Plan para afectar a (Beto) Anaya (del PT), a su esposa y a AMLO

Revista Proceso..#2139, 29 de octubre de 2017
Plan para afectar a Anaya, a su esposa y a AMLO/LUCIANO CAMPOS GARZA
MONTERREY, NL.- El presunto desvío superior a los 100 millones de pesos de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en esta entidad involucran no sólo a la directora de la dependencia, la exdiputada local Guadalupe Rodríguez Martínez, sino también a su esposo, Alberto Anaya Gutiérrez, líder del Partido del Trabajo (PT) y fundador del Frente Popular Tierra y Libertad (FPTyL), la asociación civil de donde aquél surgió.
Entrevistada sobre los señalamientos en su contra, Rodríguez Martínez sostiene que se trata de un ataque del gobierno federal “aberrante y sin fundamento” contra el PT –ligado a los Cendis y al FPTyL– por su respaldo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador para 2018.
Con respecto a las imputaciones que le hace la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el manejo de varias cuentas bancarias, la exdiputada sostiene que la pasada administración estatal encabezada por Rodrigo Medina la facultó pa­ra ello. Incluso asegura tener pruebas para demostrarlo.

Con respecto al presunto desvío de recursos que le imputa la PGR, admite que por “acuerdo tácito” tomó dinero que el estado le otorga al FPTyL para fondear los Cendis debido al retraso de pagos a principios año. Esa, dice, es una práctica recurrente, aunque al final se regresan los recursos.
Sin embargo, la PGR quiere intervenir el Frente, uno de cuyos integrantes del consejo colectivo es precisamente Anaya Gutiérrez, sobre quien va presuntamente la PGR.
Según Rodríguez Martínez, existe también una cuenta a nombre del Frente que maneja Héctor Quiroz, dirigente del PT en Aguascalientes, quien fue aprehendido por presuntos malos manejos de esos recursos. Las siete personas que manejan las cuentas cuestionadas han ocupado puestos en ese partido.
Reitera que en efecto dispuso de las cantidades, aunque lo hizo a través de cuentas de firmas mancomunadas en las que participan empleados de los Cendis que son sus subordinados. En agosto, señala, la SEIDO bloqueó las cuentas en Banorte que estaban a su nombre, lo que provocó carencias en los centros y protestas frente al palacio de Gobierno.
Las cuentas 
Ante el temor de ser detenida, pues hay una orden de aprehensión en su contra, Guadalupe Rodríguez dejó de aparecer en público, sobre todo a raíz de la detención de Quiroz, tesorero del FPTyL y dirigente del PT en Aguascalientes el lunes 23.
A Quiroz se le acusa de presunto desvío de aproximadamente 100 millones de pesos de los Cendis, un sistema educativo fundado hace 27 años por Rodríguez, quien desde entonces es su directora general.
Parte de los recursos que recibe provienen del gobierno federal, que los hace llegar a la Tesorería de Nuevo León; ésta los canaliza a la secretaría de Educación del estado, que finalmente los asigna a los planteles en la localidad mediante cuentas abiertas en Banorte.
Rodríguez Martínez explica el modus operandi de esos recursos:
La cuenta 0680890054 está a nombre de ella y de Laura Elena Guerra Martínez y es para sueldos y salarios; la 0651922553 está a nombre de Guerra Martínez y de Mayra Paredes Díaz.
Otro rubro que sale del presupuesto de egresos de la Federación –el “Fondo no regularizable o recurso de una sola vez”– le llega a Rodríguez Martínez y a Marlén Dinorah Martínez Tijerina por medio de la Tesorería estatal en las cuentas 0669150285 y 0501728289.
Desde ambas se transfieren recursos para “complementación de salarios” a la cuenta que manejan Paredes y Guerra; la directora de los Cendis también envía dinero a la cuenta 0264941495, que maneja María Cristina Martínez Corpus, para “mantenimiento, obras, equipamiento, acabados, remodelación y otros gastos educativos”.
A su vez, el gobierno estatal aporta fondos al FPTyL en la cuenta 00534259811 de Banorte que administran Quiroz y Carlos Hugo Castañeda Garay. Esa cuenta se conecta con las que llevan Rodríguez Martínez y Martínez Tijerina.
