Las
omisiones de Osorio Chong/JESUSA CERVANTES Y SANTIAGO IGARTÚA
Revista
Proceso No 2007, 18 de abril de 2015
El
reportaje “El gusto de vivir en las Lomas” (Proceso 2006) consigna que Miguel
Ángel Osorio Chong respondió a un cuestionamiento de los autores de la
investigación y que negó ser propietario de las casas de Bosque de Manzanos
333-C y Paseo de las Palmas 1380. Sólo publicamos que hubo por lo menos un
aviso de compraventa de esta última residencia por parte de la esposa del
secretario de Gobernación y directora nacional del DIF, Laura Ibernia Vargas
Carrillo. En una carta dirigida a la revista –y que él mismo difundió en redes
sociales y medios de comunicación afines–, Osorio Chong sigue sin responder a
cuestiones fundamentales, como la existencia del aviso de compraventa y el
hecho de que el propietario de las casas sea un contratista beneficiado por él
cuando fue gobernador de Hidalgo. También omitió precisar a quién, cuánto y de
qué forma ha pagado por el arrendamiento de las residencias.
Dos
meses antes de ocupar la que habita actualmente, publicó este semanario, la
esposa del funcionario inició el proceso de compraventa con un crédito
hipotecario a su nombre para pagarla, como consta en el oficio con folio
9434699 del Registro Público de la Propiedad.
La
nueva ley establece que los aspirantes a notarios deben ser originarios del
estado. De Gómez Monroy se desconocen el lugar de nacimiento y la fecha exacta
en la cual se le otorgó la patente, pues del Periódico Oficial de Hidalgo sólo
se pueden consultar los ejemplares a partir de 2014.
La
página de internet de la Notaría 19 de Hidalgo está desactivada.
Sólo
es público que concluyó la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma
del Estado de México en 1992 y obtuvo la cédula profesional 1735011; después
estudió una maestría de derecho corporativo en la Universidad Anáhuac del
Estado de México en 2005 y recibió la cédula 4605042.
El
miércoles 15 Proceso preguntó en la notaría de Gómez Monroy “cuál es el estado
en que se encuentra la operación de compraventa” de la casa de Palmas. Al
cierre de esta edición no había respuesta.
Consultados
por este semanario, especialistas explicaron que un notario inscribe el “primer
aviso preventivo” para determinar la jerarquía en los derechos que gravitan
sobre el bien inmueble y “asegurar los intereses de las partes que estén
involucradas”. Su duración es de “60 días naturales”.
Lo
anterior significa que si la esposa de Osorio Chong lo inscribió el 29 de mayo
de 2014, para agosto de 2014, cuando llegó a vivir al lugar, el aviso había
fenecido. Si ya no compraría la casa, ¿por qué instalarse en ella y mantenerse
ahí hasta la fecha? ¿Por qué no mostrar el contrato de arrendamiento para
certificar que no es con opción a compra?
Luego
del “aviso preventivo” el notario realiza el “aviso de otorgamiento”, mediante
el cual se documenta la operación; pero es a criterio de éste hacerlo y “puede
darse el caso de que no se haya dado el aviso de otorgamiento; que tampoco se
haya presentado el testimonio de la escritura pública a su registro”. La
consecuencia es que el aviso preventivo no surte efectos ante otros
compradores.
Operador
político y pariente
A
Gómez Monroy se suma otro personaje ligado con Osorio Chong y su casa de
Palmas: se trata de Víctor Hugo Velasco Orozco. Es hermano de Javier Velasco
Orozco, quien junto con el primo de ambos, Carlos Aniano Sosa Velasco, creó la
empresa Construcciones Sky Universal, SA de CV.
La
historia se remonta a 1999, cuando Osorio Chong llegó a la Secretaría de
Gobierno en Hidalgo. Nombró entonces a Víctor Hugo Velasco Orozco su secretario
particular, cargo que éste mantuvo durante el tiempo en que su jefe fue
diputado federal (2003- 2005) y gobernador (2005-2011).
Cuando
Osorio Chong concluyó su mandato en Hidalgo, impulsó al primo de su
contratista, Víctor Hugo, para obtener una diputación federal. Dos días después
de que Proceso publicara su investigación sobre las dos residencias que hizo
suyas el secretario, el legislador hidalguense pidió licencia a su cargo.
