Revista
Proceso,
#, 2077, 21 de agosto de 2016
La
OEA “hizo propios” los informes del GIEI/EMILIO GODOY
México
muestra apertura al escrutinio internacional a pesar de que es el país de la
región que recibe más alertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por violaciones en este ámbito, declaró el secretario general de la
Organización de Estados Americanos, Luis Almagro Lemes.
El
miércoles 17, en su conferencia magistral “El sistema internacional
anticorrupción”, que impartió en el foro sobre el tema organizado por la
Coparmex en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México, el excanciller uruguayo
comentó que los países tienen “derecho de respuesta” a las observaciones de la
CIDH, pues la investigación de las denuncias está en función de tales
observaciones.
Añadió
que “la relación entre México y la OEA es de mucha intensidad, que está marcada
por las contribuciones que hace México, fundamentales a la organización, y por
los problemas (de derechos humanos) que tiene México y que obligan a la
organización a actuar. Eso ha sido una constante en todo este tiempo”.
Pese
a la “apertura” aludida por Almagro, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha
reaccionado con virulencia a las observaciones de organismos internacionales
como la CIDH y otros de la ONU.
El
gobierno mexicano y la CIDH se confrontaron en estos años, especialmente por la
labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes
analizaron desde enero de 2015 la investigación oficial sobre la desaparición
forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y
que entregaron su informe final el pasado abril.
Desde
entonces México ha tratado de debilitar la influencia de la CIDH al cabildear
ante otros gobiernos de la región el freno a la entrega de recursos financieros
al organismo (Proceso 2071).
En
el 46 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se
realizó en junio último en Santo Domingo, República Dominicana, el gobierno
mexicano planteó que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se
coordinen con la Secretaría General del ente a fin de elaborar una propuesta de
financiamiento para la comisión, que estaría lista en octubre de este año.
Además, propuso que la CIDH mudara su sede a San José, Costa Rica, donde se
asienta la Corte Interamericana, que también depende de la OEA.
La
inconformidad del régimen de Peña Nieto se debe que el GIEI desarmó la “verdad
histórica” de la PGR: que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido
secuestrados por error, entregados al crimen organizado e incinerados en el
basurero de Cocula, Guerrero, en septiembre de 2014. Además, la CIDH ha emitido
un grueso volumen de comunicados sobre violaciones a derechos humanos en el
país.
Almagro
Lemes reconoció que los informes del GIEI han sido “muy duros” pero aseguró que
la OEA los “ha hecho propios”.
En
mayo, la CIDH, con sede en Washington, anunció que el 31 de julio de 2016
vencían los contratos de 40% de su personal y que no contaba con fondos para
renovarlos.
Hasta
julio pasado, el organismo interamericano había paliado la situación con
aportes de Antigua y Barbuda, Panamá y Chile por un total de 171 mil 800
dólares. Además, espera recibir 410 mil dólares de Argentina, Colombia, Estados
Unidos y Perú.
México
no forma parte de ese plan de rescate financiero; en 2014 aportó 1 millón de
dólares a la CIDH y en 2015 una cifra similar, pero ésta se canalizó al
financiamiento del GIEI.
Almagro
indicó que la comisión ya aseguró su funcionamiento al menos hasta enero de
2017 y que hacia marzo de ese año se podría galvanizar su operación. En ese
sentido, criticó que los Estados integrantes aporten más dinero a la Corte
Penal Internacional, con sede en Roma, que a la CIDH, donde tienen muchos más
casos de su interés.
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