28 dic 2014

En desafío al gobierno, en Michoacán regresan las autodefensas

En desafío al gobierno, en Michoacán regresan las autodefensas/FRANCISCO CASTELLANOS J.
Revista Proceso 1991, 27 de diciembre de 2014
El tiroteo entre dos líderes de la Fuerza Rural michoacana –antes autodefensas– abrió una cloaca: la de la infiltración del crimen organizado en esos grupos convalidados por la Federación y la incapacidad del gobierno para apaciguarlos. En otro quiebre de timón, el comisionado Alfredo Castillo intentó calmar las aguas retirando el apoyo a tres agrupaciones sospechosas, pero el problema es mucho más profundo: las guardias comunitarias siguen creciendo porque nadie soluciona sus demandas de origen.
 MORELIA, MICH.- En un claro desafío al gobierno de Peña Nieto, las autodefensas resurgieron y entraron a más poblaciones michoacanas, sobre todo en la región Costa y Bajío, pese a la amenaza del comisionado Alfredo Castillo Cervantes de detener, desarmar, encarcelar y consignar a todos aquellos que se encuentren en “la ilegalidad”.

 En los últimos seis meses la presencia de las guardias comunitarias se extendió a 85 ciudades y comunidades del estado. Antes de convertirse en “Fuerza Rural” estaban en 72.

 La presencia del crimen organizado, el incremento de los delitos, las pugnas internas y la ineficacia del gobierno federal generaron el incremento de las autodefensas, que en febrero de 2013 hicieron su aparición pública y el 10 de mayo pasado fueron teóricamente disueltas por el gobierno federal.
 El fracaso de la estrategia gubernamental denunciada entre otros por Gregorio López Gerónimo –otrora vicario de la catedral de Apatzingán y asesinado la semana pasada (Sic fue  Gregorio López Goristieta) quedó en evidencia el martes 16, cuando se enfrentaron en la comunidad de La Ruana los grupos legalizados de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres El Americano.

