El telepresidente, por los suelos/JENARO VILLAMIL

Revista Proceso No. 2013, 30 de mayo de 2015...

El telepresidente, por los suelos/JENARO VILLAMIL

En vísperas de los comicios del 7 de junio, editorial Grijalbo pone en circulación el libro La caída del telepresidente. De la imposición de las reformas a la indignación social, con prólogo de Elena Poniatowska. En 280 páginas, el reportero de Proceso Jenaro Villamil documenta los yerros del mexiquense Enrique Peña Nieto, sus ambiciones, sus referentes históricos –el dictador Porfirio Díaz, por ejemplo– y sus desencuentros con el deformante espejo del poder mediático que durante años lo hizo sentirse famoso y querido. A tres años de que llegó al poder, su popularidad está por los suelos y la ciudadanía se muestra cada vez más indignada por los escándalos protagonizados por él y por sus colaboradores. Proceso adelanta dos fragmentos del libro.

No terminaba la celebración de las reformas estructurales aprobadas y el relanzamiento de Peña Nieto en los medios de comunicación, cuando la misma prensa extranjera dio cuenta de un fenómeno: los mexicanos estaban “desencantados” con su propio reformador. Todas las encuestas –las públicas y las privadas que Los Pinos mandó a hacer– reflejaron un bajo índice de aprobación y apoyo a las reformas.

El golpe más duro fue el sondeo difundido el 26 de agosto de 2014 por el Pew Research Center (un think tank con fuerte influencia en los círculos de Washington): registró 51% de opiniones favorables al gobierno de Peña Nieto contra un 48% desfavorable. El índice de aprobación fue de seis puntos, más bajo que en 2013, y la opinión negativa hacia el gobierno federal creció nueve puntos en un año, según el mismo centro.

 El nivel de desaprobación fue mayor en el terreno económico: 60% está en contra del manejo de la economía (14% más que en 2013) y sólo el 37% la aprobó (nueve puntos menos que un año anterior). Los indecisos disminuyeron de 8 a 3%.

 Ninguno de los sondeos se refiere a los temas de las 11 reformas estructurales que “movieron a México”: 79% consideró el crimen y la inseguridad como el problema más importante; 72% la corrupción; el mismo porcentaje la violencia de los cárteles; 70% la contaminación del agua, y 69% la contaminación del aire.

 La encuesta del Pew Research Center se difundió el mismo día en que Peña Nieto realizó su primera visita oficial en territorio norteamericano, tras la aprobación de las reformas estructurales. En esa encuesta 69% expresó su descontento con las condiciones del país y sólo 30% se expresó satisfecho. Casi una tercera parte, 27%, consideró “muy mala” la situación del país. De los jóvenes entre 18 a 29 años, 51% pensaban como una buena opción migrar a Estados Unidos.

 El desencanto ya lo venían documentando otras casas encuestadoras que no pueden ser señaladas como enemigas del peñismo, como es el caso de Consulta Mitofsky, GEA–ISA, Parametría, o los periódicos Reforma y El Universal, este último a través de Buendía & Laredo. En casi todos estos sondeos no son la reforma energética ni la de telecomunicaciones las que mencionan los mexicanos encuestados como las preocupaciones centrales. Son el desempleo, la corrupción y la inseguridad lo que más demandan resolver. El desempeño de Peña Nieto es menor a 50% de aprobación en la mayoría de los casos.

 Consulta Mitofsky, en su sexta encuesta trimestral del 31 de mayo de 2014, reveló que 50% aprobó el gobierno de Peña Nieto, contra el 49% que lo desaprueba. Es el índice más bajo en comparación con los dos primeros años de otros gobiernos: Carlos Salinas (75% de aprobación), Vicente Fox (63%) y Felipe Calderón (61%). Sólo Ernesto Zedillo registró 34% de aprobación, como resultado de la aguda crisis económica de 1995, de acuerdo con la misma medición de Consulta Mitofsky.

 Las encuestas de los periódicos Reforma y El Universal han arrojado cifras similares: la calificación del gobierno es menor a seis; más de 50% de los encuestados tienen una opinión negativa sobre la conducción de la economía; más de 65% cree que con la reforma energética no bajarán los precios de la luz ni de la gasolina (los dos temas que más se promovieron en spots durante 2013); y más de 60% tiene percepciones negativas sobre la violencia y el combate a la corrupción.

