Ante obesidad y sobrepeso, fracaso de políticas oficiales/

Revista Proceso #2078, a 28 de agosto de 2016..

Ante obesidad y sobrepeso, fracaso de políticas oficiales/Mathieu Tourliere

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Antonio Kuri Morales, admite que la obesidad y el sobrepeso, dos de los factores que provocan la diabetes, se vienen gestando desde hace tres décadas. La falta de una política integral para combatirlos le cuesta al Estado más de 200 mil millones de pesos al año, lo que afecta de manera severa las finanzas públicas.

Cada año, el sistema de salud mexicano invierte 224 mil millones de pesos para combatir la obesidad y el sobrepeso, y aun cuando no está colapsado, “hay un gran riesgo de que si no ponemos un alto a esta tendencia de incremento”, la sobrecarga sobre dicho sistema “no va a ser sostenible”.

Quien lanza la voz de alerta es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Antonio Kuri Morales.

El funcionario federal proporciona cifras: en el año 2000, la diabetes afectaba a 4.6% de los mexicanos; seis años después, la tasa se elevó a 7.3% y para 2012 se ubicó en 9.2%. Los años recientes, las muertes causadas por esa enfermedad siguieron una tendencia similar: pasaron de 85 mil en 2012 a 89 mil en 2013 y llegaron a 94 mil en 2014.

La semana antepasada, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó que el sobrepeso y la obesidad incrementan los riesgos de cáncer de colon, recto, esófago, riñón, mama, endometrio, cardias gástrico, hígado, vesícula, páncreas, ovarios y tiroides, y están vinculados con meningioma y mieloma múltiple.

“Estudios de la unidad de análisis económico de la Secretaría de Salud de 2015 estiman que el impacto de la obesidad y el sobrepeso –factores importantes para explicar la diabetes– tienen un costo directo de 151 mil millones de pesos e indirectos de 72 mil millones”, sostiene Kuri.

Dice que si bien la atención y el diagnóstico están prácticamente cubiertos, hay problemas de financiamiento para ello y para el tratamiento por hemodiálisis. Y advierte: “Cuando los sistemas estatales de salud sean rebasados, no habrá recursos suficientes y puede convertirse en un problema muy serio”.

La explosión del sobrepeso y la obesidad, dice el funcionario, se deben a la sedentarización –hoy, los mexicanos pasan en promedio 6.5 horas del día frente a la televisión–, al incremento de la esperanza de vida, la falta de actividad física, así como a la proporción cada vez mayor de la comida chatarra y refrescos.

Cada año, una persona consume 163 litros de refresco en promedio. En 2013 se vendieron 214 mil toneladas de alimentos ultraprocesados, lo que colocó a México en el cuarto lugar a nivel internacional en este aspecto. En cuanto a la obesidad, ocupa el segundo sitio en el mundo –afecta a tres de cada 10 mexicanos– y el primero en materia de sobrepeso –siete de cada 10.

Kuri admite que el problema se gestó en las últimas tres décadas. ¿Qué falló?, se pregunta. Faltó, dice, una política integral para atender la obesidad y el sobrepeso, pues antes no había control de los diabéticos, pese a que en 2010 hubo un acuerdo sobre salud alimentaria; tampoco funcionaron los esfuerzos de regulación.

Impuesto que no baja

En 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó por primera vez el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre las bebidas azucaradas, a las que aplicó una tasa de 10%, pese a la fuerte oposición de la industria refresquera. Esta medida se sumó al IEPS de 8% gravado sobre las ventas de comida chatarra.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el año pasado el Estado mexicano recaudó 37 mil 325 millones de pesos en impuestos especiales a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra.

“Nos gustaría que se destinara una fracción de este impuesto a la salud, pero no es el caso, no está etiquetado para ello”, lamenta Kuri. Precisa que “hay una discusión interna” para que los recursos bajen a los programas de salud.

–¿Qué pasaría si se invirtiera más dinero en la estrategia contra la diabetes? –se le pregunta.

–Creo que tendría un impacto mucho más rápido. Se podrían reforzar las campañas, garantizar el acceso al agua en todos los lugares, se podrían hacer muchas cosas que no están en la agenda por falta de recursos.

El próximo 8 de septiembre, la SHCP presentará el proyecto de presupuesto federal para 2017, y en él se podrá observar si una parte del dinero recaudado por el IEPS se destinará a programas de salud.

Una iniciativa presentada en el Senado propone elevar la tasa de recaudación a 20% –el doble de la actual– para incrementar el precio de los refrescos y disminuir su consumo.

Con respecto a un posible incremento en el IEPS sobre refrescos o sobre la comida chatarra, Kuri asevera: “Hasta donde sé, (la SHCP) no está considerando el incremento de ningún impuesto. Esto es importante, es un compromiso del gobierno”.

El impuesto provocó una reducción del consumo de refrescos en 6% el primer año, según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Universidad de Carolina del Norte, publicado en el British Medical Journal en enero pasado.

Sin embargo, la industria refresquera afirma que este impuesto no redujo el consumo ni disminuyó la cantidad de calorías ingeridas por los mexicanos, sino que afectó el bolsillo de los más pobres, destruyó empleos y fomentó la aparición de un mercado negro de la chatarra.

Conméxico, la coalición de la industria, exhibió estudios del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para demostrar que el impuesto no tuvo efectos benéficos en el consumo y en la salud.