El tiroteo se prolongó horas y dejó 11 muertos, entre quienes estuvo Manolo Mora, hijo de Hipólito Mora. Esto provocó que un grupo de autodefensas tomara la Presidencia Municipal de Apatzingán el lunes 22. Los manifestantes quemaron credenciales y uniformes como protesta porque muchas agrupaciones están infiltradas por miembros del crimen organizado y, cuando van a combatirlos, la Policía Federal les impide seguir adelante.
Pese a que el gobernador Salvador Jara Guerrero amagó con pedir apoyo a las fuerzas federales para recuperar la sede municipal, los exrurales mantienen el control y no permiten ninguna actividad laboral. Advierten que permanecerán ahí hasta que las autoridades detengan a los responsables del homicidio del hijo de Hipólito Mora y a Servando Gómez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios.
Ante la falta de respuesta bloquearon las principales carreteras de Michoacán 12 horas. Se quejaron además de que Castillo no les paga, les dio armas en mal estado y no hace nada para detener a los cabecillas del crimen organizado.
Ante esto, el comisionado anunció, dos días después, que se disolverían las fuerzas rurales en Apatzingán, La Ruana y La Mira. Ahora, en esas regiones la seguridad está a cargo del Ejército y la Policía Federal.
Sin embargo, comandantes de Uruapan, Estrella y Góndola informaron que ellos simplemente cambiarán el uniforme azul de la Fuerza Rural por las playeras blancas de las autodefensas.
El crecimiento
La intención de los actuales grupos de civiles levantados en armas sigue siendo la misma que les dio origen: liberar a la entidad de Los Caballeros Templarios, una derivación de la Familia Michoacana.
Actualmente las autodefensas tienen presencia en 85 poblaciones, entre las que destacan Morelia (periferias), Uruapan, Zamora, La Mira, Guacamayas, Caleta de Campos, Acalpican, Las Cañas y Arteaga –donde nació La Tuta.
En la Costa también hay autodefensas y fuerzas rurales, aunque peor armadas y sin uniforme. Operan, entre otras, en Mexiquillo, Huahua, Pichilinguillo, San Pedro Naranjestil, Coire, Pómaro, Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Aquila.
“Aquí las fuerzas rurales son pocas (24) para una zona de 525 poblaciones y de grandes distancias. No se les paga a tiempo, las armas no funcionan bien y están en mal estado”, denuncia Semeí Verdía, coordinador de comandantes de las autodefensas de la Costa.
En las comunidades Los Aguacates, Pareo, Condémbaro y 10 poblados más del serrano municipio de Tancítaro –cuyo ayuntamiento panista gastó 24 millones de pesos para formar, entrenar y armar a una policía de élite– abundan las guardias comunitarias a la entrada y salida del pueblo.
También hay vigilancia de los alzados en San Juan Nuevo, Peribán, Los Reyes, Pátzcuaro, Villa Escalante, Huetamo, San Lucas, La Huacana, Zicuirán, Churumuco, Apatzingán, Mújica, Gabriel Zamora, Parácuaro, La Ruana, Buena Vista, Tepalcatepec, Coalcomán, Aguililla, El Aguaje, Yurécuaro, Venustiano Carranza, Jiquilpan, Sahuayo, Miramar y Ario de Rosales.
Nicolás Sierra Santana, exintegrante de la Fuerza Rural, explica: “Los autodefensas de todos los municipios estamos dispuestos a seguirnos coordinando con los gobiernos federal y estatal, porque hicimos un excelente papel al terminar con los secuestros, levantones y cobro de piso en los municipios donde trabajamos de forma conjunta, y porque solos no vamos a poder con el paquete de combatir a Los Caballeros Templarios”.
Sierra Santana pide a Peña Nieto que “mande a su gente para que vea la realidad del estado, y nos refuerce, porque no podemos combatir a los templarios, ya que muchos traen la camisa de rurales”.
Que se vaya Castillo
El martes 23, diputados locales de oposición criticaron duramente a Castillo durante una maratónica sesión en el Congreso. Propusieron que desapareciera la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán –que dirige Castillo– y devolverle las atribuciones a las instituciones de la entidad.
El legislador independiente Uriel López Paredes aseguró: “Castillo da un pasito pa’ delante y tres pasitos para atrás. Lo que debería preocuparnos sobremanera es que seguimos sin gobierno en Michoacán”.
Consideró que, de acuerdo con el decreto que emitió el presidente Enrique Peña Nieto para crear la referida comisión, pareciera que Castillo “sólo rinde cuentas a Dios: ni al Congreso local ni al federal”.
La diputada Selene Vázquez Alatorre destacó que la figura de comisionado rompe con todos los principios y finalidades del federalismo, toda vez que se impuso como intermediario entre los poderes estatales y la Federación sin que se encuentre establecido en ninguna norma:
“El accionar de Alfredo Castillo intervino en el del estado, violando su soberanía. No estamos midiendo el grado del daño que se está haciendo, pero ofende al pueblo que nosotros como dipu­tados no podamos asumir nuestra responsabilidad, somos representantes de los michoacanos.”
El perredista Eleazar Aparicio Tercero apuntó que la entidad cuenta con instituciones fuertes que pueden darle rumbo: “Desde la llegada del comisionado no se han concretado las obras y las acciones que ayuden al desarrollo de Michoacán, la inseguridad crece día a día. Tenemos instituciones fuertes, no necesitamos un comisionado, y el presidente debe derogar dicha figura”.
Informe y ultimátum
El miércoles 24 en una conferencia de prensa en su lugar preferido –la Casa de Gobierno, donde suelen residir los gobernadores–, Castillo dio una especie de informe de actividades y anunció la cancelación de tres grupos de la Fuerza Rural: “A partir de ahora, los exautodefensas –y ahora exintegrantes de la Fuerza Rural– tendrán que deponer las armas. En caso de no hacerlo, serán detenidos. Hay grupos de interés disfrazados de autodefensas que ‘pelean’ el control de Apatzingán”.
Castillo señaló que de las más de 20 comunidades donde opera la Fuerza Rural, en Apatzingán, La Ruana y La Mira sus integrantes y las exautodefensas “no comprendieron la importancia de respetar las instituciones y propiciar un ambiente de calma y tranquilidad social”. El funcionario anunció además que la Gendarmería quedará fuera de las tareas de seguridad en Michoacán.
En su “informe”, el alfil de Peña Nieto manifestó que hay grupos que “se disputan además el liderazgo de su región para intentar establecer laboratorios de estupefacientes en La Ruana, en Buenavista, o el control del manejo de minerales en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.
Añadió que la decisión de finiquitar esos grupos de la Fuerza Rural se tomó por petición del gobernador Jara y por orden de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El objetivo fue fortalecer “la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la República desde enero pasado, en garantía de los michoacanos y de sus actividades económicas”.
El comisionado mencionó la balacera entre Hipólito Mora y El Americano y dijo que se derivó del encono que prevalece entre ambos líderes dese hace tiempo. Puntualizó que los 57 implicados en el enfrentamiento tenían hasta el viernes 26 para presentarse de manera voluntaria ante el juez. De lo contrario, reiteró, “las fuerzas federales irán por ellos”.
Tanto Mora como El Americano difundieron que continuarían la defensa de sus comunidades por sus propios medios, pero que “en breve” se entregarían a las autoridades para esclarecer el tiroteo. Sin embargo, hasta la fecha límite impuesta por el comisionado, no se había informado que lo hubieran hecho.
Durante su alocución, el exprocurador mexiquense apuntó: “Es importante recordar que durante los últimos años, la presencia del crimen organizado se arraigó e incrustó en diversas autoridades municipales y estatales, además de actividades económicas como la minería y los aserraderos, así como en el cobro de derecho de piso a prácticamente todas las actividades comerciales”.
Explicó que ha habido avances en pos de crear un mando unificado y fortalecer las áreas de inteligencia y antisecuestros, entre otras. Ejemplo de ello es que, presumió, de 23 secuestros que ocurrían cada mes, en el último semestre el promedio bajó a 2.3. También se logró la captura o el abatimiento de líderes de Los Caballeros Templarios como Nazario Moreno, Enrique Plancarte, Dionisio Loya Plancarte El Tío y Francisco Galeana El Pantera, además de las consignaciones del exgobernador interino Jesús Reyna; Rodrigo Vallejo, hijo del gobernador con licencia Fausto Vallejo; y los presidentes municipales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Pátzcuaro, Aguililla y Tacámbaro, entre otras 8 mil 600 personas.
Dijo que se han asegurado más de 1 millón de toneladas de mineral extraído de manera ilegal y más de 50 mil toneladas de madera.
No obstante, un comandante de las autodefensas tiene una versión distinta: “Nosotros le entregamos a todos los delincuentes, los pusimos donde estaba la droga y el mineral, ahora ellos (los federales) sólo se regodean con algunas cosas. Pero a pesar del amago de cárcel que nos está haciendo seguiremos adelante. Tendrán que detenernos a todos, y somos más de 25 mil. Entonces se vendría una guerra civil”.

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