Caso Ayotzinapa Ultimátum de la CIDH al gobierno de Peña Nieto

Caso Ayotzinapa Ultimátum de la CIDH al gobierno de Peña Nieto/GLORIA LETICIA DÍAZ, reportera.

Revista Proceso No. 1979, 4 de octubre de 2014

Activistas guerrerenses se encontraban en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aportar datos sobre el múltiple homicidio del 31 de mayo de 2013 en el que está implicado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, cuando policías municipales y un grupo armado arremetieron contras normalistas de Ayotzinapa y causaron seis muertes y la desaparición de 43 estudiantes. El viernes 3, una semana después de la agresión, el organismo interamericano emitió su resolución MC409-14, en la que da un plazo de 10 días al Estado mexicano para determinar la situación y paradero de esos estudiantes.

Omisiones y complicidades graves de parte del gobierno del estado de Guerrero y del Congreso local, así como una criminalización sistemática de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, son algunos de los factores que derivaron en los ataques armados del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra los normalistas.

Así lo consideran los defensores de derechos humanos Vidulfo Rosales, Magdalena López y Éricka Zamora, además de la regidora igualteca Sofía Mendoza.

Las evidencias de que esos hechos graves –en los que intervinieron policías municipales y civiles fuertemente armados, con un saldo de seis muertos, una veintena de lesionados y 43 jóvenes desaparecidos– pudieron evitarse, provocaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El viernes 3, mientras el subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava se reunía con 18 familiares de los estudiantes desaparecidos y sus abogados, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, notificó la decisión del organismo de atender la solicitud de protección urgente para los normalistas, formulada por organizaciones civiles el 30 de septiembre.

 Sin notificación previa por considerar que los hechos son de suma gravedad –colocan a los estudiantes en “la máxima situación de irreparabilidad”–, en su resolución MC409-14 el organismo dio un plazo de 10 días al Estado mexicano para “determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”, y para que “adopte las medidas necesarias” a fin de “proteger la vida e integridad de los estudiantes heridos” y presente avances la investigación del caso.

 En entrevistas por separado, las activistas y la integrante del Cabildo de Iguala advierten que desde hace más de un año el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y el Congreso de Guerrero, de mayoría perredista, tuvieron la oportunidad para procesar al alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez por su presunta responsabilidad en el homicidio de Arturo Hernández Cardona, dirigente social y fundador del PRD, y de Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez, integrantes de la organización Unidad Popular de Iguala. Pero no lo hicieron.

 Por el contrario, las exigencias de justicia de parte de deudos y de uno de los sobrevivientes de la matanza perpetrada el 31 de mayo de 2013, Nicolás Mendoza Villa, vulneró la seguridad del testigo y los familiares que ahora son víctimas de amenazas y hostigamiento, por lo que pidieron el respaldo de la CIDH.

 Tres días antes de los ataques a estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Sofía Mendoza, viuda de Hernández Cardona, viajó a Washington con el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y la secretaria ejecutiva de la asociación civil Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), Magdalena López Paulino. Su propósito era entrevistarse con Álvarez Icaza y aportarle elementos a su solicitud de medidas cautelares presentada en junio de 2013.

 En esa solicitud Mendoza mencionó las continuas violaciones a derechos humanos y la persistente impunidad en el estado de Guerrero, particularmente en Iguala.

 Entre los objetivos del viaje estaba desmentir de viva voz la respuesta que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a la notificación de la CIDH sobre las medidas solicitadas en marzo de este año, por la que rechazaba la pertinencia de la intervención del organismo en el caso, bajo el argumento de que el Estado mexicano daba la protección necesaria.

 En un documento de ocho cuartillas y tres anexos –copias de oficios enviados por oficinas del gobierno de Guerrero a la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación– fechado el 18 de marzo, el gobierno federal sostiene que “se han realizado los acompañamientos que han sido requeridos por los propuestos beneficiarios, se han atendido las llamadas telefónicas por las propuestas beneficiarias y, con el fin de proteger su propia integridad, se han realizado llamadas de seguimiento” a favor de los solicitantes.

 Sobre el reclamo por la persistente impunidad, el texto, del que este semanario tiene copia, reproduce las excusas por la falta de actuación de Procuraduría General de Justicia de Guerrero al no contar con las comparecencias ministeriales de los sobrevivientes del triple homicidio.

 El 30 de mayo de 2013, Hernández Cardona y siete de sus seguidores fueron secuestrados por hombres armados al término de la toma de la caseta de cobro de Iguala en protesta por la negativa del entonces alcalde José Luis Abarca de entregar fertilizante a campesinos.

