Por defender el patrimonio, son “difamadores”

Revista Proceso No. 1986, 1 de noviembre de 2014.

Por defender el patrimonio, son “difamadores”/

JUDITH AMADOR TELLO

Vecinos de la Florida, colonia residencial del sur de la Ciudad de México, que desde 2011 se opusieron a la demolición de una casona protegida por el INBA, hoy están demandados por daño moral. Incluso han recibido amenazas, relatan desde el anonimato por temor a represalias. La inmobiliaria Erta levantó ya en el predio un condominio horizontal de 15 casas –tras derribar 80 árboles–, cada una de las cuales costará más de 13 millones de pesos.

La denuncia de un grupo de vecinos por la demolición de una casona catalogada como patrimonio artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en la calle de Margaritas 177, colonia Florida, dio un giro de más de 180 grados cuando pasaron de ser demandantes por daño patrimonial y ecológico a demandados por “daño moral”, lo que podría costarles el pago de casi 30 millones de pesos.

Desde 2011 diversos medios de comunicación comenzaron a dar noticia de la demolición de la mansión que perteneció a la familia de Renato Franyutti y la señora García Mora, quienes fueron propietarios del ingenio azucarero El San Cristóbal, considerado uno de los más grandes de la República Mexicana.

La casa, rodeada de un gran jardín con ahuehuetes, fresnos, cedros, jacarandas y truenos, entre otras especies de árboles, fue construida a mediados del siglo XX y se encontraba abandonada. El predio, de 4 mil 777 metros cuadrados de superficie, fue adquirido por la Inmobiliaria Erta, S.A. de C.V., el 23 de febrero de 2011, que meses más tarde, en julio de ese mismo año, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del gobierno de la Ciudad de México, licencia para construir hasta 15 viviendas.

En agosto del mismo año el arquitecto Ramón Vargas Salguero, entonces director de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA, informó con carácter de urgente al también arquitecto J. Carlos García Chávez, coordinador de Desarrollo Urbano de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón:

“…que la casona ubicada en la calle de Margaritas núm. 177 en la colonia Florida, está incluida en la Relación del INBA de Inmuebles con Valor Artístico. Cabe mencionar que este tipo de inmuebles reúnen características estéticas relevantes, y su conservación es de interés de este Instituto.”

Y propuso se considerara una “postura conciliadora” entre “el legítimo derecho” del propietario a hacer uso y disfrutar de su propiedad con la “conservación propositiva y activa del patrimonio arquitectónico de la ciudad moderna”.

Por esas mismas fechas, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un punto de acuerdo para hacer un llamado a la entonces directora del INBA, Teresa Vicencio, a fin de que informara sobre el avance del procedimiento de declaratoria de Patrimonio Histórico (sic) de la casona.

Y pidió informes tanto al titular de Seduvi, Felipe Leal, como al jefe delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez, acerca de la situación del uso de suelo del predio y si existían solicitudes de demolición y licencia de construcción.

Miembros del comité vecinal han señalado a la prensa lo que consideran una serie de irregularidades tanto en la demolición de la casona, en la tala de los árboles que conformaron el jardín, considerado por ellos como un “pequeño bosque” dentro de la colonia Florida, como en la construcción de las nuevas viviendas.

Uno de ellos, que pide omitir su nombre pues está incluido en la demanda que contra ellos inició la inmobiliaria, a través del despacho Nassar Nassar y Asociados, destaca que sólo se explica que la empresa constructora haya logrado sortear los obstáculos iniciales y conseguir finalmente todas las licencias por una “corrupción del tamaño del universo”.

 Y es que mientras en agosto de 2011 Bellas Artes informa que la residencia está “incluida en la Relación del INBA de Inmuebles con Valor Artístico”, en febrero de 2012, según la denuncia del despacho Nassar, y en respuesta a una misiva de su representada, el instituto indica:

 “El inmueble que nos ocupa no cuenta con declaratoria de monumento artístico y por razón natural no se encuentra inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos del INBA.”

 Ciertamente nunca se dijo que tuviera declaratoria, pero sí que estaba catalogado, sin embargo en esa respuesta el instituto añadió:

 “Que el inmueble en cuestión no cuenta con elementos que permitan iniciar el trámite correspondiente a la emisión de declaratoria provisional, ni definitiva de monumento artístico, lo procedente es que no se considere su inclusión en la Relación de Inmuebles con Valor Artístico, al no contar con materia para formar parte de la misma.”

 Y luego de señalar que el Instituto carece de atribuciones para intervenir en actos relacionados con ese tipo de inmuebles, determina “excluir dicho inmueble del catálogo de inmuebles artísticos del INBA…”

 Batallas en el desierto

 Finalmente “se cargaron la casa”, como solía decir el historiador Guillermo Tovar de Teresa frente a este tipo de demoliciones. Y “se cargaron” también los árboles, presumiblemente alrededor de 80, que los vecinos –una vez que se dieron por vencidos respecto a la conservación de la residencia– intentaron también salvar:

 “Ya no pudimos hacer nada por la casa, que era muy grande, tipo castillo, pero ahora queremos evitar que talen todos los árboles, porque en el proyecto que tienen no incluye el arbolado”, declaró Esther Plettner, vecina de la colonia en octubre de 2012 a la prensa. Al final, se perdieron también los árboles.