La directora de los Cendis dice que la aportación del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, es de 60 millones de pesos al año, e insiste en que un acuerdo administrativo la faculta para abrir las cuentas de los Cendis a su nombre.
En Nuevo León, el sistema Cendis está integrado por 13 escuelas con una plantilla de 702 trabajadores, entre maestros y administrativos, y una matrícula de 5 mil niños. Cuenta con un presupuesto de 140 millones de pesos sólo para el pago de salarios, aunque los centros tienen otras erogaciones por mantenimiento de instalaciones y construcción de nuevas estancias.
Rodríguez Martínez dice que la PGR se está confundiendo, pues ella no tiene que ver en otros estados, pues sólo administra los recursos de los 13 Cendis de Nuevo León.
El pasado 23 de agosto la SEIDO abrió las carpetas de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/2819/2017 y la 2826/2017 y aseguró las cuentas bancarias que tenían como representante legal, beneficiaria y firmante a María Guadalupe Rodríguez Martínez, a quien le dieron carácter de indiciada. El 31 de agosto las cuentas quedaron congeladas.
Según la inculpada, en septiembre la SEIDO llamó a declarar a sus colaboradores Quiroz, Martínez Corpus, Paredes y Guerra. Ella no acudió porque, dice, es la acusada directa. Sin embargo, después se emitieron órdenes de aprehensión contra Quiroz, Corpus y Paredes. Rodríguez Martínez adelanta: “Al rato vienen contra todos”, en alusión al FPTyL.
El fondeo de recursos
Rodríguez Martínez asegura que intentarán cuestionarla por el crédito puente que pidió para operar los Cendis, pues los primeros meses no tuvieron recursos, por lo que ella recurrió a los recursos que le otorga el gobierno estatal al FPTyL, fundado en 1976 por su esposo.
El Frente, aclara, recibe una partida anual del erario estatal para atención social, y cuando los Cendis carecen de recursos, como en esta ocasión, se extrae dinero de ese fondo por un “acuerdo tácito”.
El tesorero del organismo es Héctor Quiroz, quien, según Rodríguez, recibe partidas presupuestales en ministraciones de hasta 20 millones de pesos por uno, dos o tres años.
“Cuando ese fondo revolvente (del FPTyL) tiene recursos le solicitamos apoyo para operar los Cendis a fin de no parar la actividad. Siempre se hace mediante un acuerdo tácito. Las autoridades te dicen: ‘Agárralo de ahí’.” Al final, aclara la directora de los Cendis, cuando éstos reciben sus recursos, se regresa el dinero al Frente.
Insiste en que está facultada para manejar las cuentas de los Cendis con base en el acuerdo del gobierno de Nuevo León publicado en el Periódico Oficial del 8 de diciembre de 2010, donde se establece que esos centros educativos se integran a la Secretaría de Educación del estado.
Mediante ese acuerdo, dice la entrevistada, se determinó quién sería la directora general, a propuesta del consejo consultivo de los centros.
Por eso, abunda, la acusación en su contra es errónea. Y reitera que la propia administración estatal le pidió abrir dos cuentas para recibir los recursos ordinarios y extraordinarios que mantienen los Cendis.
Los 13 Cendis gastan aproximadamente 8 millones de pesos al mes, de los cuales 2 millones se invierten en la compra de alimentos y el resto para el pago de empleados y directivos.
Sobre su situación, Rodríguez Martínez dice que no estuvo en la conferencia de prensa que ofreció Anaya en la Ciudad de México porque convalecía de una enfermedad, aunque advierte que, como hay una orden de aprehensión en su contra, tiene que tomar precauciones por recomendación de su abogado.
“La SEIDO está buscando información para ver cómo nos adjudica un delito espectacular, para ver cómo desprestigiarnos, metiéndonos en una campaña de lodo que hacen hasta con mentiras. La SEIDO quiere abrir un teatro mayúsculo”, apunta.
Las acusaciones, concluye, son una estrategia del gobierno federal para impedir que el PT respalde a AMLO en su aspiración presidencial.