 En el documento se desconoce la declaración notariada de Mendoza Villa; éste identificó a Abarca como el autor material de la muerte de Hernández Cardona, a quien habría ultimado de dos impactos de bala, uno en el pecho y otro en el rostro.

 De acuerdo con el testimonio de Mendoza Villa, asentado por la Notaría 47 de Distrito Federal, en el lugar de los hechos también estuvo Felipe Flores Velázquez, quien era secretario de Seguridad Pública.

 Complicidades

 A casi año y medio de la triple ejecución, el gobierno estatal consideraba a Abarca Velázquez y Flores Velázquez, primos hermanos, como prófugos, e incluso se ventilaban en los medios de comunicación los supuestos vínculos de ambos con la delincuencia organizada.

 “Por desgracia el tiempo nos dio la razón –dice Sofía Mendoza–; yo hice una solicitud formal al Congreso del estado (en julio de 2013) para que se le revocara el mandato a ese señor por las graves violaciones a derechos humanos que cometió contra mi esposo y los otros compañeros, y me dieron carpetazo.

 “Pedí la atracción del caso a la Procuraduría General de la República y sentí una gran tristeza e impotencia cuando (Jesús) Murillo Karam declaró que era un asunto local.”

 Y lamenta: “Ahí están las consecuencias de las complicidades, porque ese señor (Abarca Velázquez) fue defendido a capa y espada por su corriente política cuando pedimos su destitución para que fuera juzgado. Pudieron haberse evitado los hechos que ocurrieron el 26 septiembre último (en Iguala) si alguien nos hubiera escuchado”.

 La regidora solicitó a Álvarez Icaza la visita de un relator al estado suriano y a su municipio. Ella insiste en que con la llegada de Abarca a la alcaldía de Iguala, respaldado por la corriente perredista Nueva Izquierda, el municipio fue escenario de asesinatos, desapariciones y de fosas clandestinas.

 “Lo que pedimos en Washington es que queremos que venga un relator a Guerrero y que no debe pasar por alto el municipio de Iguala por las cosas tan graves que están pasando. También estuvimos con el director de Human Rights Watch, quien se comprometió a venir al estado… Y el viernes (26 de septiembre) pasa la desgracia. Con ello se demuestra que no exageramos”, puntualiza la regidora.

 Magdalena López Paulino apunta que las filtraciones sobre la presunta vinculación de Abarca con el crimen organizado tras el ataque a los estudiantes “debe conducir a la reconsideración de la PGR para atraer el caso. Pero no sólo eso: también debe analizarse la responsabilidad del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por todo lo que está pasando.

 “Basta recordar que siendo gobernador interino 1998, ocurrió la matanza cometida por el Ejército de 11 indígenas indefensos en El Charco, hechos que a 16 años se mantienen en total impunidad.”

 López Paulino comenta que a la violencia generalizada se agrega la persecución de los integrantes de las organizaciones sociales, los asesinatos de al menos 13 activistas durante la administración de Aguirre Rivero y las amenazas a defensores, aun con medidas precautorias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 Éricka Zamora Pardo, integrante de la RSDCIAC y sobreviviente de la matanza de El Charco, advierte que en el caso de los ataques armados a los normalistas la responsabilidad no puede quedar únicamente en las autoridades municipales de Iguala.

 Tras recordar que el año pasado los estudiantes de Ayotzinapa acompañaron a los deudos de las víctimas de la Unidad Popular de Iguala en la toma del ayuntamiento, Zamora Pardo señala que el gobierno del estado ha promovido la “criminalización hacia los normalistas y en la ausencia de protocolos entre los cuerpos policiales para controlar manifestaciones”.

 Resulta significativo que en vísperas de la masacre del 26 y 27 de septiembre “policías estatales habían evitado que los estudiantes tomaran camiones en Chilpancingo (el 24 y 25). No sé si exista una comunicación oficial, pero me parece que esa actuación previa podría traducirse como una orden entre los cuerpos policiacos para evitar la toma de camiones a como diera lugar”.

 Negligencia criminal

 Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, añade: “Luego de escuchar las declaraciones del gobernador de que la policía de Iguala está infiltrada por el crimen organizado, la pregunta es por qué ni él ni el Congreso hicieron algo contra Abarca, aun cuando conocían su historial delictivo. ¿Por qué tuvieron que morir seis personas, entre ellas tres estudiantes y un menor, y desaparecer a 43 normalistas para que las autoridades medio actuaran?”

