Con todo respeto a Ricardo Alemán, Carlos Marín y Jorge Fernández M., el caso Tlatlaya no está cerrado, aún…
Es observable que el fiscal del caso, No haya hecho bien su trabajo, por eso la PGR emite un comunicado donde dicen que aportarán pruebas para reaprehender a los 3 militares implicados, ahora están libres por decisión del juzgador.
La sentencia de poco más de 500 páginas señala que la PGR acusó a los militares con testimonios “omisos, imprecisos y contradictorios”, con declaraciones de soldados “posiblemente fabricadas”, con peritajes que “no comprueban los hechos” y sin evidencia que confirme que hubo una ejecución extrajudicial posterior al enfrentamiento que ocurrió en una bodega .
“Por tanto, con fundamento en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo procedente en la especie es dictar AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY
en favor de Procesado 1, Procesado 2 y Procesado 3, en la comisión del delito de encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo (…) Por ende, se debe ordenar la INMEDIATA LIBERTAD de los inculpados Procesado 1, Procesado 2 y Procesado 3; en la inteligencia de que dicha libertad se refiere única y exclusivamente a los hechos materia del proceso penal número 81/2014…“
La resolución del Magistrado dice que “no es impugnable por parte del Ministerio Público de la Federación“..Aunque también subraya que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”.
En un comunicado, la PGR informó que esta determinación se tomó luego de analizar detalladamente la resolución del Magistrado Adalid Ambriz Landa del Sexto Tribunal Unitario con sede en Toluca, que ordenó liberar por “falta de elementos para procesar” a los presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos.
¿Cuándo aportará las pruebas la PGR? ¿Por qué no lo hicieron a tiempo?
¿Y donde quedó la garra de los fiscales?
¿Ahora se le deben ofrecer disculpas a los militares?
El primer reportaje sobre el tema vino de la agencia informativa estadounidense The Associated Press –firmado desde San Pedro del Limón, Tlatlaya– quien planteó serias dudas de los hechos lamentables.
Reporteros de la agencia estadounidense sugirieron que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento sino de una sanguinaria ejecución por parte del Ejército.
Ante ello varias ONG, como Human Rights Watch pidieron al gobierno “una investigación imparcial y efectiva”. Aun con esa presión el asunto se manejó de bajo perfil, nadie dijo nada, salvo algunas excepciones.
Sin embargo, semanas después un reportaje de la revista Esquire– firmada por Pablo Ferri Tórtola –difundido el miércoles 17 de septiembre llevó que el Departamento de Estado norteamericano exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación creíble” acerca de los hechos.
La frase de Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado estadunidense fue contundente: “Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”.
Declaró, según reportó el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, que “como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”.
Esa declaración ocurrió justo a una horas de que el presidente de México arribara a de Nueva york a una gira de trabajo.
¿Qué publicó Ferri Tórtola?
Consiguió la versión de una testigo presencial de los hechos de nombre “Julia“: “Julia —su nombre real es Clara Gómez González—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero, y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.
¡La declaración fue muy fuerte! Además el reportaje se difundió simultáneamente en varios medios.
Temo por mi vida ante militares liberados: Julia, testigo clave en caso Tlatlaya
Esta mañana Clara Gómez González, conocida como Julia, testigo clave en el caso Tlatlaya, reconoció que teme por su seguridad y por su vida luego de que el Poder Judicial ordenó dejar en libertad, por falta de elementos para procesar, a los tres soldados del 102 Batallón de Infantería.
Señaló que se siente indignada y enojada por la liberación de los tres militares, porque acusó que en este país las denuncias no tienen ninguna repercusión, pues “no pasa nada“.
http://www.radioformula.com.mx/reproductor.asp
¡Se los dije! Tlatlaya, un montaje mediático/Ricardo Alemán
Milenio, 15 de mayo de 2016.
Desde el primer momento pusimos en duda la versión interesada y maniquea de que en Tlatlaya se había cometido una ejecución extrajudicial –contra integrantes de una banda criminal–, por parte de militares.
¿Y por qué dudamos de la versión?
Primero, porque quienes la inventaron y la hicieron crecer a través de amigos en medios, tienen antecedentes de mentirosos y de convertir los derechos humanos en un negocio personal.
Y, segundo, porque aplicamos la fórmula elemental del reporteo. Acudimos al lugar, hablamos con testigos, especialistas forenses, militares, autoridades y con una de las mujeres implicadas que, a cada palabra, cambiaba la versión.
Por eso, concluimos que en Tlatlaya asistimos a un invento mediático en el que participaron manos políticas, periodísticas y defensoras de derechos humanos. Y el objetivo de la patraña era el descrédito institucional –de la Sedena–, y el negocio personal de obtener dinero público para los criminales –a los que convierten en víctimas–, y para las mafias de derechos humanos.
