“¿Sabe cuántos papeles firmo al día? ¿Se imagina? Lo firmé, no lo leí, a lo macho que no lo leí”, respondió cuando se le preguntó sobre el tema….
Revista
Proceso No. 1001, 27 de diciembre de 2014
El
gobernador hipoteca a Chihuahua/PATRICIA
MAYORGA
Chihuahua
vive una fuerte crisis política y de credibilidad por el manejo de las finanzas
públicas. Hoy es el tercer estado más endeudado del país y su presupuesto está
comprometido para los próximos 30 años.
Chihuahua
–que este año manejó un presupuesto cercano a los 54 mil millones de pesos–
tiene el más alto indicador de deuda relacionada con el Producto Interno Bruto
(PIB), 9% de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Las
obligaciones financieras del gobierno de César Duarte Jáquez se desglosan en 19
mil 761 millones de pesos reconocidos como deuda pública: 5 mil 900 millones en
banca de desarrollo y 17 mil 726 en banca múltiple; 15 mil 157 millones de la
primera bursatilización, 2 mil 802 a Cupón Cero del Impuesto Sobre la Nómina
(ISN) y 736 millones es deuda contingente que obtuvo la Comisión Estatal de la
Vivienda.
El
pasado 22 de septiembre el activista y abogado Jaime García Chávez denunció
penalmente al gobernador Duarte por haber impulsado la creación del Banco
Progreso de Chihuahua con recursos estatales. La PGR comenzó a investigarlo por
presuntos actos de corrupción, peculado y malversación de fondos públicos.
García
Chávez presentó su denuncia ese mismo día también ante la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y ante la Fiscalía General del Estado, que Duarte
y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, crearon en Banorte el fideicomiso 744743
por 68 millones de pesos y le dieron la instrucción a ese banco para invertir y
comprar acciones en el Banco Unión Progreso, que el pasado 21 de marzo recibió
la autorización para operar de la banca múltiple y, junto con otras dos
instituciones, se transformó en Banco Progreso de Chihuahua, según publicó el
Diario Oficial de la Federación.
La
diputada panista Rocío Reza Gallegos presentó a finales de septiembre pasado
otra denuncia por los mismos delitos.
La
querella de García Chávez (averiguación previa 7.5.21
AP/PGR/Chih/Jua/2143/2014-VI.A) fue atraída por la dependencia federal que
encabeza Jesús Murillo Karam y ha sido respaldada por más de 40 senadores y
miles de ciudadanos que incluso crearon un movimiento anticorrupción llamado
Unión Ciudadana.
Al
ser confrontado por los medios locales, Duarte admitió que el fideicomiso fue
creado en 2012. En una entrevista televisiva el martes 16, que se volvió viral
en redes sociales, se ve al mandatario decir que sí firmó el fideicomiso pero
no supo qué firmaba.
“¿Sabe
cuántos papeles firmo al día? ¿Se imagina? Lo firmé, no lo leí, a lo macho que
no lo leí”, respondió cuando se le preguntó sobre el tema.
Duarte
también intentó pasar el ilícito como un favor; dijo que su actual secretario
de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral –asumió en octubre de 2012–, le pidió
salvar al antiguo Banco Unión Progreso de una crisis financiera cuando éste era
presidente de la institución crediticia.
“Jaime
Herrera era el presidente de Unión Progreso y fue el que impulsó la creación
del banco con la fusión de otras instituciones, como la Unión de Crédito, Akala
y Banca Única. Constituye el banco adelantándose a la creación de la ley contra
lavado de dinero en octubre de 2012 y que entró en vigor nueve meses después;
se adelanta y se convierte en accionista de Unión Progreso, se aprovechan del vacío
legal”, asevera García Chávez.
Y
acusa que el gobierno estatal ha invertido en ese banco pese a no tener
garantías para los inversionistas.
El
denunciante interpuso una solicitud de información –la SA001692014–, y la
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda respondió que el gobierno
estatal ha depositado 80 mil 839 millones 412 mil 564 pesos en Unión Progreso y
otros 106 millones 741 mil pesos por medio de 353 operaciones en Akala (socia
del banco).
De
esas operaciones, 340 (99.72%) se efectuaron cuando Herrera Corral ya estaba en
Hacienda; el importe más fuerte se registró el 2 de diciembre de 2013, cuando
el gobierno estatal depositó mil 208 millones de pesos.
