Estados Unidos condena al asesino de Víctor Jara.., 43 años despues

Revista Proceso #2078, a 28 de agosto de 2016..

Estados Unidos condena al asesino de Víctor Jara/FRANCISCO MARÍN

A 43 años de ser secuestrado, torturado y acribillado por esbirros del pinochetismo con 44 balazos, la familia del emblemático cantautor y director de teatro Víctor Jara encontró en Estados Unidos la justicia que aún no alcanza en su propia patria. El asesino, un exteniente chileno radicado en Florida, deberá indemnizar a la esposa del artista, Joan Turner, por 28 millones de dólares, según dictaminó una corte en Orlando.

Valparaíso, CHILE.- El pasado 27 de junio un jurado de la Corte Distrital del Distrito Medio de Florida, División Orlando, Estados Unidos, declaró al exteniente del ejército chileno Pedro Pablo Barrientos Núñez –residente en Deltona, Florida– culpable de las torturas y el asesinato de Jara.

 Barrientos Núñez fue condenado a pagar 28 millones de dólares a la viuda londinense Joan Turner de Jara –de 89 años– y a sus hijas, Manuela Bunster Turner –de 56– y Amanda Jara Turner–de 51–, por concepto de indemnización de perjuicios.

 “Aquí empieza la justicia para todas las familias de Chile que esperan conocer el destino de sus seres queridos”, declaró emocionada la viuda a la salida del tribunal al conocer el dictamen.

 Esta decisión de la justicia estadunidense abre la puerta a que Barrientos sea deportado o extraditado a Chile. En este país, desde 1999, se realiza un juicio que se encuentra en fase de plenario y próximo al dictamen de primera instancia. En esta causa hay 10 oficiales en retiro del ejército acusados por su participación en diversos grados en los secuestros y homicidios calificados de Víctor Jara y del director del Servicio de Prisiones, Littré Quiroga.

Quiroga, al igual que Jara, fue acribillado el 15 de septiembre de 1973 –cuatro días después del golpe militar– y arrojado junto a una línea de ferrocarril en la periferia de Santiago.

 “Este juicio es un tremendo avance en la investigación de lo que en Chile se levanta como una bandera señera: ‘¡Justicia Para Víctor Jara!’. Creo que nos acercamos cada vez más a eso, sobre todo después de esta sentencia que consideró a Barrientos culpable de torturas y de asesinato”, señaló en entrevista con Proceso el abogado Boris Navia, quien estuvo con el popular cantautor en sus horas finales y declaró como testigo en el juicio de Orlando.

 Por su parte, el abogado en Chile de la familia de Víctor Jara, Nelson Caucoto, destacó en entrevista con este corresponsal que la sentencia “tiene un valor referencial”. Fundamentó: “Se trata de un tribunal que ha juzgado a una persona en materia civil encontrándolo culpable de ser causante de los daños y perjuicios a la familia de Víctor Jara”. Afirma que esto implica que “para Estados Unidos, Pedro Pablo Barrientos Núñez es responsable de la suerte ocurrida con Jara. Y para nosotros también”.

 Un migrante anónimo

 Al momento del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende, Pedro Barrientos Núñez era comandante de la Primera Sección de la Segunda Compañía de Combate del regimiento Tejas Verdes, de San Antonio.

 Los militares de Tejas Verdes reforzaron el ataque a La Moneda el 11 de septiembre y al otro día tomaron el control del Estadio Chile que, tras la asonada militar, se convirtió en un centro masivo de reclusión y tortura llegando a albergar a más de 5 mil prisioneros políticos.

 Jara había vivido en dicho estadio un momento de consagración, al obtener en 1969 el primer lugar en el Festival de la Nueva Canción Chilena con su canción “Plegaria de un Labrador”.

 Pedro Pablo Barrientos Núñez, de 67 años, emigró a Estados Unidos en 1990, justo el año en que terminó la dictadura de Augusto Pinochet. Buscaba zafarse del castigo por asesinato. Su objetivo se cumplió sin mayores sobresaltos hasta que en mayo de 2009 el conscripto José Paredes Márquez, que había ejercido como escolta de Barrientos Núñez dentro del Estadio Chile, cuando tenía 18 años y cumplía con el servicio militar obligatorio, reveló al juez Juan Fuentes Belmar que el 15 de septiembre de 1973 Jara fue llevado visiblemente golpeado a los vestidores del Estadio Chile y que Barrientos Núñez, después de propinarle una brutal paliza, le disparó un tiro en la sien.

 Pese a esta denuncia, la justicia aun no tocaba a la puerta de este oficial. Aprovechando su ciudadanía estadunidense, obtenida en forma semifraudulenta en 2010 (en el trámite no reveló que había sido militar en Chile), Barrientos mantenía el anonimato en La Florida. Allí trabajaba como cocinero y ocasionalmente se dedicaba a la compra-venta de autos.