Y al atrevernos a denunciar la patraña y el engaño –lo cual es y era políticamente incorrecto–, reputados académicos, vividores de derechos humanos y periodistas nos insultaron, difamaron y calumniaron.
Hoy, un juez absolvió de los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación de la escena criminal, a Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, militares que, junto con otros cuatro ya absueltos, arriesgaron la vida para acabar con un grupo criminal. En respuesta al cumplimiento del deber, una perversión política y social trató de convertirlos en criminales. ¿Quién limpiará el nombre de esos militares?
Como recuerdan, el 30 de junio de 2014, militares acudieron a San Pedro de Los Limones, Tlatlaya, para responder una denuncia sobre presencia de un grupo armado. Al llegar al lugar, los criminales recibieron a balazos a los militares, quienes respondieron el fuego y acabaron con los agresores.
Luego vino el invento mediático. Sin pruebas y con ayuda de académicos, intelectuales y periodistas, organizaciones como el Centro ProDH –propiedad de Emilio Álvarez Icaza–, inventaron una ejecución extrajudicial.
La idea era convertir a los criminales en víctimas y a los militares en criminales, para obtener dinero público, al amparo de la Ley de Víctimas.
Pero la justicia civil tiró el teatro. ¿Qué dirán hoy los inventores y sus jaurías babeantes? ¡Calladitos los que difamaron y calumniaron!
Al tiempo.
EL ASALTO A LA RAZÓN/Carlos Marín
Milenio, 16 de mayo de 2016
Es observable que el fiscal del caso, No haya hecho bien su trabajo, por eso la PGR emite un comunicado donde dicen que aportarán pruebas para reaprehender a los 3 militares implicados, ahora están libres por decisión del juzgador.
La sentencia de poco más de 500 páginas señala que la PGR acusó a los militares con testimonios “omisos, imprecisos y contradictorios”, con declaraciones de soldados “posiblemente fabricadas”, con peritajes que “no comprueban los hechos” y sin evidencia que confirme que hubo una ejecución extrajudicial posterior al enfrentamiento que ocurrió en una bodega .
“Por tanto, con fundamento en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo procedente en la especie es dictar AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY
en favor de Procesado 1, Procesado 2 y Procesado 3, en la comisión del delito de encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo (…) Por ende, se debe ordenar la INMEDIATA LIBERTAD de los inculpados Procesado 1, Procesado 2 y Procesado 3; en la inteligencia de que dicha libertad se refiere única y exclusivamente a los hechos materia del proceso penal número 81/2014…“
La resolución del Magistrado dice que “no es impugnable por parte del Ministerio Público de la Federación“..Aunque también subraya que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”.
En un comunicado, la PGR informó que esta determinación se tomó luego de analizar detalladamente la resolución del Magistrado Adalid Ambriz Landa del Sexto Tribunal Unitario con sede en Toluca, que ordenó liberar por “falta de elementos para procesar” a los presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos.
¿Cuándo aportará las pruebas la PGR? ¿Por qué no lo hicieron a tiempo?
¿Y donde quedó la garra de los fiscales?
¿Ahora se le deben ofrecer disculpas a los militares?
El primer reportaje sobre el tema vino de la agencia informativa estadounidense The Associated Press –firmado desde San Pedro del Limón, Tlatlaya– quien planteó serias dudas de los hechos lamentables.
Reporteros de la agencia estadounidense sugirieron que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento sino de una sanguinaria ejecución por parte del Ejército.
Ante ello varias ONG, como Human Rights Watch pidieron al gobierno “una investigación imparcial y efectiva”. Aun con esa presión el asunto se manejó de bajo perfil, nadie dijo nada, salvo algunas excepciones.
Sin embargo, semanas después un reportaje de la revista Esquire– firmada por Pablo Ferri Tórtola –difundido el miércoles 17 de septiembre llevó que el Departamento de Estado norteamericano exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación creíble” acerca de los hechos.
La frase de Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado estadunidense fue contundente: “Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”.
Declaró, según reportó el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, que “como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”.
Esa declaración ocurrió justo a una horas de que el presidente de México arribara a de Nueva york a una gira de trabajo.
¿Qué publicó Ferri Tórtola?
Consiguió la versión de una testigo presencial de los hechos de nombre “Julia“: “Julia —su nombre real es Clara Gómez González—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero, y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.
¡La declaración fue muy fuerte! Además el reportaje se difundió simultáneamente en varios medios.
