Esta
vez voy a utilizar este espacio para hacer pública una carta al rector de la
Escuela Libre de Derecho y a su Junta Directiva, porque es necesario que se
enteren de una historia que riñe con la ética.
México,
D.F. a 17 de agosto de 2015
Don
Luis M. Díaz Mirón A.
Rector
de la Escuela Libre de Derecho.
Presente.
En
primer lugar debo decirle que siempre he considerado y considero a la Escuela
Libre de Derecho como una institución que se distingue por su valores, por su
ética profesional. La respeto, se de la disciplina y el rigor de su enseñanza.
Tengo amigos egresados de la ELD y están orgullosos de la camiseta. Tienen
sobrados motivos para sentirse de esa manera.
Quienes
me conocen no tienen la menor duda que soy un periodista investigador y
perseverante. Tomó el tiempo que sea necesario para obtener la información. Es
lo que he realizado en mi propio caso jurídico. Después de ver una campaña en
mi contra derivado de un infundio, supuse que algún político pudiera estar
empeñado en hacerme daño. Prácticamente toda mi carrera la he dedicado al
periodismo político y seguro que más de uno no quedó conforme con mi trabajo,
aunque se dijera la verdad.
Elaboré
lista de presuntos y fui descartando. Más de una vez me han dicho que lo
sucedido no era casual y que seguramente había una personaje atrás de esa
manipulación. A nadie le di detalles de mis sospechas y mucho menos un nombre
cuando carecía de pruebas para hacerlo.
Le
he rascado por todos lados. He revisado documentos, visitado en varias
ocasiones la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Consultado fuentes confiables que tengo en el ejercicio periodístico. Cotejado
actitudes, sucesos, declaraciones. Ejercicio de memoria cotidiano.
Hasta
ahora no he podido confirmar el nombre de ningún político prominente atrás de
la falaz acusación.
En febrero de
1997 estuve en la casa de la familia Gómez Mont. Había sido
invitado por la entonces diputada Teresa Gómez Mont Urueta. Conocí a la mayoría
de los hermanos. La mamá de todos ellos, doña María, relató la vida de su
esposo y de los hijos. Trabajaba en el diario El Universal y el 9 de febrero de
ese año se publicó un reportaje de semblanza, en la página 17 de la primera
sección con el título “Controversia y reconocimiento rodean a los Gómez Mont”.
Cuando
me enteré quien era el abogado que tenía de adversario, de inmediato amigos
dieron por hecho que había alguien importante atrás en mi contra. Un abogado que tiene como segundo
apellido Gómez-Mont, su primer apellido es Robles y su nombre Emiliano, era
lógico suponer un alto cobro por sus servicios.
Sin
embargo, resulta que lo tengo de adversario de manera “gratuita”, en mi caso no
le cobra a quienes se han ocupado en desacreditarme. Busca “prestigio” al
utilizar mi asunto para salir en los medios y dinero porque cree que al final
podrá demandarme por muchos millones de pesos.
De
una vez debe saber el litigante que carezco de fortuna.
En
el mes de julio pasado tuve una reunión con Teresa Gómez Mont, tía y madrina de
boda de Emiliano.
Se
quedó sorprendida por los detalles de mi historia. En ese mismo momento intentó
localizar a su sobrino, egresado de la Escuela Libre de Derecho (ELD). A la que
encontró por teléfono fue a la mamá de él. Por lo que escuché, el diálogo fue
ríspido.
Una
de las frases de Teresa fue: “¿qué no sabe lo que es la ética profesional?”.
Cualquiera
que revise con imparcialidad el expediente sobre mi caso, que vea y lea lo que
han declarado una docena de testigos, hombres y mujeres, fotografías, videos,
periciales y contradicciones de la parte que acusa, concluirá que existe un
atropello en mi contra que no tiene nombre.
Se
dará cuenta el contraste que existe entre la primera declaración y las
sucesivas de la parte acusadora. Como se trata de supuestos delitos de
realización oculta, alguien los cuadró en la instancia ministerial.
A
pesar de ello, he acreditado mi inocencia y ahora lucho porque se reconozca.
El
ex Rector de la Escuela Libre de Derecho, Ignacio Morales Lechuga, actual
maestro de dicha institución, revisó el expediente penal, la sentencia del juez
y elaboró un Amicus Curiae que evidencia mi inocencia.
