Revista
Proceso # 2062, 7 de mayo de 2016...
Bastó
con un análisis riguroso de los expedientes oficiales para que los expertos del
GIEI determinaran que la tortura fue el método de investigación empleado por la
PGR en el caso Ayotzinapa. Los expertos detectaron que a los detenidos clave
–aquellos en los que se cimentó la “verdad histórica”– les fueron “apareciendo”
lesiones conforme pasaban de autoridad a autoridad. Pese a que los aprehendidos
denunciaron los maltratos, nadie investigó, lo que viola el debido proceso y
erosiona, todavía más, la versión gubernamental.
Al
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) le bastó
sistematizar la documentación sobre “integridad física” y “mecánica de
lesiones” de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa para inferir que la tortura fue el método de “investigación”
utilizado por el personal de la Procuraduría General de la República (PGR) para
construir la “verdad histórica”.
Impedidos
de interrogar durante su segundo periodo a los procesados por la desaparición
de los jóvenes, los miembros del GIEI establecieron una metodología para
determinar la prevalencia de los malos tratos en una muestra de 17 de los 123
detenidos, a partir de la revisión minuciosa de cada una de las certificaciones
médicas a las que fueron sometidos los acusados desde su detención hasta su
ingreso a penales federales, donde aún se encuentra la mayoría.
De
la revisión del Informe Ayotzinapa II, presentado el pasado 24 de abril, se
desprende que el estudio realizado por el GIEI es producto de un análisis
especializado, llevado a cabo por integrantes del Consejo Internacional de
Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), con sede en Copenhague,
Dinamarca.
El
IRCT concluyó que existen “indicios suficientes de que los detenidos podrían
haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, indicios que
deberían haber desencadenado una investigación conforme con los estándares de
diligencia establecidos por la normatividad internacional de protección de los
derechos humanos”.
El
24 de abril, luego de que el GIEI rindiera su último informe –al que no
asistieron funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto pese a que estaban
invitados–, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Éber Betanzos, leyó
un comunicado en el cual sostenía, entre otras cosas, que la Unidad
Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, había
iniciado “seis averiguaciones previas relacionadas con 31 presuntas víctimas,
quienes hacen señalamientos en contra de servidores públicos de distintas
instituciones”.
Aunque
Betanzos aseguró que las indagatorias se iniciaron por “iniciativa de la propia
institución”, en su informe el GIEI señala que “en los casos en los que el
detenido refirió ante el Ministerio Público (MP) haber sido torturado, dicha
declaración no fue evaluada siguiendo los estándares internacionales como
mecanismo de investigación ni prevención, y no se incluye en el expediente que
se hubiera tomado medida alguna al respecto”.
Es
más, hasta el momento de rendir su informe, el GIEI no tenía información de que
el Estado hubiera aplicado el Protocolo de Estambul “en casos en los que sí
denunciaron tortura ante el propio MP cuando los hallazgos eran sugestivos de
tortura”.
Los
expertos independientes señalaron que el ordenamiento de aplicación del
Protocolo ocurrió “tras el paso (de los detenidos) ante el juez muchos meses
después. Y, tras la petición del juez, aún esos informes se retrasarán de 14 a
20 meses después de la detención”.
Al
resaltar que los 17 casos analizados –seleccionados por la fuerza que tienen en
la cimentación de la “verdad histórica”– son ejemplos claros de que la
aplicación de certificaciones médicas “no parecen haber tenido ningún efecto en
cuanto a las garantías para el periodo de detención, donde la intervención
médica y asistencia deberían ser una garantía para la supervisión de las
condiciones de la misma”.
