Las omisiones de Osorio Chong

Las omisiones de Osorio Chong/JESUSA CERVANTES Y SANTIAGO IGARTÚA

Revista Proceso No 2007, 18 de abril de 2015

El reportaje “El gusto de vivir en las Lomas” (Proceso 2006) consigna que Miguel Ángel Osorio Chong respondió a un cuestionamiento de los autores de la investigación y que negó ser propietario de las casas de Bosque de Manzanos 333-C y Paseo de las Palmas 1380. Sólo publicamos que hubo por lo menos un aviso de compraventa de esta última residencia por parte de la esposa del secretario de Gobernación y directora nacional del DIF, Laura Ibernia Vargas Carrillo. En una carta dirigida a la revista –y que él mismo difundió en redes sociales y medios de comunicación afines–, Osorio Chong sigue sin responder a cuestiones fundamentales, como la existencia del aviso de compraventa y el hecho de que el propietario de las casas sea un contratista beneficiado por él cuando fue gobernador de Hidalgo. También omitió precisar a quién, cuánto y de qué forma ha pagado por el arrendamiento de las residencias.

 En su edición 2006, Proceso documentó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo suyas dos casas en unas de las zonas de mayor plusvalía del país: una en Bosque de Manzanos 333-C, con un valor aproximado de 60 millones de pesos, y otra situada en Paseo de las Palmas 1380, a unos metros de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Ambas fueron provistas por su contratista consentido, Carlos Aniano Sosa Velasco.

 Pocas horas antes de la publicación de esa edición de Proceso, y en carta enviada al semanario, Osorio Chong aceptó que la primera fue su casa de agosto de 2011 a junio de 2014, en tanto que la segunda, aseguró, es su residencia desde julio de 2014 hasta la fecha.

Dos meses antes de ocupar la que habita actualmente, publicó este semanario, la esposa del funcionario inició el proceso de compraventa con un crédito hipotecario a su nombre para pagarla, como consta en el oficio con folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad.

 Con fecha de registro de 29 de mayo de 2014, el documento dice: “primer aviso preventivo de compraventa y apertura de crédito con garantía hipotecaria ante el notario Lic. Gustavo Teodoro Gómez Monroy, notario 19 del Distrito de Pachuca, Hidalgo. Adquirente y deudor: Laura Ibernia Vargas Carrillo. Acreedor: Banco Mercantil del Norte, SA.”

 Sin más respaldo que sus aseveraciones, Miguel Ángel Osorio Chong aseguró en su carta haberse hecho de las casas bajo un contrato de arrendamiento; pero omitió referirse a los datos centrales del reportaje:

 Evitó presentar copias de los contratos de arrendamiento que dieran fe de la operación, y no aclaró si el presunto contrato de arrendamiento –con un monto no precisado– es con opción a compra o está registrado en sus declaraciones de impuestos.

 Tampoco detalló en qué fase suspendió el proceso de compraventa del inmueble ubicado en Paseo de las Palmas 1380, iniciado el 29 de mayo de 2014, como consta en el documento con folio número 9434699 del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, del que dio fe el notario Gómez Monroy y en el que Vargas Carrillo –cuyos bienes patrimoniales el funcionario federal mantiene en las sombras– aparece como adquiriente.

 Escondió asimismo la relación que mantiene con Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de Construcciones Sky y MNM MKDO Inmobiliario y eludió disipar dudas sobre un posible conflicto de interés al habitar dos propiedades del contratista del gobierno federal y del de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador.

 Puesto que había más dudas que certezas en su carta, Proceso solicitó una entrevista con el secretario de Gobernación. No la concedió. A lo largo de la semana se buscó a Carlos Aniano Sosa Velasco en sus oficinas. Nunca respondió. Se buscó al notario 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy. No apareció. Por cuestiones de “agenda”, a lo largo de una semana el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, no respondió las llamadas de los reporteros.