AMICUS
CURIAE DEL LICENCIADO IGNACIO MORALES LECHUGA
El
17 de agosto de 1996 en la página 12 de la primera sección de El Universal se
publicó la nota “Acusan de Despojo a F. (Fernando) Gómez Mont”. Lo acusaron de
utilizar influencias políticas y económicas a favor de su hermano Felipe “para
consumar el despojo de una residencia”. La queja fue presentada en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación por María Eugenia Landerreche Gómez Morín,
esposa de Felipe Gómez Mont.
Según
la ex diputada Teresa Gómez Mont, en la actualidad la principal relación en la
política de su sobrino se llama Margarita Zavala.
Para
evitar desatinadas valoraciones, el viernes pasado le envié a quien aspira a
competir en las elecciones del 2018, a su correo electrónico, dos preguntas que
son:
1.-¿Sabe
usted si se ha utilizado su nombre como tráfico de influencia para dañar en un
proceso judicial al periodista Arturo Zárate Vite?
2.-¿Conoce
usted el expediente penal 103/2012 sobre el caso del periodista Arturo Zárate
Vite?
Hasta
el momento no he recibido respuesta.
Lo
que es un hecho es que un experto cuadró las imputaciones que combato por
falsas.
¿Se
vale dañar a una familia para hacerse de “dinero” y “fama”?, le pregunté a la
ex legisladora Teresa Gómez Mont.
Sólo
se mordió los labios.
Estimado
Rector de la Escuela Libre de Derecho:
Reitero
mi respeto a la institución que usted encabeza y por lo mismo considero que
este caso amerita su valoración.
Como
diría Teresa Gómez Mont:
¿Qué
no sabe Emiliano lo que es ética?
Cordialmente,
Arturo
Zárate Vite
Condenan a
exfuncionario de la CNDH por hostigamiento y abuso sexual
SARA
LOVERA
7
DE MARZO DE 2015
MÉXICO,
D.F. (proceso.com.mx).- Jorge Arturo Zárate Vite, excoordinador de Comunicación
Social de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue condenado a
nueve años y nueve meses de cárcel, y al pago de 15 días de multa por los
delitos de abuso y hostigamiento sexual.
A
casi tres años de que dos extrabajadoras de la CNDH interpusieran una denuncia
penal en contra del entonces coordinador de Comunicación Social por
hostigamiento y abuso sexual, el juez Primero de Distrito de Proceso Penales
Federales en el Distrito Federal, Eduardo Torres Carrillo, determinó que es
culpable de los dos delitos.
Sin
embargo, la defensa del exfuncionario asegura por medio de un comunicado, que
hay elementos plenos e irrefutables para establecer que la sentencia emitida
por el juez es ilegal, incongruente y contradictoria, toda vez que una docena
de testigos -hombres y mujeres- acreditaron la inocencia de Zárate y exhibieron
que las imputaciones son producto de una confabulación de las supuestas
víctimas.
La sentencia
condenatoria señala que Jorge Arturo Zárate deberá pagar 15 días de multa por
haber sido encontrado culpable de hostigamiento sexual.
Además, por
abuso sexual en contra de las dos mujeres, es acreedor a una pena ordinaria de
nueve años y nueve meses de prisión.
También
la sentencia indica que deberá ser destituido de su cargo, aunque hay que
recordar que se “separó” de él en 2012 con la finalidad de defenderse y limpiar
su nombre.
Y finalmente,
deberá hacer el pago correspondiente a la reparación del daño.
Las
víctimas de Zárate Vite eran trabajadoras de la CNDH y acudieron a denunciarlo
con el entonces primer visitador Luis García ante el Órgano Interno de Control
encabezado por Franco Fabbri.
Las
afectadas intentaron hacer llegar su denuncia ante el expresidente del
organismo, Raúl Plascencia Villanueva, quien por medio de su secretario
particular se negó a atenderlas bajo el argumento de que “si recibiera a todas
las personas que vienen a quejarse de sus jefes, no acabaríamos nunca”.
Al
interior de dicha institución las mujeres fueron revictimizadas, por lo que se
vieron obligadas a renunciar el 30 de marzo de 2012.
