Despreciaron el plan contra desastres/

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

Despreciaron el plan contra desastres/SARA PANTOJA Y JUAN CARLOS VARGAS

Hay un plan para evitar desastres como el ocurrido en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa el 29 de enero. Con total precisión, el Programa Hospital Seguro indica las acciones que deben emprenderse para salvaguardar la integridad de clínicas, su operatividad y calidad. Empero, el estallido evidenció que las autoridades del centro, las de la Ciudad de México y las federales no lo tomaron en serio. A eso se suma la indulgencia oficial ante la empresa gasera que surtía al sanatorio, compañía que arrastra una larga historia de accidentes y violaciones a la ley pero que sigue siendo contratada.

 Certificado por el gobierno federal y avalado por organismos internacionales de salud, el Programa Hospital Seguro falló desastrosamente. Además, el relajamiento en la supervisión de las empresas gaseras por parte de la Secretaría de Energía federal tiene en peligro constante a la red de salud pública del Distrito Federal.

 En 2006 el gobierno mexicano suscribió un compromiso con las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud para instaurar en la red hospitalaria nacional y estatal el denominado Programa Hospital Seguro “como una política nacional de reducción de riesgos que garantice su capacidad de seguir funcionando en situaciones de emergencia”, según el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

 Dicho programa pretende “brindar servicios con buena calidad en la atención médica y seguridad a los pacientes”. Enlista al Distrito Federal entre las 21 entidades federativas “de alto riesgo” por el número y tipo de instalaciones en su territorio: 27 hospitales y 220 centros de salud.

 Al firmar ese compromiso, las autoridades se comprometieron a promoverlo en los estados y cumplir con tres criterios fundamentales en cada unidad de salud. El primero se llama Protección de la Vida, es decir, “ser capaz de mantenerse en pie y resistir con daño mínimo los fenómenos destructivos de gran intensidad que se presentan en la zona donde está ubicado”.

 Protección de la inversión es el segundo principio y consiste en que sus instalaciones y equipos puedan tener daños mínimos pero continúen siendo operativos ante “fenómenos destructivos de gran intensidad”. Y el tercero, Protección de la función, implica que sean capaces de mantener o mejorar su producción de servicios como parte de la red a la que pertenecen.

 Sin embargo, en el caso de la explosión del 29 de enero en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, las evidencias –tres muertos, 72 heridos y el colapso de 75% de la estructura, según cifras del gobierno capitalino– demuestran el incumplimiento de esos criterios.

 El anestesiólogo Agustín Herrera, trabajador desde hacía ocho años en ese hospital, acusa que en las instalaciones “no hay ningún protocolo para evacuar nada ni puertas de emergencia. Desde hace como cinco años estoy pugnando por que pusieran una salida de emergencia al lado del mercado, no quisieron o no pudieron. Es un hospital de cartón”.

 Rescatistas que participaron en las labores de auxilio cuentan a Proceso –con petición de anonimato por respeto a los grupos a los que pertenecen– las diversas irregularidades que observaron en el desastre y que contradicen las versiones oficiales.

 Por ejemplo: respecto de los hidrantes para lavar el exceso de gas y hacerlo menos volátil en caso de fugas, “alguien trató de usarlos antes de la explosión, pero no tenían agua, no estaban en buenas condiciones”.

 La pipa de la empresa Gas Express Nieto “no estalló por completo, no perdió la forma”, lo que abre la posibilidad de que la fuga pudo ser en las instalaciones del hospital. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que fue una fuga en la manguera de la pipa la que ocasionó la explosión. De cualquier forma, ni en la pipa ni en el hospital se cerraron las válvulas para evitar que el combustible se propagara.

 Además, la cantidad de gas fugado era demasiada como para que el personal no se diera cuenta y evacuara de inmediato a pacientes y trabajadores. Ésa es una regla básica en cualquier programa interno de protección civil, destacan.

 Más: De haberse hecho la evacuación como aseguran las autoridades capitalinas, la única salida era justo por donde estaba la pipa, pues tres bardas separaban al hospital de un terreno baldío, un mercado y una barranca. En el video de la explosión difundido en redes sociales no se observa gente en la calle, sólo una patrulla y el camión de bomberos.

 Con más de 10 años de experiencia, los rescatistas concluyen: “El programa interno de protección civil del hospital no era operativo o no se accionó a tiempo, y las condiciones de seguridad no eran las mejores”.

