Revista
Proceso
No. 1996, 31 de enero de 2015
Faltan
otros 22 mil/LUCIANO
CAMPOS GARZA
Más
allá de la “verdad histórica de los hechos” –según la expresión del procurador
Jesús Murillo Karam para dar carpetazo al caso Ayotzinapa–, activistas y
familiares de desaparecidos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila piden al
gobierno federal atender también los otros 22 mil casos que llevan años
demandando justicia. Lamentan que la presión internacional haya motivado al
presidente y sus colaboradores a investigar ese acto de barbarie cometido la
noche del 26 de septiembre en Iguala, pero se hayan olvidado de los otros miles
de desaparecidos.
MONTERREY,
NL.- Durante semanas el presidente Enrique Peña Nieto aguantó la andanada de
críticas dentro y fuera del país por la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, hasta que el procurador Jesús Murillo Karam declaró que los
estudiantes habían sido calcinados y eso era la “verdad histórica de los
hechos”.
Irma
Leticia Hidalgo, madre de un desaparecido y coordinadora del grupo Fuerzas
Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), considera insultante
el uso político que se le da a la tragedia de Ayotzinapa.
La
estrategia de las autoridades federales, comenta, no debe concentrarse sólo en
las investigaciones de un solo caso; hay miles más en espera de justicia que no
se pueden descuidar.
“Murillo
Karam declaró que tenía a la mitad de los agentes de la SEIDO (Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) buscando a nuestros
43 estudiantes. Lo más lamentable es que para todos los demás desaparecidos no
designaron ni un solo agente. Es muy lamentable que ni con media corporación hayan
encontrado a los normalistas”, comenta.
Cifras
vagas
Hoy
el número de desaparecidos en México es incierto. En mayo de 2014, integrantes
de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México demandaron información
completa al gobierno federal.
Según
esa organización, en febrero de 2013 la Secretaría de Gobernación habló de 26
mil 121 casos. Meses después, en su comparecencia del 20 de mayo de 2014 en el
Senado, el entonces ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva mencionó 24
mil 800: la PGR sólo 13 mil 195, mientras que el titular de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, sólo admitió 8 mil desaparecidos.
Respecto
a Tamaulipas, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de
Nuevo Laredo (CDHNL), contabiliza 4 mil 800 casos, aunque admite que la cifra
es vaga porque nadie ha levantado un censo; ninguna autoridad se preocupa por
localizarlos, pese a que la entidad es asolada desde hace años por los cárteles
de la droga.
Y
aun cuando se observan algunos esfuerzos en Coahuila, Nuevo León y Michoacán,
el Estado carece de una política pública para la búsqueda de personas, sostiene
Ramos. De ahí que el caso de los normalistas de Ayotzinapa haya exhibido a
México como un país de barbarie, afirma el presidente del CDHNL, fundado hace
15 años.
“La
búsqueda de los estudiantes en Guerrero es una respuesta a los reclamos
internacionales. Obviamente, al gobierno federal se le salió de control
Ayotzinapa, de ahí su intento de quedar bien ante el mundo. Esas acciones no
son necesariamente para atender los reclamos de los padres de familia.”
Cuando
el gobierno federal se involucra en las búsquedas, sus acciones se concentran
en llenar formularios: lo hacen para cumplir con el requisito burocrático, pero
no se ve que emprendan una exploración física para encontrar víctimas vivas,
cuerpos, cadáveres o restos, comenta Ramos al reportero.
El
21 de junio de 2013 la PGR creó la Unidad Especial de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, pero hasta ahora el organismo se comporta como “oficina
presupuestívora”, dice el entrevistado, pues se desconocen sus acciones; la
página web de la PGR tampoco tiene ningún vínculo con ella.
Para
el caso del noreste, Ramos propone empezar la búsqueda de restos humanos en los
campamentos que tiene la Marina en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Sólo en
la autopista que conecta Monterrey con Nuevo Laredo, a lo largo de 220
kilómetros hay 40 denuncias de desapariciones. Nadie se ocupa de ellas.
Y
si bien en Tamaulipas se creó la Fiscalía Especial para Desaparecidos, sus
acciones son infructuosas pues carece de infraestructura; además, la Policía
Ministerial Investigadora fue desmantelada recientemente. Hoy las indagatorias
las hacen agentes federales, pero no les dan seguimiento.
“La
fiscalía nació sin brazos ni piernas, porque apenas integran al personal,
capacitándolo. Pero Tamaulipas no tiene Policía Ministerial Investigadora,
¿quién los va a buscar? ¿La Policía Federal? No hay quién persiga delitos como
robo, lesiones o los del fuero común”, señala el presidente del CDHNL.
También
critica a Osorio Chong porque, aun cuando se comprometió a revisar los
expedientes de los desaparecidos, no ha cumplido.
Doble
plagio sin resolver
Verástegui
González señala que el delito de desaparición forzada está incluido en el
Código Penal Federal y en algunos estados de la República.
“Es
un delito de lesa humanidad que lo persigue, por decirlo así, la comunidad
internacional. Y puede configurarse en el caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa porque en ese caso intervinieron agentes del estado –policías
municipales de Iguala–, y probablemente elementos del Ejército y hasta un
alcalde –José Luis Abarca Velázquez.
