Juego
oscuro del juez y la PGR en Tlatlaya
Los
soldados implicados en la matanza ni siquiera son absueltos: El juez dice que
no hay elementos para llevarlos a juicio basándose en cuestionables
contradicciones de las testigos
PABLO
FERRI
El País, México
15 MAY 2016
La
noche del pasado viernes, la Procuraduría General mexicana, PGR, mandó un
comunicado bomba por correo electrónico. Al filo de medianoche, la PGR
informaba de un hecho crucial en un caso que ha marcado el sexenio del
presidente Enrique Peña Nieto, la matanza de Tlatlaya.
Un
juez federal, decía la nota, ordenaba liberar a Fernando Quintero, Roberto
Acevedo y Leobardo Hernández, tres militares a quienes la propia fiscalía
acusaba del homicidio de ocho personas en julio de 2014 en Tlatlaya, en el
Estado de México, a unas cuatro horas de la capital. El juez, seguía el
comunicado, desestimaba las pruebas de la PGR y exoneraba a los militares de
los delitos de homicidio, encubrimiento y alteración del lugar de los hechos.
El
sábado a mediodía, el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que administra y
coordina a los tribunales federales en México, divulgaba el auto del juez que
desechaba la investigación de la fiscalía. El auto, en realidad, revoca la decisión
anterior de otro juez, que había mandado a prisión a los soldados. Aunque en un
primer momento los medios dijeron que la justicia los absolvía, ni siquiera
llegaba a eso: la justicia elegía no procesarlos. El sábado por la tarde,
Santiago Aguirre, del Centro Pro, abogado de Clara Gómez, una de las testigos
de lo ocurrido en Tlatlaya, explicaba por teléfono: “El juez ha aplicado un
estándar que de aplicarse a cualquier otro caso, quedaría todo el mundo libre.
Esto suele hacerse en sentencias. No debe servir para revocar un auto de formal
prisión”.
En
un país donde la posesión de unos gramos de marihuana puede llevar a la cárcel,
tres soldados acusados de matar a ocho personas, de modificar el lugar de los
hechos y encubrir el asunto quedaban libres.
El
auto de liberación consta de 522 páginas. De la 135 a la 146, el juez recoge
contradicciones entre las declaraciones de las tres testigos sobre lo que
ocurrió en aquella bodega.
La
madrugada del 1 de julio de 2014, una camioneta del Ejército paró junto a un
galpón a medio construir en una comunidad rural de Tlatlaya. Uno de los
militares había visto gente armada. Era de noche. Empezó entonces un tiroteo
entre los soldados y el grupo de la bodega. Al día siguiente, la Secretaría de
la Defensa Nacional informaba de la muerte de 22 delincuentes en el tiroteo. Un
soldado había resultado herido. Dos meses más tarde, la testigo Clara Gómez
denunciaba sin embargo que los soldados habían asesinado a parte del grupo; que
el tiroteo había concluido, los supuestos delincuentes se habían rendido y los
militares habían matado a los supervivientes.
La
PGR, que empezó a investigar el caso semanas después de que ocurriera, concluyó
que la versión de la testigo era cierta: tres de los ocho soldados habían
asesinado a ocho del grupo armado. La fiscalía tomó declaración a otras dos
testigos. Sus testimonios, el de Clara y los distintos peritajes que habían
practicado sus colegas de la procuraduría estatal integraron el caso que
presentaron ante el juez.
Los
soldados fueron a la cárcel. La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas
intervino y ofreció apoyo a los familiares de los ejecutados. Su titular, Jaime
Rochín, adelantó incluso los montos que se pagaría a las familias como
indemnización. Y luego llegó la decisión del tribunal.
El
juez apunta una decena de imprecisiones y contradicciones en los relatos de las
testigos sobre lo que ocurrió aquella noche. Y todas son menores. Una refiere
por ejemplo que las testigos difieren sobre la hora en que comienza el tiroteo:
una dice que serían las tres y media y las otras dos dicen de madrugada; la
segunda, una imprecisión, apunta que las testigos difieren sobre quién empezó a
disparar, si los soldados o los de la bodega. El auto está cortado justo en esa
página, por lo que resulta imposible saber qué dice cada una. En todo caso,
Clara se refugió en una camioneta durante el enfrentamiento. Las otras dos
estaban al fondo de la bodega. Difícilmente pudieron dar cuenta de ese detalle
con precisión. Luego, el juez señala que los testimonios no coinciden sobre la
duración del enfrentamiento. Una dice que media hora, otra que entre cinco y
diez minutos y otra diez… Y así sucesivamente. Ninguna contradicción o imprecisión
refiere a los asesinatos, cosa que el juez no cuestiona.
Santiago
Aguirre, del Centro Pro, dice: “El juez pone énfasis al cuestionar los
testimonios y es laxo con los militares como nunca se ha visto en un caso que
tenga que ver con civiles. Además, no hace caso de los peritajes balísticos”.
La PGR acusaba a los tres soldados de alterar el lugar de los hechos. La
Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó en su informe que alguien movió
armas y cadáveres de lugar.
El
sábado por la tarde, la PGR reaccionaba a la decisión del juez. En un
comunicado, dijo: “[Esta institución] aportará pruebas que acrediten la
responsabilidad de los implicados, para que estos sean reaprehendidos y
formalmente procesados”.
En
su cuenta de Twitter, el periodista Jorge Alejandro Medellín, especialista en
las Fuerzas Armadas, integrante del Casede, Colectivo de Análisis de la
Seguridad con Democracía, escribía el viernes: “La liberación de los tres
militares de Tlatlaya es la disculpa públcia de Enrique Peña Nieto a Salvador
Cienfuegos, secretario de la Defensa y la Sedena”.
Hace
apenas un mes, la prensa mexicana descubrió un video en que soldados y policías
federales torturaban a una mujer para sacarle información. Días después,
Cienfuegos se disculpaba públicamente delante de miles de soldados en un acto
de la Sedena. Más tarde, en una entrevista con el diario digital Pulso,
Cienfuegos decía: “El Ejército debe salir de las calles; fue un error entrar en
esa guerra”.
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