¿Cómo se busca a un desaparecido? Responde Salomon Baltazar Samayoa

Revista Proceso No. 1997, 7 de febrero de 2015

El recurso de “la imaginación”/HOMERO CAMPA

“¿ Cómo se busca a un desaparecido?”

(Salomón) Baltazar Samayoa recibe la pregunta con una leve sonrisa. Da una mordida a su torta de pierna mientras se acomoda en el sillón de su oficina. Comenta que no había podido probar bocado desde la mañana y ya casi oscurece. Dice que las necesidades de su cargo se lo habían impedido: es el titular de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) de la PGR y este día –18 de noviembre de 2014– su personal tiene que hacer el “levantamiento” de nuevas fosas clandestinas encontradas en las cercanías de Iguala, Guerrero.

 Abogado de profesión, Samayoa está al frente de esta unidad desde que fue creada, el 26 de mayo de 2013, una semana después de que siete madres y un padre de desaparecidos concluyeran una huelga de hambre frente al edificio principal de la PGR, en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, tras arrancarle al gobierno federal la promesa de que se crearía esa instancia especializada.

 Al momento de la entrevista con Samayoa, el personal de la UEBPD ascendía a 176 funcionarios, entre ellos 31 agentes del Ministerio Público y 40 miembros de la Policía Federal Ministerial. Un grupo pequeño para hacer frente a la búsqueda de 23 mil extraviados o desaparecidos en el país registrados en el RNPED. De hecho, la unidad sólo tenía asignados 400 expedientes correspondientes a 562 personas desaparecidas, la mayoría de sexenios anteriores, de las cuales había encontrado a 97, 67 de ellas con vida y 30 muertas.

 Por si fuera poco, la Cámara de ­Diputados había disminuido el presupuesto destinado a los gastos operativos de la unidad: de 64 millones de pesos en 2013 a 52 millones en 2014.

 –¿Cómo se busca a un desaparecido?

 –Con imaginación –responde.

 Y señala lo que un investigador debe conocer de la víctima: su vida privada y sus antecedentes, el medio social en el que se desenvuelve, las circunstancias en las que fue visto por última vez, las últimas llamadas o mensajes que recibió, el contexto social y político de la desaparición…

 –¿El ADN?

 –Eso sólo es una parte y no para las etapas iniciales, porque comienzas una búsqueda pensando que la persona está viva, no muerta.

 Samayoa precisa algunas acciones básicas que deben emprenderse en una investigación de este tipo: visitar el lugar de los hechos para recoger pruebas, entrevistar a familiares de las víctimas, testigos, amigos y compañeros de trabajo que puedan aportar información relevante, así como a posibles implicados bajo la lógica de quién tendría motivos hacerle daño a la persona desaparecida, localizar el teléfono celular, las señales de radio y cuentas bancarias de las víctimas, que muchas veces siguen teniendo actividad después de su secuestro y permiten establecer coordenadas de geolocalización…

 “A veces un tatuaje, una prenda de vestir, el consumo de tabaco u otros hábitos se vuelven fundamentales para saber dónde buscar”, comenta. “Si se perdió en una línea de autobús hay que preguntarse qué organización o persona domina ese tramo carretero; si la persona tiene antecedentes penales su expediente es clave para hablar con personas y acudir a lugares específicos, pues el hecho de que un ciudadano desaparecido esté vinculado con la delincuencia no releva de la obligación de buscarlo”.

 Considera particularmente importantes las entrevistas con los sospechosos de secuestro, asesinato o desaparición. “Tienes que ir con una batería de preguntas falsas y ciertas para ver cómo reaccionan. Les haces ver que lo que digan no es parte de una declaración ministerial, pues no somos la SEIDO, cuya responsabilidad es buscar a los autores de un crimen, sino una instancia que busca personas desaparecidas y que únicamente está interesada en saber dónde está la víctima o sus restos”, explica.

 –¿Cómo convence a los sospechosos?

 –La unidad puede pedir un cambio de prisión. Claro, no está garantizada, pero la posibilidad existe. Tú puedes jugar con eso. Le dices: “Te cambio de cárcel”, ya sea para premiarlo o castigarlo. Si es zeta no le va a convenir que lo lleve a una prisión dominada por el Cártel de Sinaloa; o lo puedo cambiar a una cárcel que le permita estar más cerca de sus familiares, siempre y cuando te ayude a saber el paradero de una persona o de su cuerpo.

 Samayoa incluso sugiere reformar el Código Penal para introducir la reducción de penas por secuestro o desaparición forzada a cambio de que un acusado proporcione información sobre el paradero de un desaparecido.

“La ley establece una pena de nueve a 40 años de prisión por este tipo de delitos. Sería ideal contar con una fórmula legal que permita reducir dicha pena, ya sea durante el proceso o incluso durante la sentencia, a cambio de que el acusado proporcione información que ayude a localizar a una víctima con o sin vida”, sostiene.

Se le pregunta por qué la unidad sólo tiene asignados 400 expedientes, si los ­desaparecidos en el país son más de 23 mil.