Temo por mi vida ante militares liberados: Julia, testigo clave en caso Tlatlaya
Esta mañana Clara Gómez González, conocida como Julia, testigo clave en el caso Tlatlaya, reconoció que teme por su seguridad y por su vida luego de que el Poder Judicial ordenó dejar en libertad, por falta de elementos para procesar, a los tres soldados del 102 Batallón de Infantería.
Señaló que se siente indignada y enojada por la liberación de los tres militares, porque acusó que en este país las denuncias no tienen ninguna repercusión, pues “no pasa nada“.
http://www.radioformula.com.mx/reproductor.asp
Opine sobre el tema entonces, '
Tlatlaya/ Fred Alvarez, 2 de octubre de 2015
#¡Se los dije! Tlatlaya, un montaje mediático/Ricardo Alemán
Milenio, 15 de mayo de 2016.
Desde el primer momento pusimos en duda la versión interesada y maniquea de que en Tlatlaya se había cometido una ejecución extrajudicial –contra integrantes de una banda criminal–, por parte de militares.
¿Y por qué dudamos de la versión?
Primero, porque quienes la inventaron y la hicieron crecer a través de amigos en medios, tienen antecedentes de mentirosos y de convertir los derechos humanos en un negocio personal.
Y, segundo, porque aplicamos la fórmula elemental del reporteo. Acudimos al lugar, hablamos con testigos, especialistas forenses, militares, autoridades y con una de las mujeres implicadas que, a cada palabra, cambiaba la versión.
Por eso, concluimos que en Tlatlaya asistimos a un invento mediático en el que participaron manos políticas, periodísticas y defensoras de derechos humanos. Y el objetivo de la patraña era el descrédito institucional –de la Sedena–, y el negocio personal de obtener dinero público para los criminales –a los que convierten en víctimas–, y para las mafias de derechos humanos.
Y al atrevernos a denunciar la patraña y el engaño –lo cual es y era políticamente incorrecto–, reputados académicos, vividores de derechos humanos y periodistas nos insultaron, difamaron y calumniaron.
Hoy, un juez absolvió de los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación de la escena criminal, a Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, militares que, junto con otros cuatro ya absueltos, arriesgaron la vida para acabar con un grupo criminal. En respuesta al cumplimiento del deber, una perversión política y social trató de convertirlos en criminales. ¿Quién limpiará el nombre de esos militares?
Como recuerdan, el 30 de junio de 2014, militares acudieron a San Pedro de Los Limones, Tlatlaya, para responder una denuncia sobre presencia de un grupo armado. Al llegar al lugar, los criminales recibieron a balazos a los militares, quienes respondieron el fuego y acabaron con los agresores.
Luego vino el invento mediático. Sin pruebas y con ayuda de académicos, intelectuales y periodistas, organizaciones como el Centro ProDH –propiedad de Emilio Álvarez Icaza–, inventaron una ejecución extrajudicial.
La idea era convertir a los criminales en víctimas y a los militares en criminales, para obtener dinero público, al amparo de la Ley de Víctimas.
Pero la justicia civil tiró el teatro. ¿Qué dirán hoy los inventores y sus jaurías babeantes? ¡Calladitos los que difamaron y calumniaron!
Al tiempo.
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=EL ASALTO A LA RAZÓN/Carlos Marín
Milenio, 16 de mayo de 2016
Tlatlaya y la honra de tres soldados
A los devotos a ciegas de la vulnerable “justicia civil”, aquellos que por ignorancia suponen privilegio y garantía de impunidad el fuero militar, debió caerles como agua helada la sentencia absolutoria del magistrado titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca en favor de los tres soldados a quienes medios “periodísticos”, organismos no gubernamentales y la CNDH les han estado pudriendo la existencia con la acusación de haber cometido una masiva “ejecución extrajudicial”.
El 30 de junio de 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que siete militares que hacían recorridos en el municipio de Tlatlaya (Edomex) habían sido agredidos por más de 20 sujetos que resultaron muertos; que en el lugar fueron aseguradas 25 armas largas, 13 cortas, una granada de fragmentación y tres vehículos con reportes de robo.
Tres meses después, con versiones diferentes a las originalmente rendidas por tres mujeres, la revista Esquire excitó a medios nacionales que hacen suyo lo que sea que venga del extranjero pero ¡chin!, a los ojos de la justicia civil, eso fue solo un gran cuento…
cmarin@milenio.com
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Razones/
En Tlatlaya no hubo ajusticiamientos/ Jorge Fernández Menendez.
Excelsior, 16 de mayo de 2016
Desde diciembre de 2012, el Ejército mexicano ha sufrido más de mil agresiones de grupos armados.
Han quedado finalmente en libertad, absueltos de todo delito, los últimos tres militares involucrados en el caso Tlatlaya. En octubre pasado, cuando fueron liberados los primeros cuatro inculpados, decíamos aquí que era una medida justa en un caso que se convirtió en mediático por la manipulación de un grupo de delincuentes y de organizaciones que, inexplicablemente, se hicieron eco de ellos.
