Y además, una demanda de Cassez

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

 Y además, una demanda de Cassez/ANNE MARIE MERGIER

Florence Cassez va con todo. Además de la denuncia penal interpuesta en París contra quien resulte responsable, su abogado en México impugnará la decisión del juez Juan Manuel Vega de desentenderse de la demanda civil contra la “pandilla de altos funcionarios” (Felipe Calderón, Genaro García Luna, Daniel Cabeza de Vaca) y representantes de Televisa, a quienes acusa de haberla detenido en un burdo montaje televisivo y encarcelarla siete años. Y pide una indemnización de 36 millones de dólares.

PARÍS.- “La decisión del juez Juan Manuel Vega Tapia es inadmisible y es evidente que la voy a impugnar”, se indigna Jorge Patiño Hurtado, abogado mexicano de Florence Cassez en entrevista telefónica con la corresponsal el pasado 27 de enero.

Patiño acababa de saber que el juez Vega Tapia se declaraba incompetente para resolver la demanda civil que, en nombre de Cassez, aquel presentó el 23 de enero, por daño moral, contra la Procuraduría General de la República (PGR) y su extitular Daniel Cabeza de Vaca, así como contra el expresidente Felipe Calderón; el exsecretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna; cuatro funcionarios del sexenio pasado; Televisa; su conductor Carlos Loret de Mola y su exreportero Pablo Reinah.

“El juez pretende que no es competente porque se trata de particulares e insiste en que la mayoría de las personas citadas ya dejaron de ser funcionarios públicos. Finge olvidar que eran funcionarios y además de altísimo rango cuando cometieron sus delitos”, denuncia Patiño Hurtado.

–¿Le indicó Juan Manuel Vega Tapia cuál juzgado sería competente? –se le pregunta.

–Afirma que en el caso de la demanda que interpuse en nombre de Florence Cassez contra exfuncionarios, la vía civil no es la procedente y es de competencia de un juez administrativo, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En cuanto a Televisa, asegura que la demanda le compete a un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Sin embargo, no declina nuestra demanda a los juzgados que considera competentes, como tiene la absoluta obligación de hacerlo.

“Tras analizar la demanda de Florence Cassez, el juez tenía varias opciones: declararla improcedente y desoírla, considerarla de su competencia y echar a andar investigaciones o declararse incompetente y remitirla a los juzgados que considere competentes. Pero lo que hizo es absurdo y anticonstitucional: se declaró incompetente y se lavó las manos, dejando la demanda en el aire. Es, entre otras cosas, lo que voy a impugnar.”

–¿Qué quiere decir con “entre otras cosas”?

–Lo primero que voy a cuestionar es la supuesta incompetencia del juez Vega Tapia. Él afirma que sólo hubiera sido competente si Florence Cassez hubiera demandado a instituciones públicas o funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Pero en el rubro de la demanda especifiqué muy claramente: “Florence Marie Cassez Crespin contra la Procuraduría General de la República y otros”. Y solamente después di la lista de las personas involucradas en los delitos perpetrados contra mi clienta. Que yo sepa, la PGR sigue siendo una institución pública.

Coludidos

–¿Por qué optó por incluir en la misma demanda a una institución, a exfuncionarios que se han vuelto personas privadas, a una empresa televisiva y a un empleado y un exempleado de ésta?

–Analicé a fondo los proyectos de resolución sobre el caso de Florence Cassez elaborados sucesivamente por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y la ministra Olga Sánchez Cordero, que sirvieron de base a la Suprema Corte de Justicia para ordenar la liberación inmediata de mi clienta el 23 de enero de 2013.

“Entendí que teníamos todos los elementos requeridos para interponer una demanda por daños morales contra una pandilla de altos funcionarios que se coludieron con empleados de Televisa para violar los derechos más elementales de mi clienta, difamarla y criminalizarla nacional e internacionalmente, someterla a juicios viciados y mantenerla indebidamente encarcelada siete años.”

–Parte de los hechos ocurrieron durante el mandato de Vicente Fox.

–Lo sé. Pero Felipe Calderón fungía como garante y nada hizo para impedir la perpetuación de los ilícitos; por el contrario, los encubrió. Por eso está incluido en la demanda. Esa pandilla actuó junta y debe ser juzgada junta.

“Si se comprueba de manera incuestionable que el caso no le compete al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Vega Tapia debe cumplir con su obligación y declinar la demanda de Florence Cassez a quien corresponda. Es lo que se va a aclarar en los próximos días.

Tras un breve silencio, Patiño Hurtado confía: “Sabemos que nos lanzamos en una largo proceso judicial y estamos listos para enfrentarlo. Fue la determinación de mi clienta la que le dio fuerza para luchar a lo largo de sus siete años de encarcelamiento. Es la misma determinación la que la impulsa a seguir luchando para que no quede duda alguna de su inocencia”.

–Llama la atención el monto de la indemnización que pide su clienta: 36 millones de dólares (más de 530 millones de pesos).

–¿Le parece mucho? A mí me parece muy poco comparado con lo que sufrió. La mataron en vida. Le robaron siete años de vida y la satanizaron tanto, que hoy en día en México y en su propio país hay muchísima gente que la cree culpable o duda de su inocencia. ¿Acaso quienes impugnan esa suma se pusieron a imaginar lo que significa vivir años con ese estigma?

