(a los niños de ) Simojovel Los mató la miseria/

Revista Proceso 2011, 16 de mayo de 2015

(Los niños de )Simojovel Los mató la miseria/ISAÍN MANDUJANO

El fallecimiento de dos infantes y la hospitalización de otros 29 en Simojovel, Chiapas, a raíz de que los vacunaron el viernes 8, apresuró a la burocracia del IMSS a establecer que las vacunas estaban certificadas y vigentes. Cualquiera que sea el dictamen sobre las causas directas de la tragedia, los padres afectados denuncian que en esa región se muere de parto y de infecciones intestinales, es decir, por falta de servicios médicos, por miseria.

LA PIMIENTA, SIMOJOVEL, Chis.- Yadira y Emmanuel Francisco sólo vivieron 30 y 28 días, respectivamente. Pero oficialmente no existieron porque fueron sepultados sin acta de nacimiento ni acta de defunción, víctimas del fallido sistema de salud pública que prevalece en las comunidades rurales indígenas de Chiapas.

En las montañas del norte del estado, que antes eran de selva baja y ahora son una vasta región deforestada, agujereada por minas rústicas de ámbar, se encuentra enclavada esta comunidad: La Pimienta.

Se trata de una localidad de alrededor de 2 mil 500 habitantes y 800 casas amontonadas, sin calles; es una de 123 poblaciones que rodean la cabecera municipal de Simojovel.

La demarcación padece alta marginación y pobreza, con los más bajos índices de desarrollo humano. Toda la población es indígena tzotzil.

 Según el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 68.6% de los habitantes de este municipio vive en pobreza extrema y 24.5% en pobreza moderada.

 Los más de 40 mil 300 habitantes cuentan sólo con seis unidades de salud. El personal médico es de tan sólo 11 personas.

 En Chiapas existen 557 unidades médicas rurales del programa IMSS-Prospera, y una de ellas constituye la única presencia médica en esta comunidad. Además, debe atender a otros cuatro poblados cercanos.

 El pasado viernes 8, La Pimienta salió del anonimato a la notoriedad mediática, como muchas otras localidades marginadas, por una tragedia: la muerte de dos bebés y la hospitalización de 29 tras recibir las vacunas contra hepatitis B, tuberculosis y rotavirus.

 Ese día el médico Roberto Calvo León y su enfermero Brígido Hernández Pérez convocaron al primer grupo de mujeres para que llevara a sus hijos a vacunar, como requisito para recibir otros beneficios de programas asistenciales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

 Aunque los directivos del IMSS dicen que fueron 52, los lugareños afirman que fueron sólo 31 los vacunados entre las 12:00 y las 14:00 horas. Muchas madres no escucharon el llamado y se quedaron sin vacunar a sus pequeños, por lo que se salvaron de la crisis sanitaria.

 En cambio, las 31 familias tuvieron que pagar el transporte en camionetas de redilas para salir por ese camino lleno de pendientes, barrancos y piedras, a lo largo de cinco tortuosos kilómetros, más otros cuatro que sí están pavimentados.

 Vicente López Gómez, de 33 años, y Amalia Hernández, de 30, vieron morir en sus brazos a Emmanuel Francisco, de 28 días de nacido, el quinto de sus hijos.

 Berlaín González Penagos, de 22 años, y Teresa González Gómez, de 18, perdieron a Yadira, de 30 días.

 Los bebés no paraban de llorar, se les entiesaron sus manitas y sus pies, sudaban, se les enrojecía el rostro. No comieron hasta que la muerte los sorprendió en el camino, narran sus padres.

Al detectar los graves síntomas que afectaban a los bebés, los adultos no se acercaron al alcalde de Simojovel, Javier Guzmán Hernández, sino al párroco Marcelo Pérez Pérez, quien al frente de la organización Pueblo Creyente, formada por sus feligreses, mantiene una actitud crítica y de denuncia a las autoridades municipales señaladas por corrupción y abusos de poder, concretamente una familia de caciques priistas: Ramiro Gómez y sus hijos Ramiro Gómez Jr. y Juan Gómez.

