El conflicto se endurece/Jaime Luis Brito

Revista Proceso #2078, a 28 de agosto de 2016..

El conflicto se endurece/Jaime Luis Brito

La violencia y la inseguridad en Morelos siguen en aumento, mientras las autoridades estatales oscilan entre la inacción y la ilegalidad, como se demostró en el caso de las fosas de Tetelcingo. El hartazgo ciudadano dio pie a la formación del Frente Amplio Morelense, el cual ya llegó hasta Bucareli a pedir la destitución del gobernador Graco Ramírez. Y uno de los pilares del FAM es la Universidad Autónoma de la entidad, con la cual el mandatario perredista tiene una larga historia de confrontaciones.

 CUERNAVACA, Mor.- El hartazgo por el gobierno de Graco Ramírez en Morelos se materializó en una histórica movilización de cien mil ciudadanos, el martes 16 en esta capital, y la llegada de una caravana del Frente Amplio Morelense (FAM) a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, el miércoles 24, con el clamor de “¡fuera Graco!”, como bandera, mientras el mandatario perredista se dice víctima de una confabulación de “fuerzas de la derecha”.

 Pese a que el FAM agrupa sectores tradicionalmente antagónicos, cada uno con su agenda, el repudio generalizado al perredista tabasqueño permitió que las diversas demandas grupales se reduzcan a tres puntos: la renuncia inmediata de Graco Ramírez, su enjuiciamiento político y legal y la formación de un gobierno de reconciliación.

 El miércoles 24 una caravana de unas 7 mil personas, que partió de la capital morelense, logró que se le abrieran las puertas de la Secretaría de Gobernación, donde el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, ofreció un proceso de diálogo que se iniciará este martes 30.

Ese día una comisión del FAM le presentará al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el caso de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Morelos en Tetelcingo. En ellas se inhumaron clandestinamente más de 100 cuerpos, entre ellos los de tres niñas y dos o más personas que tenían reporte de desaparición –al menos una de ellas era buscada por su familia en el norte del país–, según el informe preliminar de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presentado el martes 23.

 Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y vocero del FAM, afirma que con el caso de las fosas de Tetelcingo se colocan de nuevo en la agenda nacional los temas de la inseguridad y la violencia.

 “La agenda del Movimiento (por la Paz) es recuperada ahora por el FAM en Morelos y a nivel nacional, pues la violencia y la inseguridad siguen y se han agudizado. Si bien no es un tema privativo de Morelos, es ahí donde se constata que el Estado tiene sus propias fosas clandestinas”, dice Sicilia, entrevistado en el plantón del Frente en los pasillos del Palacio de Gobierno.

 Lo peor es “que cuando hacemos el comparativo entre las fosas de Los Zetas, en Veracruz, por ejemplo, y las fosas clandestinas del gobierno de Graco en Tetelcingo, son idénticas. Ahora sabemos dónde aprendió la delincuencia organizada a enterrar cuerpos: aprendió del gobierno, de las autoridades; en este caso, del gobierno de Graco”, agrega.

 Si bien al FAM lo integran más de cien organizaciones, dos o tres sectores o grupos son los más visibles. Unos son los transportistas y los burócratas; otros, los universitarios. Con estos últimos la confrontación viene de lejos. Empezó en la campaña electoral de Graco Ramírez en 2012; éste prometió construir un hospital universitario y rescatar económicamente a la UAEM, que arrastra un déficit histórico producto de las jubilaciones y pensiones.

 No cumplió. Hasta el momento ni siquiera hay predio o proyecto ejecutivo del nosocomio ni han sido ejercidos los recursos federales gestionados por los universitarios, pero que por disposiciones legales son radicados en el gobierno estatal. Además la confrontación se trasladó a otro ámbito: el gobierno morelense ha intentado varias veces acotar la autonomía de gobierno, financiamiento y cátedra de la UAEM.

 En el fondo “el problema no son los recursos. Eso finalmente va a tener que cumplirlo, porque están etiquetados. El verdadero fondo del conflicto es la postura social, académica, ética y política que ha asumido la UAEM”, dice su rector, Jesús Alejandro Vera Jiménez, en entrevista.

 “Esta administración se planteó desde un inicio que la Universidad deje su torre de marfil y ponga al servicio de la sociedad, de la ciudadanía, de las comunidades y pueblos, su capacidad técnica y científica, con el objetivo de impulsar el cambio social”, sostiene.

 Este doctor en psicología por la Universidad de Valencia ha impulsado desde la máxima casa de estudios de Morelos un modelo universitario que dé a la extensión un nuevo protagonismo.