El
primo de Sosa Velasco, el legislador con licencia Velasco Orozco, no ha tenido
empacho en adular a su jefe Osorio. “Es mi amigo, es mi jefe y, bueno, yo lo
admiro por la trayectoria que siempre ha tenido. Porque es una persona que
empezó desde muy abajo y vemos ahorita dónde está”, declaró al portal
ADNpolítico.com luego de rendir protesta al cargo en 2012.
Los
Sosa Velasco no sólo han dado un salto como proveedores federales; también
lograron entrar a la nómina federal, pues el hermano de Carlos Aniano, Emanuel,
es hoy en Hidalgo delegado del Fideicomiso de Riesgo Compartido, instancia
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, que maneja montos millonarios para asegurar las cosechas y
programas ganaderos.
MNM,
la beneficiada
Mientras
Osorio Chong llegaba a la Secretaría de Gobernación y una parte de la familia
Sosa Velasco entraba a la nómina federal, MNM MKDO Inmobiliario, SA de CV, de
Carlos Aniano, lograba permisos y concesiones marítimas federales.
Con
el expediente 636/GRO/2010, en 2010 inició el trámite para que su empresa MNM
MKDO Inmobiliario recibiera una concesión que le permitiera explotar una franja
de playa en Acapulco, Guerrero. Solicitó un permiso más para “desincorporar
terrenos ganados al mar”. Este último lo obtuvo el 28 de agosto de 2014.
En
2013 MNM MKDO Inmobiliario demandó una concesión más para explotar otra franja
de playa en Acapulco con el expediente 346/GRO/2013, la cual le fue otorgada el
27 de junio de 2013. Este acto resultó de beneficio para el arrendatario de
Osorio Chong, toda vez que apenas el 21 de diciembre de 2011 había construido
un conjunto habitacional ubicado en la zona más exclusiva de Acapulco: el
conjunto residencial Diamante Turquesa.
Si
bien el centro de operaciones de MNM MKDO es Acapulco, en el Distrito Federal
tiene de 2012 a la fecha un solo permiso de demolición fechado el 2 de abril de
2012; uno para construir obra nueva del 5 de mayo de 2012 y una autorización
para ocupar una residencia a partir del 16 de abril de 2013.
Los
permisos localizados en la página de internet de la delegación Miguel Hidalgo
coinciden en fechas con las versiones de algunos vecinos de Paseo de las Palmas
1380, quienes detallaron el derribo y construcción del lugar, así como su preocupación
manifiesta ante los encargados de la obra por la edificación de un complejo de
oficinas.
Hace
dos años, relataron vecinos de Palmas 1380, “llegó a nosotros una mujer
alegando ser representante del señor Osorio Chong; ella nos tranquilizó cuando
aseguró que se trataba de una casa y no de un edificio”.
Así
como MNM MKDO ha conseguido en la administración federal las concesiones y
permisos solicitados desde 2010, las otras empresas de Carlos Aniano han
alcanzado grandes beneficios. Sus logros coinciden con la llegada de Osorio
Chong a la Secretaría de Gobernación, pero también con la asignación de
contratos en el estado de Hidalgo. Aunque los recursos salen del gobierno
federal, son las delegaciones de la SCT, la Conagua y el IMSS en Hidalgo las receptoras
de los mismos.
Durante
2013 y 2014 tanto Construcciones Sky Universal como Grupo Constructor
Tulancingo, empresas hermanas de MNM MKDO, lograron obtener ingresos por 881
millones 92 mil 202 pesos por parte del gobierno federal, especialmente redituables
para el estado de Hidalgo.
Por
ejemplo, sólo en lo que atañe a las obras que realizaron en los tramos
carreteros de Pachuca-Villa de Tezontepec, Jorobas-Tula, Coachoapa-Lindavista,
así como las efectuadas en el Río Salado, Canal Requena de Tula o la propia
capital del estado, recibieron 370 millones de pesos.
Los
contratos de obra para las carreteras México-Puebla, México-Querétaro y
México-Cuernavaca, logrados por Construcciones Sky Universal, alcanzaron por su
parte 511 millones 111 mil 378 pesos.
En
la administración estatal de Osorio Chong (2005-2011) Construcciones Sky
Universal creció desmesuradamente. Según sus reportes al Registro Público, en
2005 Carlos Aniano Sosa Velasco y su primo Francisco Javier Velasco Orozco
contaban con un capital de 7 millones 570 mil pesos.
Dos
años más tarde la empresa llegó a una base de 70 millones de pesos.
