iguala, que hoy se sabe fue un choque entre normalistas y un grupo criminal que mantenía el control de Iguala; es del tamaño de la agresión lanzada contra los estudiantes, del número de muertos y secuestrados.

La ingobernabilidad que viven Guerrero y algunos municipios como Iguala, es del tamaño de la barbarie que impera en esa entidad; del tamaño del vandalismo desatado por los normalistas y del tamaño de la incapacidad de los municipios y del gobierno estatal por hacer valer el Estado de derecho; que no es otra cosa que aplicar la ley. En Guerrero, todos lo saben, no hay ley. Y sean los criminales, sean los vándalos de la CNTE o los de la Normal de Ayotzinapa, todos hacen y deshacen a su antojo.

Por eso, de manera independiente a que los cuerpos encontrados sean o no de los normalistas desaparecidos, lo cierto es que la responsabilidad por la ingobernabilidad que se vive en Iguala es no solo para el alcalde prófugo y para el partido que lo postuló, sino para el gobierno de Ángel Aguirre. Si el gobernador de Guerrero no sabía que Iguala era el asiento de una de las más peligrosas bandas del crimen organizado, se entiende el tamaño de la ingobernabilidad. Pero si lo sabía y no lo reportó, si no le hizo caso o lo dejó pasar, nada justifica la irresponsabilidad de Ángel Aguirre.

En cualquier caso, sea por ignorancia o por omisión, un gobernador que incurre en ese tamaño de irresponsabilidades no puede permanecer impune; no puede seguir al frente de un estado que, en los hechos, es rehén de los grupos criminales. Y entonces la responsabilidad por el estado fallido de Guerrero se retraslada al o los partidos que lo postularon y al Congreso de la Unión. ¿Qué van a hacer y qué van a decir el PRD y el PAN por el fallido gobierno de Guerrero? ¿Va a permanecer como si nada el Congreso de la Unión, el Senado de la República? ¿No habrá un legislador sensato que promueva el juicio de procedencia –conocido como juicio político–, contra Ángel Aguirre?

Y es que parece que debió ocurrir el choque entre normalistas y policías de Iguala, para que el mundo se enterara que el presidente municipal, el secretario de Seguridad Pública y los policías municipales eran brazo operador de una de las más sanguinarias bandas criminales que operan en Guerrero. ¿De verdad, ninguno de los tres órdenes de gobierno se había percatado del tamaño de la influencia de los grupos criminales en Guerrero y, en particular, en Iguala? ¿Ningún partido lo sabía?

Lo cierto es que –se debe insistir--, la exigencia central al Estado todo, al gobierno federal y a los tres órdenes de gobierno, es que retórica aparte, discursos huecos aparte y promesas incumplidas, ya es tiempo que todos asuman su responsabilidad en la violencia y el crimen y ofrezcan muestras reales y contundentes de que están dispuestos a poner alto a las matanzas; al baño de sangre. Al tiempo.

EN EL CAMINO.

Ninguna novedad la llegada de Carlos Navarrete al frente del PRD. Lo nuevo será si asume la responsabilidad del partido amarillo por los fracasos en gobiernos como los de Guerrero y Oaxaca; entre los más pobres del país.

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Razones

El PRD ante su propio Aguas Blancas/Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

El PRD ante su propio Aguas Blancas

Carlos Navarrete se estrena como presidente nacional del PRD con uno de los mayores desafíos que puede afrontar un líder de izquierda: la desaparición de decenas de estudiantes por un gobierno de su mismo partido. Guerrero un estado emblemático para el PRD, ha tenido gobiernos surgidos de ese partido, pero no de izquierda: no lo fue Zeferino Torreblanca, un exlíder empresarial local, mucho más cercano a Vicente Fox que al PRD, y tampoco lo es Ángel Aguirre, que viene de los equipos de Rubén Figueroa, tanto que fue a quien éste dejó como sucesor, entonces priista, luego de la masacre de Aguas Blancas. Aguirre fue candidato del PRD, primero, porque el líder de ese partido, Armando Chavarría, en un crimen que jamás fue resuelto a conciencia, fue asesinado en Chilpancingo, y segundo porque el PRI se negó a hacer candidato a Aguirre y éste se ofreció al PRD. Lo recogió un partido que no tenía entonces opciones claras y Aguirre quedó en la casa de gobierno, con un equipo mucho más cercano a él que al partido que lo registró.