“Una
de las razones por las que no se hace la clasificación del delito en
Ayotzinapa, es porque las implicaciones internacionales son muy fuertes, porque
es de los más graves que pueden ocurrir en el mundo”, comenta en entrevista
telefónica.
A
escala internacional, la desaparición forzada está regulada por tratados
multilaterales, por lo que México se vería en aprietos si las desapariciones de
los normalistas de Ayotzinapa llegan a configurarse como delito de lesa
humanidad. De ahí la prisa del gobierno federal por archivarlo.
Respecto
a Coahuila, la procuraduría estatal mencionó mil 600 desaparecidos, aunque la
cifra es oscura pues no hay criterios para tipificar los delitos. Hasta ahora
no se conoce en la entidad ningún caso en el cual los investigadores federales
hayan encontrado a un desaparecido.
El
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, presidido por el obispo Raúl Vera,
documentó 324 casos de 2007 a 2014. Las autoridades sólo integraron los
expedientes pero no hicieron las investigaciones; cuando consideran que se
trata de un asunto grave lo canalizan a la SEIDO o a la Unidad Especial de
Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, dice Verástegui.
El
activista, quien desde hace más de un año trabaja en el centro, es hermano de
Antonio de Jesús Verástegui González, de 50 años, quien fue secuestrado en un
retén el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila, junto con uno de sus hijos de
18 años, por unos encapuchados que huyeron en una camioneta con torreta.
Según
los testigos, los autores del doble plagio eran policías municipales vinculados
con algún grupo criminal.
Las
exclusiones
Liz
Sánchez Reyna, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
(CADHAC), organismo civil con sede en Monterrey, observa que en el caso de
Ayotzinapa el procurador Murillo Karam aceptó la participación de expertos e
instituciones de otros países, motivado por la presión internacional que le
exige a la administración de Peña Nieto presentar vivos a los normalistas.
Sin
embargo reprocha a las autoridades federales la exclusión de los familiares de
los estudiantes desaparecidos y a sus asesores del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez.
En
otros estados, dice la activista, algunos colegas les comentan que las
procuradurías locales tampoco atienden las denuncias. En Nuevo León, por
ejemplo, desde 2011 la procuraduría estatal se ha reunido con familiares de
desaparecidos y con representantes de organismos ciudadanos, como CADHAC y el
Grupo Amores, integrado por madres de víctimas, para reactivar las
investigaciones.
Gracias
a ello se localizaron 107 personas – 60 con vida y 47 muertas–. Sin embargo,
CADHAC tiene en su registro mil 275 casos de 2009 a la fecha.
Sánchez
Reyna lamenta que el gobierno de Peña Nieto haya actuado por motivos políticos
en el caso Ayotzinapa, mientras las decenas de miles de víctimas de los otros
estados están en el olvido.
Y
aun cuando han pasado cuatro meses de la desaparición de los normalistas
guerrerenses, otras 22 mil personas llevan años sin ser localizadas.
En
Nuevo León, según las estadísticas del Grupo Especializado de Búsqueda
Inmediata de la procuraduría estatal, creada en marzo de 2014 a instancias de
CADHAC, hasta noviembre de ese año recibieron mil 162 denuncias y localizaron a
mil 35 personas, aunque se desconocen los detalles de los expedientes.
Irma
Leticia Hidalgo, activista del Fundenl y madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante
de la Universidad Autónoma de Nuevo León desaparecido el 11 de enero de 2011 en
el municipio de San Nicolás, estima que la desaparición de los 43 normalistas
guerrerenses ha sido un golpe muy duro para el Estado mexicano.
La
indignación generalizada por ese acto de barbarie despertó la conciencia
ciudadana y llamó la atención del mundo. La prensa internacional se fijó en
México y el gobierno de Peña Nieto no tuvo más remedio que emprender una
investigación.
Para
los familiares de los desaparecidos, dice Hidalgo, la Unidad Especial de
Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR es una oficina que no les ha
servido de nada. Por eso, son los mismos familiares los que han tenido que
emprender sus propias investigaciones, como lo hicieron los padres de los
normalistas.
En
Nuevo León las familias agrupadas en el Fundenl acordaron organizarse para
emprender por su cuenta la búsqueda de fosas clandestinas. Ya tienen
localizados algunos lugares donde sospechan que puede haber restos humanos y se
lo notificaron a la procuraduría estatal para que anexe el dato a los
expedientes y las acompañe el Ministerio Público cuando se realice alguna
excavación.
La
búsqueda de desaparecidos en México se convirtió en un tópico que ingresó a la
agenda nacional cuando el escritor Javier Sicilia organizó el Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad y encabezó las caravanas de la esperanza, entre
ellas la del 7 de junio de 2011, que recorrió varios estados para demandar a la
autoridad la correcta aplicación de la ley.
En
un acto masivo en la Plaza Colegio Civil, en el centro de Monterrey, Sicilia
cedió el micrófono a decenas de personas que durante horas expusieron sus
casos.
Poco
después de la medianoche de ese 7 de junio, acompañado de la religiosa Consuelo
Morales, fundadora de CADHAC, y familiares de los desaparecidos, Sicilia se
entrevistó con el entonces procurador de Justicia, Adrián de la Garza, quien se
comprometió a revisar y reactivar los expedientes.
El
funcionario cumplió. De entonces a la fecha ha habido 20 reuniones para revisar
expedientes.
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