Enrique Martínez y Martínez: El latifundista del gabinete/

Martínez y Martínez: El latifundista del gabinete/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Revista Proceso No. 1992, 3 de enero de 2014

Enrique Martínez y Martínez es un priista con estrella: fue gobernador de Coahuila y actualmente es secretario federal de Agricultura y uno de los políticos más cercanos a Enrique Peña Nieto. Pero el poder no es su único interés: también le apasiona acumular terrenos, y hasta la fecha es dueño de casi 2 millones de metros cuadrados. Algunas de sus propiedades las compra y otras las arrebata: apenas en febrero pasado una de sus empresas –es accionista en 55– ocupó una finca familiar de 6.4 hectáreas, sin ningún sustento legal. La investigación está congelada.

 La mañana del 13 de febrero pasado, Francisco de la Peña González llegó apresurado a la colonia Universidad, de Saltillo, Coahuila. Le habían avisado que una cuadrilla de trabajadores con maquinaria pesada estaba tirando la cerca del último reducto de tierra que le quedó a su familia de una heredad que se fue transmitiendo desde el siglo XIX.

 La valla, formada con durmientes de ferrocarril y alambre de púas, ya estaba destruida, y los escombros estaban dentro de camiones de volteo que, como todas las máquinas que aquella mañana invadieron el lugar, llevaban en sus puertas los logotipos de Funerales Martínez, la empresa madre de Grupo Empresarial Martínez (GEM), cuyo consejo de administración es presidido por el secretario de Agricultura federal, Enrique Martínez y Martínez.

Al frente de la operación, a bordo de un automóvil BMW, estaba quien se identificó como Omar de la Cruz, supuesto abogado representante de la empresa Desarrollos Altavista, que reclama la propiedad del terreno de más de seis hectáreas.

 Ante lo que consideró una invasión, De la Peña llamó al número de emergencias 066, pero los agentes de la patrulla 13-770 de la Policía Municipal se negaron a intervenir aunque atestiguaron los hechos.

 Días antes, De la Peña colocó un anuncio de venta y recibió varias llamadas solicitando información, entre otras, la de Irma Santos, quien se identificó como corredora de bienes raíces y pidió entrevistarse con los vendedores. Se programó una cita.

 En el sitio en internet del GEM, el nombre de Irma Santos figura como tesorera del consejo de administración.

 Ante la destrucción de su cerca, la invasión del terreno y la colocación de una barrera, De la Peña interpuso una denuncia contra Martínez y Martínez por despojo, robo, abuso de autoridad, tráfico de influencias, fraude, negociación ilícita y los que resulten. Hasta ahora, sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE) ni siquiera ha citado a declarar a los acusados.

 “Don Necesario”

 Cuando se llega a Saltillo por la carretera federal 57 una vía rápida permite avanzar entre los caseríos enclavados en un paisaje semidesértico. Al introducirse al casco urbano puede apreciarse, a varios kilómetros de distancia, un llano poblado de huizaches y mezquites que sólo se interrumpe por una mancha boscosa.

 En la ciudad todos saben que en ese bosque privado viven dos familias: la de Enrique Martínez y Martínez y la del empresario Eloy Dewey Castilla, quien falleció en agosto de 2013.

 Si se avanza un poco más, puede apreciarse una parte del gigantesco panteón Jardines del Santo Cristo, operado por Funerales Martínez. En ese punto del trayecto hay que tomar una lateral para dar vuelta en el periférico Luis Echeverría.

 Para llegar al norte de la población hay que seguir hasta el bulevar Nazario Ortiz Garza, vialidad dedicada a quien fue secretario de Agricultura en el sexenio de Miguel Alemán. Ortiz Garza, en su tiempo, era tan importante en la política y en los negocios locales que le apodaban Don Necesario. Esa importancia tiene hoy Enrique Martínez, cuyo grupo político acapara delegaciones y altos cargos federales y locales.

 Sobre ese bulevar puede verse el boliche Metrobol, dentro de un complejo propiedad del secretario de Agricultura. En ese mall se ubican Cinemas Hoyts y franquicias restauranteras, como el Sushi-itto, que también son del secretario peñista. Al lado hay un complejo denominado Coahuila Motors, donde se asientan sus agencias de automóviles Chrysler, Mitsubishi y Fiat, construido e inaugurado cuando Martínez era gobernador (1999-2005).

