Batallón 102: un historial criminal

Batallón 102: un historial criminal/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

• Pertenece a la 22 Zona Militar, que a su vez está adscrita a la jurisdicción de la Primera Región Militar, la cual tiene su sede en el Distrito Federal. Su primer comandante fue el coronel Ciriaco Pérez Fuerte.

 Revista Proceso No. 1979, 4 de octubre de 2014

Los soldados sometidos a proceso a raíz de la matanza de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, pertenecen a un cuerpo militar que no sólo tiene diversos antecedentes criminales, sino que ha sido favorecido por Enrique Peña Nieto. El 102 Batallón de Infantería se estableció en 2010 en terrenos donados por el entonces gobernador, y este año el comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo incorporó al operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir el narcotráfico. Esto, no obstante que desde 2011 miembros del mismo batallón que fueron procesados por delincuencia organizada aceptaron haber recibido dinero de un capo a cambio de información sobre los movimientos castrenses que se planeaban.

 Con antecedentes de ejecuciones extrajudiciales, el 102 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, al que pertenecen los militares acusados de asesinato en Tlatlaya, ha sido consentido por Enrique Peña Nieto.

Como gobernador del Estado de México, Peña Nieto inauguró las nuevas instalaciones de ese cuerpo militar en mayo de 2010, y a principios de este año el comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo integró al operativo “Seguridad Mexiquense” que puso en marcha.

Instalado al sur del Estado de México (Edomex) con la misión expresa de combatir al narcotráfico en la zona, el 102 Batallón de Infantería ya se había visto involucrado en otros asesinatos de civiles. Al menos una docena de elementos están siendo procesados por ejecuciones extrajudiciales de presuntos integrantes o protectores de la delincuencia organizada.

Medio año antes de la matanza en Tlatlaya, miembros de ese mismo batallón mataron a cuatro empleados del gobierno municipal de Arcelia, Guerrero, en la frontera con el municipio mexiquense.

Aunque el hecho se presentó inicialmente también como un “enfrentamiento”, el 6 de diciembre de 2013 mataron en el poblado de Palos Altos, Arcelia, a Mario Urióstegui Pérez, director de Tránsito Municipal del ayuntamiento.

Conocido como La Mona, Urióstegui era identificado por el propio Ejército como suegro de Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, líder del grupo delictivo La Familia en la región norte de Guerrero y sur del Edomex.

El 31 de marzo de este año, cuando el 102 Batallón ya era investigado por esa ejecución extrajudicial, y en medio de una crisis de inseguridad en el Estado de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el operativo “Seguridad Mexiquense”.

 El gobierno de Peña Nieto comenzó a informar de sus resultados y anunció la detención de más de medio millón de personas, aunque sólo 1% de los 579 mil 461 detenidos fue considerado como probable responsable de algún delito (Proceso 1963).

 En su segundo informe, del 5 de junio, reportó que en Tlatlaya habían sido aprehendidas dos personas “que dijeron pertenecer a un grupo delictivo que opera en Michoacán”. Tres semanas más tarde, el 30 de junio, se produjo la ejecución extrajudicial en ese municipio. A partir de entonces, el gobierno federal dejó de hacer propaganda sobre el operativo “Seguridad Mexiquense”.

 Los “cazadores camuflados”

 Como en el caso de Tlatlaya, en el de Palos Altos la Sedena aseguró que había sido un enfrentamiento. Pero cuando se hizo público que entre los muertos de Arcelia estaban cuatro empleados de ese municipio, se informó que había sido una confusión de los militares porque los asesinados eran cazadores que iban con uniformes de camuflaje. La ejecución provocó una movilización en ese poblado en contra del 102 Batallón de Infantería.

 En ese tiempo, El Mojarro era el número dos de La Familia, grupo que desde 2009 se disputa con Los Guerreros Unidos el control territorial de lo que el propio Ejército define como “corredor de las drogas” entre el norte de Guerrero y el sur del Estado de México, en la frontera con Michoacán.

 La Familia es una escisión de La Familia Michoacana, mientras que Los Guerreros Unidos constituyen una derivación de lo que fue el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuyo antecedente inmediato fue el grupo delictivo conocido como Los Pelones. (Proceso 1955.)

 Hurtado Olascoaga quedó a la cabeza de La Familia tras la detención de José María Chávez Magaña o Martín Soto Chávez o Leobigildo Arellano Pérez, El Poni. Originario del municipio michoacano de Tepalcatepec, uno de los bastiones que tuvo La Familia Michoacana, El Poni fue detenido en Pénjamo, Guanajuato, el 1 de julio, un día después de que fueron abatidos los 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya por soldados del 102 Batallón de Infantería.

 Tanto en la ejecución de Arcelia como en la matanza del 30 de junio pasado en Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha responsabilizado a militares de bajo rango.

 En los hechos del municipio guerrerense, el Ministerio Público estatal ordenó la detención del sargento segundo Rubicel Acosta de la Cruz, el cabo Axael Sánchez Escalona y los soldados Hugo Emilio Esquivel Velázquez y Moisés Diego Martínez. Todos por el delito de homicidio. En esa ocasión, el Ejército no argumentó indisciplina ni desobediencia.

