AMLO: Amnistía a corruptos

Revista Proceso #2078, a 28 de agosto de 2016..

AMLO: Amnistía a corruptos/HÉCTOR TAJONAR

La decisión de Andrés Manuel López Obrador de declarar una “amnistía anticipada” a quienes hayan cometido delitos de corrupción es desconcertante e insostenible. “López Obrador, cómplice de la corrupción” se tituló la columna publicada en el portal de Proceso el 15 de agosto, cuatro días después de la declaración incluida en la ponencia “Cambio y porvenir de México. Una visión hacia 2018” dictada por el líder de Morena en Acapulco. La nota tenía dos subtítulos: “Inaceptable su amnistía anticipada” y “Ni perdón ni olvido: justicia”. Agregaba que AMLO “garantiza la completa impunidad y aun incita al saqueo”. En la edición impresa de la revista se incluyeron entrevistas sobre el tema con Lorenzo Meyer y Octavio Rodríguez Araujo (Álvaro Delgado, “‘Amnistía anticipada’, una acción de política pragmática”, Proceso 2077).

La importancia del asunto exige un análisis del razonamiento lopezobradorista. Lo primero que llama la atención es el contraste entre la severidad de su diagnóstico sobre la corrupción política y la suavidad que ofrece a los responsables de practicarla: “La crisis de México no podrá enfrentarse sin cortar de tajo con la corrupción y la impunidad… Nada ha dañado más a México que la corrupción política… En forma categórica expreso que cuando triunfe nuestro movimiento no habrá impunidad”.

De la enérgica condena, López Obrador pasa al tono melifluo: “A pesar del gran daño que le han causado al país y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada porque lo que se necesita es justicia, no venganza. No odiamos a nadie”.

La incongruencia es evidente y la claudicación, lamentable. Más grave todavía es la confusión y la falta de rigor en el uso del lenguaje. La justicia es la aplicación de la ley. Aplicarla no es “venganza” ni odio, tampoco “rencor”, “represalias” o “persecución”. No hacerlo, evadir la ley, tiene un nombre: impunidad. Es indispensable erradicarla, no fomentarla mediante una complicidad disfrazada de indulgencia plenaria.

El binomio corrupción-impunidad persiste, sobre todo, por la discrecionalidad del presidente en turno para decidir a quién se le aplica la ley y a quién no. Salir de esa nefasta combinación es lo que exige la ciudadanía a quien pretenda gobernar al país a partir de 2018. De ahí el absurdo en el que incurre el precandidato de Morena al ofrecer acabar con la corrupción y la impunidad y, al mismo tiempo, proponer la continuación del ejercicio arbitrario del poder presidencial para evitar que los corruptos sean juzgados conforme a derecho.

¿Cómo explicar que López Obrador incurra en una contradicción tan burda? Meyer y Rodríguez Araujo coinciden en que lo hizo para conciliarse con quienes piensan que es “un peligro para México”. Se trata de un “borrón y cuenta nueva”, aunque ello no significa impunidad ni “patente de corso”, dicen. Meyer señala que la propuesta se enmarca “en la escuela realista del poder”. Califica la medida de tibia – “está siendo la mar de tibio” – y como “una falla moral”, pero la justifica: “Este es el momento de transigir en aras de algo que sí vale la pena…”

Rodríguez Araujo revela un aspecto distintivo del discurso lopezobradorista: “Él es cristiano, no sé de qué religión, y de ahí viene su discurso de poner la otra mejilla, todos somos hermanos, hijos de Dios, y amamos al prójimo”.

Los conceptos religiosos abundan en la nueva oratoria del precandidato presidencial de Morena, quien promete la felicidad en la “república amorosa”. La supuesta religiosidad del político de Macuspana es un recurso retórico que introduce ambigüedad a sus postulados, al tiempo de permitirle ubicarse como una suerte de salvador capaz de ofrecer la absolución a los “pecados” de corrupción.

El vocablo amnistía proviene del griego amnesis, que significa sin memoria, olvido. La amnistía implica el olvido de un hecho delictivo, así como la supresión de la acción penal y el cese de la condena. El artículo 73, fracción XXII, de la Constitución otorga al Congreso la facultad “Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los Tribunales de la Federación”. En tanto que la fracción XIV del artículo 89 constitucional faculta al Presidente a conceder indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales.

La amnistía es una facultad del Congreso se otorga a un conjunto de personas que han sido juzgadas por haber cometido un delito, generalmente de carácter político; en tanto que el indulto es la facultad presidencial mediante la cual cesan los efectos de una sentencia condenatoria impuesta a un solo individuo.

Menciono tres ejemplos recientes de amnistía decretada por el Congreso de la Unión: a) La otorgada en beneficio de las personas contra las que se ejerció la acción penal por los delitos de sedición e invitación a la rebelión durante el conflicto estudiantil de 1968. Dicho Decreto del Congreso fue expedido el 17 de mayo de 1976 por Luis Echeverría, en cumplimiento de la fracción I del artículo 89 constitucional. b) La amnistía en favor de los presos políticos decretada por el Congreso, expedida el 27 de septiembre de 1978 por José López Portillo. c) La Ley de amnistía decretada por el Congreso en provecho de quienes participaron en el levantamiento zapatista en Chiapas entre el 1 y el 20 de enero de 1994, expedida por  Carlos Salinas de Gortari. Por su parte, el 29 de octubre de 2013, Enrique Peña Nieto concedió el indulto a Alberto Patishtán, tras 13 años de prisión, el cual fue aprobado por el Congreso.

El desplante del precandidato de Morena a la presidencia de ofrecer una “amnistía anticipada” no es sino un exceso retórico sin sustento jurídico que lastima a la ciudadanía indignada por la corrupción, además de contradecir su propósito de acabar con la impunidad. Es inadmisible que López Obrador ofrezca una versión morena de la impunidad institucionalizada prevaleciente, en la cual el encubrimiento de la corrupción pasada permite y fomenta el ejercicio de la corrupción presente.