 Una nueva batalla vino cuando Erta comenzó la construcción de un conjunto habitacional pues la colonia Florida es una Zona Especial de Desarrollo Controlado (Zedec). Se establecen en el plan publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 1993 diversos lineamientos, entre ellos que salvo en las avenidas que limitan la colonia, el uso de ésta será “habitacional exclusivamente”.

 La altura máxima de construcción será de nueve metros a la última techumbre, y deberá dejarse el 55% de la superficie total del terreno libre, y sembrar un árbol por cada 50 metros cuadrados del área libre de 4 metros de altura y 10 centímetros de diámetro.

En predios mayores de 3001 metros cuadrados (es el caso de Margaritas 177), “tratándose de predios densamente arbolados y bajo previo dictamen de la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, podrán construir hasta cinco niveles”, y no se debe rebasar la altura máxima de 15 metros cuadrados a partir de la banqueta.

Se pide respeto a los árboles y cumplir con el 70% de la superficie del predio para área jardinada, así como dejar libre otra de 7.50 metros en todas las colindancias, incluido el frente del predio. Los vecinos denunciaron que los señalamientos que exige el plan parcial de la Zedec no fueron cumplidos.

El pasado 10 de junio, el Comité Vecinal ratificó su denuncia mediante un escrito dirigido a la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Indagatoria FSP(B/T3/025557/13-11), en el cual insiste en que la obra de Margaritas 177 incumplió la ley pues no dejó el 70% de área libre ni los 7.5 metros en colindancias.

En los anuncios comerciales para la venta de cada una de las viviendas del conjunto residencial, que costará desde 13 millones 800 mil pesos, se puede ver que la construcción inicia al frente desde la banqueta sin dejar la colindancia exigida  (http://www.casasdf.com/Detalle-Inmuebles.aspx?PlazaBusqueda=1&ClaveAviso=15969477&Plaza=1).

La denuncia alude a un oficio de la Seduvi del 13 de marzo de 2013, en el cual dicha dependencia emitió una “opinión favorable”, para que se redujeran las colindancias laterales de 7.50 metros a 3 metros, pero no autorizó a que la colindancia al frente “fuera de cero metros”.

Acusan también que no obstante el INBA informó que el inmueble estaba catalogado, y sin un dictamen técnico previo por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano de la Seduvi, el inmueble acabó por demolerse.

Vuelta a la tortilla

Ahora los vecinos que se unieron para defender el inmueble de los años cincuenta han comenzado a dispersarse. Están temerosos luego de que varios han sufrido intimidaciones de diversa índole a través de sus celulares y en sus negocios.

Además,  Juan José Sedeño Olvera, administrador general de la Inmobiliaria Erta, a través del Despacho Nassar Nassar y Asociados inició una demanda ante un juez en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contra seis de ellos.

Los abogados aseguran en la denuncia haber logrado todos los permisos y licencias para demoler la antigua casa de Franyutti y construir el nuevo condominio horizontal y exponen que la empresa inmobiliaria ha sido dañada por los vecinos porque “fue demorada en los tiempos y planes de construcción por los constantes ataques infundados de supuestas ilegalidades o irregularidades” por parte de “los hoy demandados”.

Según el texto de la demanda tanto la empresa como su apoderado legal Sedeño Olvera, han sido afectados “por las falsas manifestaciones, insinuaciones y descrédito al cual fuimos objeto, sin existir motivo o justificación dentro del ámbito legal…”.

Argumentan incluso que hay una afectación en su reputación comercial al punto de que hubo de cancelar contrataciones respecto del proyecto, y hubo demora en la culminación de la obra, teniendo como resultado la ausencia repentina de confianza, duda, incertidumbre y zozobra en sus clientes.

Y piden como indemnización una cantidad no menor a 5 millones de pesos.  Exigen también un pago de 24 millones 100 mil pesos, porque argumentan que habían celebrado ya sendos contratos de promesa de compraventa. Uno con el señor Rodolfo Carlos Consuegra Gamón, por 11 millones 900 mil pesos, y el otro con Roberto Rogel Garrido por 12 millones 200 mil pesos, quienes finalmente renunciaron a la operación de compraventa por las supuestas irregularidades denunciadas por los vecinos.

Contrastes de la vida: mientras los vecinos de la delegación Benito Juárez lograron esta semana que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, declarara monumento al Polyforum Cultural Siqueiros (aunque el INBA tenía ya declarada la obra en su conjunto de David Alfaro Siqueiros) y con ello se impedirá la construcción de una torre en las inmediaciones el conjunto mural, los vecinos de la Florida en la Delegación Álvaro Obregón parecen ir perdiendo la lucha frente a las inmobiliarias.

Erta, dicen sus propios datos, cuenta con más de catorce desarrollos en esa colonia. Así, los vecinos de la Florida tienen encima a los desarrolladores (que también avanzan sobre colonias como la Roma, la Condesa, o San Miguel Chapultepec, por mencionar sólo algunas).

Los pocos que se mantienen en la defensa patrimonial y acudieron a ratificar su denuncia, tienen además sobre sus cabezas, como Damocles la espada, la amenaza de la demanda: Quisieron detener la picota y podrían terminar pagando una millonaria suma.

¿Y qué es daño moral? Citan los abogados de Nassar la legislación del Distrito Federal:

Es “la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor notable en la vida del hombre, como son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor, entre otros”.

Eso es lo que argumentarán que han perdido sus representados.