 El testimonio de Cassandra Velázquez Rodríguez, paciente que le salvó la vida a su hijo recién nacido y tuvo graves lesiones en el rostro por la explosión, confirma a este semanario las versiones de los socorristas:

 “Le estaba dando de comer a mi bebé cuando empezamos a oler a gas. Pasaron varios minutos y le dije a la enfermera que deberían sacarnos, pero ella dijo que sólo olía poquito. Nada más nos pidió que no prendiéramos ningún cerillo ni el interruptor de la luz. Y enseguida fue la explosión.”

 Por instinto maternal, la mujer de 26 años cubrió a su bebé con su propio cuerpo y al voltear vio cómo una mampara y el techo se derrumbaron sobre su cara. Sola se levantó de entre los escombros. Sin soltar a su hijo caminó descalza hasta que un paramédico la encontró. “Dame a tu bebé, yo te lo cuido. Agárrame del brazo, te voy a sacar de aquí”, le dijo. El viernes su bebé fue dado de alta. Hasta el cierre de esta edición, Cassandra esperaba una cirugía maxilofacial en el hospital general de Xoco.

 El sistema que fue

 Elías Moreno, exsecretario de Protección Civil del DF, asegura que desde la firma del compromiso para instaurar el Programa Hospital Seguro se comenzó a trabajar en la red sanitaria capitalina con la participación de la Secretaría de Salud local, desde entonces dirigida por Armando Ahued.

 En entrevista detalla que se impulsó el cumplimiento de todas las medidas que obliga dicho plan hasta lograr la certificación federal. Tal refrendo se solicitaba anualmente e implicaba que se revisaran las instalaciones, planos de construcción, capacidad sismo-resistente –de más de nueve grados en escala de Richter–, garantía de agua potable y medicamentos hasta por 72 horas, así como la operatividad de salidas de emergencia.

 En ese entonces, el plan de protección civil de la ciudad implicaba simulacros mensuales de evacuación por sismos, pero esa práctica se dejó de hacer a partir de la administración de Mancera.

 Aplicadas esas acciones o no, las fallas en seguridad y protección civil en la red de salud del DF son continuas. Para muestra, el Hospital General de Ticomán, en la delegación Gustavo A. Madero.

 Una doctora que labora ahí los fines de semana y días festivos –quien pide guardar su identidad por temor a perder su empleo– denuncia que desde hace más de un año no han recibido capacitación en protección civil.

 “No nos han dicho cuál es el protocolo que debe seguirse en un temblor, fuga de gas, incendio o explosión. Y el riesgo es mucho, tan sólo los quirófanos están justo arriba de la cocina”, detalla.

 En el tiempo que ha trabajado ahí tampoco han hecho ningún simulacro y el personal sindicalizado “está más preocupado por sus bases, vacaciones y días económicos que por la seguridad del hospital y sus pacientes”.

 Proceso solicitó a las secretarías de Salud y Protección Civil del DF el protocolo de seguridad de los hospitales en la ciudad, pero hasta el 31 de enero no obtuvo respuesta.

 Líder en denuncias

 Apenas cinco horas después de la explosión en el hospital, cuando el retiro de escombro no había terminado, Mancera y el procurador local, Rodolfo Ríos, se adelantaron al decir que el estallido fue por una fuga en la pipa; dijeron que los tres operadores de la misma fueron llevados a distintos nosocomios, en calidad de presuntos responsables.

 Contundente, el mandatario local dijo que se aplicaría “todo el peso de la ley” a ellos y a la empresa, aunque hasta el cierre de esta edición no había terminado el dictamen pericial.

Culpable o no, Gas Express Nieto tiene un historial gris en cuanto a denuncias y accidentes en los últimos años. No sólo eso, además de ser una de las compañías líderes en venta de gas LP en el mercado mexicano, encabeza la lista de denuncias, sanciones y negativas de revisión ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Fundada en 1939 en Querétaro y dirigida actualmente por Sergio Nieto del Río, sumó 21 denuncias y cinco accidentes en distintos puntos del país de 2008 a la fecha, según información del diario Milenio.

Las circunstancias han sido distintas y van desde accidentes viales provocados por camiones repartidores y venta de tanques en mal estado hasta descuido de operadores de autotanques, que han dejado daños materiales, lesionados y muertos.