 La Sexta Encuesta Nacional realizada por GEA-ISA fue muy reveladora: 65% de los consultados está a favor de una consulta popular en materia energética, contra 17% que cree que la reforma constitucional de diciembre de 2013 debe ser modificada. Este sondeo se dio a conocer antes de que se aprobaran las 22 leyes secundarias en los temas de hidrocarburos, energía eléctrica, Pemex, CFE y organismos reguladores.

 Para la mayoría de los mexicanos encuestados por estas empresas, la reforma energética no acabará con la corrupción que ha dominado durante años el manejo de empresas como Pemex o CFE. La privatización, por el contrario, la alentará. Esa es la percepción más generalizada.

 Parametría documentó que 74% de sus 800 encuestados opinan que no disminuirá la corrupción en los contratos a compañías privadas derivados de la nueva Ley de Hidrocarburos, y 64% opinó que las trasnacionales petroleras “sí influirán” en los asuntos políticos del país. Parametría midió la percepción de los ciudadanos sobre el impacto ambiental de la reforma energética, uno de los temas menos debatidos y más preocupantes para muchos jóvenes, debido a la legalización del uso del fracking como técnica para extraer el gas shale o gas de lutitas; 37% cree que “habrá más daños” frente a 34% que considera que “seguirá igual”; y sólo 19% cree que habrá “menos daños”. En otras palabras, 71% tiene una percepción negativa en este tema.

 Éstas han sido las encuestas que se conocen públicamente. Al interior del gobierno y del PRI existen mediciones mucho más negativas, con índices de calificación de 3 puntos al gobierno de Peña Nieto y casi 80% que desaprueba el manejo de la economía. Los datos de este desencanto se conocieron en el momento que el peñismo preparó una batería de entrevistas a modo en programas matutinos de Televisa (Hoy) o patrocinadas por el Fondo de Cultura Económica (Conversaciones a Fondo) para darle a Peña Nieto una plataforma de popularidad y de aceptación. La estrategia resultó ser un fiasco. Y contraproducente.

 Peña Nieto apareció en una entrevista múltiple el 19 de agosto de 2014 con seis comunicadores afines a Los Pinos, en la que justificó la corrupción en México (“es un problema cultural”) y advirtió que los beneficios de las reformas estructurales no se verán en el corto plazo, sino hasta dentro de dos años y al final de su mandato.

 “Usted arriesgó su capital político. ¿De dónde sacó ese valor?”, le preguntó de forma calculada la comentarista de Tv Azteca Lilly Téllez. Peña Nieto evadió una respuesta, pero insistió en que él no gobernaba para quedar bien con las encuestas. Fue la misma respuesta que reiteradamente daban sus dos principales vicepresidentes: Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación; y Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Nadie creyó esta respuesta. Es más documentado y conocido que el ascenso peñista ha venido de la mano de una intensa medición de sus índices de popularidad y de aceptación. Nadie como Peña Nieto conoce el valor de los datos de las encuestas y cómo maquillarlos a su favor.

 Optaron por no volver a mencionar las promesas incumplidas para justificar estas reformas. Ya no se volvió a mencionar –más que tangencialmente– que disminuirán las tarifas de luz, gas y otros servicios cuando “venga la competencia”. En sus distintas entrevistas e intervenciones previas a su Segundo Informe de Gobierno, Peña Nieto insistió en que los efectos positivos de estas reformas se verán “de manera gradual”.

 El 24 de agosto de 2014, en el periódico El País, Peña Nieto insistió en que las reformas impulsadas en tan sólo 20 meses constituyen “un logro histórico”. Para él, “pasamos de las reformas en la ley a las reformas en acción. En esta nueva etapa, el gobierno de la República continuará trabajando para que estas modificaciones legislativas se conviertan en beneficios concretos. El camino no será fácil, ni los resultados llegarán de inmediato”.