 Más adelante están las funerarias Renacimiento, del GEM; por el poniente de la ciudad, las marmoleras de Martínez; en el centro, es dueño del antiguo Convento de San Esteban; al noroeste, en el rancho La Hibernia, tiene una huerta y una casa.

 Justo por el rumbo de La Hibernia hay una prolongada vialidad, el bulevar Luis Donaldo Colosio, también edificado en los tiempos en que Martínez fue mandatario. Ahí se desarrollaron los fraccionamientos más exclusivos de Saltillo, entre otros, los edificados por Mármoles Industriales, la división de capillas, mausoleos y cenotafios que devino constructora.

 Enrique Martínez y su hermana Irela heredaron de su padre la empresa funeraria que, bajo la conducción del hoy funcionario federal, se extendió: además del de Saltillo, tiene ya panteones en Querétaro, Ciudad Victoria, tres en Nuevo León, además de capillas de velación con oferta de servicios a futuro en el Distrito Federal y en Zacatecas.

 Si un saltillense quiere divertirse, comprar automóvil, casa, cultivar la tierra o sepultar a alguien, lo más probable es que termine pagándole a Enrique Martínez, porque las divisiones del GEM –donde es accionista mayoritario y presidente del consejo de administración– son Funeraria, Automotriz, Construcción, Inmobiliaria, Agropecuaria y Entretenimiento.

Paralelamente, y según la declaración patrimonial del político y empresario, es accionista de 55 empresas, y entre sus numerosas propiedades se cuenta una casa que mide 700 metros cuadrados (de construcción) y está edificada sobre un terreno de mil 595 metros cuadrados: es la asentada en el bosque particular. Eso sí, sólo declaró ser propietario de una camioneta Cherokee modelo 1996.

Como la declaración patrimonial de Enrique Martínez está parcialmente reservada, no se puede saber cuáles son las razones sociales de las empresas en las que es accionista.

El conflicto de Altavista

Conforme al acta constitutiva de Desarrollos Altavista, correspondiente al 15 de marzo de 1980 y alojada en el Registro Público de la Propiedad de Coahuila, Martínez es el accionista mayoritario, presidente y secretario del consejo de administración. Por esta razón la familia De la Peña lo acusó por la invasión del predio ubicado en la colonia Universidad de Saltillo.

En Desarrollos Altavista también eran accionistas los ya fallecidos Eloy Dewey Saavedra y Eloy Dewey Castilla. Durante la gubernatura del hoy titular de Agricultura, Dewey Castilla –otrora vecino de Martínez en la foresta privada– fue designado comisionado y primer presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, cuyo presidente entonces era socio de Martínez.

La denuncia de Francisco de la Peña y su familia fue interpuesta el mismo 13 de febrero en que ocurrieron los hechos. Merced a esa demanda se abrió el expediente SG3-028/2014.

A lo largo del año, la familia De la Peña intentó que las diligencias avanzaran, pero fue en vano. Sólo una vez los citaron a declarar, relata en entrevista el representante de la familia De la Peña, Álvaro González. En cambio, los policías que atestiguaron los hechos no fueron llamados ni la fiscalía integró al expediente el parte de novedades policiaco de ese día.

Lo anterior fue confirmado por la vocería de la Sagarpa, a la que Proceso pidió un posicionamiento del secretario; sólo llegó una respuesta vía correo electrónico a través de su coordinador de Comunicación Social, Abelardo Martín, quien consultó no a su jefe en la dependencia, sino al abogado del GEM. En dicha comunicación se expuso:

“De acuerdo con el representante legal del terreno denominado Altavista, objeto del supuesto litigio, dicha propiedad pertenece a una persona moral que, desde hace más de 33 años, adquirió dicho predio, de cuyo pago de impuestos y posesión está al corriente, con toda la documentación legal que ampara este dicho.

“El representante legal sostiene que la sociedad anónima propietaria del predio no ha recibido ningún requerimiento o notificación respecto de denuncias legales, y se pretende, mediante un litigio, con inexactitudes y falsedades, configurar una supuesta irregularidad” (sic).