 Pero a mediados de 2012 su suerte se acabó. El programa de televisión En la mira, de Chilevisión, lo ubicó. “Nunca he estado en el Estadio Chile ni sabía quién era el cantante Víctor Jara”, dijo a una periodista de este programa, donde también entrevistó al acusador Paredes, generando gran impacto en la opinión pública, buena parte de la cual desconocía los detalles del asesinato del compositor de “El derecho de vivir en paz”.

 En enero de 2013 la Corte Suprema de Justicia de Chile solicitó a Estados Unidos la extradición de Barrientos Núñez, para que respondiera por la muerte de Víctor Jara, y en diciembre del mismo año el juez Miguel Vásquez Plaza –que aún se mantiene a cargo de este proceso– determinó que dicho teniente fue el autor material del homicidio calificado de Jara. Sin embargo, debió ser sobreseído en rebeldía. En su resolución, el mencionado magistrado procesó a otros siete oficiales por su participación en el crimen, entre ellos al coronel Roberto Souper, quien el 29 de junio de 1973 encabezó un fallido intento de golpe militar conocido como “el tanquetazo”.

 Siguiendo pistas

 Estados Unidos conoció y juzgó estos hechos ocurridos en Chile, debido a la existencia de dos normativas que le dieron competencia a su tribunal de Orlando: la Torture Victim Protection Act (Ley de protección de víctimas de la tortura) y la Alien Tort Statute (Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros). Ambas permiten juzgar a un demandado por su responsabilidad civil en crímenes siempre y cuando que resida en Estados Unidos.

 Este juicio civil comenzó con una demanda que interpuso en 2013 el organismo (no lucrativo para llevar ante las cortes a los asesinos y defender a sus víctimas) llamado Center for Justice & Accountability (CJA), con sede en San Francisco, quien actuó en colaboración con la familia del cantautor. Previamente, en mayo de 2012, la abogada española del CAJ, Almudena Bernabeu, fue contactada por el abogado Francisco Ugás, entonces jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior de Chile.

 “Le expuse que teníamos un sujeto respecto de quien presumíamos había participado en los hechos en perjuicio de Víctor Jara, con residencia en Estados Unidos; pero que aún no contábamos con su testimonio, dado que el exhorto estaba pendiente de respuesta por parte de Estados Unidos”, señaló Ugás en la columna “Justicia Universal para Víctor Jara”, publicada el miércoles 13 en la web de Radio Cooperativa, la más importante emisora de noticias chilena. Luego de conocer los antecedentes del caso y analizarlos con su equipo del CAJ, Bernabeu promovió la demanda ante la justicia de Estados Unidos, con el apoyo pro bono de la firma Chadbourne & Parke, de Nueva York. Según Ugás uno de los objetivos de la presentación fue “dar un mensaje a los criminales de lesa humanidad de que, estén donde estén (…) serán perseguidos”.

 En entrevista realizada vía correo electrónico, la abogada Bernabeu apunta que en conjunto con Ugás convinieron en ese entonces que la prioridad era que Pedro Barrientos fuese extraditado a Chile, para ser juzgado. “Sin embargo –añadió– dados los procesos complejos y largos que ello implica, concluimos, en colaboración con Joan Turner de Jara y sus hijas, que era recomendable ejercer su derecho a demandar a Barrientos ante los tribunales federales estadunidenses”.

 El juicio en Orlando inició el 13 de junio y duró 9 días. Nueve testigos, entre los que había ocho exconscriptos del Ejército chileno, anularon la versión de Barrientos quien aseguraba no haber pisado el Estadio Chile en los días posteriores al golpe militar. Algunos jamás habían declarado ante la justicia chilena.

Uno de ellos, el conscripto asignado a Tejas Verdes, José García, dijo que en el Estadio Chile, Barrientos Núñez “siempre estaba con un maletín, con su corvo (cuchillo de marras) y su pistola grandota al lado. Era grande, macizo (…) siempre fue malo”. El matón aseguró al juez Dalton que emigró a Estados Unidos con el propósito de ganar dinero para educar a sus hijos y no para evadir la justicia. Su esposa María Teresa Castro, previo al juicio, intentó construir una coartada. Contactó al conscripto Gustavo Báez a quien le tomó una declaración que pidió firmara ante notario… pese a que él no sabe leer.

Este escrito, en que Báez aseguraba que Barrientos Núñez no estuvo en el Estadio Chile, fue utilizado por la defensa de éste en el juicio de Orlando. Pero tal montaje se cayó, debido a que los querellantes consiguieron que Báez declarara en un video que todo lo señalado en su declaración escrita era falso. “Ella (la señora Castro) está mintiendo, eso que está aquí no concuerda con lo que yo le dije”, dijo Báez en el video, el cual fue transmitido ante el tribunal.