 Peña Nieto no explicó cómo se traducirán en beneficios concretos. Ni tampoco cuáles serán los resultados a mediano plazo. El artículo pasó sin pena ni gloria. El gran reformador no recibió los aplausos esperados por la audiencia en vísperas de su Segundo Informe de Gobierno. Por el contrario, la inesperada crisis provocada por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el pésimo manejo de esta tragedia desde el poder presidencial provocó que el desencanto se transformara en una profunda ira social. Soterrada durante los meses anteriores, desmovilizada la sociedad frente a la imposición de las reformas peñistas, la crisis del 26 y 27 de septiembre en Iguala abrió una caja de Pandora. El gobierno de Peña Nieto ha ensayado tres estrategias que resultaron contraproducentes y alentaron la molestia social, al grado que la agenda política, informativa y social sigue dominada en 2015 por Ayotzinapa:

 1. Minimizó el impacto de la tragedia. La redujeron a una crisis “municipal” y posteriormente a un fenómeno propio de Guerrero, entidad a la que el mismo Peña Nieto le destinó más de 30 mil millones de pesos del presupuesto, giras constantes, programas emergentes de apoyo a damnificados de las tormentas del 2013, pero que ha sido minado por la narcocorrupción imperante y consentida desde las instancias federales.

 2. A partir de la reacción tardía –en medio de crecientes movilizaciones sociales en el país y en el extranjero–, Peña Nieto ensayó un encuentro con los padres de familia que resultó contraproducente. El telepresidente no fue capaz de salir de su guión y, hasta el momento de redactar este texto, de realizar un encuentro directo en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

 3. Desde el 7 de noviembre de 2014, el gobierno aceleró una versión de los sucesos trágicos de Iguala para darle “carpetazo” a la demanda de encontrar vivos a los estudiantes desaparecidos e investigar a elementos del Ejército presuntamente involucrados por omisión o comisión en los delitos. La PGR, con Jesús Murillo Karam al frente, insistió desde entonces que los 43 normalistas fueron secuestrados, interrogados, asesinados e incinerados en un basurero local de Cocula –municipio aledaño a Iguala– por sicarios del grupo Guerreros Unidos, sin que ningún elemento del 27 Batallón de Iguala se diera cuenta o evitara la masacre. Todavía el 27 de enero de 2015, Murillo Karam abundó en esta versión, tomando como aceptables los testimonios de sicarios detenidos. Afirmó que se trataba de una “verdad histórica”, aunque luego trató de matizar.

 La crónica de este episodio que cimbró a México la exponemos en el capítulo seis. Sin embargo, es inevitable destacar que esta tragedia y la furia social desatada marcaron un punto de inflexión en el gobierno de Peña Nieto. De la narrativa triunfalista pasó a la reacción autoritaria. En más de tres ocasiones seguidas, el primer mandatario insistió en que era necesario “superar” la tragedia, darle “vuelta a la página” y seguir con el Mexican moment que ya sólo existe como una versión nostálgica de la administración federal en el primer círculo peñista.

 Por si fuera poco, a la tragedia de Iguala se sumaron los escándalos de corrupción. Y las evidencias de que el “grupo en el poder” pretende emular no a Porfirio Díaz, sino a Miguel Alemán Valdés para convertir a los amigos contratistas en los nuevos beneficiarios de la bonanza presupuestal. Un núcleo de siete empresas (Grupo Higa, Prodemex, OHL-México, Grupo Hermes, Pinfra, Grupo Prodi y GIA-A) había acaparado 95 mil 329 millones de pesos en los más importantes contratos de obras de infraestructura y de transporte en los dos primeros años del gobierno.

 El escándalo del contratismo entre los amigos del presidente provocó una dura reacción de la prensa internacional, especialmente de los medios más influyentes en el mundo financiero y empresarial de Estados Unidos y Gran Bretaña: The Wall Street Journal, The Washington Post, The Economist, Financial Times y Der Spiegel.

 La cancelación del proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, el 30 de enero de 2015, le restará 50 mil 820 millones de pesos a esta bolsa multimillonaria de 95 mil 329 millones de pesos, pero no aminoró las críticas y la percepción de que el “grupo en el poder” ha beneficiado a un grupo minoritario de contratistas que son compadres y amigos del presidente de la República con el presupuesto público. Los nombres de estos empresarios salieron a la luz tras el escándalo de la Casa Blanca y la cancelación del tren de alta velocidad: Juan Armando Hinojosa Cantú, Carlos Hank Rhon, David Peñaloza, Olegario Vázquez Raña, José Miguel Bejos, José Andrés de Oteyza, quien preside en México el consorcio español OHL.