 Por lo ocurrido en Tlatlaya acusa a un teniente, Ezequiel Rodríguez Martínez, y a siete soldados por indisciplina y desobediencia. Ante las presiones internacionales por las evidencias que pusieron en duda la versión del enfrentamiento, la Sedena presentó a la justicia militar a los ocho elementos. El 25 de septiembre informó que fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar y están detenidos en la prisión de la Primera Región Militar, en el Campo Militar Número 1-A, del Distrito Federal.

 Discrepancias numéricas

 De los ocho que supuestamente han sido detenidos, la Procuraduría General de la República (PGR) inició acción penal sólo contra tres soldados. Están acusados de homicidio, al haber disparado “sin justificación alguna” en un acto de “uso excesivo de la fuerza” contra los civiles señalados por la Sedena como secuestradores. Los presuntos delincuentes, sin embargo, se encontraban en una bodega sin puertas.

 “Hubo un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de delincuentes… que se encontraban al interior de la bodega, el cual duró aproximadamente de ocho a 10 minutos. Sin embargo, al cesar los disparos, ingresaron a la bodega tres de los elementos militares… y realizaron una nueva secuencia de disparos que no tiene justificación alguna”, declaró el martes 30 de septiembre, en conferencia de prensa, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

 Sin dejar de lado la versión del enfrentamiento, el procurador aseguró que en los hechos participaron sólo seis elementos: los tres que ingresaron a la bodega, el chofer que conducía una camioneta militar, un soldado herido en el enfrentamiento y el oficial del grupo, un teniente, que lo asistía.

 Información obtenida por el reportero de Proceso Arturo Rodríguez indica que al menos otro oficial y cuatro soldados más fueron ingresados la noche del jueves 2 de octubre a la prisión militar. La cifra del total de detenidos no ha sido aclarada ni por la Sedena ni por la PGR. Pero un movimiento que se verifica en redes sociales en favor de los detenidos refiere que se trata de 25.

 Con la etiqueta #Yosoy26, creada para defender a los militares acusados, se lanzó una convocatoria para realizar una marcha el 11 de octubre próximo en la Ciudad de México. Los convocantes argumentan que los soldados no pueden ser los únicos responsables, sino que “hicieron su trabajo”, en cumplimiento de órdenes. El mismo argumento utiliza un grupo identificado en Facebook como Esposas de militares mexicanos, en el que cuestionan la actitud de los mandos del Ejército al responsabilizar sistemáticamente de este tipo de hechos a los elementos de más bajo rango.

 Terrenos donados por Peña

 Las nuevas instalaciones del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, ubicadas en San Miguel Ixtapan, fueron inauguradas el 13 de mayo de 2010 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y por el secretario de la Defensa Nacional, el general de división ahora retirado Guillermo Galván Galván. Ambos develaron la placa correspondiente.

 El general Galván dijo: “La necesidad de establecer este regimiento es el resultado de un análisis de la situación que se vive en esta entidad, toda vez que el narcotráfico emplea este corredor natural para conectarse con otras regiones y llevar a cabo el trasiego de drogas ilícitas”.

 El entonces titular de la Sedena aludió a la región comprendida entre Guerrero, Michoacán y el Estado de México, que por años ha sido paso de mariguana y heroína. Añadió: “Ahora contaremos con efectivos militares acordes para combatir este flagelo de la sociedad que intenta arraigarse en esta área y acrecentar sus actividades delictivas”.

 Cuatro años después, el panorama es todavía peor.

 El 102 Batallón de Infantería fue establecido en el Campo Militar 102, localizado en San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, Estado de México. El Campo Militar 102 fue construido en terrenos donados por Peña Nieto cuando gobernaba la entidad. Erigido a un costado de la Universidad Tecnológica en Tejupilco, se encuentra a una hora de camino de Tlatlaya.

 Pertenece a la 22 Zona Militar, que a su vez está adscrita a la jurisdicción de la Primera Región Militar, la cual tiene su sede en el Distrito Federal. Su primer comandante fue el coronel Ciriaco Pérez Fuerte.

 El actual comandante es el coronel Raúl Castro Aparicio, quien el sexenio pasado estuvo destacado en Jiménez, Chihuahua, durante el Operativo Conjunto Chihuahua, que derivó también en ejecuciones extrajudiciales de presuntos narcotraficantes, como las achacadas al llamado Pelotón de la Muerte. (Proceso 1889 y 1914.)

El coronel Castro Aparicio reporta al comandante de la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León, quien a su vez responde a las órdenes del general de división Jaime Godínez Ruiz, comandante de la Primera Región Militar.

Cuando el 102 Batallón de Infantería entró en operaciones, el comandante de la Zona Militar era el general Rubén Pérez Ramírez, y el comandante de la Región, el general Arturo Pérez Cabello.

El Campo Militar 102 se ubica en la frontera del Edomex con los municipios de Arcelia y Tlalchapa, en la zona de Tierra Caliente, Guerrero. Arcelia forma parte del corredor al que se refirió el general Galván y que se inicia en el municipio de San Miguel Totolapan, localizado en el filo mayor de la sierra guerrerense, donde se produce amapola y mariguana y que por años tuvo escasa presencia militar.