–¿Con base en qué referente se calculó esa suma y quién hizo ese cálculo?

–Yo lo hice. No existe pericia judicial en ese campo. El único antecedente que tenemos se dio en febrero del año pasado, cuando el Mayan Palace de Acapulco fue condenado a pagar una indemnización de 30 millones de pesos a los padres de un joven que murió electrocutado en una fuente de ese hotel. Pero en ese caso se trataba de un delito culposo, es decir, no intencional.

“En cambio en el caso de Florence Cassez se cometió un delito doloso. Todos los involucrados actuaron adrede, planearon las múltiples violaciones de los derechos de mi clienta y las repetidas agresiones a las cuales la sometieron. Me pareció evidente que la indemnización debía ser superior a la impuesta al Mayan Palace.

–¿Entonces ése fue su referente?

–Sí y no. Tomamos también en cuenta las capacidades económicas de los involucrados. Pero en realidad quisimos, antes que todo, causar impacto para dar a entender la inmensidad de los daños causados a Florence Cassez y la responsabilidad de quienes atentaron contra ella.

–Tengo entendido que usted estuvo recientemente en París y que tuvo un encuentro con Sophie Thonon, abogada francesa de Florence Cassez. ¿Significa eso que trabajan juntos?

–De ninguna manera. Viajé a París por razones personales y me pareció oportuno conocer a la abogada Thonon, pues ambos defendemos a la misma persona. Pero me importa subrayar que los dos procesos judiciales son independientes el uno del otro, además de ser de distinta índole: la demanda mexicana es civil y la francesa es penal.

–Algunas notas publicadas en México aluden a una estrategia común.

–No hay coordinación alguna. Cada cual trabaja en su jurisdicción, pero ambos perseguimos la misma meta: evidenciar de una vez por todas la inocencia de Florence Cassez.

La vertiente francesa

En entrevista con la corresponsal, Thonon también subraya las diferencias entre las dos acciones judiciales:

“Jorge Patiño Hurtado demanda con nombres y apellidos a cierto número de personas. En cambio yo no apunto a nadie. El pasado 29 de septiembre presenté en París, a nombre de Florence Cassez, una demanda contra quien resulte responsable por arresto y detención ilegales. En el expediente que entregué al procurador de justicia cuento hechos y explico quiénes intervinieron en estos hechos. Pero no me corresponde determinar quién cometió tal o cual crimen. Es el trabajo de las autoridades judiciales. Las exigencias y las disposiciones del derecho penal francés son totalmente distintas de las de una demanda civil mexicana de indemnización.

–¿Florence Cassez le habló a usted de esa demanda mexicana, le pidió consejo? –se le pregunta a Thonon.

–Tocamos el tema, efectivamente. Mi clienta me refirió los casos pendientes de Jacinta Francisco Marcial y de otros tres líderes indígenas. Analizamos la posibilidad de que ella interpusiera una demanda de indemnización en México. Inclusive nos percatamos de que el plazo de prescripción acababa el 23 de enero a medianoche. Mi papel se limitó a eso. Mi clienta se puso en contacto con el abogado Patiño Hurtado y actuaron juntos.

–¿En qué quedó la demanda penal que Florence Cassez presentó ante la justica francesa?

–Debo decir que me impresionó el hecho de que sólo una semana después de que interpuse la demanda ante el procurador, éste la declinó al Ministerio Público. ¡Es algo inédito! Por lo general nosotros los abogados debemos mover cielo y tierra durante semanas para saber dónde van a dar las demandas que interponemos.

–¿Qué hizo el Ministerio Público?

–También se puso a trabajar con celeridad. La Policía Judicial convocó a audiencias con las víctimas, Florence Cassez y sus padres, a quienes también represento, y nombró a un perito médico. Las investigaciones siguen su curso. Pero la rapidez con la que se ha actuado hasta ahora es una señal positiva.

–¿Cuándo se sabrá si las autoridades judiciales consideran que la demanda de Florence Cassez es procedente?

–Es imposible responder esa pregunta y menos aún en un caso tan delicado como el de Florence Cassez, en el cual se apela a la competencia jurisdiccional extraterritorial (disposición legal francesa que se aplica en casos de delitos cometidos por extranjeros contra ciudadanos galos fuera del territorio nacional).

“De todos modos, suponiendo que la justicia considere procedente la demanda de mi clienta, no hay que esperar que se resuelva el caso en un año, pero tampoco durará 14 años, como en el caso del proceso judicial contra la dictadura chilena”, asegura la litigante en alusión a la casi década y media que dedicó a las demandas presentadas en París por familiares de cuatro desaparecidos franco-chilenos, víctimas de la junta militar encabezada por Augusto Pinochet.

Pese a múltiples obstáculos políticos y judiciales, Sophie Thonon y tres colegas suyos acabaron por enjuiciar en diciembre de 2011 a 13 altos responsables del régimen pinochetista y a un argentino en la Corte de lo Penal de París (Proceso 1783). El juicio se llevó a cabo en ausencia de Pinochet, ya fallecido, y de los acusados, quienes no reconocieron la autoridad de la Corte francesa.