El Bronco” no puede con Medina… y ya aspira a Los Pinos

Revista Proceso # 2092, 4 de diciembre de 2016..

El Bronco” no puede con Medina… y ya aspira a Los Pinos/

LUCIANO CAMPOS GARZA

MONTERREY, NL.- Al subprocurador anticorrupción nuevoleonés, Ernesto Canales Santos –quien debe cumplir las promesas de combate a la corrupción que hizo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, cuando estaba en campaña electoral– se le acusa de inepto, pues no ha llevado a la cárcel al exmandatario estatal Rodrigo Medina de la Cruz.

Juzgar y encarcelar a Medina fue una de las promesas del Bronco cuando recorría el estado para buscar el voto que, finalmente, le dieron los nuevoleoneses con una cifra récord.

Durante todo el primer año de gobierno del Bronco, Canales ha tratado de explicarle a los nuevoleoneses que Medina debe pasar por un juicio y cómo los recursos de la defensa del priista hacen que el proceso se dilate, por lo cual estima que transcurrirá al menos un año más antes de que el juez dicte sentencia sobre ese caso.

Pero nadie lo escucha. La mayoría en Nuevo León quiere cárcel inmediata para Medina, porque así lo prometió el ahora mandatario.

“El problema aquí es que la sociedad piensa que porque el gobernador dice que Medina es culpable, ya se le va a meter a la cárcel; no es así. Se necesita un juicio”,  argumenta Canales.

En su defensa, el llamado Zar Anticorrupción señala que el gobierno federal no ayuda en la investigación contra Medina y sus colaboradores. Y por cuestiones legales él no puede acceder a los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni a los del Servicio de Administración Tributaria para seguir la ruta del dinero sucio que habría circulado entre el anterior mandatario y sus presuntos cómplices.

Reconoce que su estrategia para imputar al político nuevoleonés falló, aunque anuncia que volverá a acusarlo por los delitos de los cuales ya fue absuelto.

Por su parte Rodríguez Calderón ­desoye los reclamos por el supuesto fracaso en su lucha contra los saqueadores del erario. Está en plena campaña presidencial. Ante los diputados que le reclamaron ­desatención en la entidad, aceptó que aspira a la Presidencia en 2018, con lo cual falta a otro compromiso de campaña, el de terminar su sexenio.

Por su parte, los diputados locales consideran que este primer año ha sido perdido y mediocre, pues el mandatario independiente se ha quedado muy lejos de las promesas que hizo.

“Me decepciona que busque la Presidencia, pues apenas lleva un año aquí y ya anda pensando qué sigue. Con esa mentalidad tan corta y pobre de nuestros líderes, no vamos a sacar adelante a Nuevo León”, dice Samuel García, diputado de Movimiento Ciudadano.

Rodríguez Calderón rechazó darle a Proceso una entrevista sobre este tema.

Medina sigue libre

Canales no lo dice, pero insinúa que los anuncios de campaña de su jefe, de combate contra la corrupción, lo tienen ahogado, pues todos lo acusan a él de ineficiencia. Aunque ya consiguió vincular al priista a un proceso por uso indebido de funciones, a la gente no le cabe en la cabeza que siga libre después de tantos señalamientos de corrupción lanzados contra él por El Bronco.

Para llegar a su celda, Medina tiene que caminar, primero, por un largo pasillo procesal, dice el funcionario, quien considera un éxito tenerlo sometido a un proceso, aunque un magistrado le haya retirado los cargos por otros dos: peculado y daño al erario.

“Al exgobernador lo hemos metido a un tobogán y no saldrá de ahí más que con una sentencia absolutoria o condenatoria, como esperamos. Pero ya no quedará su caso sin haber sido revisado por una autoridad judicial independiente del gobierno”, dice en entrevista.

El pasado 9 de agosto un juez de control decidió procesar al priista únicamente por ejercicio indebido de funciones en cuanto al manejo de incentivos otorgados a la armadora coreana KIA, a la que le entregó indebidamente 3 mil 680 millones de pesos. El juzgador le retiró los cargos por peculado y daño al erario.

Canales defiende la actuación de la unidad investigadora que dirige. Dice que el delito por el que se procesa a Medina es serio y van a aportar más pruebas para imputarlo nuevamente por los cargos que ya le retiraron.

“Ha habido mucha palabrería sobre esto, pero lo importante es que con un solo delito basta para pisar la cárcel. Aunque la fiscalía pidió procesarlo por tres delitos, haber obtenido vinculación por uno de ellos es un triunfo. Ya conocemos los argumentos por los que el juez decidió no procesarlo, por lo que haremos otros planteamientos que demuestren que tenemos un caso”, dice.