Acumulación
de lesiones
De
la revisión minuciosa de los dictámenes médicos, los expertos designados por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidenciaron cómo de reportes de
cero lesiones durante las aprehensiones, de acuerdo a las puestas a disposición
ante el MP, los procesados iban acumulando “equimosis”, “contusiones”, “eritemas”,
“escoriaciones”, “hematomas”, “costras” y hasta “chupetones”, según los
dictámenes hechos al ingresar a la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y en aquéllos de “distintos
informes en el periodo de entre 48 horas o de hasta 30 días en los casos de
‘arraigo’ al que fueron sometidos algunos detenidos bajo custodia, antes de
entrar al Cefereso”.
En
el capítulo “Torturas” del último reporte del GIEI, que concluyó su mandato el
30 de abril, se recuerda que en el primer informe, de septiembre de 2015, de un
primer balance de los expedientes sobre la integridad física de 80 detenidos se
determinó que 77% de ellos tenían lesiones.
Durante
su segundo mandato, de octubre de 2015 a abril, los expertos hicieron una selección
de 17 casos que “cumplieron con los criterios de mayor documentación en el
expediente, y mayor relevancia para los distintos grupos de inculpados”.
El
estudio del GIEI demuestra que “los informes médicos realizados de forma
secuencial tras la detención muestran que en todos los casos se dan lesiones
nuevas durante el periodo de detención bajo custodia, en diferentes momentos.
Es decir, no pueden ser debidos a maniobras de detención”.
Identifican
que “varios de los informes de integridad física y de Mecánica de Lesiones se
realizan de forma conjunta, y no separada o individualizada caso por caso”,
como corresponde a los estándares internacionales de investigación, en tanto
que las entrevistas psicológicas no están diseñadas para valorar el estado emocional
de los detenidos ni mucho menos “investigan ni valoran posibles malos tratos,
incluso cuando los detenidos señalan haber sido torturados”.
Al
señalar que durante las entrevistas que realizó el GIEI a detenidos, durante el
primer mandato, algunos de ellos denunciaron torturas, que se confirman en los
dictámenes médicos. Los expertos advierten que pese a que algunos inculpados
les informaron que sus lesiones fueron fotografiadas, no están integradas en
sus respectivos expedientes.
En
cuanto a la Mecánica de Lesiones, estudio realizado por personal de la PGR –en
la mayoría de los casos, meses después de las detenciones– de manera
generalizada se atribuyen las dolencias a “maniobras forzadas en la detención”,
aun cuando las aprehensiones hayan sido pacíficas, y en caso de que los
detenidos reporten tortura, los legistas de la PGR descartan el delito “si no
dan detalles”.
De
los 17 casos analizados, están los dictámenes médicos y psicológicos de
Jonathan Osorio Cortez, El Jona; de Agustín García Reyes, El Chereje; Patricio
Reyes Landa; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo o El Terco; y de Miguel Ángel
Landa Bahena, El Duva, inculpados como integrantes de Guerreros Unidos, “que
según sus declaraciones habrían participado en el traslado, ejecución y quema de
los normalistas en el basurero de Cocula”.
En
estos cinco casos, de forma invariable las lesiones de los detenidos van en
aumento entre el momento de su detención al de llegar a la custodia de la
SEIDO.
Es
el caso de García Reyes, el hombre que fue llevado el 28 de octubre de 2014 a
la ribera del río San Juan, acompañado del director de la Agencia de
Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, de acuerdo con un video
presentado por el GIEI el día de su informe.
Según
su expediente, García Reyes fue detenido de forma “pacífica” en Cocula el 27 de
octubre a las 18:00 horas por efectivos de la Secretaría de Marina, quienes lo
condujeron a la SEIDO, donde un médico naval le registró “una equimosis en
hipocondrio izquierdo” en la puesta a disposición.
El
acta ministerial indica que ingresó a la SEIDO el mismo 27 de octubre a las
23:00 horas, y casi dos horas después, a las 00:50 del 28 de octubre, se le
realizó un examen médico que refiere la existencia de 30 lesiones. En una de
ellas “se atribuye la cauda a un ‘chupetón’, lo que podría ser un golpe o un
pellizco que no existía en un primer informe”, apunta el GIEI en su último
informe.