T
res
especialistas en transparencia consultadas por este semanario coinciden en un
punto: la necesidad de investigar el posible conflicto de interés en el que
pudo haber incurrido el secretario de Gobernación.
“El
que haya rentado no lo exime de un posible conflicto de interés”, explica
Jaqueline Peschard. Para saberlo, dice, deberían contrastarse los contratos de
arrendamiento con los precios de mercado. “Si a partir de la relación con el
contratista se las dieron más baratas (las rentas), sí podría (haber conflicto
de interés)”.
Para
Lourdes Morales, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), la fórmula que se ha venido repitiendo en este sexenio –contratistas
federales de obra que facilitan viviendas a los gobernantes– podría
“perfectamente” encajar en la definición de conflicto de interés.
“Merecería
una investigación más profunda. En el tema de obras y de la relación sector
público-sector privado habría que afinar los mecanismos de seguimiento y de las
operaciones que se hacen con funcionarios para evitar conflictos de interés.
“Hay
una duda fundada (en el caso de Osorio). Todo esto se podría despejar si da más
información. Así se clarificaría si hay conflicto de interés o no. Creo que es
un caso grave, como la Casa Blanca es un caso grave y las explicaciones que han
dado son muy deficientes. Aquí estamos hablando de una noción básica de
rendición de cuentas que no tenemos”, puntualiza Morales.
Mariana
Campos, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México
Evalúa, señala que entre otras cosas el conflicto de interés se puede
configurar cuando las acciones de los funcionarios están ligadas a un interés
personal secundario.
Peschard
agrega: “Esto se da cuando se entrelazan las funciones públicas para obtener
algún tipo de beneficio privado”.
“Hay
una costumbre muy arraigada de uso patrimonial de recursos públicos. El
problema es que no está tipificada, claramente establecida, que lo deja a la
discrecionalidad de los funcionarios”, lamenta la excomisionada presidenta del
IFAI.
La
directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), Lourdes Morales,
refiere: “No tenemos un sistema de responsabilidades en México que lleve a la
corrección del problema ni a la sanción. Es decir, los incentivos que hay para
cometer conflictos de interés son mucho más fuertes que para no cometerlos.
Inclusive hay un tipo de corrupción que podríamos decir que es legal, por las
fugas que hay en la ley.
“Yo
no descarto que muchos de los comportamientos de funcionarios del gabinete sean
por el aprendizaje que tuvieron al gobernar en sus estados. Entidades en donde
no hay suficientes contrapesos, en donde no hay un periodismo crítico, la
mayoría están cooptados por los gobernadores, y entidades donde hay una
sociedad civil mucho más débil de lo que podemos encontrar en otros lados. El
mensaje es muy grave. Lo pueden hacer (incurrir en conflictos de interés)
porque no hay consecuencias”.
Para
Mariana Campos “claramente deberían existir más controles para que no queden a
discrecionalidad” los posibles conflictos de interés. Sin embargo, sostiene, en
el país hay una “resistencia política enorme” a abrir esta información.
En
la propuesta que la RRC presentó para elaborar la Ley Anticorrupción que
estaría por promulgarse, se lee:
“La
corrupción se ha convertido en el fenómeno más controvertido de este sexenio.
(…) La falta de una respuesta institucional articulada y completa ha favorecido
que el tema se haya extendido en los medios y las redes sociales.”
Rendición
de cuentas
Para
la directora de la RRC, el asunto medular es la renuencia de los funcionarios
mexicanos a rendir cuentas.
“Nuestra
gran debilidad es que todavía no tenemos una política de rendición de cuentas,
que muchas veces se confunde con transparencia. Es decir: podemos tener más
acceso a la información y la prueba es que nos enteramos de estas casas, pero
no hay consecuencias ni explicaciones a la ciudadanía.
A
Morales le parece insuficiente la simple aclaración del secretario Osorio Chong
limitándose a negar la propiedad de las casas. “La respuesta (del secretario)
no da más tranquilidad, sobre todo con los antecedentes que tenemos. Si el
secretario de Hacienda dijo en su caso que estaba tranquilo (en lo que respecta
a su casa en Malinalco), pues qué bueno que esté tranquilo, pero éstas son
burlas a la ciudadanía.
“Yo
no estoy acusando al secretario Osorio Chong. Él dice que ésa no es su casa,
pero no da más explicaciones. Si quiere dar certeza, que dé explicaciones de su
actuar a la ciudadanía. Es lo que se está pidiendo en este caso. Ante las
exigencias ciudadanas, la falta de sensibilidad ha caracterizado a este
gobierno.”, dice Lourdes Morales.
