Ciudad Judicial, un refugio de priistas

Revista Proceso #2078, a 28 de agosto de 2016..

Ciudad Judicial, un refugio de priistas/PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, CHIH.- La construcción de la Ciudad Judicial en la capital es uno de los proyectos más importantes de la administración estatal y uno de los motivos del incremento  

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el centro del Tribunal Superior de Justicia el 30 de octubre de 2015, pero las deficiencias de la construcción se evidenciaron las primeras semanas: se inundó el estacionamiento, los vidrios se quebraron con los primeros vientos, los pisos se desgastaron y las paredes se resquebrajaron rápidamente, además de presentar fallas eléctricas.

 Los cuatro contratos establecidos para la construcción suman casi mil 500 millones de pesos, pero el total de la inversión rebasa los 2 mil millones. Sin embargo, las licitaciones y adjudicaciones directas han sido cuestionadas por empresarios participantes.

 El primer contrato (DOP A-36/13) fue firmado el 23 de mayo de 2013 y fue para la construcción de los edificios norte, sur y central, así como la plaza y los sótanos, por mil 158 millones 998 mil 410 pesos.

Las empresas que ganaron la licitación son Ingeniería y Diseño Van, a cargo de Jorge Rodrigo Valles Morales; Afirma Inmobiliaria, de Carlos Javier Romero Barraza; Arve Constructora, de Arturo Velázquez Herrera, y el particular Jorge Arturo Moreno Torres.

De acuerdo con el reglamento de la Ley de Obra Pública, “cada uno de los contratistas que se asocien deberán acreditar, con su registro en el padrón, que cuentan en lo individual con las especialidades requeridas con la convocante, por lo que no será válido el complemento o la suma de las especialidades de los asociados para cumplir dicho requisito”. No obstante, ninguna de las constructoras mencionadas reunió todos los requisitos que exigía la convocatoria de licitación SCOP-DOP-03-2013.

El padrón único de contratistas del estado evidencia que ninguna de las cuatro empresas beneficiadas reúne las especialidades como lo establece esa norma.

El inmueble debía quedar listo el 11 de septiembre de 2014, pero aún no se concluye. Incluso el anterior presidente del Tribunal Superior del Estado, José Miguel Salcido Romero, se negó a recibir la obra porque no reunía los requisitos mínimos de Protección Civil.

Al particular Moreno Torres, uno de los ganadores de contrato, también se le relaciona con la constructora parralense Del Roble, de la cual anteriormente fue socio el gobernador César Duarte Jáquez.

Los contratistas entrevistados señalan que Ingeniería y Diseño Van tiene prestigio y es una a las que más les debe dinero el gobierno del estado. Sus asuntos legales los lleva el despacho del exprocurador Arturo Chávez Chávez.

El segundo contrato que otorgó el gobierno estatal para la construcción de la Ciudad Judicial (DOP A-63/13) está fechado el 22 de julio de 2013, su monto fue de 269 mil 259 pesos y se le dio al arquitecto Francisco Escárcega García para adecuar el proyecto de la obra.

El tercer contrato, por 1 millón 715 mil 106 pesos, se le entregó a Laboratorio y Consultoría, de Francisco Ubaldo Ramírez Luján.

El 3 de agosto de 2015, el gobierno estatal adjudicó de manera directa la construcción del edificio norte, que ya había sido presupuestado y licitado dos años antes.

Esa adjudicación, de acuerdo con el contrato 114-OP-066/15 DOP-OBRA, fue por 313 millones 30 mil 92 pesos, cantidad que sobrepasa el monto permitido por la ley para hacer adjudicaciones directas. Debió convocarse a una licitación.

Las empresas favorecidas fueron, de nuevo, Ingeniería y Diseño Van, Afirma Inmobiliaria y Jorge Arturo Moreno, pero dejaron fuera a Arve Constructora e incluyeron a la juarense Urbanissa, cuyo representante es Luis Balderrama Neder. Al respecto, los empresarios consultados indican que esa constructora es en realidad de Everardo Medina Maldonado, subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas y encargado del desarrollo del proyecto, además de primo de César Duarte.

El acuerdo lleva la firma del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón González, y fue adjudicado para justificar el recurso otorgado por la Secretaría Técnica (Setec) de la Secretaría de Gobernación, etiquetado como apoyo al Sistema Penal Acusatorio. Supuestamente se destinaría a construir celdas para los detenidos, aunque esa área ya estaba concluida.

Otras empresas fueron beneficiadas con la compra del equipamiento del inmueble: Comercializadora de Franquicias Internacionales, de Eduardo Almeida; Insolatum, de Eduardo Esperón, y el empresario mueblero Jaime Galván Guerrero.

