Fui atacado desde Los Pinos: Álvarez Icaza

. Claro que hay temor, pero ese temor no me va a inmovilizar. No me van a callar….“

Revista Proceso, #, 2077, 21 de agosto de 2016

Fui atacado desde Los Pinos: Álvarez Icaza/J. JESÚS ESQUIVEL

Más que los derechos humanos, al presidente Enrique Peña Nieto le preocupa la imagen del país en el extranjero; de ahí su temor a comparecer ante la Corte Penal Internacional, sostiene Emilio Álvarez Icaza, que el lunes 15 dejó el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En entrevista con Proceso, habla del viraje de la administración peñanietista en ese rubro, de los enfrentamientos que tuvo por los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, e insiste en que no lo van a callar.

 WASHINGTON.- La crisis de derechos humanos en México es tan grave que a Enrique Peña Nieto le preocupa que su gobierno sea sentado en el banquillo de los acusados ante la Corte Penal Internacional (CPI).

 Esta es la apreciación de Emilio Álvarez Icaza, quien el lunes 15 dejó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en esta ciudad.

 A esa preocupación se deben las agresiones y descalificaciones del gobierno peñanietista a la CIDH, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a las organizaciones internacionales y nacionales que abogan por las víctimas, comenta a Proceso.

 Y añade: “No es que le preocupe el tipo de delitos (de derechos humanos), sino la calificación de la violación que pudiera acercar a que la CPI abra un caso sobre México”.

 Álvarez Icaza entregó el cargo al brasileño Paulo Abrao después de cuatro años. Ahora se muestra relajado y detalla al corresponsal los ataques que recibió desde Los Pinos por exigir justicia para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en particular de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

 El “conflicto” estalló en febrero de 2015, rememora, cuando Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, denunció que en México la tortura era una práctica generalizada y sistemática.

 “La preocupación del gobierno es la calificación de violaciones graves y sistemáticas que puedan llevar a México a la CPI”, insiste Álvarez Icaza durante la entrevista realizada en la oficina de este semanario en Washington.

 “La CPI asume un caso cuando se califica que en el país hay violaciones graves y sistemáticas; Juan Méndez emplea esos términos y luego otros los retoman, reproducen y los comparten”, subraya el entrevistado.

 –¿Qué hace falta para que la Corte abra un caso sobre México, o qué necesita ocurrir? –se le pregunta.

 –No, no, no. Eso es otro carril. Lo que quiero decir es que es éste el tema que les preocupa.

 –¿Llegará México bajo el gobierno de Peña Nieto a la CPI?

 –No lo sé, lo digo honestamente. Al gobierno de Peña Nieto le inquieta muchísimo la imagen… Que una señora tenga que arrodillarse para pedir justicia te pinta al país de cuerpo completo; que una víctima tenga que arrodillarse ante sus gobernantes electos para obtener justicia, para proteger a su hija, te pinta el país. Y no estoy hablando de funcionarios; estoy hablando de la imagen.

 “Y luego, al día siguiente encuentran a su hija, la localizan en Metepec (Estado de México). ¡Qué bueno que encontraron a la muchacha! Pero, ¿por qué una señora tiene que arrodillarse para pedir justicia? Esa imagen es demoledora.”

 En 2015, el viraje

 Sobre los diferendos del gobierno de Peña Nieto con la CIDH, Álvarez Icaza se centra en dos casos: la masacre de 22 civiles a manos del Ejército el 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de ese mismo año en Iguala, Guerrero.

 En el equipo cercano al presidente Peña Nieto, algunos se niegan a aceptar la crisis en materia de derechos humanos; prefieren hablar de una “sobreexposición de México”, lo cierto, dice, es que el gobierno mexicano ha decidido cambiar su posición ante los organismos internacionales.

 Los desencuentros con la CIDH son sólo una parte de ese conflicto, en especial por el caso Ayotzinapa y la creación del GIEI, que el propio gobierno aprobó, insiste Álvarez Icaza, quien regresó a México luego de cuatro años de residencia en Washington.

 El exsecretario ejecutivo de la CIDH enumera los factores que llevaron a la administración peñanietista a considerar enemigos a los defensores de las garantías individuales. Además del rechazo a que Méndez visitara México se sumaron, dice, las maniobras del entonces subsecretario de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, semanas después en Ginebra.

 También están el caso del Comité de Desapariciones Forzadas, los desencuentros de la cancillería con Christof Heyns, Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, las tensiones con el GIEI tras su primer informe sobre sus pesquisas en Ayotzinapa, los conflictos con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, primero para sacar de México a su representante y luego por las expresiones que se hacen sobre el país.