En
una evaluación psicológica del 28 de octubre, García Reyes informó al psicólogo
que “fue torturado, que le pusieron una bolsa en la cabeza, que lo golpearon y
le dieron toques con la ‘chicharra’. Sin embargo, el psicólogo ignora por
completo este hecho y no lo aborda en toda la evaluación”, comenta el GIEI.
Los
expertos también revisaron el expediente de Gilberto López Astudillo, El Cabo
Gil, a quien se acusa de haber ordenado la desaparición de los normalistas.
Sobre
este personaje, los expertos resaltan inconsistencias, pues aunque se sabe que
fue arrestado el 16 de septiembre de 2015 en Taxco, Guerrero, “no hay documentos
suficientes para saber cuándo fue detenido”, pues en el expediente hay dos
cumplimentaciones de órdenes de aprehensión, fechadas el 18 de septiembre del
año pasado, que dicen que la detención “se llevó a cabo sobre avenida Paseo de
la Reforma, a la altura del número 75, colonia Guerrero, delegación
Cuauhtémoc”, es decir, en inmediaciones de las oficinas de la SEIDO.
Refieren
seis dictámenes médicos que dan cuenta de costras hemáticas en el muslo
izquierdo, “el eritema en el conducto auditivo izquierdo, la hipoacusia derecha
secundaria a rotura de tímpano en oído derecho, el sangrado en el conducto y
los hematomas que muestra en la zona periauricular”. En su declaración
ministerial El Cabo Gil sostuvo que fue torturado y que su detención ocurrió el
17 de septiembre y no el 18, como está asentado en el expediente.
“La
presencia de lesiones como hematomas en zona periauricular, hiperemia en
conducto auditivo externo y rotura de tímpano con sangrado de un 30% de la
superficie timpánica son congruentes con tortura”, se indica en el reporte del
GIEI.
Los
expertos sostienen que las secuelas de lesiones son compatibles con lo que
López Astudillo ratificó “ante el GIEI, junto con otros relatos de amenazas
posteriores por el propio detenido en el Cefereso, en octubre de 2015”.
En
otro bloque de documentos oficiales revisados están los de los agentes de la
Policía de Iguala acusados de llevar a cabo el “ataque a los normalistas la
noche del 26-27 de septiembre de 2014”: Verónica Bahena Cruz, Édgar Vieyra
Pereyda, Alejandro Mota Román y Alejandro Lara García.
Asimismo
están incluidos algunos de los agentes de la Policía Municipal de Cocula que se
dirigieron a Iguala a apoyar a la policía de dicha ciudad. Se trata de César
Yáñez Castro, Roberto Pedrote Nava, Óscar Veleros Segura, Julio César Mateos
Rosales, Alberto Aceves Serrano, Ignacio Aceves Rosales y César Nava González.
En el último caso, el GIEI no tuvo constancia de “cuándo fue detenido, dónde,
qué autoridad lo detuvo y cómo fue la detención”.
En
esos dos bloques, los miembros del GIEI hallaron evidencias de que las
aprehensiones fueron pacíficas: los policías de Iguala en instalaciones del
Campo Militar 23-B en Tlaxcala, el 14 de octubre de 2014, y los de Cocula en
las instalaciones de ese ayuntamiento el 13 de octubre de ese mismo año.
En
ambos casos, en la SEIDO el tratamiento de los informes médicos fue colectivo,
“contraviniendo estándares internacionales”.
En
los reportes médicos de la SEIDO y al ingresar a los diferentes centros de
detención federal, los policías de Iguala y Cocula presentan contusiones,
equimosis, hematomas y rasguños, que son consideradas por los informes de
mecánica de lesiones, aplicada por médicos de la PGR en los lugares de
detención, como propias de “actos de sometimiento, inmovilización y traslado de
personas con forcejeo y resistencia”. l
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