 Patentes notariales

 El notario 19 que a nombre del estado de Hidalgo certificó el arranque de la operación de compraventa de la casa de Palmas 1380 por parte de Vargas Carrillo es integrante del grupo de abogados que recibió patentes notariales de manos del entonces gobernador Osorio Chong, según datos del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental de Hidalgo dados a conocer por diarios locales.

 Gómez Monroy recibió su patente en el último tramo de la administración de Osorio Chong, pero no inició sus funciones sino hasta el 1 de noviembre de 2011. Antes, el 25 de enero de 2010, el entonces gobernador modificó la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo, con lo que permitió un aumento en el número de este tipo de entidades.

La nueva ley establece que los aspirantes a notarios deben ser originarios del estado. De Gómez Monroy se desconocen el lugar de nacimiento y la fecha exacta en la cual se le otorgó la patente, pues del Periódico Oficial de Hidalgo sólo se pueden consultar los ejemplares a partir de 2014.

La página de internet de la Notaría 19 de Hidalgo está desactivada.

Sólo es público que concluyó la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México en 1992 y obtuvo la cédula profesional 1735011; después estudió una maestría de derecho corporativo en la Universidad Anáhuac del Estado de México en 2005 y recibió la cédula 4605042.

El miércoles 15 Proceso preguntó en la notaría de Gómez Monroy “cuál es el estado en que se encuentra la operación de compraventa” de la casa de Palmas. Al cierre de esta edición no había respuesta.

Consultados por este semanario, especialistas explicaron que un notario inscribe el “primer aviso preventivo” para determinar la jerarquía en los derechos que gravitan sobre el bien inmueble y “asegurar los intereses de las partes que estén involucradas”. Su duración es de “60 días naturales”.

Lo anterior significa que si la esposa de Osorio Chong lo inscribió el 29 de mayo de 2014, para agosto de 2014, cuando llegó a vivir al lugar, el aviso había fenecido. Si ya no compraría la casa, ¿por qué instalarse en ella y mantenerse ahí hasta la fecha? ¿Por qué no mostrar el contrato de arrendamiento para certificar que no es con opción a compra?

Luego del “aviso preventivo” el notario realiza el “aviso de otorgamiento”, mediante el cual se documenta la operación; pero es a criterio de éste hacerlo y “puede darse el caso de que no se haya dado el aviso de otorgamiento; que tampoco se haya presentado el testimonio de la escritura pública a su registro”. La consecuencia es que el aviso preventivo no surte efectos ante otros compradores.

Operador político y pariente

A Gómez Monroy se suma otro personaje ligado con Osorio Chong y su casa de Palmas: se trata de Víctor Hugo Velasco Orozco. Es hermano de Javier Velasco Orozco, quien junto con el primo de ambos, Carlos Aniano Sosa Velasco, creó la empresa Construcciones Sky Universal, SA de CV.

La historia se remonta a 1999, cuando Osorio Chong llegó a la Secretaría de Gobierno en Hidalgo. Nombró entonces a Víctor Hugo Velasco Orozco su secretario particular, cargo que éste mantuvo durante el tiempo en que su jefe fue diputado federal (2003- 2005) y gobernador (2005-2011).

Cuando Osorio Chong concluyó su mandato en Hidalgo, impulsó al primo de su contratista, Víctor Hugo, para obtener una diputación federal. Dos días después de que Proceso publicara su investigación sobre las dos residencias que hizo suyas el secretario, el legislador hidalguense pidió licencia a su cargo.

El primo de Sosa Velasco, el legislador con licencia Velasco Orozco, no ha tenido empacho en adular a su jefe Osorio. “Es mi amigo, es mi jefe y, bueno, yo lo admiro por la trayectoria que siempre ha tenido. Porque es una persona que empezó desde muy abajo y vemos ahorita dónde está”, declaró al portal ADNpolítico.com luego de rendir protesta al cargo en 2012.

Los Sosa Velasco no sólo han dado un salto como proveedores federales; también lograron entrar a la nómina federal, pues el hermano de Carlos Aniano, Emanuel, es hoy en Hidalgo delegado del Fideicomiso de Riesgo Compartido, instancia dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que maneja montos millonarios para asegurar las cosechas y programas ganaderos.