“Nosotros creemos que sí sirve el impuesto. Como hubo controversia, hicimos un foro en la academia, donde sentamos al INSP, el ITAM y la UANL y todos concluyeron que el consumo disminuyó en un 6%. Falta ver cuál es el impacto en salud”, explica el funcionario.

El miércoles 17, José Antonio Fernández Carvajal, presidente de Fomento Económico Mexicano (Femsa), la segunda mayor embotelladora de Coca Cola en el mundo, minimizó los impactos del impuesto sobre la industria e incluso se burló de la medida recaudatoria.

En su ponencia ante el Foro Estrategia Banorte expuso: “Aprendimos que los precios de nuestros productos estaban demasiado bajos, porque ponen este impuesto y al año que sigue la demanda aumenta 16%; estábamos muy mal, estamos dejando dinero en la mesa”.

Responsabilidades estatales

Para detener la epidemia de obesidad y diabetes, la Secretaría de Salud realizó campañas de comunicación masiva en redes sociales, creó un observatorio de enfermedades no transmisibles, el cual maneja el sistema de información sobre enfermedades crónicas, y estructuró la llamada Red de Excelencia en Diabetes en 234 centros de salud esparcidos en 26 entidades, destaca Kuri.Advierte también que el sistema de salud está descentralizado, por lo que “la responsabilidad de la provisión de los servicios de salud es de los estados”, los cuales a veces están rebasados por la tarea o su personal no está bien capacitado.

Pone un ejemplo: “Si bien el financiamiento para las pruebas de hemoglobina glucosilada estaba garantizado con el Seguro Popular, sólo 20% lo obtienen”.

Ante esta situación, la dependencia optó por centralizar la compra de algunas medicinas, entre ellas las tiras que miden la glucosa, la hemoglobina glucosilada y los lípidos para distribuirlas en los estados y alcanzar con ello 40% de cobertura.

Respecto a los incentivos a la actividad física, Kuri opina que “se han logrado algunas cosas”, entre ellas el incremento de horarios para actividades físicas en las escuelas de tiempo completo.

“No son todas las que quisiéramos –comenta–, pero son 24 mil de las 200 mil escuelas que hay.”

Lamenta la falta de espacios para que la gente realice esas actividades, y anuncia que a mediano plazo se podrá observar si las tendencias de diabetes continuaron al alza, se estancaron o bajaron. “Si me preguntas: ¿ya se acabó todo lo que había que hacer? Te diría que no. Falta mucho por hacer”.

“Instancias de responsabilidades”

Sobre las acciones de la administración peñanietista que beneficiaron a las industrias refresquera y de alimentos chatarra, el entrevistado se deslinda. En materia de salud, sostiene, “hay instancias de responsabilidades”.

El etiquetado alimentario frontal que la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) instauró a principios de 2014 es uno de esos temas.

El reportero le señala a Kuri que la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud, no consultó a ninguna instancia sanitaria para elaborar el etiquetado. En su lugar retomó el modelo de las industrias mencionadas.

“No te puedo responder por qué lo hizo. Ellos (los de la Cofepris) hicieron el estudio, ellos tienen la información. Son la autoridad regulatoria. Hay responsabilidades dentro de las áreas”, comenta.

Admite que, de acuerdo con un estudio del INSP de 2011, sólo dos de 122 estudiantes fueron capaces de descifrar el etiquetado y determinar la cantidad de azúcar contenida en un producto. “El estudio está ahí. Yo no tengo el proceso de cómo lo hicieron porque no estaba en Cofepris”.

Informa que la Secretaría de Salud está levantando una encuesta “de medio camino” para evaluar el etiquetado y las demás medidas implementadas en la estrategia, cuyos resultados se darán a conocer a finales de año.

Entre ellas se encuentra la regulación en materia de publicidad de refrescos y comida chatarra orientada al público infantil. La Cofepris prohibió la difusión de comerciales de estos productos entre las 14:00 y las 22:00 horas, en televisión y en las salas de cine.

Esa prohibición generó una polémica, pues no incluyó a los medios digitales y es una copia del llamado EU Pledge, que elaboró la propia industria refresquera y de alimentos chatarra en Europa, comenta el reportero a su entrevistado.

Él responde: “Lo que se argumentó a la industria en su momento fue que ni siquiera los estándares mínimos que acordaron los están siguiendo en México. Nos falta entrar a otros medios, como internet. Eso lo tenemos que platicar con Cofepris”.

Otro de los temas polémicos abordado es la carta que envió la Secretaría de Economía (SE) al gobierno ecuatoriano en junio de 2014, en la que la administración de Peña Nieto descalificó el etiquetado vigente en aquel país con los mismos argumentos que la industria refresquera.

De nuevo, Kuri se deslinda: “Hay instancias de responsabilidad. Yo no soy la SE. Entiendo las controversias, pero estamos entrando en esto como si la solución fuera poner un etiquetado o un impuesto, cuando la cosa es mucho más compleja: tiene que ver con educación, con cambios de hábitos, con instalación de espacios para que la gente haga actividad física”.

–¿Hay un antagonismo entre el gobierno y la industria? –se le pregunta.

–La industria tiene sus objetivos, que son comerciales, y el gobierno tiene el objetivo de cuidar la salud. Creo que hemos avanzado en muchas cosas de manera conjunta.

“La pregunta es: ¿es suficiente? No, no es suficiente, hay que seguir avanzando. Anteriormente hubo una confrontación entre el gobierno y la iniciativa privada y no se avanzó mucho.”

–¿Es normal que la industria apoye o patrocine programas federales?

–No somos enemigos. Es una industria legal que paga sus impuestos y genera empleos.