 El conscripto Paredes ratificó en este juicio –en grabación de video– sus dichos de 2009 en los que afirmó que Barrientos disparó a quemarropa a Jara. Paredes es hasta ahora el único testigo ocular de la muerte del cantante. Su denuncia concuerda con el video-testimonio que el conscripto José Navarrete entregó a la Corte de Orlando. En él, señaló que en repetidas ocasiones escuchó a los tenientes Barrientos y Jorge Smith Gumucio –procesado en Chile en esta causa– jactarse del asesinato.

 “Barrientos siempre comentaba que él había matado a Víctor Jara pegándole balazos en la cabeza.”

 Al juicio acudieron como testigos de la defensa dos exconscriptos: Héctor Hinojosa y Francisco Quiroz, quienes aseguraron que ni ellos ni Barrientos estuvieron en el Estadio Chile. Pero un abogado de Chadbourne & Parke les mostró una declaración de 2009 en la que señalaban lo contrario. La inconsistencia de estos exconscriptos se hizo evidente ante el jurado de seis miembros y ante el juez Roy Dalton, que presidía la audiencia.

El abogado Navia destacó un pasaje del juicio que lo tuvo a él como protagonista. “Cuando yo estaba declarando, uno de los tres abogados de Barrientos, presentó una objeción: ‘Señor juez, pido que la señora Jara no siga exteriorizando sus emociones porque ello perturba e influye sobre el jurado’”. Navia recuerda la respuesta del juez Dalton: “Yo he estado muy pendiente de las declaraciones de este testigo. He mirado al pasar a la señora Jara y no me ha parecido en modo alguno que en su proceder haya una exageración. Usted tendrá que comprender que si una mujer está aquí en la sala escuchando cómo mataron a su marido, es evidente que tiene que traslucir su emoción”.

 De tal forma que rechazó la objeción.

 Palabra de conscripto

 El abogado Caucoto asignó un gran valor a las declaraciones de conscriptos que incriminaron a Barrientos. “Han sido valientes porque los involucrados son oficiales y aquellos vieron en vivo y en directo a oficiales matando gente”.

 Tras su primera declaración, el conscripto Paredes fue amenazado y comenzó a retractarse de sus dichos, los que finalmente ratificó en este juicio en Estados Unidos. Caucoto –que es considerado el más importante de los abogados de derechos humanos en Chile– estima que en el proceso de Jara “jamás vamos a encontrar a alguien que confiese el crimen, porque significaría que va a estigmatizar a sus hijos y nietos. ¿Quién querría ser hijo o nieto del asesino de Víctor Jara?”, se preguntó. En la entrevista con Proceso, la jurista Bernabeu –que viajó a Chile en 2013 y por dos años lideró un equipo que investigó el homicidio de Jara– reveló cómo consiguió las declaraciones de exconscriptos:

“Me di cuenta que el juez de instrucción en Chile, por volumen de procesos y otras razones no había estado en contacto con algunos de los conscriptos claves y ni siquiera conocía su paradero.”

 Sostuvo que para llevar el caso adelante en Estados Unidos era primordial no sólo ubicar a los que ya habían testificado sino encontrar a algunos adicionales. Con dicho objetivo consiguió la ayuda del emblemático excomisario de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, Nelson Jofré: “Con él viajé a diferentes localidades de Chile y en julio de 2015 me entrevisté con más de 20 conscriptos”.

 Expone la jurista que “era fundamental probar, cómo hicimos suficientemente, que Pedro Barrientos sí fue teniente en Tejas Verdes y que sí comandó a los soldados al Estadio Chile donde estuvo, organizó guardias y participó en la tortura y asesinato de civiles allí detenidos, más concretamente en la tortura y ejecución de Víctor Jara”.

  –¿Qué significado le otorga al hecho que se haya juzgado en Estados Unidos un crimen como el de Víctor Jara, considerando el papel político que Washington jugó en la caída del gobierno de Salvador Allende al que el artista defendió tanto? –se le pregunta la jurista Bernabeu.

 –En muchas ocasiones se ha criticado que estas acciones civiles contra extranjeros se lleven adelante en un país que jugó un papel tan siniestro durante la dictadura de Augusto Pinochet, y en Latinoamérica, en los años setenta y ochenta. Creo que esa es una lectura válida. Pero creo que también es válido, por el valor añadido que tiene, que sea precisamente ese país el que abra sus tribunales federales para que las víctimas ejerzan sus derechos y con ello se exponga la verdad de lo ocurrido en aquellos años y países.

 Y remató:

 “Creo que es fundamental que estos casos sigan adelante y permitan exponer los enormes abusos que se cometieron y en los que, sin duda, Estados Unidos fue cómplice. Creo que hay mucho valor en esta ironía”.