Revista Proceso
2011, 16 de mayo de 2015
Sedena
proveyó de fusiles prohibidos a la policía de Iguala/ANABEL HERNÁNDEZ
Tres
kilos 630 gramos de muerte. Eso pesa el rifle de asalto G36V fabricado por la
empresa alemana Heckler & Koch (HK), capaz de disparar 750 tiros por
minuto. Fue usado en las guerras de Kosovo, Afganistán, Irak y Libia.
La
Policía Municipal de Iguala tenía 37 de esos fusiles, aunque el gobierno alemán
había prohibido a HK que los vendiera si se iban a distribuir en Guerrero. En
total –y para toda esa entidad federativa– la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) proporcionó 56 rifles de dicha marca. Su uso estaba avalado por la
revalidación de la Licencia Oficial Colectiva 101, proporcionada por la
Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de
Explosivos de la Sedena, expedida el 8 de noviembre de 2013.
Según
documentos cuya copia tiene Proceso, la revalidación estuvo vigente del 21 de
junio de 2013 al 20 de junio de 2015, y el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, y el entonces subsecretario de Planeación y Protección
Institucional, Manuel Mondragón y Kalb, supieron de la posesión de ese
armamento y del permiso para usarlo.
La
semana pasada HK fue acusada por la Oficina Criminal de Aduanas de la ciudad de
Colonia, Alemania, de haber exportado ilegalmente más de 4 mil 767 fusiles G36V
que llegaron a Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua. La razón es que desde
2005 el gobierno alemán prohibió el suministro de armas germanas a esas zonas
por los niveles de violencia y el constante quebrantamiento a los derechos
humanos.
De
acuerdo con reportes publicados por el periódico Suddeutsche Zeitung, entre
2003 y 2011 HK exportó a México 9 mil 472 fusiles G36V, pero más de la mitad
fueron distruibuidos en las cuatro entidades federativas vetadas.
La
investigación hecha por las autoridades de ese país señala a cinco exdirectivos
y empleados de HK como presuntos responsables, y propone una sanción económica
de 3 millones de euros.
Los
documentos muestran que, con el pretexto de la guerra contra las drogas de
Felipe Calderón, a partir de 2008 y amparada en el Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la Sedena dotó a las policías estatales
de todo el país de armas automáticas y de alto calibre, incluyendo Guerrero.
Posteriormente, la permanencia del arsenal en ese estado fue permitida por el
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Cada
G36V registrado en la lista del armamento en poder de la Policía Municipal de
Iguala el 26 de septiembre de 2014 –cuando se perpetró el ataque contra
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 43 de los cuales desaparecieron– está
grabado con la leyenda “S.N.D. México DF”, según el dictamen practicado por la
Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), del que también se tiene copia.
De
acuerdo con la información obtenida de fuentes del Ejército mexicano, la
Sedena, por ley, es la única institución autorizada para importar armas y
cartuchos a México. Es, además, el único puente legal para abastecer de
armamento a las policías estatales y municipales del país y aprobar sus
licencias colectivas.
Los
pretextos
Este
semanario posee una copia de la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva
110, proporcionada a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de
Guerrero (SSP-G). Está fechada el 8 de noviembre de 2013 en el Campo Militar
No. 1-J, en la Ciudad de México.
El
documento fue emitido por la Dirección General del Registro Federal de Armas de
Fuego y Control de Explosivos, Subsección “Licencias (Procuradurías)”, y está
firmado por el general Saúl Luna Jaimes.
Información
oficial de la Secretaría de la Función Pública refiere que Luna Jaimes asumió
ese cargo el 1 de marzo de 2013 y lo dejó el 1 de noviembre de 2014, después de
los hechos en Iguala, sin que haya registro de qué puesto ocupa actualmente.
La
licencia revalidada abarca 12 mil 99 armas de fuego (4 mil 550 cortas y 7 mil
549 largas) para un “efectivo” de “7 mil 682 individuos autorizados”. Es decir,
para policías estatales y municipales.
Según
el texto de la autorización, en agosto de 2008 y en el marco de la guerra
contra las drogas, el gobierno federal –a través del Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad– autorizó equipar a las corporaciones
locales de seguridad pública con armas automáticas y de gran calibre, que hasta
ese momento eran catalogadas como “de uso exclusivo del Ejército” por su poder
destructivo.
Eso
significa que la licencia fue emitida después de que el gobierno alemán
prohibiera que sus armas llegaran a Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Chiapas.
“Hoy
más que nunca se debe consolidar la seguridad pública como una política de
Estado, que convoque a todos –autoridades y sociedad– y los vincule en un
frente común contra la violencia y la criminalidad. (…) Todos los actores deben
ser capaces de subordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente de
la nación por recuperar las condiciones de seguridad”, se señala en uno de los
párrafos del acuerdo citado, impreso en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 25 de agosto de 2008.