 Después vino la negación de las autoridades a la visita del relator de defensores de derechos humanos, Michel Forst, las presiones del gobierno mexicano para que el Parlamente Europeo no se pronuncie sobre Ayotzinapa, la denuncia en mi contra –que sigue negando el gobierno–, así como los problemas con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch y los comentarios de Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, acerca de los derechos humanos en México y los de la canciller alemana Angela Merkel.

 “Estoy contando 14 situaciones específicas –dice Álvarez Icaza–. Esto hace que en la administración de Peña Nieto haya un viraje significativo de pasar de una lógica de proactividad, de colaboración, a empezar a combatir y atacar al mensajero. En ese entendimiento, el desencuentro con la CIDH es sólo un capítulo de ese cambio de posición en general.”

 El discurso oficial y tradicional de México en materia de derechos humanos, asegura el entrevistado, se transformó brutalmente en lo que va del sexenio de Peña Nieto. Según él, México se ubica en el nivel de otras naciones del continente más desprestigiadas en este inciso, como Venezuela.

 Hoy, sostiene, “el discurso de México es el mismo que el de aquellos países que hace cuatro años querían dinamitar a la CIDH”.

 En septiembre y octubre de 2014, comenta, ese organismo, con la anuencia del gobierno, hizo una visita in loco a México. Ese viaje fue la pauta que tomó el gobierno para atacar a Álvarez Icaza y a todo lo que representaba al órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA); todo por no comprar el argumento gubernamental sobre la desaparición de los 43 normalistas.

 El punto de quiebre

 En marzo pasado, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal, demandó ante la Procuraduría General de la República a Álvarez Icaza por el presunto delito de fraude –aproximadamente 2 millones de dólares– en perjuicio de la federación.

 Algunos medios, articulistas y columnistas aprovecharon la querella para intentar desprestigiar al entonces secretario ejecutivo de la CIDH y a los integrantes del GIEI.

 El gobierno de Peña Nieto dejó pasar intencionalmente la denuncia, sabiendo que no procedía, afirma Álvarez Icaza, porque el acuerdo para la creación del GIEI –argumento central de la acusación de Ortega Sánchez– fue firmado también por funcionarios del gobierno mexicano, entre ellos el subsecretario Gómez Robledo, su homónima de Gobernación, Lía Limón, y Mariana Benítez, subprocuradora de Justicia.

 Hace un par de semanas, Álvarez Icaza recibió una carta firmada por Luis Alfonso de Alba, embajador de México ante la OEA, en la que se le comunicó que la demanda en su contra fue anulada.

 –¿Nunca le pidieron una disculpa?

 –No.

 –¿Nada cercano a una disculpa?

 –No. Roberto Campa Cifrián (subsecretario de Gobernación) fue quien dijo que eso no procedía.

 –¿De quién cree que salió el ataque en su contra?

 –La interpretación de derechos humanos en el círculo de Peña Nieto es un tema de disputa. No tiene claro si es suma o resta. No acaban de asumir una lógica de congruencia en términos de compromiso democrático, sino más bien una cosa que pareciera de control de daños. O suma votos, o resta votos”.

 Sobre Ortega Sánchez, Álvarez Icaza comenta que fue consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la tierra de Peña Nieto y de muchos funcionarios de su gobierno. Es probable que en esa entidad el demandante haya conocido a alguien del equipo de Los Pinos.

 –¿Es posible que hayan utilizado a Ortega Sánchez?

 –No tengo elementos. Lo que sí le puedo decir es que desde el tema de interrupción legal del embarazo y el de la ley de los derechos de los homosexuales, Ortega Sánchez comenzó a distanciarse de mí. Lo conocí hace muchos años, no descarto que haya motivación propia o de gente como Isabel Miranda de Wallace; pero tampoco descarto diálogos políticos desde el poder.

 –¿Quién considera que encabezó esa campaña? ¿Presidencia? ¿Gobernación?

 –No puedo decir quién. Lo que sí le voy a decir es que son círculos cercanos al gobierno. Hay editorialistas que parecen (sus) voceros: Milenio, que jugó un rol para desacreditar al GIEI… También hubo ataques personales de algunos periodistas.

 “También están La Razón –‘ese periódico que dice llamarse La Razón, que dice llamarse periódico’– y algunos otros; parecían vocerías de ataque. Basta ver cómo actuó MVS contra el grupo de expertos después de que se fue Carmen Aristegui, después de que su director jurídico (Eduardo Sánchez) se fue a Los Pinos…

 –¿Está señalando a Eduardo Sánchez, el vocero de Peña Nieto?

 –Es notable el cambio de comportamiento, es notable. En septiembre-octubre de 2014 fue la visita de la Comisión. Cuando la hicimos, tuve un déjà vu. En lugar de que saliera en los medios lo que la Comisión dijo, gran cantidad de medios sólo sacaron lo que dijo el gobierno. Eso pasaba en México hace 20 años. Hay una regresión a las viejas políticas de control a los medios ¡impresionante!