Pero de un camino similar proviene el alcalde de Iguala, hoy prófugo de la justicia, José Luis Abarca. El PRD en el caso de las muertes y las desapariciones de Iguala ha dicho que Abarca será expulsado del partido, ha defendido a Aguirre y ha pedido apoyo federal para el estado. Ni una palabra de condena a un gobierno en donde la muerte de perredistas, priistas y panistas, sobre todo en las zonas campesinas, tanto de la Costa como de la Montaña, de Tierra Caliente como en el propio Acapulco, se ha convertido en una norma. El número es tan alto como la impunidad.

Ya cuando fue azotado el puerto de Acapulco y buena parte del estado por las tormentas Ingrid y Manuel, el PRD prefirió mirar hacia otro lado en lugar de criticar la inacción oficial en los primeros días posteriores a la tragedia. Ahora en una Iguala que se ha convertido en algo más grave aún que Aguas Blancas, no puede mirar hacia otra parte, quedarse con responsables locales, tener sentado al gobernador en su consejo nacional y simplemente aceptar que, desde gobiernos de izquierda, se puede matar y desaparecer estudiantes sin que pase nada.

Al momento de escribir estas líneas no se sabe si las fosas comunes que se descubrieron en las afueras de Iguala es en donde están albergados los cuerpos de los desaparecidos que, de una forma absurda, fueron buscados “casa por casa” en las localidades de la zona, en lugar de montar una investigación rigurosa. Muchos indicios podrían mostrar que esos cuerpos son de los jóvenes desaparecidos, pero hay que esperar las pruebas periciales. También es muy probable que los asesinos sean, como se ha dicho, del grupo criminal de Guerreros Unidos que, por confusión o porque tenían datos al respecto, decidieron eliminar a los estudiantes porque pensaban que eran parte del grupo de Los Rojos, sus acérrimos enemigos, surgidos todos, Guerreros y Rojos, de escisiones de los Beltrán Leyva.

Pero lo que no es admisible es que el gobierno estatal no supiera que el alcalde de la tercera ciudad más importante del estado, cercano colaborador del gobernador desde años atrás, estaba ligado familiarmente con el cártel de los Guerreros o que la policía municipal lisa y llanamente trabajaba para ellos.

Navarrete puede ser, creo que lo será, un buen presidente del PRD, pero el desafío de ese partido, en éste y otros temas, es mostrar la nueva cara de la izquierda. No sé si existirán condiciones para que se dé otro tipo de intervención en Guerrero, más que asumir las investigaciones de estos casos desde la PGR, pero el PRD no se puede limitar a esperar que se den los tiempos para que Armando Ríos Pitter sea candidato y luego gobernador (con el costo, además, de que el hijo de Aguirre se convierta en candidato para Acapulco).

Si se confirma que los estudiantes desaparecidos están muertos será imposible para el PRD, para el gobierno federal y para el propio Aguirre, ausente las 72 horas posteriores a los crímenes, mirar hacia otro lado. El problema es que si esos estudiantes siguen desaparecidos, tampoco pueden hacerlo.

La decisión de Mancera

Mientras en Guerrero se duda, en el Distrito Federal, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, “renunciará” hoy al oficial mayor del GDF, Édgar Armando González, acusado de actos de corrupción, acusaciones sustentadas, además con algunas grabaciones de audio y video que están ya en manos de las autoridades. No mirará hacia otro lado.

Y en Jalisco, mientras continúan con las investigaciones del asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel que dicen que podría transitar por caminos insospechados, el gobernador Aristóteles Sandoval, en esto de los gestos, inauguró por todo lo alto, las salas para implementar el nuevo sistema penal acusatorio.

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