MNM, la beneficiada

Mientras Osorio Chong llegaba a la Secretaría de Gobernación y una parte de la familia Sosa Velasco entraba a la nómina federal, MNM MKDO Inmobiliario, SA de CV, de Carlos Aniano, lograba permisos y concesiones marítimas federales.

Con el expediente 636/GRO/2010, en 2010 inició el trámite para que su empresa MNM MKDO Inmobiliario recibiera una concesión que le permitiera explotar una franja de playa en Acapulco, Guerrero. Solicitó un permiso más para “desincorporar terrenos ganados al mar”. Este último lo obtuvo el 28 de agosto de 2014.

En 2013 MNM MKDO Inmobiliario demandó una concesión más para explotar otra franja de playa en Acapulco con el expediente 346/GRO/2013, la cual le fue otorgada el 27 de junio de 2013. Este acto resultó de beneficio para el arrendatario de Osorio Chong, toda vez que apenas el 21 de diciembre de 2011 había construido un conjunto habitacional ubicado en la zona más exclusiva de Acapulco: el conjunto residencial Diamante Turquesa.

Si bien el centro de operaciones de MNM MKDO es Acapulco, en el Distrito Federal tiene de 2012 a la fecha un solo permiso de demolición fechado el 2 de abril de 2012; uno para construir obra nueva del 5 de mayo de 2012 y una autorización para ocupar una residencia a partir del 16 de abril de 2013.

Los permisos localizados en la página de internet de la delegación Miguel Hidalgo coinciden en fechas con las versiones de algunos vecinos de Paseo de las Palmas 1380, quienes detallaron el derribo y construcción del lugar, así como su preocupación manifiesta ante los encargados de la obra por la edificación de un complejo de oficinas.

Hace dos años, relataron vecinos de Palmas 1380, “llegó a nosotros una mujer alegando ser representante del señor Osorio Chong; ella nos tranquilizó cuando aseguró que se trataba de una casa y no de un edificio”.

Así como MNM MKDO ha conseguido en la administración federal las concesiones y permisos solicitados desde 2010, las otras empresas de Carlos Aniano han alcanzado grandes beneficios. Sus logros coinciden con la llegada de Osorio Chong a la Secretaría de Gobernación, pero también con la asignación de contratos en el estado de Hidalgo. Aunque los recursos salen del gobierno federal, son las delegaciones de la SCT, la Conagua y el IMSS en Hidalgo las receptoras de los mismos.

Durante 2013 y 2014 tanto Construcciones Sky Universal como Grupo Constructor Tulancingo, empresas hermanas de MNM MKDO, lograron obtener ingresos por 881 millones 92 mil 202 pesos por parte del gobierno federal, especialmente redituables para el estado de Hidalgo.

Por ejemplo, sólo en lo que atañe a las obras que realizaron en los tramos carreteros de Pachuca-Villa de Tezontepec, Jorobas-Tula, Coachoapa-Lindavista, así como las efectuadas en el Río Salado, Canal Requena de Tula o la propia capital del estado, recibieron 370 millones de pesos.

Los contratos de obra para las carreteras México-Puebla, México-Querétaro y México-Cuernavaca, logrados por Construcciones Sky Universal, alcanzaron por su parte 511 millones 111 mil 378 pesos.

En la administración estatal de Osorio Chong (2005-2011) Construcciones Sky Universal creció desmesuradamente. Según sus reportes al Registro Público, en 2005 Carlos Aniano Sosa Velasco y su primo Francisco Javier Velasco Orozco contaban con un capital de 7 millones 570 mil pesos.

Dos años más tarde la empresa llegó a una base de 70 millones de pesos.

T

res especialistas en transparencia consultadas por este semanario coinciden en un punto: la necesidad de investigar el posible conflicto de interés en el que pudo haber incurrido el secretario de Gobernación.

“El que haya rentado no lo exime de un posible conflicto de interés”, explica Jaqueline Peschard. Para saberlo, dice, deberían contrastarse los contratos de arrendamiento con los precios de mercado. “Si a partir de la relación con el contratista se las dieron más baratas (las rentas), sí podría (haber conflicto de interés)”.