En
el punto XI de dicho acuerdo quedó especificado que, a partir de agosto de
2008, “en un tiempo de ejecución de tres meses”, la Sedena “se compromete a
autorizar el equipamiento de las instituciones de seguridad pública con armas
automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplan con
los compromisos establecidos en este acuerdo”.
El
pacto fue firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal,
Genaro García Luna; de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Marina, Mariano
Francisco Saynez; de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo
Medina Mora-Icaza, y de la Sedena, Guillermo Galván Galván, entre otros
funcionarios federales.
Se
adhirieron también los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de
Diputados y de senadores, Ruth Zavaleta y Santiago Creel, respectivamente, así
como los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard. Entre los mandatarios estaban Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo, y
Enrique Peña Nieto, del Estado de México.
También
firmaron dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo (del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación) y Carlos Romero Deschamps (de los
trabajadores petroleros), empresarios, directivos de medios de comunicación
como El Universal y Grupo Multimedios, y presidentes de organizaciones civiles.
El “testigo de honor” fue Felipe Calderón.
Aunque
también se acordó crear un modelo nacional de evaluación y control de
confianza, la corrupción y el abuso de poder siguieron siendo una constante no sólo
en las corporaciones municipales y estatales, sino también en la Policía
Federal, el Ejército y la Marina –como lo prueban los eventos de los últimos
meses en Tlatlaya, Iguala y Apatzingán.
En
2010 el crítico del armamentismo Jürgen Grässlin demandó a HK por vender
ilegalmente fusiles a México. Su denuncia fue el origen de la investigación
dada a conocer la semana pasada, que confirma la exportación ilegal de
arsenales a instancias vetadas.
Grässlin
declaró que un funcionario dentro de la compañía le filtró la información de
que, presuntamente, se pagaron sobornos a integrantes de la Sedena para que se
hiciera la compra (Proceso 1884).
“Estas
armas fueron enviadas a la Sedena, que a su vez las distribuyó en esos cuatro
estados, donde se había prohibido su repartición. Este empleado me detalló lo
ocurrido, estuvo varias veces en México y fue el encargado de entregar los
suministros”, explicó Grässlin la semana pasada a la radiodifusora
internacional Deutsche Welle.
Los
fusiles
De
todas las armas proveídas a Guerrero merced a la Licencia 101, la SSP-G mandó
551 a Iguala, según los documentos entregados a la Procuraduría guerrerense el
27 de septiembre de 2014 por Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de
Seguridad Pública de Iguala. Estos papeles hoy forman parte de la averiguación
previa HID/SC/02/0993/2014.
En
ese listado, cada arma aparece con su modelo y matrícula. Ahí se ve que no sólo
se registraron 54 fusiles HK calibre 5.56 y 45 mm en Iguala, sino que también
hay 74 fusiles de asalto de la marca italiana Beretta, 29 escopetas Winchester,
19 fusiles automáticos Colt de fabricación estadunidense, 14 revólveres Smith
& Wesson y 351 pistolas Beretta, entre otros.
Para
entregar las armas se firmó un convenio entre la SSP-G y el entonces presidente
municipal José Luis Abarca, donde se especificó que el arsenal estaba amparado
por la Licencia 110. Esto implicó que, si había cambio de alcalde, la
responsabilidad del resguardo y uso de las armas recaería en el sucesor.
En
los documentos presentados por Flores Vázquez se señala que dos fusiles Beretta
estaban asegurados en la 35 Zona Militar, ubicada en Chilpancingo, y que dos
rifles G36V se encontraban en el Cuartel Regional de la SSP-G, al igual que
todas las escopetas Winchester, ocho pistolas Beretta y todos los revólveres
Smith & Wesson.
De
acuerdo con fotos y videos, las armas alemanas fueron usadas en un ataque de la
Policía Federal y la Policía Estatal de Guerrero contra una manifestación de
normalistas de Ayotzinapa ocurrida en diciembre de 2011, en la autopista
México-Acapulco. Ese día fueron asesinados a tiros dos estudiantes.
El
27 de septiembre de 2014, cuando los primeros 22 policías municipales de Iguala
fueron arrestados por su presunta participación en los hechos del 26 de
septiembre, también fueron asegurados 97 fusiles, de los cuales 37 eran de HK.
Tenían culata plegable, empuñadura y caja de baquelita negra y mira con
aumento. También fueron requisadas 131 pistolas Beretta.
El
29 de septiembre de 2014, el armamento confiscado se entregó al 56 Batallón de
Infantería, ubicado en Acapulco, para su custodia. Se desconoce el paradero de
las 323 armas restantes que tenía dicha agrupación.
Desde
el 27 de septiembre, la Policía de Iguala está prácticamente disuelta. Las
instituciones que asumieron las tareas de tránsito y seguridad pública fueron
la Policía Federal y la Gendarmería.
Se
preguntó al ayuntamiento de Iguala dónde se encontraban estas armas, pero hasta
el cierre de esta edición no hubo respuesta.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario