Tamaulipas, bajo control del narco/

Revista  Proceso No. 1999, 21 de febrero de 2015/

Tamaulipas, bajo control del narco/JUAN ALBERTO CEDILLO

Investigadores y organizaciones ciudadanas del estado de Tamaulipas se quejan de las autoridades federales y estatales por la falta de una política de seguridad efectiva para frenar la violencia delincuencial en las ciudades fronterizas. Los grupos criminales han pasado de la economía ilegal a la economía informal y, pese a la presencia masiva de corporaciones policiacas, del Ejército y la Marina, sicarios y halcones ejercen un sigiloso o sanguinariamente ruidoso control sobre las actividades clave del estado.

 MATAMOROS, TAMPS.- El domingo 15 de febrero, en la reunión número 30 del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT), el gobernador Egidio Torre Cantú expuso ante los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Policía Federal los resultados de las acciones emprendidas desde el domingo 1 en los municipios fronterizos de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa.

 De acuerdo con el GCT, “se contabilizaron 23 reportes de enfrentamientos entre grupos delictivos en pugna (Ciclones y Metros) y en 18 de esos casos intervinieron las fuerzas estatales y federales que integran el Grupo de Coordinación; (además), fueron abatidos 31 delincuentes”. Durante ese periodo, los grupos delictivos realizaron 30 bloqueos en las localidades fronterizas de Valle Hermoso, Matamoros y Reynosa.

 No obstante, un oficial de la Octava Zona Militar confirma a Proceso que hubo alrededor de 70 bajas, aunque los testigos aseguran que muchos de los cuerpos no aparecieron porque sus compañeros se los llevaron para evitar que los identificaran.

 Al día siguiente, por enésima ocasión, las autoridades federales anunciaron su decisión de “fortalecer  las acciones” para combatir la endémica violencia que sufre la entidad y de inmediato enviaron más efectivos militares. Por la mañana se desplegaron por todas las calles de esta ciudad caravanas de vehículos artillados de la Marina, del Ejército y la Policía Federal para resguardar la reunión del GCT.

 En una céntrica calle, cerca del hotel donde se alojan los federales, ocho efectivos se colocaron sus chalecos y cascos antibalas y abordaron una camioneta de doble cabina con la caja blindada y con una metralleta calibre 50 montada sobre la cabina y empezaron a supervisar la zona.

 En un estacionamiento aledaño, dos hombres fingían revisar el motor de una camioneta Van mientras un halcón informaba por radio sobre el despliegue de las fuerzas federales. Desde horas antes, en los hoteles matamorenses de cuatro y cinco estrellas, otros halcones presionaron a los empleados para que les proporcionaran los registros de las personas que se hospedaron en ellos.

 En otras ciudades, como la capital tamaulipeca, los registros de los visitantes llegan al grupo criminal que controla la plaza a través del mando de la Secretaría de Seguridad llamado C4 (Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo), según un oficial consultado por el corresponsal. Antes, dice, ese trabajo lo realizaban agentes de tránsito al servicio del Cártel del Golfo o Los Zetas, con retenes a las entradas de las ciudades.

En las carreteras de esta ciudad fronteriza, como en las de Reynosa y la Frontera Chica, adolescentes armados suelen frecuentar las tiendas de conveniencia de las cadenas Oxxo y Súper 7 que se ubican en las estaciones de gasolina; van provistos de aparatos de radio frecuencia y celulares para comunicar los movimientos a sus jefes. Les reportan la entrada de camionetas sospechosas y escogen a los propietarios de vehículos lujosos para secuestrarlos o despojarlos de su unidad.

Ahora, las carreteras tamaulipecas son consideradas las más peligrosas del país. En la mayoría de ellas el tránsito de vehículos se suspende a partir de las cinco de la tarde. En la carretera federal 101 que conecta a Matamoros, San Fernando y Ciudad Victoria las líneas de autobuses tienen suspendidas sus corridas nocturnas, e incluso el transporte de carga evitar circular por las noches.

Frente a esa situación, los paisanos que vienen de Estados Unidos a visitar a sus familiares optaron por organizar caravanas con decenas de vehículos y solicitar a la Policía Federal y del Ejército que las escolten cuando transiten por tierras tamaulipecas.

Aquí, en Matamoros, la actividad  termina al caer la tarde. Los negocios cierran a partir de las 17:00 horas y la población se refugia en sus domicilios. La vida nocturna hace mucho que desapareció en la ciudad, en cuyo centro se observan decenas de negocios y casas abandonadas.

Monopolios criminales

Integrantes del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, así como oficiales del Ejército reiteran que las medidas del gobierno federal que se vienen aplicando desde la administración de Felipe Calderón han demostrado su ineficacia, por lo que piden ir más a fondo, como en Coahuila y Nuevo León, donde se desmantelaron  cientos de negocios ilegales como un primer paso para minar la penetración del crimen organizado en la sociedad.

En su dossier titulado Seguridad, justicia y paz, el Consejo Ciudadano sostiene que los jefes de los grupos criminales de Tamaulipas “quisieran tenerlo todo y tener a la gran mayoría de los integrantes de la población trabajando para ellos, en calidad de siervos o esclavos”.

