El sometimiento como “estrategia” federal/

Revista Proceso #2078, a 28 de agosto de 2016..

El sometimiento como “estrategia” federal/MATHIEU TOURLIERE

El 31 de octubre de 2013, el presidente Peña Nieto presentó al país su Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que planteaba anteponer “la salud por encima de cualquier otra consideración”.

Al lado del mandatario se encontraba Brian Smith, presidente de Grupo Coca Cola Company en América Latina, quien en su turno al micrófono alabó la iniciativa presidencial y manifestó el compromiso de la trasnacional con la salud, ya que “los negocios de la empresa simplemente no serán sustentables si las comunidades en las que invierte no son saludables”.

En los últimos ocho meses José Antonio Meade, titular de la Sedesol, se ha reunido con representantes de otros emporios, con quienes hizo “declaraciones conjuntas en el marco de la estrategia de combate a la pobreza”. Lo hizo, por ejemplo, con los directivos de Femsa –la mayor embotelladora de Coca Cola en América Latina–, Nestlé, Bimbo, Walmart, Grupo Viz –dueña de SuKarne– y Grupo Soriana.

Desde el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 2013, la paraestatal otorgó a Nestlé, por adjudicación directa, 9 mil 798 contratos (lo que equivale a 10 diarios) cuyos montos variaron entre 151 pesos y 13 millones de pesos, según la información del Portal de Obligaciones y Transparencia.

De igual modo, la Fundación Coca Cola patrocinó el programa gubernamental de actividad física Ponte al 100, implantado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mientras Nestlé lanzó en agosto de 2014 su programa Unidos con Niños Saludables en colaboración con la Secretaría de Salud.

Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor e integrante del colectivo Alianza para la Salud Alimentaria, denuncia en entrevista con Proceso: “La industria no debe participar en esto. Los programas gubernamentales no pueden promover marcas y productos”.

Su organización en favor de los consumidores promueve acciones y políticas públicas para reducir la alta ingesta de refrescos y comida chatarra en el país, que contribuye a propagar enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la cual cobra 94 mil vidas de mexicanos cada año.

Calvillo indica que la ausencia de voluntad política para enfrentar el problema desemboca­ en estrategias “mal diseñadas” y plagadas de conflictos de interés: “No puede funcionar una estrategia cuando tienes a la industria en su diseño”.

Este semanario publicó una entrevista con Mikel Andoni Arriola Peñalosa, titular del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), quien se dijo alarmado de que la epidemia de diabetes en México esté a punto de colapsar el sistema de salud pública. Insistió en la necesidad de atacar, con políticas públicas, los detonadores de la principal causa de muerte en el país, entre ellos el alto consumo de bebidas azucaradas y de comida “chatarra” (Proceso 2076).

“Ya basta de que los intereses comerciales estén por encima de la salud. Daremos un viraje de lo curativo a lo preventivo. Pero de a de veras”, declaró el funcionario.

Al respecto dice Calvillo: “Cuando Arriola llama a detener los intereses comerciales, posiblemente tiene que ver con lo que él vivió en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde estos intereses fueron tan poderosos que no se pudieron hacer las reglamentaciones adecuadas en materia de etiquetado y de publicidad… estas declaraciones son contradictorias con las acciones que él tomó en el pasado”.

Sin embargo, el activista saluda la decisión de Arriola de sacar las azúcares añadidas de las guarderías del IMSS, y añade: “Espero que esta declaración implique la revisión de la estrategia especialmente en materia de etiquetado, para que el etiquetado sea entendible para la población”.

Durante los cinco años que el funcionario estuvo al frente de la Cofepris, esta dependencia elaboró regulaciones que él considera benéficas para la industria refresquera, sobre todo en materia de etiquetado y de publicidad orientada a un público infantil. Es más, enfatiza Calvillo, en esos dos temas la Cofepris de Arriola dejó que la industria dictara sus propias reglas.

Normas a modo

En la estrategia del gobierno federal se planteó la necesidad de elaborar un etiquetado frontal “útil”, “de fácil comprensión” y que fomente “el alfabetismo en nutrición y salud”.

Sin embargo, la Cofepris elaboró las normas del etiquetado frontal sin convocar al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ni a la academia de medicina ni al Instituto Nacional de Nutrición; tampoco realizó foros ni consultas.

Cuando El Poder del Consumidor solicitó mediante la Ley de Transparencia el estudio en el cual se había basado la Cofepris para determinar el etiquetado, la dependencia respondió que no hubo tal estudio. El etiquetado que entró en vigor legalmente en abril de 2015 resultó una copia del modelo que elaboró la industria, por iniciativa propia, en marzo de 2011.