La investigación a KIA es sólo el principio. El fiscal anticorrupción busca comprobar que Medina y su séquito de colaboradores y parientes desfalcaron a Nuevo León. Por eso, sigilosamente sus fiscales hacen acopio de pruebas para acusar ante el juez al exmandatario por delitos relacionados con el contrato de Monterrey VI, transacciones efectuadas en la red estatal de autopistas e “infinidad” de contratos de obra pública con sobreprecio.

Canales precisa que al investigar a Medina y su equipo, el estado sienta un precedente nacional, pues por vez primera hay un esfuerzo profesional de combate a la corrupción desapegado enteramente de motivaciones partidistas, como ocurría en el pasado.

La Fiscalía que él dirige en la entidad da muestras de imparcialidad al perseguir a dos figuras emblemáticas del PRI y el PAN, Medina y la exalcaldesa regiomontana Margarita Arellanes, también vinculada a proceso por abuso de funciones, sostiene.

Afirma que para ajustar cuentas a los corruptos, ha tenido que bregar en el pantanoso sistema judicial mexicano, diseñado para favorecer la impunidad, pues fue creado con criterios políticos por los mismos legisladores que buscaban protegerse de sus rapacerías.

El sistema de entrega de cuentas en el que se mueve el gobierno federal es una muestra de las ventajas para robar que reciben los “servidores públicos bandidos”, se queja Canales, razón por la que, dice, no hay poder legal que pueda accionar la maquinaria burocrática de la federación para que sea entregada información fiscal, contable o financiera que facilite las pesquisas.

“Al gobierno federal le pedimos su parte y le hemos solicitado información de lo que está a su alcance, como de la Comisión Nacional Bancaria, ejercicios fiscales, transacciones internacionales, datos muy sensibles pero básicos para tener una idea a dónde se va el dinero. Pero no tenemos acceso a los datos bancarios con la agilidad que requerimos para hacer las investigaciones”, afirma.

Explica el caso de una obra pública con un sobreprecio escandaloso, caso en el que puede ser detectado el timo con pruebas periciales, lo que derivaría en una investigación que demostraría cómo fue efectuada la licitación.

“No podemos rastrear el dinero que el constructor le dio a una determinada persona. En Estados Unidos un policía tiene acceso a todos los datos del gobierno federal. Nosotros no. Son obstáculos que el país fue construyendo para no castigar la corrupción.

El pasado 26 de octubre Canales acudió al Congreso local para participar en la glosa del informe de primer año de gobierno del Bronco. Ahí fue objeto de reproche de los diputados, que demandaron su renuncia, pues había incumplido con el compromiso de encarcelar a Medina.

Sorpresivamente, Canales admitió que su estrategia contra el exmandatario había errado.

Explicó que luego de que un juez de control decidiera procesar al priista únicamente por el delito de ejercicio indebido de funciones y le retirara los cargos por peculado y daño al erario, la fiscalía apeló la determinación aunque posteriormente, el 19 de septiembre, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que revisó los argumentos volvió a desecharlos, en nueva audiencia, al considerar que carecían de sustento.

En la audiencia de apelación ante el TSJE, los fiscales entregaron una breve argumentación escrita y buscaron convencer oralmente al magistrado, aunque, afirmó Canales, éste los hizo callar y les impidió presentar razones. Sin embargo, reiteró que Medina no escapará a la acción de la justicia.

“No hubo una falla en la integración de los expedientes. Hubo una estrategia que no funcionó, pero que no tiene consecuencias trascendentales, pues se puede corregir. Fue una estrategia consciente, en la que tomamos la decisión, por supuesto convencidos de que iba a funcionar, basándonos en la ley. Estábamos seguros de lo que hacíamos, no teníamos duda de lo que hacíamos. La estrategia fue presentar nuestros argumentos en audiencia pública y no se nos otorgó el privilegio y fue criterio del magistrado”, dijo.

También reclamaron el tema de los cobertores comprados con sobreprecio, un caso denominado cobijagate. En diciembre pasado, el entonces subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, repartió entre los pobres un lote de 200 mil cobertores que, luego se supo, fueron comprados en una cantidad que superaba tres veces su precio.

El funcionario fue cesado y multado, pero no fue acusado penalmente. Canales dijo que el exfuncionario no había incurrido en delito.

En los días siguientes, la Fiscalía Anticorrupción recibió más malas noticias.

Margarita Arellanes ganó el pasado 14 de noviembre un amparo para que se repusiera completamente el proceso que se le sigue por ejercicio indebido de funciones. La justicia federal encontró que Arellanes debió ser procesada con el Código de Procedimientos Penales nacional y no el local.