“Porque a la unidad –explica– no le corresponde la investigación directa de todos los casos. La idea es que las procuradurías estatales, las delegaciones de la PGR y la SEIDO trabajen en la investigación de los casos y que esta unidad coordine y/o coadyuve para que cada instancia asuma su responsabilidad.”

Cruzando datos

Por su parte, la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eliana García Laguna, coincide: “Por supuesto que la UEBPD no puede hacerse cargo de todos los casos de desaparecidos. No es su objetivo. Puede llevar casos, pero sobre todo puede coadyuvar con las procuradurías estatales. Ya lo hace con las de Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León…”.

–¿Y Guerrero?

–Ahí no. En Guerrero la unidad trabaja solita debido a la desconfianza de la población hacia las autoridades municipales y estatales.

En una pared de la oficina de la subprocuradora donde se realiza la entrevista cuelgan dos carteles con los rostros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. En uno de ellos se ofrecen recompensas por información para dar con su paradero: 1 millón y medio de pesos por cada joven.

Desde que en 2011 se aprobó este incentivo, se han ofrecido en 60 casos “pero no han dado el resultado esperado”, reconoce García Laguna. “No ha habido un solo caso en que la información lleve directamente al paradero de la persona desaparecida. Ha sucedido que aportan datos parciales y eso te acerca a pistas que vas siguiendo”, agrega.

La funcionaria dice que la SEIDO está a cargo de buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras que la UEBPD se afana en localizar a los otros 207 desaparecidos de Iguala. Afirma que la unidad trabaja con los familiares en el levantamiento de denuncias y en la toma de muestras de ADN.

“Nos reunimos con las familias en la iglesia de San Gerardo, en Iguala. Ya llevamos más de 30 familiares a los que se les han tomado muestras de ADN”. Tales muestras, explica, se confrontarán con el ADN de los restos encontrados en 28 fosas clandestinas localizadas hasta principios de diciembre pasado.

–¿El gobierno federal cuenta con una base de datos genéticos?

–Sí, la tenemos. Es una base de perfiles genéticos. Tiene 18 mil 800 registros. El problema es que se requiere pasarlos por un filtro para desagregarlos por categoría porque ahí se encuentran revueltos los ADN de familiares de desaparecidos, de restos sin identificar y de personas detenidas que son consideradas como delincuentes peligrosos, cuyos datos genéticos es necesario tener.

 Se le expone a García Laguna el argumento de Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU: si existe una base de datos de personas desaparecidas que incluya perfiles genéticos y ésta se cruza con una base de datos de restos no identificados –que la CNDH estima en 15 mil de 2006 a 2013– se resolvería más de la mitad de los casos de desaparecidos en el país.

 “Los datos que ofrece Dulitzky me parecen arbitrarios, pero tiene razón en la sustancia: si logramos tener una base de datos de información ante mortem, no sólo genética, y la cruzamos con información post mortem, lograríamos tener una gran cantidad de coincidencias que nos permitiría decirle a muchas familias que encontramos a uno de los suyos y que lamentablemente éste murió”, reconoce.

 Pero afirma que ya cuentan con dicho programa. Es un software donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja que se llama Ante Mortem/Post Mortem o AM/PM. Su funcionamiento es simple en apariencia: dos bases de datos en un mismo programa. Por un lado, la base de datos de personas desaparecidas o Ante Mortem debe incluir información relevante sobre las víctimas: características físicas, cicatrices, tatuajes, hábitos, tipo de sangre, características odontológicas, muestras de ADN de familiares y circunstancias de la desaparición, entre otros datos.

 Los criterios para recabar dicha información deben ser los mismos para todos: agentes del MP, procuradurías, comisiones de derechos humanos, hospitales y otras instituciones pertinentes, las cuales tendrán acceso a dicha base para buscar casos o para agregar nuevos. La base de datos debe alimentar formatos estandarizados y de fácil uso. La idea es que esta base permita encontrar al desaparecido con vida, por ejemplo en hospitales, cárceles, terminales de transporte o puestos fronterizos…

 Si esto no ocurre, entonces se podrá buscar al desaparecido en la base de datos de restos sin identificar o Post Mortem, la cual debe tener los mismos campos de información que la Ante Mortem para que puedan cruzarse los datos.

 “Así –comenta García Laguna–, la búsqueda de coincidencias en ambas bases de datos, que de manera manual puede tardar semanas o meses, se lleva a cabo en segundos. ¡Una maravilla! Si las coincidencias te arrojan cinco casos, te vas sobre ellos para identificar al desaparecido.”

 No obstante reconoce que, “desafortunadamente, la aplicación del AM/PM es incipiente”. Cuentan con dicho sistema la UEBPD y unas cuantas entidades federativas, incluido el Distrito Federal. Afirma que pronto se extenderá a una red de 160 funcionarios de justicia de la PGR y de procuradurías estatales.

 –¿Para cuándo se generalizará?

 –Si bien nos va, para finales de 2015, pero por el momento, repito, su aplicación es incipiente.