Los grandes contratos de obra pública, para los consentidos de Peña Nieto

Revista Proceso #2160, a 25 de marzo de 2018
Los grandes contratos de obra pública, para los consentidos de Peña Nieto/
MATHIEU TOURLIERE
No obstante la falta de transparencia del gobierno federal, es posible determinar que fueron unas cuantas empresas mexicanas y extranjeras, solas o agrupadas en consorcios, las favorecidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con el otorgamiento de los multimillonarios contratos de obra pública. De acuerdo con un análisis minucioso de Compranet y otras plataformas, así como de un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, los consentidos del todavía presidente están encabezados por Grupo Higa, pero no faltan ahí apellidos como Hank Rhon, Azcárraga, Slim, Ruiz Sacristán, Servitje… y empresas como OHL, Odebrecht y Mota-Engil. Son los beneficiarios de las pomposas reformas estructurales que defiende a muerte el gobierno actual.

A veces solas y otras en consorcio, un puñado de empresas se repartió el pastel multimillonario de los contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: recibieron más de 1 billón 184 mil millones de pesos durante los primeros cinco años de la administración actual, la mitad del monto total otorgado a actores del sector privado.

Los dueños y presidentes de los consejos de administración de estos grupos, llámense Carlos Hank Rhon, Olegario Vázquez Raña, Juan Armando Hinojosa Cantú, Hipólito Gerard Rivero, Carlos Ruiz Sacristán, Juan Miguel Villar Mir, Emilio Azcárraga Jean, Carlos Slim Helú o Nicolás Mariscal Servitje, entre otros, tienen víncu­los de larga data con el PRI, y en especial con el gobierno de Peña Nieto.
Las empresas se repartieron las obras del sector energético, de la infraestructura, la venta de medicinas, las telecomunicaciones, seguros y transportes, de acuerdo con un análisis exhaustivo que realizó Proceso a los más de 972 mil contratos registrados en la plataforma Compranet entre enero de 2013 y marzo de 2018, así como a la plataforma que registra los megaproyectos.
Y aun así, la información oficial impide determinar los montos exactos que se embolsó cada empresa, pues algunas dependencias no transparentan sus trabajos. Pese a ser el mayor contratista del gobierno federal, Pemex subió a Compranet contratos por un monto de apenas 46 mil millones de pesos durante todo el sexenio.
El gobierno de Peña Nieto también abrió en grande la puerta de los mercados públicos mexicanos a las empresas de capital trasnacional, como las españolas OHL, Elecnor, Avanzia, Sacyr, Aldesa, Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF), Isolux, Sener o Infralux, así como la portuguesa Mota-Engil, la brasileña Odebrecht y la francesa Alstom, por citar las más destacadas. En conjunto ganaron contratos por más de 147 mil 322 millones de pesos en los últimos cinco años.
En general, estas empresas extranjeras obtuvieron los contratos públicos en consorcio o asociación con empresas mexicanas.
Mota-Engil, por ejemplo, formó su filial mexicana con Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi), dirigido por José Miguel Bejos, quien suele jugar golf con Peña Nieto y es primo de Francisco Javier García Bejos, influyente subsecretario de Desarrollo Social. La empresa portuguesa ganó contratos por más de 19 mil millones de pesos durante el sexenio actual.
En un testimonio ante la Fiscalía General brasileña, Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector general de Odebrecht en México, aseveró que Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Pemex, le “aconsejó” asociarse con la empresa hidalguense Construcciones Industriales Tapia para hacerse cargo de la construcción de la refinería de Tula, en Hidalgo. La brasileña lo hizo y obtuvo la obra, por mil 666 millones de pesos.
La mayor parte del gasto a contratistas se canalizó a través de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –que otorgó obras por 407 mil millones de pesos–, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –400 mil millones de pesos– y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que, junto con Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y Caminos y Puentes Federales (Capufe), erogó más de 480 mil millones de pesos.
Tres titulares o extitulares de estas dependencias –Enrique Ochoa Reza en la CFE, Gerardo Ruiz Esparza en la SCT y Emilio Lozoya Austin en Pemex– fueron mencionados por directivos de OHL en una serie de pláticas telefónicas intervenidas que se hicieron públicas en YouTube en distintos momentos de 2015.
Los audios sugieren una colusión entre los funcionarios –especialmente Ruiz Esparza– y la empresa española, investigada en España por supuestos casos de corrupción que involucran, entre otros, a su filial en México.