 “Tradicionalmente la extensión ha sido excluida. Una especie de parche de las funciones sustantivas de la Universidad. Se le da prioridad a la academia y a la investigación. Sin embargo, nosotros consideramos que la extensión es la función que da sentido a las otras dos, porque lo importante es cómo la universidad se coloca junto a las comunidades (junto, no sobre), y en un diálogo de saberes, intercultural, impulse transformaciones sociales de la vida comunitaria, de la realidad”, dice.

 Fosas, Chao, Ayotzinapa

 Familiares de los desaparecidos pidieron la intervención de la UAEM para exigirle al gobierno de Morelos que se abrieran las fosas. El 20 de noviembre de 2015 se celebró una reunión a la cual acudieron el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, y el fiscal Javier Pérez Durán, así como Vera Jiménez y Sicilia, acompañados de familiares de las víctimas de desaparición de varios estados del país.

 La reunión fracasó, pues las autoridades entretuvieron a los universitarios y a los familiares hasta la madrugada para al final no firmar ningún acuerdo para abrir las fosas o permitir a la UAEM tomar muestras de los cuerpos con el fin de identificarlos.

 Los inconformes, indignados, recurrieron al gobierno federal. Después de un largo proceso en el que participaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Científica –además de que hubo presiones de la sociedad civil y de la UAEM–, lograron que las fosas se abrieran.

 Además los familiares de las víctimas consiguieron que los universitarios las representaran en calidad de peritos independientes para realizar las tomas de muestras para identificación. El proceso de exhumación de los cuerpos de Tetelcingo se hizo entre el 23 de mayo y el 3 de junio pasados; durante el mismo, la UAEM detectó numerosas irregularidades y anomalías, cometidas por las autoridades, y las denunció ante la opinión pública.

 A raíz de eso, señala Vera, el Congreso local, “sometido al gobierno de Graco”, ordenó para la UAEM una auditoría, “misma que está fuera de toda legalidad”.

Ha habido otras confrontaciones. En mayo de 2014 fue asesinado junto con su esposa el académico de la UAEM Alejandro Chao Barona, quien además tenía una importante proyección comunitaria y social en la entidad y el centro del país. Maestro del actual rector, Chao Barona propugnaba desde los noventa por el modelo de Universidad que hoy impulsa el propio Vera Jiménez.

Hubo una movilización de más de 30 mil universitarios en demanda de justicia para Chao y seguridad para la ciudadanía. Esto provocó la molestia de Graco Ramírez, quien aseguró que el crimen del académico y su esposa representaban “casos aislados”. En octubre de ese mismo año, días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vera Jiménez propuso al Consejo Universitario –a petición de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos– realizar una movilización con la sociedad civil para exigir la presentación con vida de los estudiantes.

Someter a la UAEM

“El gobierno del estado no está contento con el papel que hemos asumido. Nos retarda los recursos, nos hostiga. Yo mismo, mi esposa, mis hijas, hemos sufrido en carne propia la inseguridad y la violencia, muchas veces provocada por las propias autoridades. Pero también otros compañeros universitarios”, dice el rector.

En septiembre de 2013 varios sujetos ingresaron a su domicilio y retuvieron más de 30 minutos a su esposa, también académica de la UAEM, y a su empleada doméstica. A ésta la golpearon. A su esposa la torturaron psicológicamente con varios simulacros de ejecución. Esto fue interpretado por Vera Jiménez como un ataque de grupos de la delincuencia organizada en su contra, promovidos desde la propia Fiscalía General estatal.

Hace un año, en agosto de 2015, las dos hijas del rector tuvieron que salir del país porque había amenazas de secuestro en su contra. Por estos dos hechos el rector no ha dudado en acusar directamente al gobernador Graco Ramírez de alentar por omisión la posibilidad de un ataque en su contra. “Tenemos guardias de seguridad; sin embargo, las autoridades nunca les han dado los registros para permitir que puedan portar armas. Muchas veces he pensado que realmente lo que quiere (Graco) es que me maten”, dice.

“El hecho de que la UAEM asuma su autonomía y despliegue sus capacidades técnicas y científicas para contribuir a la transformación social es lo que más molesta al gobierno del estado. En respuesta, lo que hemos obtenido es el intento reiterado de querer controlar, a través de la legislación, la autonomía universitaria”, afirma.

Explica que en julio de 2015 el Congreso local aprobó una reforma para crear el sistema anticorrupción. Entre las modificaciones coló una en la que esa instancia se abroga la facultad de nombrar un auditor interno en la máxima casa de estudios.