Encubrimiento
El
12 de noviembre pasado los directivos de Banco Progreso dieron una conferencia
de prensa en la ciudad de Delicias; ahí Sergio Becerra Rodríguez, actual
gerente general de Unión Progreso, admitió que reciben inversiones de
dependencias de gobierno estatal, las cuales se invierten con la tasa de
interés más alta del mercado financiero, que varía de acuerdo con el plazo
contratado.
Los
directivos informaron que tienen mil 562 socios con un capital de 659.5
millones de pesos y ninguno posee más de 10% del capital.
Luis
Ramón Daw Daher, director jurídico de la institución, expuso que tienen
invertido el fideicomiso del gobernador y su esposa por 65 millones de pesos,
escrito bajo otro nombre, pero se reservaron los datos con el argumento de que
es secreto bancario.
Duarte
aseguró que tiene solvencia económica porque ha sido comerciante desde 1983. Se
convirtió en “reconocido” vendedor de carros usados en la frontera y ha sido
ganadero.
Herrera
Corral explicó que Unión Progreso es una entidad financiera autorizada y regulada
por la CNBV, autorizada para recibir depósitos de los gobiernos y éstos pueden
invertir donde les den mejores condiciones.
“Si
se ve el comparativo de las tasas de interés, Unión Progreso tiene el mejor
interés de depósitos, pero en esa solicitud (de información a Hacienda), no
aparecen los montos de Santander, Bancomer, Banorte”, indicó en una entrevista
a mediados de noviembre.
La
polémica se da justo cuando el Congreso local le aprobó al gobernador Duarte
pedir un préstamo de 44 mil 575 millones de pesos, de los cuales los últimos 3
mil millones fueron bursatilizados en bonos carreteros.
La
crisis llevó al resquebrajamiento interno del PRI en Chihuahua, pues algunos
militantes critican a Duarte por el control que tiene sobre los poderes Legislativo
y Judicial, las universidades autónomas de Juárez y Chihuahua, así como los
tecnológicos y el Colegio de Bachilleres, que le manifiestan su apoyo mediante
desplegados periodísticos.
Hasta
ahora ni el mandatario ni su secretario de Hacienda han explicado la aplicación
de los recursos de la deuda. Ambos sólo intentan justificar que las inversiones
se hicieron para salvar al estado de la inseguridad, promover la educación,
salud e impulsar la infraestructura, rubros que son cuestionados por diferentes
sectores sociales.
Herrera
Corral sostiene que los recursos obtenidos a través del fideicomiso carretero y
Cupón Cero no implican ningún riesgo para el estado porque se pagan solos. Los
bonos carreteros se pagan con los ingresos de los automovilistas en las casetas
de peaje, por lo que 40% de la deuda total está garantizado, pues cuenta con su
propia fuente de pago, expuso el funcionario.
De
acuerdo con estadísticas de Hacienda estatal obtenidas a través de
Transparencia, la deuda acumulada que dejó José Reyes Baeza Terrazas al término
de su mandato fue de 12 mil millones 574 mil pesos, más los acumulados de
ejercicios fiscales anteriores. La deuda aproximada que recibió Duarte Jáquez
fue de 13 mil millones 800 mil pesos.
En
su última comparecencia ante el Congreso local, Herrera Corral informó que el
déficit fiscal de 10 mil 100 millones de 2013 bajaría a 5 mil millones de pesos
al cierre de este año. Admitió también que la federación les aportó mil 500
millones de pesos para cumplir con las condiciones de plan de ajuste en déficit
fiscal y de créditos a corto plazo y anunció que están negociando para que la
dependencia federal los “acompañe” con otros 2 mil 500 millones de pesos para
ajustar el déficit de 5 mil millones de pesos a 3 mil millones.
Por
su parte la burocracia muestra su malestar porque fueron liquidados alrededor
de mil 500 trabajadores, mientras se contrató a familiares de funcionarios aun
cuando no tienen el perfil para el cargo que ocupan.
Además
unos 30 mil burócratas fueron incluidos en el fondo general de Pensiones
Civiles del Estado, por lo que les quitan alrededor de 700 pesos quincenales y
hoy carecen de servicio médico.
En
la Fiscalía General del Estado hizo crisis la situación laboral por la falta de
claridad en el manejo de ese dinero. Los empleados de la dependencia han hecho
denuncias anónimas contra los descuentos: 200 pesos quincenales para un centro
de esparcimiento familiar, pago de uniformes y viáticos.
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