Empresas
irregulares
Fantasmales,
las empresas de Sosa Velasco –que aparecen al final en las cadenas de
compraventa de las casas facilitadas a Osorio Chong– son muestra de la laxitud
con la que son certificados los proveedores de los gobiernos estatales y del
federal.
Según
Peschard, esa ha sido una deficiencia de las secretarías de la Función Pública,
Hacienda y Economía.
“Se
requiere identificar con claridad la recurrencia con la cual se favorece a
ciertos tipos de empresas y ver si los dueños de esas empresas han tenido algún
tipo de relación personal con los funcionarios, como las que se han encontrado.
Ahí es donde está el posible conflicto de interés”, dice Peschard.
Declaraciones
patrimoniales
Desde
que es funcionaria federal, la esposa de Miguel Ángel Osorio Chong, Laura
Ibernia Vargas Carrillo, “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.
El
secretario, por su parte, dio cuenta de cuatro terrenos a su nombre pagados de
contado –sin ubicación ni monto de las operaciones–, un palco en el estadio del
club de futbol Pachuca y cinco referencias bancarias.
Detonado
por el equipo de investigación de Carmen Aristegui el asunto de la Casa Blanca
presidencial de las Lomas de Chapultepec, situada a unos metros de la
residencia del secretario de Gobernación, éste se comprometió públicamente el
27 de noviembre de 2014 a ampliar su declaración patrimonial, como entonces se
vio obligado a hacerlo el presidente de la República.
“El
secretario de Gobernación lo hará. Sí, no tengo ningún problema”, dijo a José
Cárdenas en su programa radial. No cumplió. Por el contrario, decidió omitir
los bienes en resguardo de su esposa, publicando una declaración incompleta.
La
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
obliga a proporcionar información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro
tipo, de los servidores públicos y sus cónyuges.
“La
abrió a medias. Los servidores públicos tienen la obligación de entregar
completa su declaración patrimonial a la Función Pública. Los ingresos de él,
de su cónyuge y de sus dependientes económicos. Tiene que decir si tienen algún
tipo de crédito (a nombre de la mujer), si tiene deudas, así estén casados por
separación de bienes. Pueden hacerlas públicas o no, ocultar lo que quieran y
mostrar lo que les parezca”, explica Peschard, aunque aclara que un servidor
público tiene la facultad de elegir qué hace público. “Y es lo que hace
Osorio”.
Respecto
a los contratos de arrendamiento, Lourdes Morales piensa que podrían incluirse
en el artículo 44 de la misma ley: “Para los efectos de la Ley y de la
legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores
públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban
o de los que disponga su cónyuge…
“El
problema no es si renta o no. El problema es la resistencia a que cada vez que
aparece una iniciativa para abrir esto al escrutinio público, lo cierran los
propios legisladores”, dice la directora de la RRC y lamenta que en las
reformas en materia de transparencia no se haya incluido la obligación de
divulgar las declaraciones y “evitar posibles enriquecimientos inexplicables”.
Añade:
“Una de las batallas que dimos en la aprobación de la Ley General de
Transparencia que se discutió en el Congreso fue la publicidad de la
declaración patrimonial, la de interés y la de impuestos. No quisieron. Sólo
ocho gobernadores, cuatro diputados y cuatro senadores aceptaron hacerlo”.
En
comparación, Mariana Campos indica que hay una ley modelo de la OEA que dice
que los funcionarios tienen que incluir declaración de interés, ingresos
activos y pasivos, en donde venga toda la información de créditos y deudas
hipotecarias.
Peschard
asegura que en “aras de la transparencia”, lo ideal sería que los funcionarios
hicieran públicas la declaración de conflictos de interés, la declaración de
impuestos y la declaración patrimonial. Por eso lucharon por que se incluyera
en el sistema nacional anticorrupción, sin éxito.
Explica
que en la actualidad la única que se hace pública voluntariamente es la
patrimonial. Y si uno compara la patrimonial con la de impuestos, lo que se
tiene y lo que se gasta, sería una manera de identificar si hay una consistencia
en las declaraciones.
Pero
aclara: De lo que se tenía en la primera iniciativa del Ejecutivo a lo que se
tiene ahora hay años luz de distancia. Esto tiene que ver con una mayor
exigencia social.
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