El asunto es que esta compañía, con más de mil unidades de reparto con base en 35 plantas distribuidoras, es “la empresa líder en denuncias, en negativas de verificación y en multas y sanciones”, asegura a Proceso el director general de Verificación de Combustibles de la Profeco, Tomás Manuel Sánchez Robles.

De hecho, en 2014, Gas Express Nieto acumuló 28 quejas ante esta dependencia, entre 378 inconformidades denunciadas por los compradores del combustible. Es decir, 7.4% de las quejas fue por el mal estado de los tanques, manipulación de las válvulas y entrega incompleta del producto.

No sólo eso, la empresa que cubre 80% del mercado en el país cuadriplicó el monto de las multas impuestas en un solo año. En 2013, la Profeco le impuso sanciones económicas por 4 millones 200 mil pesos, de un total de 50 millones en toda la industria. Sin embargo, para 2014 Gas Express Nieto sumó un total de 16 millones de pesos, cuatro veces más que en el año precedente.

Eso no es todo, la gasera de Sergio Nieto del Río es la que más se niega a revisiones de la autoridad, aunque ésta sólo verifica que se despachen litros de a litro, el buen estado de los tanques y que los camiones tengan su documentación en regla.

Sólo el año pasado esta empresa tuvo 36 negativas de revisión de un total de 375 registradas en todo el mercado de distribución de gas. En otras palabras, 10% de las negativas fue por parte de los camiones o de las plantas que se negaron a la inspección de la procuraduría.

Sánchez Robles suelta: “Cuando las empresas se niegan, la Profeco puede pedir la ayuda de la fuerza pública como seguridad y apoyo. Yo no le puedo pedir a la policía que rompa las cerraduras o que derribe una puerta para meterme a una planta porque eso es allanamiento de morada. Necesito la orden de un juez, de una autoridad competente. Necesito la fuerza pública como protección y como resguardo, no es lo mismo una gasolinera que está al público que en las plantas de gas LP”.

El funcionario aclara que esa institución verifica el contenido para su comercialización y los cilindros transportados en vehículos listos para salir. No se mete con cuestiones de seguridad o de almacenaje, aunque si nota una anomalía regresa e inmoviliza el tanque o la unidad repartidora. Además, se encarga de revisar que las básculas que estén calibradas y que el pesaje de los tanques sea correcto.

“¿Qué hago después de las negativas? Aplico operativos especiales a esas empresas que se están negando, monto las brigadas alrededor de la planta y espero a que salgan los camiones. Lo curioso es que ahora se están negando los camiones. Ahí les aplicamos la multa por 250 mil pesos por negativa y se han salido por la puerta de atrás para evadirnos.”

El director de Verificación de Combustibles dice que la tarea de seguridad la hace la Secretaría de Energía (Sener), quien se encarga de destruir los tanques en mal estado.

De acuerdo con el Fideicomiso de Reposición de Activos para la Industria de Gas (Firagas), donde participan la iniciativa privada y el gobierno federal, desde su puesta en operación, en 2011, se han repuesto más de 2 millones de cilindros y reemplazado más de mil 100 vehículos de distribución de gas LP a escala nacional.

El Firagas señala como principal medida de seguridad que los tanques estacionarios deben examinarse “ultrasónicamente” a partir de los 10 años de su fabricación. Así se determinará si es apto para continuar en servicio. Esta valoración la debe realizar una persona certificada por la Sener.

Además, los cilindros y tanques estacionarios deben instalarse a la intemperie y en lugares ventilados, así como a una distancia mínima de tres metros de cualquier objeto que pueda generar flama o chispa.

También deben colocarse sobre piso firme y nivelado, en un lugar de fácil acceso, sin humedad y alejado del paso de vehículos y personas. Asimismo, no deben usarse como base para otros objetos.

Para evitar la corrosión exterior debe estar siempre pintado y es necesario reemplazar sus válvulas cada cinco años.

Por lo pronto la Sener dejó claro que de resultar responsable de la explosión en el hospital, la empresa Gas Express Nieto podría recibir multas hasta de 225 mil veces el importe del salario mínimo, es decir, 15 millones 772 mil 500 pesos. Esta cantidad podría duplicarse en caso de reincidencia del infractor.