El 10 de mayo de 2010, tres días antes de la instalación formal del batallón, Peña Nieto había reconocido la presencia y operación de jefes del narcotráfico en el territorio que entonces gobernaba, aprovechando su urbanización y vecindad con el Distrito Federal, según dijo.

Cuando participó en la puesta en marcha del batallón, apoyó la estrategia de Calderón de sacar a los militares de sus cuarteles para enfrentar a los narcotraficantes: “La instalación del 102 Batallón de Infantería viene a reforzar la seguridad interior del Estado de México en esta visión y trabajo estratégico que hoy el Ejército Mexicano está llevando a cabo en nuestro país”.

En el campo militar estuvo acompañado por su secretario general de Gobierno, Enrique Miranda, ahora subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. El controvertido agrupamiento militar también es bien conocido por el actual titular de la Sedena, el general de división Salvador Cienfuegos, pues estuvo bajo su mando cuando fue comandante de la Primera Región Militar, a la que pertenece el Edomex, cuando Peña Nieto era el gobernador.

Hasta mayo de 2010, el Ejército sólo tenía presencia en el Estado de México con la 22 Zona Militar, con sede en Toluca, que se encuentra a más de tres horas de Tlatlaya. En Guerrero, cuenta con más instalaciones militares, pero concebidas para la persecución de la guerrilla. En Cumbres de Llano Largo, Acapulco, está la Novena Región Militar; en Chilpancingo, la capital, la 35 Zona Militar; en el Ticui, Atoyac, la 27 Zona Militar; y en Iguala, el Ejército destacó a un grupo de Fuerzas Especiales. La Marina Armada de México, a su vez, dispone de la Octava Zona Naval en Acapulco.

Ventas de información al narco

El 102 Batallón no sólo está involucrado en ejecuciones extrajudiciales, sino que varios de sus efectivos han sido cooptados por la delincuencia organizada. Según reportó el periódico Reforma el 27 de febrero de 2012, el agrupamiento fue infiltrado por La Familia Michoacana, a la que estaba llamado a contener.

A partir de información encontrada en expedientes judiciales, civiles y militares, el diario señaló que efectivos del 102 Batallón colaboraron con los narcos desde el momento mismo en que el agrupamiento se estableció en 2010. Fueron detenidos en enero de 2011 y procesados por delincuencia organizada.

Se involucró a dos oficiales subalternos y a tres clases, grados a los cuales pertenecen tanto los cabos como los sargentos primero y segundo. Bajo la causa penal 48/2011 del Juzgado Quinto Militar de la Primera Región fueron encarcelados en el Centro Federal de Readaptación Social de Villa Aldama, Veracruz, y en el Campo Militar Número 1. El caso pasó a la justicia civil por vía de amparos que se radicaron en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal.

En sus declaraciones, los militares señalaron a El Mojarro como quien les pagó para que le informaran sobre los movimientos del 102 Batallón de Infantería, y que los beneficiados con el dinero del narcotráfico habrían sido tenientes, sargentos y cabos.

Según las declaraciones del teniente de Infantería Omar Lugo León en el proceso de justicia militar, conoció a El Mojarro en el municipio de Amatepec, colindante de Tejupilco, sede del 102 Batallón, “durante un encuentro de futbol en la localidad, porque subsidia a varios equipos de futbol”.

“Inicié una amistad con el mencionado sujeto, el cual me propuso que colaborara con él proporcionándole información de las operaciones militares en que participaba, haciéndome un obsequio de 140 mil pesos, diciéndome que si no podía le consiguiera quién le proporcionara dicha información. Acepté colaborar filtrando información de las operaciones militares, recibiendo la promesa de recibir mensualmente 20 mil pesos por esa actividad”, refirió la publicación que fue firmada por la redacción.

Dijo también que el teniente había reclutado a varios soldados, quienes recibían pagos que rara vez excedían los 5 mil pesos por información de las operaciones del 102 Batallón que transmitían a través de mensajes de texto desde celulares de prepago. También, que el jefe de El Mojarro era una persona identificada como El Poni.

A finales de abril de este año, la Marina Armada de México emprendió asimismo un operativo en contra del Mojarro, luego del asesinato del teniente de corbeta Arturo Uriel Acosta Martínez durante un enfrentamiento con hombres armados en el poblado de Liberaltepec, en el municipio de Apaxtla, Guerrero, también colindante con Arcelia y San Miguel Totolapan.

Más de un centenar de efectivos del Ejército y la Marina, así como policías mexiquenses, participaron en ese operativo. De acuerdo con testimonios de pobladores consultados por Proceso, días antes de la matanza en Tlatlaya la Marina realizó varios cateos en la zona.

Una semana después, la persecución de la Marina se concentró en La Goleta, en el municipio de Amatepec, Estado de México, lo que provocó el desplazamiento de un grupo que se movilizaba en 15 camionetas y que tomó el poblado de Alahuixtlán, en el municipio de Teloloapan, Guerrero, según informó la Agencia Proceso (Apro).