El documento enumera la variedad de los negocios controlados por los cárteles que operan en el estado; son decenas de antros ubicados en las ciudades fronterizas, líneas de transporte público, yonques (deshuesaderos de autos), hoteles y tortillerías, entre otros. Además controlan la venta de cerveza y whisky, ya que son dueños de cantinas y bares. En Matamoros también dirigen la venta de chatarra, metales y cartón.

También saquean a gran escala los oleoductos de Pemex por donde se importan las gasolinas de la vecina ciudad de Brownsville; incluso tienen un popular mercado rodante en el cual ofrecen todo tipo de mercancía de contrabando y robada al transporte de carga. Cientos de policías federales y militares que durante el día combaten al crimen organizado acuden por las noches a esos negocios a consumir las mercancías que expenden.

Según investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, los grupos criminales están monopolizando los negocios de la economía informal para sumarlos a sus lucrativos negocios de la economía ilegal: tráfico de armas, trata de personas y  trasiego de drogas. Las cifras conservadoras de los investigadores señalan que al apropiarse de una parte de la economía informal, el crimen organizado sumó a sus filas al menos a 10% de la población.

Carlos Flores Pérez, integrante del CIESAS, cuestiona que se pretenda combatir a las nuevas mafias incrustadas en la sociedad con despliegues de fuerzas militares. Ese esquema se aplica desde el pasado sexenio de Felipe Calderón y hasta ahora no ha mostrado resultados. El investigador lamenta que el presidente Enrique Peña Nieto no cambie la estrategia por otra más eficaz para frenar la delincuencia organizada.

En su libro Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, que presentó a principios de noviembre de 2014, Flores Pérez señala que los operativos policiacos y militares en las regiones conflictivas del país sólo han sido paliativos que funcionan por tiempo limitado.

Ello se debe, sobre todo, según el autor, a que el Estado no ha profundizado acciones para combatir a los cómplices de cuello blanco de los criminales, tanto dentro del gobierno como entre los empresarios.

Capos como Osiel Cárdenas Guillén, Miguel Ángel Treviño Morales, Jorge Eduardo Costilla, El Coss, y el mismo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, por ejemplo,  mostraron que carecían de la estructura financiera para realizar grandes operaciones de lavado de dinero. Ahora, dice Flores, esta actividad la realizan los capos con cómplices que no han sido tocados.

Según el investigador del CIESAS, en el lucrativo negocio del saqueo de combustibles a Pemex participan trabajadores de la paraestatal, puesto que tienen los conocimientos y la capacitación técnica para robar a gran escala la gasolina y el diésel que luego se vende a empresas de Estados Unidos.

Y añade: las nuevas mafias que se han creado a partir de las pugnas en las cúpulas de los cárteles se han enquistado en la sociedad al diversificar sus negocios. Por lo tanto, los despliegues militares han resultado ineficaces para combatir a esos grupos.

Los integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal demandan a las autoridades “poner fin al saqueo de Pemex mediante una real investigación de los colaboradores de los grupos criminales dentro de la empresa”.

Negligencia

Para el oficial de la Octava Zona Militar consultado por Proceso Jalisco, el gobierno de Tamaulipas se ha negado a profundizar acciones contra el Cártel del Golfo y Los Zetas, debido a la complicidad de altos funcionarios con esos grupos.

Durante 2009, cuenta, fueron degollados nueve soldados en distintos bares y cantinas de la zona metropolitana de Monterrey que pertenecían al crimen organizado. Sus ejecutores los abandonaron en otros lugares para evitar que los relacionaran con los delincuentes. La comandancia de la Séptima Zona Militar mantuvo en secreto esos crímenes “para no desmoralizar a la tropa”.

Sin embargo, los mandos militares forzaron al gobierno de Rodrigo Medina a cerrar más de 30 antros, bares, locales de table dances y prostíbulos ilegales sobre la “alegre” calle Villagrán, en el primer cuadro de Monterrey. El propio Cártel del Golfo contribuyó a cerrar antros: en junio de 2011 ocho sicarios arribaron al bar Sabino Gordo y mataron a 21 personas, entre clientes, empleados y los guardias que cuidaban la entrada.

Semanas después, el Ejército realizó un amplio operativo en la calle Reforma del centro de la ciudad. El 19 de julio de 2011, por ejemplo, alrededor de 600 efectivos de la Sedena y la Marina, así como elementos de la Policía Federal y estatal, cerraron ocho cuadras para destruir  600 puestos fijos y semifijos donde Los Zetas distribuían artículos pirata y de contrabando.

En Coahuila, el gobierno de Rubén Moreira realizó varios operativos para clausurar y asegurar decenas de negocios relacionados con el crimen organizado. En Torreón y municipios de La Laguna se cerraron al menos 20 hoteles, 30 negocios de yonques, 19 centros de rehabilitación ilegales, así como decenas de bares y casinos. En Saltillo y otras ciudades del estado se instrumentaron medidas similares.

Pero en Tamaulipas las cosas son diferentes. Pese a la violencia creciente, las autoridades estatal y federal se niegan a emprender acciones radicales para frenar a los grupos criminales y garantizar la seguridad a la población. Aquí, según los académicos consultados y los integrantes del Consejo Ciudadano, el gobierno federal permite que las bandas continúen operando desde las  prisiones estatales, pues se niegan a trasladarlas a penales federales de alta seguridad.