Justificación de la deuda

El secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, ha dado a conocer que parte del dinero de la deuda pública fue utilizado para la construcción de la Ciudad Judicial, aunque no precisó la cantidad.

En septiembre de 2012, el Congreso del estado aprobó un financiamiento de 200 millones de pesos para concretar el proyecto judicial. Bajo el esquema de potenciación, el cálculo arrojó mil 20 millones de pesos, que aportaría Banobras y se pagarían en 20 años.

En la iniciativa presentada por el gobernador Duarte Jáquez se estableció que el capital sería pagado por el Poder Judicial, mientras que el Ejecutivo aportaría los intereses y accesorios en los plazos convenidos.

Otra parte de la inversión fue tomada de los 2 mil 800 millones de pesos que se obtuvieron a través de Bono Cupón Cero que el Ejecutivo había adquirido hasta 2015, informó Herrera Corral.

En el Presupuesto de Egresos 2016 el Poder Judicial recibió mil 536 millones de pesos, 370 millones más que el año anterior, de los cuales 36 millones se asignaron al Centro de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (Cispen), a cargo del magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien fue diputado por el PRI de la Legislatura pasada y cuestionado con otros 12 magistrados por la falta de transparencia en sus nombramientos.

“Los moches que los constructores tuvieron que dar eran muy altos, hasta de 20%. Generalmente los entregaban en efectivo y en un sobre”, detalló un proyectista que participó en las obras.

Y un arquitecto señala que el gobierno del estado aún les debe a los proveedores: “Hay empresarios que tienen problemas de salud por el estrés que les ha generado la afectación a sus finanzas”.

Asimismo, aún persisten litigios por las propiedades antiguas que había alrededor del predio donde fue construida la Ciudad Judicial, ya que el gobierno del estado las compró pero algunos dueños no querían vender y algunos terrenos no estaban regularizados.

El personal del Poder Judicial consultado afirma que, desde que asumió la presidencia del TSJ, el priista Gabriel Sepúlveda Reyes se empeña en deshacerse de todo el personal que según él tiene relación con su antecesor, Salcido Romero.

Desde sus primeros días bajó las compensaciones hasta 2 mil pesos y posteriormente liquidaron a varias personas contratadas en el periodo de Salcido. Llegó a extremos: “No dejó que se graduaran más de 900 personas del Diplomado en Desarrollo Humano y Profesional que estudiaron en el Tec de Monterrey”, dice una funcionaria.

Para el personal del TSJ, éste se ha convertido en refugio de priistas. Actualmente hay 40 jueces provisionales a quienes Sepúlveda Reyes y el gobernador Duarte Jáquez pretenden darles nombramientos definitivos, porque son “su gente”.

Por ejemplo, alertan, buscan dejar ya instalados a Enrique Villarreal Díaz, hijo del fiscal de la Zona Norte, Enrique Villarreal Macías, y a Luis Enrique González Rodríguez, hijo del fiscal general Jorge Enrique González Nicolás. Ambos fueron nombrados jueces provisionales el año pasado.

Además, buscan dejar como jueces al actual presidente de la fracción del PRI en el Congreso del estado, Rodrigo de la Rosa Ramírez; a la excontralora y secretaria general del PRI, Liz Aguilera García, así como a Laura Maro, funcionaria de la Fiscalía Zona Norte, a quien le crearon un puesto como encargada de una reforma administrativa.

Este afán de apoderarse del Poder Judicial provoca abusos. Por ejemplo, dicen los entrevistados, “la esposa del presidente del TSJ, Silvia Ramírez, es regidora en Parral pero se la pasa en la sala de juntas que usa como su oficina”.

Agregan que “en la campaña del priista Enrique Serrano (por la gubernatura) el Poder Judicial le organizó una comida en tres tiempos a su esposa; fue para 500 personas y las atendió personal del tribunal”.

“Quieren Ciudad Judicial  y sin presupuesto, prueba es que no han pagado más que la mitad del sueldo (…) Cuando el que gobierna pierde la vergüenza, los gobernados pierden el respeto”, publicó en su perfil de Facebook Ricardo Yépez Serrano, juez de Parral.

Se refiere a que el viernes 19 únicamente los magistrados recibieron su compensación mensual; el resto del personal se quedó sin ella porque “no había recursos”.

Cuando reclamaron, les prometieron pagar la mitad de la compensación la tarde de ese viernes o el lunes, y la otra a fin de mes, pero no les garantizaron que haya dinero para la compensación de septiembre.

Finalmente les pagaron la segunda mitad el lunes. Los entrevistados se enteraron de que el Comité de Administración del Tribunal tuvo que pedir prestado al Fondo Auxiliar, que resguarda el dinero de las fianzas, para completar las compensaciones.