 Porfiriato, “dictadura benévola”

 La admiración más grande de Peña Nieto no es hacia el gran caudillo sonorense Álvaro Obregón, sino al dictador Porfirio Díaz, cuyo régimen considera una “dictadura benévola” que podía desenvolverse “en medio del asentamiento general, formado de respeto y admiración, de temor y desconfianza, de sugestión transmitida, hasta de costumbre aceptada y aún de preocupación contagiosa”. Denota una clara atracción por ese modelo de perpetuidad en el poder presidencial del dictador:

 La extraordinaria duración de su gobierno fue resultado del buen éxito, y no es presumible que fuese un propósito deliberado desde el primer día; los procedimientos seguidos venían aconsejados por las circunstancias sucesivas y dictados por una habilidad suma; pero el sistema de gobierno, implantado desde el principio, a pesar de los obstáculos, de asumir todo el poder, era producto de la convicción y fruto de la experiencia. El general Díaz, por el alto sentido práctico con que juzgaba la historia que había vivido, sabía quizá tanto como Lerdo de Tejada por sus estudios de ciencia política; conocía los peligros constitucionales del gobierno, los amagos de los gobiernos locales, las asechanzas de los congresistas…

 Peña Nieto describe un estilo porfirista de cooptar a todos los otros actores del poder político que, a la distancia, parece anunciar su propio ejercicio del poder personal:

 Para lograr el control y la estabilidad del país, Díaz se apoderó de los Estados por la ligazón con sus amigos que se habían hecho gobernadores. Los que se manifestaron en su contra los atrajo o los destruyó. Otorgó facilidades a los terratenientes, ya numerosos desde la conversión de los “bienes de manos muertas” en bienes circulantes, por efecto de la Ley Lerdo y las Leyes de Reforma dictadas por Juárez. A los caciques o jefes de bandas locales los nombró miembros del ejército regular y les dio amplias facultades para aplicar la ley y mantener el orden. Con el clero llegó al acuerdo de mantener una política de conciliación, buscando el respeto en las jurisdicciones de ambas entidades: Estado e Iglesia. Permitió ataques contra la Constitución de 1857, y a la “clase media” intelectual la absorbió dentro de la burocracia gubernamental y en el servicio exterior. Además, se mostró complaciente con los monopolios comerciales, con los sistemas de trabajo forzado en las minas y haciendas y sostuvo los ilegales impuestos de Estados y municipios.

 Con respecto a la política exterior, Díaz consiguió, en 1878, el reconocimiento norteamericano a su gobierno. El segundo periodo de Díaz se inauguró con buenos augurios.

 Con ese aparato de dominación Díaz aseguró un periodo de gobierno que iba a durar más de veinticinco años (a partir de su segundo periodo de gobierno), sin que hubiese nadie que le disputase el mando de la nación.

 Es innegable la admiración en estos otros pasajes donde Peña Nieto describe al dictador de la frase “mátenlos en caliente”:

 Libre de principios extremos, repugnando la intolerancia y dotado de un espíritu de benevolencia para el que no había falta imperdonable ni error que posibilitara el olvido, planteó una política de conciliación que no tuvo la aprobación de todos, pero con ella quitó las barreras a los tradicionalistas de nacimiento, de la creencia y de la historia, y los hizo entrar en el campo neutral o promiscuo de su política (sic), en que si no se fundían, se mezclaban todas las convicciones. Desde entonces su poder, que había sido siempre dominador, pero no exento de violencia, no encontró obstáculo alguno en un camino que el interés común le allanaba. Guardó siempre las formas, que son la cortesía de la fuerza. Todas las clases, todos los grupos que clasifica una idea, un estado social o un propósito estaban con él, no como vencidos, sino cobijados; así, cuando el elemento social estaba de su parte, el político no podía ser ya objeto de preocupaciones.

 No explica en ningún párrafo el joven egresado de derecho cómo fue que con tanto éxito, sabiduría y “buenas maneras”, el dictador acabó repudiado, defenestrado y expulsado del poder por una de las revoluciones sociales más sangrientas del siglo XX. Es claramente justificatorio acerca de la permanencia y de las reelecciones sucesivas de Díaz, al grado tal que llega a confundir dictadura con presidencialismo. Peña Nieto hace suyas las reflexiones del historiador conservador José María Calderón:

 La presencia de un presidente fuerte, un dictador, había sido el derivado de la necesidad de sostener al gobierno contra los preceptos legales de una Constitución idílica, frente a las condiciones que imponía una estructura social, económica y política desquiciada e inorgánica y frente a la presencia de un exterior amenazante.