Organizaciones y activistas deploran que ese etiquetado engañe a los consumidores y sea incomprensible incluso para estudiantes de nutrición. Argumentan que un estudio del INSP, presentado en 2011, mostró que el 87.5% de un panel de 122 estudiantes fue incapaz de descifrar el contenido de los productos y sólo dos acertaron sobre la cantidad de azúcar.

Por ejemplo, el etiquetado burla las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de azúcares. Ese organismo diferencia entre los azúcares “naturales” –presentes en las frutas– y los “añadidos”, que la industria agrega a sus productos para endulzarlos y los hace más dañinos. La OMS establece en 50 gramos el límite diario tolerable de azúcares añadidos que puede ingerir un adulto, pero aconseja una cantidad inferior a 25 gramos.

Para evadir esta recomendación, la Cofepris empleó un truco: reunió en el etiquetado todos los azúcares, tanto naturales como añadidos, en la categoría de “azúcares totales”. La Cofepris estableció ese límite en 90 gramos por día.

El etiquetado mexicano de una Coca Cola de 600 mililitros indica que el producto cubre 70% del límite diario, cuando en realidad los azúcares añadidos rebasan en 152% el límite de riesgo para la salud según la OMS.

Lo mismo ocurrió con la regulación de la publicidad de refrescos y comida chatarra dirigida al público infantil, que entró en vigor en abril de 2014. En lugar de elaborarla con base en opiniones de científicos y expertos en salud, la Cofepris prácticamente copió las medidas del llamado EU Pledge, es decir el paquete de regulaciones que diseñó la propia industria en la Unión Europea. “Es como si la industria hubiera dictado la regulación en México”, lamenta Calvillo.

Ahora la regulación mexicana se limita a prohibir la difusión de comerciales de comida chatarra y refrescos en el cine y la televisión entre las 2:30 y las 7:30 de la tarde, pese a que los niños forman parte de la audiencia entre las ocho y las 10 de la noche.

Esta prohibición no se aplica a los medios digitales ni a las redes sociales, y los límites de azúcares a partir de los cuales se prohíbe la difusión de un comercial son seis veces superiores a los que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Cabildeo oficial

a favor de la industria

La industria refresquera y de la comida procesada, reunida en el organismo privado Conméxico, desplegó la campaña de promoción del nuevo etiquetado denominada “Checa y eliges”. Según Calvillo, el hecho de que la industria promocione ese etiquetado es una prueba de que éste la beneficia.

En Estados Unidos, la poderosa American Beverage Association demandó a la ciudad de San Francisco porque la obligó a incluir en su publicidad de refrescos una advertencia sobre los riesgos asociados a su consumo, entre ellos la diabetes y la caries. El tribunal federal falló contra del grupo de interés, que alegaba un atentado contra su libertad de expresión.

En Chile y Ecuador, donde los etiquetados son mucho más claros, la poderosa Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) arremetió contra esas medidas “violatorias de compromisos internacionales en materia de comercio”.

En marzo de 2015, en Quito, la ALAIAB denunció la “mala práctica” que representan los “marcos regulatorios orientados a reducir el consumo de alimentos y nutrientes esenciales para sostener la vida humana, utilizando elementos como el etiquetado nutricional, la publicidad de alimentos o los impuestos”.

Después de llamar a los grupos de interés a “insistir ante las autoridades respectivas para que los países ratifiquen la preo­cupación o rechazo por la manera abierta en que algunos países están violando compromisos internacionales en materia de comercio internacional”, la ALAIAB anunció que extendería sus quejas “ante instancias como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el CODEX Alimentarius”.

El gobierno mexicano se puso del lado de la industria: el 17 de junio de 2014, la Subsecretaría de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía, envió un oficio de 15 páginas al representante de Ecuador ante la OMC (con copia a la Cofepris), en el que le pidió modificar el etiquetado porque obstaculizaba el comercio internacional y sus efectos positivos no habían sido demostrados –justo los argumentos que emplea la industria–, reveló el portal noticioso SinEmbargo en febrero de 2015.

Dicha subsecretaría realizó una labor de cabildeo similar ante las instancias internacionales contra los etiquetados impresos en las cajetillas de cigarros en Australia y las advertencias que señalan la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en los envases ecuatorianos.

El 10 de junio de 2013, al inaugurar la octava conferencia global sobre la promoción de la salud, Margaret Chan, directora general de la OMS, advirtió:

“La salud pública debe lidiar con las industrias de la comida, de los refrescos y del alcohol, las cuales temen las regulaciones y se protegen de ellas usando las mismas tácticas (…) que incluyen grupos de frente, lobbies, promesas de autorregulación, demandas e investigaciones científicas financiadas por ellas que diluyen la evidencia y mantienen al público en la duda.”