Esto provocó una enorme molestia en el Consejo Universitario. Sus miembros manifestaron su indignación y, luego de investigar un poco, determinaron que no había constitucionalidad en la reforma. Pese a que estaban entrando al periodo vacacional de verano, unos 6 mil universitarios, con el rector y Sicilia a la cabeza, tomaron el 6 de julio el recinto Legislativo durante 24 horas. Los legisladores recularon y modificaron la reforma.

Hace dos meses la nueva Legislatura –que empezó el 1 de septiembre de 2015– intentó hacerlo otra vez. Antes se lanzó una campaña en redes sociales en la que se acusa al rector de la UAEM de ser opaco y corrupto.

“Imagínate. Aquí dicen que somos opacos, que no nos gusta la transparencia, que no queremos que nos auditen y no sé qué. Tenemos los mejores lugares en transparencia: en la última evaluación logramos el 99%, mientras el PRD no logró ni el mínimo indispensable y fue sancionado. Tenemos auditor interno. Somos la institución más auditada del estado. El Congreso quiere imponernos un auditor. ¿A ellos quién los audita? Pero además, por ese Congreso han pasado criminales. Lo sabemos. ¿Ahora resulta que los criminales son los que nos van a auditar?”, cuestiona.

La UAEM ha tenido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por unos convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) bajo la titularidad de Rosario Robles. Dichas observaciones hablan de supuestos desvíos por 845 millones de pesos, mismas que de acuerdo con el rector “ya fueron solventadas”.

No obstante, la semana pasada en un noticiario de Televisa, Juan Manuel Portal, titular de la ASF, informó que ya se interpusieron denuncias penales por estos hechos ante la PGR. Vera señala que hasta el momento no ha recibido notificación alguna respecto de esta situación, por lo que dice estar tranquilo.

El martes 16, al terminar la marcha que exige la salida de Graco Ramírez, asegura el rector, recibió información de que se preparaba una orden de aprehensión en su contra, por lo que al igual que los demás líderes visibles del FAM recurrió a un amparo.

“El problema es que me pueden detener arbitrariamente. Porque quieren desactivarme, me quieren callar. No lo van a lograr. Hemos salido a la calle para exigir que se vaya el gobernador, porque no ha cumplido, porque Morelos sigue siendo uno de los estados con mayores índices de inseguridad, porque el secuestro ha crecido en más de 300% en relación con el anterior gobierno, porque la cifra negra de delitos que no se denuncian también creció. Porque en Morelos la impunidad campea y de cada 100 delitos sólo 3% es denunciado, y de éste, sólo 10% es procesado y no siempre con justicia”, asegura.

En Bucareli

El FAM desconoció a Graco Ramírez como interlocutor, pero el miércoles 24 la Secretaría de Gobernación lo reconoció como tal. El perredista hizo todo lo posible por cerrarle las puertas al movimiento y, según los dirigentes de éste, inició una campaña para vender la idea de que todo se reduce a un asunto personal del rector y el obispo de Morelos, Ramón Castro Castro, contra el mandatario, o a asuntos domésticos que deben arreglarse en Morelos.

Por lo pronto, los dirigente del FAM dicen que ya están preparando las pruebas documentales y testimoniales para demostrar que Graco Ramírez es responsable de crímenes que se reflejan en la violación sistemática de los derechos humanos y las cuales serán presentadas a Campa Cifrián.

–¿Hay confianza en las autoridades federales? –se le pregunta a Sicilia.

–Pues tenemos confianza en el Frente. Parece que hay voluntad del gobierno federal, pero porque los hemos obligado. Sin embargo, yo no creo en las voluntades hasta que se materializan en hechos concretos. Vamos a esperar a que nos resuelvan las demandas que hemos planteado: que se vaya Graco, que lo enjuicien y que se conforme el gobierno de conciliación. Pero si no lo hacen, estamos listos para radicalizar las protestas, estamos listos para tomar la Ciudad de México.

“Fuerzas de la derecha”

Por su parte, el gobernador Graco Ramírez dijo que detrás de la formación del FAM se halla el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, pues la primera reunión para la creación del Frente tuvo lugar en la Catedral de Cuernavaca. Después el mandatario habló de una confabulación de “fuerzas de la derecha” que están en contra “de los avances de mi gobierno, como el reconocimiento de los derechos de los grupos de la diversidad sexual, como el matrimonio igualitario”.

Luego de la reunión de creación del FAM el pasado 28 de julio, el Consejo Consultivo del PRD interpuso una denuncia contra el obispo ante la Secretaría de Gobernación, por violación a la Ley de Asociaciones Religiosas. La dependencia federal determinó que no había tal violación.