El
10 de abril de 2012 las víctimas acudieron a la Procuraduría General de la
República (PGR) para interponer una denuncia en compañía de su abogado Emiliano
Robles Gómez Mont. Ahí aportaron diversas pruebas periciales en psicología,
grafoscopía y audio; además de cartas, mensajes de celular y correos
electrónicos.
Meses
después, el Órgano Interno de Control de la CNDH inhabilitó a Zárate Vite por
seis meses, en septiembre de 2012.
“Fue un proceso muy largo y muy duro. Tuvimos
que contar la historia muchas veces y tuvimos que hacernos pruebas periciales
una y otra vez, pero a pesar de la tensión y lo difícil que era para nosotras
revivir los hechos, las autoridades nos trataron muy bien. En ningún momento
fuimos revictimizadas como en la CNDH en donde el hecho de ser mujeres le quitó
validez a nuestros argumentos, y en donde los investigadores del Órgano Interno
de Control nos hacían preguntas como ¿Y cómo venían vestidas usualmente? y ¿Por
qué aceptaban estar en la oficina de su jefe?,” señala una de las víctimas.
“Es necesario trabajar en materia de
hostigamiento sexual en el trabajo ya que causa daños graves a las víctimas en
cuestión de autoestima, de seguridad; genera depresión, ansiedad; disminuye la
productividad y claro, las personas viven con miedo porque no quieren perder su
trabajo o porque se ven obligadas a renunciar como fue nuestro caso. Hay que
hacer algo, una pena de sólo una multa no es equiparable con los daños que se
generan en las víctimas y ese delito da pie a otros como el abuso sexual”,
expresaron las afectadas.
Las
mujeres explican que esta sentencia puede marcar un precedente en materia de
hostigamiento sexual y abrir la puerta para que este delito sea visibilizado,
ya que a pesar de que es algo que viven miles de personas todos los días en su
lugar de trabajo, no se atreven a denunciarlo.
El
sentenciado interpuso un recurso de apelación que será resuelto en las próximas
semanas.
El
abogado de Zárate, Héctor Rojas Cárdenas, argumenta en un comunicado que el
juez Primero de Distrito de Proceso Penales Federales en el Distrito Federal
pasó por alto el cúmulo de pruebas que fueron desahogadas en el desarrollo
procesal del caso como son fotografías, videos, correos electrónicos,
testimonios, peritajes, entre otros documentos.
Agrega
que “quedaron demostradas las graves contradicciones de la parte acusadora, por
lo que pudiera ser un asunto de los llamados de consigna, con el fin de
perjudicar a mi defendido y a su familia, ya que dicha resolución atenta contra
su honorabilidad, prestigio y por supuesto derechos humanos”.
El
defensor afirma que las pruebas que fueron aportadas por las denunciantes
quedaron reducidas sólo a su dicho, el cual resultó inverosímil y
contradictorio, aunado a ello -apunta- las declaraciones de sus testigos el
propio juez señaló que no les constan personalmente los hechos (es decir, son
testigos por referencia de terceros) y la Corte al respecto se ha pronunciado y
ha establecido como criterio que dichos atestes carecen de eficacia probatoria.
“Por otro lado las pruebas aportadas por
Zárate Vite, que en suma fueron más de 45, las cuales se integraron por 12 testimoniales
de personas a quienes personalmente si les constaron los hechos; 11
documentales públicas que hacen prueba plena; 13 documentales privadas; un
video; La pericial en medicina y psicología; y careos constitucionales y
procesales, pruebas con las que se evidenció la inocencia de mi defendido y no
obstante ello, sin explicación alguna el juez las relega”, destaca el
comunicado.
Rojas
Cárdenas añade que semanas antes a que se produjera la acusación contra el
periodista -Zárate Vite- que se venía desempeñando como coordinador de
Comunicación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por dicho de éste,
recibió llamadas telefónicas anónimas, amenazándolo que se la iban a cobrar por
su desempeño como periodista y defensor de los derechos humanos.
“Hará del conocimiento de este asunto al
Consejo de la Judicatura, con independencia de la ya apelación interpuesta. De
ser necesario, llevará su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a
instancias internacionales, a fin de que sea revisado con imparcialidad el
expediente, en el que se evidencia su inocencia”, concluye el documento.
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