Además, Lozoya, quien fue miembro del Consejo de Administración de OHL antes de incorporarse al equipo de Peña Nieto, fue señalado de manera directa por exdirectivos de Odebrecht, quienes lo acusaron de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de obra pública.
De acuerdo con un informe que el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó el pasado martes 6, la CFE, el IMSS y la SCT figuran entre las cinco instituciones federales con mayores riesgos de corrupción en los procesos de contratación, pues tienen unidades compradoras que adjudican discrecionalmente las obras, presentan anomalías o carecen de transparencia.
Contratistas del sexenio
Juan Armando Hinojosa Cantú representa quizás la figura más emblemática de los contratistas consentidos de Peña Nieto, pues su fortuna creció a base de los contratos que el mandatario priista otorgó a Grupo Higa tanto en el Estado de México como a nivel federal, cuyo monto se elevó a más de 22 mil millones de pesos (Proceso 1985).
Sin la revelación de que Hinojosa Cantú construyó y financió la Casa Blanca presidencial, el tamaulipeco hubiera continuado su ascenso al amparo del poder, pues su empresa, Constructora Teya, formaba parte del consorcio –encabezado por firmas chinas– al que la SCT de Ruiz Esparza había otorgado el contrato del Tren México-Querétaro, por 50 mil millones de pesos.
Después de la publicación del reportaje por el equipo de Cármen Aristegui y Proceso, la SCT tuvo que cancelar el megaproyecto e Hinojosa Cantú dejó de concursar por obras públicas. Pero la historia no terminó ahí: al poco tiempo la empresa Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos (Tracotamsa), de su primo Rolando Cantú Barragán, empezó a obtener contratos de obra federal, como lo documentó el reportero Arturo Rodríguez García (Proceso 2047).
De acuerdo con consultas a las bases de datos públicos, Tracotamsa ganó por lo menos 3 mil 600 millones de pesos en contratos de obra pública durante el sexenio de Peña Nieto.
Olegario Vázquez Raña, dueño del Grupo Empresarial Ángeles y de Grupo Imagen –que opera el periódico Excélsior e Imagen TV–, fue otro de los grandes beneficiarios de la administración peñanietista: sus empresas constructoras, hospitales y medios de comunicación obtuvieron 37 mil 515 millones de pesos del erario federal.
Carlos Ruiz Sacristán, funcionario en la SHCP en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y titular de la SCT en el de Ernesto Zedillo, ganó por su parte contratos federales por 45 mil 525 millones de pesos mediante su empresa IEnova, filial de Sempra Energy; el más importante de ellos prevé la construcción y operación del gasoducto Tuxpan-Texas, por 39 mil 165 millones de pesos.
El sexenio de Peña Nieto representó también una gran oportunidad de negocios para Carlos Hank Rhon y su hijo Carlos Hank González, ambos descendientes de Carlos Hank González, eminente figura priista y fundador del Grupo Atlacomulco.
Las empresas que forman el Grupo Hermes, junto con los bancos Interacciones y Banorte –todos de los Hank– obtuvieron contratos cuyo monto final rebasó los 30 mil millones de pesos, y ello, sin tomar en cuenta que el grupo se encuentra en el consorcio que ganó la licitación de 84 mil millones de pesos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Emilio Azcárraga Jean, el presidente del consejo de administración de Grupo Televisa, también apareció entre los más beneficiados, pues las filiales de su grupo –Televisa, Operbes y Corporación Interamericana de Entretenimiento–, recibieron contratos por 20 mil 600 millones de pesos desde 2013, según la base de datos de Compranet.
GIA+A, la constructora de Hipólito Gerard Rivero –cuñado del expresidente Salinas de Gortari–, obtuvo por su parte 5 mil 113 millones de pesos en contratos federales, sin incluir sus participaciones en dos consorcios ganadores de obras en la construcción del NAICM.
Entre 2010 y 2012, los últimos dos años de gobierno de Calderón –y los únicos disponibles en Compranet–, esta empresa había conseguido contratos por apenas 39 millones de pesos.
La constructora Omega, que dirige Jorge Miguel Melgarejo Haddad, también vivió un ascenso espectacular durante el sexenio priista. Participó en algunas de las obras más presumidas por la administración –el NAICM o el Tren Interurbano Toluca-México, entre otras–, y los montos por los que fue contratada rebasaron los 22 mil millones de pesos.
Primer círculo
El mexiquense Roberto Alcántara Rojas –empresario cercano a Peña Nieto–, obtuvo de Capufe tres contratos por 4 mil 39 millones de pesos para operar servicios de telepeaje; además, su empresa Omnitren se asoció con la española CAF para operar el Tren Interurbano México-Toluca, por 13 mil millones de pesos.
Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien fue compañero de Peña Nieto en la Universidad Panamericana y es presidente de Desarrolladora Homex, obtuvo contratos por 2 mil 731 millones de pesos para sus empresas Expectras y Propiedades Inmobiliarias de México.
En abril de 2013 Expectras recibió un contrato de 691 millones de pesos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz, para la construcción de la Ciudad Deportiva Centroamericana –sede de los Juegos Centroamericanos de 2014–, parte de cuyas obras dejó inconclusas.
A lo largo del actual sexenio, Seguritech, la empresa proveedora de material de seguridad de Ariel Zeev Picker Schatz, recibió contratos por 8 mil millones de pesos; Caabsa, constructora de Mauricio Amodio Herrera, ganó 9 mil 161 millones de pesos; mientras Constructora Marhnos, de Nicolás Mariscal Servitje, obtuvo 16 mil millones de pesos, principalmente en la construcción de hospitales.
Carlos Echenique Casanova, dueño de Casanova Rent, se convirtió en el principal arrendador de vehículos para las dependencias federales, un negocio del cual sacó contratos –por adjudicación directa– por más de 9 mil 857 millones de pesos desde 2013.
A estos beneficiados por la administración actual, se deben sumar los empresarios que cada sexenio reciben jugosos contratos, como Carlos Slim, cuyas empresas recibieron por ese concepto alrededor de 123 mil millones de pesos a lo largo de este sexenio.
También fue el caso de Ingenieros Civiles Asociados, de Bernardo Quintana Isaac; Sixsigma Networks, de María Asunción Aramburuzabala Larregui; Coconal, de Héctor Ovalle Favela; Grupo Nacional Provincial, de Alberto Bailleres González; Infra, de Agustín Franco Macías; Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego; Pinfra, de David Peñaloza Alanís; e Industrias Unidas, de Carlos Peralta, que en conjunto sumaron contratos por más de 110 mil 645 millones de pesos.
Información hueca
Si bien ofrecen un panorama general sobre el abanico de empresas beneficiarias de contratos de obra pública, las bases de datos de Compranet y del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) tienen huecos y deficiencias que impiden determinar los montos exactos que se embolsó cada empresa.
En Compranet, ni OHL ni Grupo Higa aparecen entre los más beneficiados de Peña Nieto, cuando en realidad obtuvieron contratos federales por montos superiores a 30 mil millones y 10 mil millones de pesos, respectivamente, lo que los colocaría entre los 50 grupos más beneficiados del sexenio.
Ello tiene dos explicaciones. La primera es que algunas dependencias –la CFE, Pemex y la SCT, sobre todo– no publican todos los contratos en el POT ni en Compranet.
Así, el contrato para la construcción de la Central de Ciclo Combinado Empalme I, que la CFE otorgó a las españolas OHL y Senermex en marzo de 2015, no aparece en Compranet ni en el POT, a pesar de que su monto rebasa los 8 mil 773 millones de pesos.
Lo mismo ocurrió con la Central Hidroeléctrica Chicoasén II –cuya construcción fue adjudicada a un consorcio encabezado por Omega, por un monto de 7 mil 110 millones de pesos–, o la elaboración de un tramo de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, otorgada por la SCT a Pinfra en mayo de 2017 por 3 mil millones de pesos.
La segunda razón por la cual la información pública oficial es incompleta es porque muchos de los contratos relativos a los megaproyectos del sexenio fueron ganados por conglomerados de empresas que se distribuyen las obras y el dinero a su modo. Sin embargo, en Compranet aparece como si una sola de las compañías se llevara el monto total.
Por ejemplo Operadora Cicsa, de Slim, aparece en Compranet como la empresa más beneficiada del sexenio, con 94 mil millones de pesos en contratos federales.
Pero ello no es necesariamente cierto: la plataforma le atribuye la totalidad de los 84 mil millones de pesos del contrato para la construcción de la terminal principal del NAICM, a pesar de que la empresa lo obtuvo en consorcio con otros grupos constructores que también destacaron entre los más consentidos de la administración: GIA+A, Prodemex, Hermes, Acciona, FCC e ICA.
Otro caso: en Compranet, la empresa La Peninsular Compañía Constructora aparece como única beneficiaria de un contrato del Tren Interurbano México-Toluca, cuyo monto se elevó a 10 mil 148 millones de pesos; sin embargo, la empresa de Hank ganó la licitación en consorcio con OHL#
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