En el Centro de Salud del municipio, que no se da abasto con los pacientes y carece de los medicamentos y el equipo necesario, ni siquiera dejaron llegar a los afectados: los remitieron al hospital de Bochil, a una hora de camino por la carretera a la capital del estado.

Pero tampoco ahí pudieron atenderlos, y como las ambulancias no estaban operando porque no había gasolina ni chofer, los pacientes y sus familiares tuvieron que pasar dos horas más en las camionetas de redilas para llegar al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, de Tuxtla Gutiérrez.

Aunque el caso sucedió en una unidad médica rural del IMSS, los bebés fueron internados en un hospital del sector salud estatal, donde seis fueron valorados como “graves” y 23 como “estables”.

 A fin de investigar las causas, las autoridades mandaron recoger los residuos de la sesión de vacunas en la unidad médica rural. Con base en ello, las autoridades descartaron que la vigencia de los medicamentos hubiera vencido: la de rotavirus caduca en febrero de 2017; la de tuberculosis (BCG), el 31 de enero de 2016 –el diluyente para esta vacuna, el 31 de agosto próximo–, y la de Hepatitis B, el 15 de junio de 2017.

 Según el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, de los 52 menores vacunados, 21 no tuvieron “reacciones adversas”. Añadió que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analizó los lotes de la vacuna y los liberó en octubre del año pasado, así que las vacunas están debidamente certificadas.

 Por ello, el martes 12 atribuyó las rea­cciones adversas a una posible “contaminación externa” en el momento de la aplicación.

 Hasta el jueves 14 se había dado de alta a 20 recién nacidos. Y seguían hospitalizados cinco en calidad de “estables” y cuatro más como “graves”, en el área de cuidados intensivos.

 Indígenas, relegados

 El reportero comprobó en dónde fueron vacunados los pequeños: no en la microclínica, sino en la pequeña bodega de enfrente. La gente esperó su turno en el sol o a la tenue sombra de los pocos árboles.

 El médico y su enfermero instalaron su módulo de vacunación junto a decenas de cajas polvorientas con material de curación, cajas con bebidas y alimentos nutricionales enviadas por el IMSS. Al lado estaban unos 10 costales de “insecticida-acaricida-larvicida/granulado”.

 En su etiqueta se informa que este químico es provisto al instituto por la empresa Helio Salud, y que se trata de un material muy peligroso al contacto con la piel y los ojos, al inhalarlo o ingerirlo.

 Al cierre de esta edición todavía no se determinaban las causas de todo, y lo cierto es que la citada bodega no es un espacio óptimo para montar un módulo de vacunación.

 De forma extraoficial, una doctora del hospital donde actualmente se atiende a los bebés afectados indica que no se cumplieron detalles de la norma. Por ejemplo, dice, la vacuna de la tuberculosis se aplica en el brazo derecho, pero los bebés la muestran en el izquierdo.

 Añade que algunos bebés ya habían rebasado su primera semana de vida, y algunas vacunas se deben poner en los primeros siete días o esperar a que cumplan 60 días.

 La Pimienta tenía ya un registro importante de muertes, muchas de ellas por enfermedades curables o prevenibles, dice don Isidro Hernández, vocero del grupo de padres de familia afectados, quien especifica que en los últimos cuatro años han fallecido siete mujeres durante el parto, 16 personas de ambos sexos por tuberculosis y 16 más de cáncer, entre éstos algunos niños.

 Según Hernández, no puede considerarse la muerte de dos recién nacidos como casos aislados. En 2014, un niño de cinco años se enfermó y lo llevaron al hospital, pero murió en el camino. A las mujeres embarazadas las envían a Simojovel o a Bochil; algunas han parido antes de llegar.

 Señala que esas muertes y la falta de atención son consecuencias de las pésimas condiciones del servicio de salud en La Pimienta, el municipio de Simojovel y en las comunidades y ejidos de todo el estado.