Ante la inactividad de la PGJE, los De la Peña acudieron a distintas instancias, entre ellas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la coahuilense Miriam Cárdenas Cantú, pero no tuvieron respuesta.

Durante el gobierno de Enrique Martínez en Coahuila, la legisladora fue diputada local y luego presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, amén de que existe una conocida relación entre su familia y el hoy titular de Sagarpa.

“Esta tierra es mía”

En contraste con lo expuesto por la vocería de la Sagarpa, el expediente integrado por Carlos Alberto Flores Mendoza, perito topográfico acreditado por el Poder Judicial de Coahuila, muestra que el terreno no se llama Altavista, sino Los Ojitos. Desarrollos Altavista es la empresa que se dice dueña del terreno.

El dictamen pericial analizó documentos que se remontan a 1894, cuando se inscribió la primera sucesión de un terreno de aproximadamente 86 hectáreas que, a través de un siglo, fue vendiéndose o cediéndose. En la actualidad se detectó que existe un sobrante de 6.4 hectáreas propiedad de la familia De la Peña.

No es todo. Luego de consultar antecedentes registrales y la Dirección General de Notarías, la compulsa muestra que el reclamo de Desarrollos Altavista es incongruente y que no existe ningún antecedente, apeo, deslinde ni anotación que justifique el incremento en casi 400% de un terreno colindante en el que se basa el reclamo de la empresa del titular de Sagarpa.

Aunque el peritaje fue entregado al Ministerio Público, hasta ahora tampoco existe pronunciamiento ni acciones derivadas, según el abogado González.

El 14 de febrero, un día después de los hechos que motivaron su denuncia, los De la Peña convocaron a conferencia de prensa. Ahí acusaron de complicidad a la familia Verduzco, dueña de la Constructora Server, que ocupa un terreno aledaño y que, en otros negocios inmobiliarios, tiene sociedad con Enrique Martínez.

Para Álvaro González, la lentitud y negligencia de la PGJE busca proteger al secretario de Estado:

“En este momento en que la corrupción e impunidad permean en todo el país, y que en Coahuila la transparencia y la rendición de cuentas son sólo palabras huecas y sin sustento, es muy grave y delicado que Enrique Martínez se aproveche de su investidura para intentar despojarnos de nuestro patrimonio, y utilice su inmenso poder para manipular y comprar a las autoridades coahuilenses.”

No es la primera vez que una familia se enfrenta al político y sus socios por problemas de tierras.

Por ejemplo, el 11 de diciembre de 2006, el portal informativo proceso.com informó sobre las protestas de los campesinos del ejido San José de los Nuncios, en Ramos Arizpe, Coahuila, quienes acusaban al exgobernador y a Virgilio Verduzco de despojarlos de sus propiedades.

Desértico y miserable desde siempre, ese ejido se convirtió en destino de inversiones de la constructora Server y la avícola Bachoco, propiedad del exgobernador de Sonora Eduardo Bours, quien por esos años, junto con Enrique Martínez, era asiduo participante del llamado Tucom (Todos Unidos Contra Madrazo), la formación de gobernadores con aspiraciones presidenciales que repudiaba a Roberto Madrazo, a la postre abanderado priista a la primera magistratura de la nación.

Fue en 2005 cuando Martínez y Martínez lanzó un spot para promover su aspiración presidencial. El mensaje comenzaba con una imagen del político, que sostenía un puñado de tierra y decía: “Esta tierra es mía”. El periodista coahuilense Alfredo Dávila ironizaba en su noticiario televisivo cada vez que aparecía el anuncio: “Esa tierra y la otra y aquélla de más allá”, pues, en Saltillo, Martínez es identificado como terrateniente urbano y, hoy, como el secretario con más tierras en el gabinete de Peña Nieto.

De acuerdo con su declaración patrimonial, posee 1 millón 755 mil 607 metros cuadrados en propiedades registradas a su nombre, suma de 16 terrenos, un edificio y una casa. Esa extensión, por ejemplo, es cuatro veces superior al territorio nacional de El Vaticano y es casi la misma que la de Mónaco. No obstante, esa cantidad es inexacta, porque las 65 empresas de las que es accionista poseen y pretenden otras propiedades que no se contabilizan, como la que anhela mediante Desarrollos Altavista.