Como con los otros militares involucrados, contra los tres ahora liberados no había prueba alguna. Simplemente tuvieron que pasar unos meses más en prisión, porque el juez que llevaba el caso tenía dudas sobre su participación, ya que fueron los primeros que entraron a esa bodega donde los criminales, en la noche anterior, habían realizado una larga fiesta con alcohol, drogas y prostitutas, y donde fueron sorprendidos por la patrulla de ocho soldados, uno de los cuales terminó herido.
Hay quienes dicen en el caso Tlatlaya que los números no cuadran: que no puede quedar un soldado herido y que los 22 atacantes caigan: se equivocan. Estamos hablando de soldados preparados, que están entrenados para situaciones de combate, enfrentados a un grupo de sicarios alcoholizados y drogados, que los agredieron cuando los vieron llegar, pero que fueron militarmente superados.
Tampoco hubo, hasta tres meses después, acusación alguna de irregularidades en ese operativo. Fue entonces cuando una de las mujeres que sobrevivieron esa noche y que argumentaron que estaban secuestradas (en realidad eran prostitutas que, desde tiempo atrás, acompañaban a ese grupo que se dedicaba tanto al secuestro como a la extorsión y al narcotráfico) hizo una declaración imputando a los soldados el haber ejecutado a sus compañeros. No podía saberlo porque, según su propia declaración, tenía los ojos vendados en ese momento y tampoco se encontraba exactamente en el espacio de los enfrentamientos.
La recomendación de la anterior administración de la CNDH se hizo eco de esa declaración, cuando su entonces presidente buscaba desesperadamente apoyos para ser reelegido (no alcanzó ese objetivo), obviando casi todas las pruebas periciales y asumiendo, sólo, esa declaración. El hecho, comprobado, es que esas mujeres eran parte del grupo criminal. Dos de las tres rescatadas están procesadas porque se comprobó ese vínculo. Ahora piden, por supuesto, ser dejadas en libertad. El ajusticiamiento de sus cómplices es la coartada.
En sus testimonios dicen que pudieron identificar, sólo de oídas, cuáles eran las armas que utilizaban los agresores y cuáles los soldados, así como el lugar exacto donde se producían los disparos. No es nada sencillo, porque el grupo agresor tenía en su poder 25 armas largas, incluyendo 16 fusiles AK47, seis fusiles AR15 y 25 armas cortas, granadas y 112 cargadores para armas de distintos calibres. Obviamente, la patrulla militar también contaba con armas largas.
Según los militares que intervinieron en los hechos, luego de la agresión y de un largo tiroteo, cuando se suspendió el fuego, tres elementos ingresaron a la bodega, allí vieron movimientos y personas que los amenazaban con armas, y dispararon contra sus agresores. Allí mismo liberaron a las tres mujeres que entonces dijeron que habían sido secuestradas por los criminales.
La versión de los tres militares que entraron al lugar era verosímil. Lo que es inverosímil es que las mujeres de oídas puedan diferenciar quiénes hacían los disparos, qué armas eran, si los que disparaban eran los militares o los criminales y desde dónde lo hacían. Y tampoco se respondía una pregunta obvia: si una patrulla militar penetró a la bodega con el fin de matar a los sobrevivientes, ¿por qué les perdonarían la vida a estas mujeres?, ¿por qué a ellas las pusieron a disposición de la justicia y a los otros no?
Tlatlaya no era y no es un punto menor en la agenda de la seguridad ni en la de la relación del Ejército con las instituciones y con la sociedad. Desde diciembre de 2012, el Ejército mexicano ha sufrido más de mil agresiones de grupos armados que les ha costado la vida a decenas de militares y dejado heridos a centenares de elementos. La justicia en el caso Tlatlaya ha dejado en libertad a los militares con base en evidencias y peritajes y no en juicios mediáticos o juegos de poder. Y quienes hicieron del caso Tlatlaya un leitmotiv para explicar la “guerra sucia” han perdido una pieza clave en su ajedrez mediático.
El Barroco de Puebla
Pasamos este fin de semana en Puebla, básicamente para conocer el Museo Internacional del Barroco, inaugurado en febrero pasado y diseñado por el notable arquitecto japonés Toyo Ito. Creo que es uno de los museos más bellos y con mejor museografía que he conocido, a nivel de los mejores del mundo. Es, simplemente, un espacio extraordinario en una ciudad marcada por un dinamismo y crecimiento singular. No dude en conocerlo, ni el museo en sí mismo, ni sus exposiciones ni su entorno tienen desperdicio. Extraordinario.
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