 “Chiapas es muy rico en recursos naturales, pero existen muchísimos pobres; es una vergüenza para las autoridades. Las personas que llegan a tener un puesto en el ayuntamiento no se han preocupado por gestionar estos servicios básicos: buen hospital, agua potable, mejoramiento del camino. Solamente terminan en sus puestos con mucho dinero para ellos”, dice.

 En su opinión, el gobierno federal y el estatal tienen una gran deuda con el pueblo indígena, y la Cruzada Nacional Contra el Hambre es una farsa. Argumenta que hasta ahora el resultado de ese programa son los muertos, las miserables condiciones de vida de los indígenas y campesinos. “En este sistema no tenemos cabida como pueblos indígenas; si el gobierno hace proyectos (que nos incluyan), lo hace desde el escritorio y para controlar”.

 El martes 12, tres médicos y tres abogados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llegaron hasta La Pimienta. El agente municipal, Higinio Pérez López, y el comisariado ejidal, Marcos Hernández Gutiérrez, narraron a los enviados del ómbudsman nacional el cotidiano viacrucis para acceder a los servicios médicos en las comunidades rurales de Chiapas.

 “No sólo no hay médicos; tampoco hay medicamentos ni material de curación. Y cuando hay médicos, no hablan nuestra lengua y se nos dificulta explicar nuestras dolencias en castilla. Y en muchas ocasiones sufrimos maltrato físico y verbal del personal médico por ser indígenas”, denunció el primero en el encuentro.

 Frágil salud pública

 La Pimienta exhibió la fragilidad del sistema estatal de salud pública de Chiapas. Al conocerse la muerte de los recién nacidos, algunos pobladores indignados querían incendiar la unidad médica rural del IMSS y el Centro de Salud de Simojovel, pero el párroco Marcelo Pérez los frenó y prometió ayudarles a denunciarlo en todo el país y en instancias internacionales.

 Tuvo eco. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, SweFor –organización no gubernamental sueca de observación internacional en la materia–, la CNDH y media docena de organismos civiles defensores de los derechos humanos de las niñas y niños se movilizaron para indagar el caso.

 En las siete regiones en las que el IMSS divide su actividad, existen 557 Unidades Médicas Rurales, 10 hospitales rurales, 12 Unidades Médicas Urbanas, ocho Centros de Atención Rural Obstétrica, dos Unidades Médicas Móviles, y despliega frecuentemente 18 Brigadas de Salud.

 Según el más reciente informe del IMSS, de 11 millones de 664 mil 723 beneficiarios de IMSS-Prospera, unos 2 millones 194 mil 936 radican en Chiapas. El Diario Oficial de la Federación indica que en ese programa se invirtieron 3 mil 507 millones 695 mil 370 pesos para 2015.

 Aunque el gobierno federal también ha señalado que se está incrementando el número de beneficiarios del IMSS-Prospera, para Jennifer Haza –integrante del organismo civil Melel Xojobal, defensor de los derechos de los niños y las niñas–, el hecho de que se les afilie o enliste en programas de salud no garantiza su acceso real a tales servicios.

 Le preocupa que las estadísticas oficiales presenten “cifras alegres”, pues los niños siguen muriendo de males curables. Las que provocan mayor mortandad infantil en Chiapas son las infecciones en las vías respiratorias y enfermedades diarreicas.

 A decir de la entrevistada, construir infraestructura del tamaño que sea tampoco asegura nada si no llegan médicos ni hay abasto de medicinas. “Sólo vemos por todos lados elefantes blancos”, dice Haza.

 Su ONG, Melel Xojobal, se alió con otras –como la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (Redias), Save the Children-Chiapas, Desarrollo Educativo Sueniños, Chantiik Taj Tajinkutik, Skolta’e Yu’un Jlumaltic (SYJAC)– para exigir que se investigue el caso de La Pimienta.

 Haza retoma datos del Coneval: en 2012 el 74.7% de los menores se hallaba en situación de pobreza y 24.9% reportaba carencias en el acceso a los servicios de salud.