La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Les informo que recibimos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, correspondiente a 2014.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Remítase este informe a la Comisión de Derechos Humanos.
Pasamos al siguiente asunto..." El organismo autónomo reporta que las mujeres recluidas padecen condiciones de maltrato que dificultan una vida digna y segura, para ellas y sus hijos que viven ahí. Asimismo, insuficiencia en las condiciones materiales de los centros de reclusión y falta de áreas para el acceso de servicios y actividades.
Además de deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, cobros y privilegios, prostitución, inadecuada separación y clasificación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, mala prestación del servicio médico, insuficiente personal de seguridad, anomalías en la supervisión, ausencia de modificaciones y adaptaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad física, inadecuada atención a las personas con discapacidad psicosocial e inexistencia de programas contra adicciones, entre otras irregularidades.
En los 77 establecimientos supervisados, de un total de 102 donde existe población mixta, se encuentran 11 mil 107 internas de las 12 mil 690 que hay en el país, lo que representa el 87.52 por ciento de la población total de mujeres internas, al mes de febrero del año pasado.
Del total de las recluidas en los centros penitenciarios, nueve mil 529 son del fuero común --cinco mil 019 bajo proceso y cuatro mil 510 sentenciadas--, mientras que las restantes tres mil 161 pertenecen al fuero federal --mil 866 bajo proceso y mil 295 sentenciadas--.
El reporte entregado por la CNDH al Senado de la República refiere que las internas señalaron, a través de encuestas anónimas, la práctica de diversos actos de maltrato físico y psicológico, tales como amenazas y golpes, así como humillaciones y tratos discriminatorios, infligidos por el personal directivo, técnico y/o de custodia. Incluso, en el centro de reclusión de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, varias internas encuestadas señalaron que fueron víctimas de abusos de tipo sexual.
La CNDH determinó que dichas irregularidades contravienen normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal, la reinserción social, así como de quienes pertenecen a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad física o psicosocial, o presentan adicciones.
Estas anomalías, señala, hacen evidente un trato discriminatorio derivado de la falta de una atención adecuada por parte de los gobiernos estatales y federal, a sus necesidades particulares, incumpliendo con la obligación que tiene el Estado mexicano de adoptar las medidas necesarias para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden, en su calidad de internas.
El informe sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana fue remitido a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República
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