Para Lourdes Morales, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la fórmula que se ha venido repitiendo en este sexenio –contratistas federales de obra que facilitan viviendas a los gobernantes– podría “perfectamente” encajar en la definición de conflicto de interés.

“Merecería una investigación más profunda. En el tema de obras y de la relación sector público-sector privado habría que afinar los mecanismos de seguimiento y de las operaciones que se hacen con funcionarios para evitar conflictos de interés.

“Hay una duda fundada (en el caso de Osorio). Todo esto se podría despejar si da más información. Así se clarificaría si hay conflicto de interés o no. Creo que es un caso grave, como la Casa Blanca es un caso grave y las explicaciones que han dado son muy deficientes. Aquí estamos hablando de una noción básica de rendición de cuentas que no tenemos”, puntualiza Morales.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señala que entre otras cosas el conflicto de interés se puede configurar cuando las acciones de los funcionarios están ligadas a un interés personal secundario.

Peschard agrega: “Esto se da cuando se entrelazan las funciones públicas para obtener algún tipo de beneficio privado”.

“Hay una costumbre muy arraigada de uso patrimonial de recursos públicos. El problema es que no está tipificada, claramente establecida, que lo deja a la discrecionalidad de los funcionarios”, lamenta la excomisionada presidenta del IFAI.

La directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), Lourdes Morales, refiere: “No tenemos un sistema de responsabilidades en México que lleve a la corrección del problema ni a la sanción. Es decir, los incentivos que hay para cometer conflictos de interés son mucho más fuertes que para no cometerlos. Inclusive hay un tipo de corrupción que podríamos decir que es legal, por las fugas que hay en la ley.

“Yo no descarto que muchos de los comportamientos de funcionarios del gabinete sean por el aprendizaje que tuvieron al gobernar en sus estados. Entidades en donde no hay suficientes contrapesos, en donde no hay un periodismo crítico, la mayoría están cooptados por los gobernadores, y entidades donde hay una sociedad civil mucho más débil de lo que podemos encontrar en otros lados. El mensaje es muy grave. Lo pueden hacer (incurrir en conflictos de interés) porque no hay consecuencias”.

Para Mariana Campos “claramente deberían existir más controles para que no queden a discrecionalidad” los posibles conflictos de interés. Sin embargo, sostiene, en el país hay una “resistencia política enorme” a abrir esta información.

En la propuesta que la RRC presentó para elaborar la Ley Anticorrupción que estaría por promulgarse, se lee:

“La corrupción se ha convertido en el fenómeno más controvertido de este sexenio. (…) La falta de una respuesta institucional articulada y completa ha favorecido que el tema se haya extendido en los medios y las redes sociales.”

Rendición de cuentas

Para la directora de la RRC, el asunto medular es la renuencia de los funcionarios mexicanos a rendir cuentas.

“Nuestra gran debilidad es que todavía no tenemos una política de rendición de cuentas, que muchas veces se confunde con transparencia. Es decir: podemos tener más acceso a la información y la prueba es que nos enteramos de estas casas, pero no hay consecuencias ni explicaciones a la ciudadanía.

A Morales le parece insuficiente la simple aclaración del secretario Osorio Chong limitándose a negar la propiedad de las casas. “La respuesta (del secretario) no da más tranquilidad, sobre todo con los antecedentes que tenemos. Si el secretario de Hacienda dijo en su caso que estaba tranquilo (en lo que respecta a su casa en Malinalco), pues qué bueno que esté tranquilo, pero éstas son burlas a la ciudadanía.

“Yo no estoy acusando al secretario Osorio Chong. Él dice que ésa no es su casa, pero no da más explicaciones. Si quiere dar certeza, que dé explicaciones de su actuar a la ciudadanía. Es lo que se está pidiendo en este caso. Ante las exigencias ciudadanas, la falta de sensibilidad ha caracterizado a este gobierno.”, dice Lourdes Morales.