 En el ataque de uniformados a los normalistas, el gobierno de Aguirre Rivero tiene responsabilidad porque, insiste, “sabía que los compañeros se enfilaron a Iguala luego de que no pudieron abordar camiones en Chilpancingo; sabía que estarían a merced de una policía que, como él mismo dijo, está infiltrada por el crimen organizado. Pudo ordenar detenerlos y evitar la matanza”.

 Entrevistado al término de una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario Luis Miranda Nava el viernes 3, el abogado de Tlachinollan señala que hasta ese momento no tenía acceso al expediente abierto por los hechos violentos.

 Por lo divulgado en los medios y por información recabada de manera informal, es cuestionable que “la cadena de mando no esté considerada entre los 22 policías arrestados; es decir, no detuvieron a gente clave, no están los comandantes que operaron los dispositivos del 26 de septiembre y eso impide saber qué pasó ese día”.

 Peor aún, agrega, pese a que las autoridades ministeriales sostienen que los detenidos intervinieron en el primer ataque, “no se advierte un interrogatorio profesional y exhaustivo que diera elementos para localizar a los compañeros”.

 Apunta que lo anterior es prueba de la falta de voluntad por esclarecer los hechos y eventualmente localizar a los desaparecidos.

 Es más, agrega, los operativos de búsqueda que se han difundido en los medios se derivaron de una iniciativa de los padres de familia, quienes recabaron versiones de vecinos que vieron pasar camionetas. Es a partir de éstas que “hicieron un mapa muy rústico y se lo presentaron al gobierno del estado, que dispuso personal para revisar esos puntos. Pero sin una estrategia definida ni profesional, todo está condenado al fracaso”.

 Para el activista, detrás de ese aparente apoyo del gobierno de Aguirre para buscar a las víctimas, incluido el ofrecimiento de recompensas, está una negativa a “entrar al punto medular”.

 Abunda: “No se quiere responder a las interrogantes como de dónde está operando el crimen organizado, o cuáles son los puntos sensibles que pueden llevarnos a encontrar a los estudiantes; hay antecedentes como el caso de los crímenes de los compañeros de la Unidad Popular, la Procuraduría General de la Justicia tiene un testimonio de ese caso y además es público, y tiene los elementos para hacer un trabajo más fino.

 “No hay voluntad o hay una especie de complicidad, o de pacto político con el presidente municipal y su corriente partidista, eso lo puede explicar.”

 Sobre los compromisos derivados de la reunión con Miranda Nava, Rosales asegura que resultaban preocupantes para las familias de los desaparecidos las declaraciones del gobierno federal deslindándose de la situación, dejando el asunto en manos de la administración local.

 Los padres de los normalistas y sus representantes lograron que la federación coadyuve en la búsqueda de los jóvenes a través de un “equipo multidisciplinario e interinstitucional, un equipo de diferentes facultades, como peritos y grupos de inteligencia, bajo la advertencia de que las horas son vitales, pues se juega la vida de los estudiantes”.

 Liberadas las medidas cautelares a favor de los 43 desaparecidos por parte de la CIDH, el abogado de Tlachinollan, una de las organizaciones que las promovió, habla sobre la importancia que éstas tienen, luego del acercamiento con el gobierno federal.

 Con amplia experiencia en el litigio internacional, Rosales considera que las medidas otorgadas por el organismo interamericano tienen dos lecturas para el Estado mexicano: la política y la jurídica, ambas de fuertes consecuencias para la imagen que Peña Nieto promueve fuera del país.

 “En el plano político –dice–, las medidas tienen un fuerte impacto de cara a los compromisos que México ha firmado en la OEA; se va a ver obligado a responder a la CIDH sobre medidas claras y objetivas que ofrezcan resultados tangibles, no medidas condenadas al fracaso, como ahora.

 “De aquí en adelante el Estado mexicano, la federación y el estado de Guerrero van a estar bajo el escrutinio de la CIDH, que va a estar monitoreando que las medidas conduzcan al éxito y a la presentación con vida de los compañeros.”

 Luego de explicar que la intervención de la CIDH obliga al Estado a consultar medidas de protección con los estudiantes, sus familiares y sus representantes, Rosales resalta el alcance que tienen las medidas cautelares a la luz de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

 “Hay un elemento jurídico que los vincula a cumplir los compromisos, a que no queden en discurso, porque a partir de la reforma constitucional las resoluciones de la CIDH ya no se interpretan como las opiniones de un órgano diplomático y político, sino que tienen valor cuasi jurídico y tiene que respondérsele porque se trata de un órgano vinculante”, sentencia el abogado de Tachinollan.