Guerrero,
normal: Violencia cotidiana/EZEQUIEL
FLORES CONTRERAS
CHILPANCINGO,
GRO.- La impunidad en torno al caso Ayotzinapa hizo que Guerrero volviera a “la
normalidad”: tiroteos, ejecuciones, desaparecidos, secuestros y extorsiones que
siguen exhibiendo los nexos de autoridades de los tres niveles y políticos con
la delincuencia.
La
ola de violencia por el reacomodo de la estructura criminal en diferentes
regiones de la entidad se recrudeció en estas últimas dos semanas y coincidió
con el cese de las protestas del movimiento social que exigió justicia por el
caso Ayotzinapa.
Hace
un mes el gobierno federal anunció un despliegue policiaco y militar en la
Tierra Caliente, Zona Norte y Acapulco, luego de admitir públicamente que en la
entidad existen territorios completos controlados por la delincuencia. Pero las
masacres, crímenes y balaceras a plena luz del día continúan en las zonas que,
se supone, están bajo control federal.
Reportes
oficiales y algunas estadísticas refieren que en la última semana de diciembre
hubo al menos ocho ejecuciones en los municipios de Ajuchitlán del Progreso,
Arcelia y Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente. En Acapulco se reportaron
al menos 51 asesinatos en diciembre y tres más el jueves 1.
Ajenos
a la dramática situación, funcionarios estatales y políticos locales se han
enfocado en promover su imagen rumbo a las elecciones de este año, en un
esquema similar al vivido en 2011.
De
esta manera, aseguró Osorio Chong, el gobierno federal pretendía revertir los
efectos de la narcoviolencia generada por “la corrupción y debilidad
institucional” en Tierra Caliente.
Durante
la madrugada del 27 de diciembre, los agentes federales realizaron un operativo
en un palenque de Coyuca de Catalán, donde detuvieron a siete personas, entre
las cuales estaba Ramiro Montúfar Burgos, supuestamente vinculado con la banda
Las Moscas, dirigida por los hermanos Ramiro y Ricardo Torres, quienes son
acusados por la PGR de traficar drogas.
El
inculpado es hermano de Cuauhtémoc Montúfar, aspirante a la alcaldía de Coyuca
de Catalán por el PRD, y primo del subdelegado de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, Erit Montúfar Mendoza.
Tres
días después, la Comisión Nacional de Seguridad informó que Montúfar Burgos
tiene una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos por el delito de
narcotráfico.
El
reporte refiere que logró escapar un presunto delincuente identificado como
Euclides El Quilles Camacho Goicoechea, hermano del exalcalde de Coyuca de
Catalán y actual diputado local perredista, Elí Camacho.
Los
hermanos Camacho Goicoechea han sido señalados varias veces por sus presuntos
nexos con Los Caballeros Templarios. Incluso Elí Camacho públicamente declaró
que en su paso por la administración municipal tuvo que pactar con el narco
para poder trabajar.
El
operativo federal se realizó luego de que el gobernador sustituto inaugurara la
36 Feria del Oro en la cabecera de Coyuca de Catalán, la mañana del 26 de
diciembre.
Mientras
del otro lado del río Balsas se realizaban las exequias del sacerdote
asesinado, Ortega Martínez convivió con políticos supuestamente vinculados con
el narco, como el actual diputado federal perredista Catalino Duarte Ortuño,
exalcalde de Zirándaro y exdiputado local, primo de María de los Ángeles Pineda
Villa.
La
historia que no cambia
En
el reportaje El de Guerrero, un mapa criminal de todos conocido desde 2011,
publicado a principios de noviembre en Proceso (1983), se dio a conocer que el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional elaboró el diagnóstico Presencia
de la delincuencia organizada en Guerrero, que sirvió de pauta a las tropas
federales que encabezaron el Operativo Guerrero Seguro.
El
documento, entregado a este semanario en octubre de ese año por el entonces
gobernador Ángel Aguirre, incluye nombres de las organizaciones criminales y de
sus sicarios, así como de su ámbito de operación, pero nadie hizo nada para
combatirlos; ni siquiera cuando Aguirre se quejó en abril de 2011 de haber
recibido la entidad infiltrada por el narcotráfico (Proceso 1825).
En
la región Tierra Caliente, el diagnóstico oficial identifica “una alianza
Beltrán Leyva-Zetas, representados por el Cártel del Pacífico Sur (CPS), que
dirigen los hermanos J. Cleotilde y Fermín Toribio Rentería, así como por El
Quilles Camacho”.
En
2011 La Familia Michoacana tenía presencia en gran parte del territorio
guerrerense. Uno de sus operadores era Rodolfo Maldonado Bustos, conocido como
José Pineda, considerado el cuarto hombre de importancia del cártel. Originario
de Ojo de Agua, municipio de Cutzamala de Pinzón, Maldonado tenía influencia en
Huetamo y San Lucas (Michoacán), amén de Cutzamala de Pinzón, Coyuca de
Catalán, Tlapehuala, Tlalchapa y Arcelia.
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