 –¿Cuándo se puso más crítica la relación?

 –El punto de quiebre se da cuando la política exterior ya no es suficiente para cubrir lo que pasa ahí. La Comisión decide incluir a México en el Capítulo 4 del informe anual. Ahí se da el quiebre.

 Añade: México había venido jugando un papel en defensa de la Comisión y comienza a sentirse atacado por ella. La agenda de la visita de septiembre-octubre de 2014 tiene que ver con un diagnóstico de la Comisión, de una situación de crisis muy grave.

 ¿Qué hace la Comisión ante casos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa?, se pregunta Álvarez Icaza. “Decide hacer lo mismo que hicimos con Colombia: una visita in loco para monitorear más a fondo y no sólo elaborar un informe anual”.

 –¿Aquello se lo dijo el gobierno?

 –Sí, me habló el embajador Emilio Rabasa (en ese momento era representante ante la OEA; hoy es cónsul en Boston). Me dijo que estaba yo calificando la visita. Yo le dije: mira, si tienes un reclamo, “hay un señor que se llama Rafael Rodríguez Castañeda, es el director de Proceso (la revista que informó sobre la visita). Háblale a él”. A mí me puedes decir lo que quieras sobre mi entrevista y lo discutimos con mucho gusto.

 –¿Se gritaron?

 –En muchas ocasiones tuvimos desencuentros fuertes.

 –¿Gritos?

 –El embajador habla en tono alto…

 –¿Cuál fue el desencuentro más fuerte?

 –Fue en México, cuando ya había salido el reportaje de Proceso. Al gobierno le cayó muy mal y eso tensó la relación con el gobierno y la relación conmigo, por supuesto.

 “Creo que con lo de Proceso lo agarraron más personal. Le voy a decir por qué: la Comisión había manifestado un cambio respecto a cómo se venía clasificando a México (en materia de derechos humanos), pero Tlatlaya y Ayotzinapa cambiaron la balanza.

 “El diagnóstico de la Comisión sobre México es que había una grave crisis de derechos humanos. Y cuando se empieza a hacer ese diagnóstico, se establecen casos de desapariciones, ejecuciones, fosas clandestinas, secuestros, torturas… y encima de eso, impunidad.”

 Hartazgo social

 Álvarez Icaza considera que la sociedad mexicana está harta de la impunidad, las mentiras, la corrupción que carcome al gobierno peñanietista y la inseguridad, como lo demostró en los comicios del pasado 5 de junio, pero parece que el gobierno, dice, no aprende la lección.

 Peña Nieto esperaba que blindando la información y diciendo cosas contra la CIDH iba a poder cambiar la narrativa o el diagnóstico, pero no ha respondido a los temas sustantivos, comenta el entrevistado.

 –¿Entonces qué cree usted que pasó en Ayotzinapa?

 –No me voy a meter en ese terreno. Si hago eso, afecto a los padres de los normalistas.

 –¿Tan grave es?

 –Sí, porque no puedo calificar lo que no he investigado. La Comisión no ha hecho ninguna investigación; la hizo el GIEI. Si me pongo a declarar sobre eso, voy a afectar a los papás. Una de las visitas más duras durante mi gestión fue la de Ayotzinapa; eso lo digo con absoluta claridad. No tengo información secreta. No se trata de estar opinando; se trata de que los que tengan que responder respondan, que el Estado responda, que nos diga dónde están esos muchachos.

 –¿Considera que Tomás Zerón montó una obra de teatro con la versión del río Cocula?

 –Hay elementos para pensar que hubo un montaje; eso se tiene que investigar. Lo que es sorprendente es que él (Zerón) siga en ese cargo. Al día siguiente (yo escuché la entrevista por radio), luego de la presentación del informe ya lo estaban descalificando. Se lo dijimos a la procuradora Arely Gómez: “Ponga orden en casa. Usted dice una cosa y sus colaboradores otra”.

 –¿Qué les respondió la procuradora?

 –Tomo nota, tomo nota.

 De regreso a México, Álvarez Icaza entra a un periodo sabático, hasta principios de 2017. Y aunque tiene una oferta académica en la UNAM y le ofrecen dar consultorías privadas sobre políticas públicas en centro y Sudamérica, no tiene nada en concreto.

 –¿Teme por su seguridad ahora que regresa a México?

 –Miedo en el sentido de amenazas y presiones del poder siempre lo tengo; miedo a que me inmovilicen, no. Si tú trabajas en el tema de derechos humanos en México siempre estás expuesto a los abusos del poder y a los aliados ocultos, legales o ilegales. Claro que hay temor, pero ese temor no me va a inmovilizar. No me van a callar.