Empresas irregulares

Fantasmales, las empresas de Sosa Velasco –que aparecen al final en las cadenas de compraventa de las casas facilitadas a Osorio Chong– son muestra de la laxitud con la que son certificados los proveedores de los gobiernos estatales y del federal.

Según Peschard, esa ha sido una deficiencia de las secretarías de la Función Pública, Hacienda y Economía.

“Se requiere identificar con claridad la recurrencia con la cual se favorece a ciertos tipos de empresas y ver si los dueños de esas empresas han tenido algún tipo de relación personal con los funcionarios, como las que se han encontrado. Ahí es donde está el posible conflicto de interés”, dice Peschard.

Declaraciones patrimoniales

Desde que es funcionaria federal, la esposa de Miguel Ángel Osorio Chong, Laura Ibernia Vargas Carrillo, “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.

El secretario, por su parte, dio cuenta de cuatro terrenos a su nombre pagados de contado –sin ubicación ni monto de las operaciones–, un palco en el estadio del club de futbol Pachuca y cinco referencias bancarias.

Detonado por el equipo de investigación de Carmen Aristegui el asunto de la Casa Blanca presidencial de las Lomas de Chapultepec, situada a unos metros de la residencia del secretario de Gobernación, éste se comprometió públicamente el 27 de noviembre de 2014 a ampliar su declaración patrimonial, como entonces se vio obligado a hacerlo el presidente de la República.

“El secretario de Gobernación lo hará. Sí, no tengo ningún problema”, dijo a José Cárdenas en su programa radial. No cumplió. Por el contrario, decidió omitir los bienes en resguardo de su esposa, publicando una declaración incompleta.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obliga a proporcionar información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, de los servidores públicos y sus cónyuges.

“La abrió a medias. Los servidores públicos tienen la obligación de entregar completa su declaración patrimonial a la Función Pública. Los ingresos de él, de su cónyuge y de sus dependientes económicos. Tiene que decir si tienen algún tipo de crédito (a nombre de la mujer), si tiene deudas, así estén casados por separación de bienes. Pueden hacerlas públicas o no, ocultar lo que quieran y mostrar lo que les parezca”, explica Peschard, aunque aclara que un servidor público tiene la facultad de elegir qué hace público. “Y es lo que hace Osorio”.

Respecto a los contratos de arrendamiento, Lourdes Morales piensa que podrían incluirse en el artículo 44 de la misma ley: “Para los efectos de la Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que disponga su cónyuge…

“El problema no es si renta o no. El problema es la resistencia a que cada vez que aparece una iniciativa para abrir esto al escrutinio público, lo cierran los propios legisladores”, dice la directora de la RRC y lamenta que en las reformas en materia de transparencia no se haya incluido la obligación de divulgar las declaraciones y “evitar posibles enriquecimientos inexplicables”.

Añade: “Una de las batallas que dimos en la aprobación de la Ley General de Transparencia que se discutió en el Congreso fue la publicidad de la declaración patrimonial, la de interés y la de impuestos. No quisieron. Sólo ocho gobernadores, cuatro diputados y cuatro senadores aceptaron hacerlo”.

En comparación, Mariana Campos indica que hay una ley modelo de la OEA que dice que los funcionarios tienen que incluir declaración de interés, ingresos activos y pasivos, en donde venga toda la información de créditos y deudas hipotecarias.

Peschard asegura que en “aras de la transparencia”, lo ideal sería que los funcionarios hicieran públicas la declaración de conflictos de interés, la declaración de impuestos y la declaración patrimonial. Por eso lucharon por que se incluyera en el sistema nacional anticorrupción, sin éxito.

Explica que en la actualidad la única que se hace pública voluntariamente es la patrimonial. Y si uno compara la patrimonial con la de impuestos, lo que se tiene y lo que se gasta, sería una manera de identificar si hay una consistencia en las declaraciones.

Pero aclara: De lo que se tenía en la primera iniciativa del Ejecutivo a lo que se tiene ahora hay años luz de distancia. Esto tiene que ver con una mayor exigencia social.