Opiniones sobre la resolución del Tribunal, caso Ayotzinapa...

EL ASALTO A LA RAZÓN/Carlos Marín
Milenio
Les entreabrió las rejas
Primero se puso en duda la quema de restos de los 43 en el basurero de Cocula que, con excepción de un científico al que bastaron 20 minutos en el sitio para sembrar la sospecha, ningún perito serio ha rebatido; luego fue cuestionada la diligencia en el río San Juan que posibilitó la recuperación de fragmentos identificados plenamente en Austria como de uno de los jóvenes y con cierto grado de certeza de otro más; después los señalamientos de supuestos actos de tortura a los homicidas confesos, y todo para intentar tumbar la cruda “verdad histórica”.
Se han elaborado más de mil 200 dictámenes periciales, realizado mil y pico de búsquedas con alrededor de 10 mil personas, practicado medio centenar de protocolos de Estambul y atendido casi al ciento por ciento las recomendaciones del GIEI, pero no aparece alguna evidencia distinta a la versión oficial.
Y ahora, ¡chin!: sin conocer el expediente de la más exhaustiva investigación hecha en la historia de México, un tribunal colegiado resolvió entreabrir las rejas a los asesinos…
cmarin@milenio.com
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 Ayotzinapa: cuando un tribunal hace política
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior....

Ayotzinapa: cuando un tribunal hace política
Un tribunal colegiado con sede en Tamaulipas dictó ayer una sentencia insólita y para la que, sencillamente, no tiene atribuciones. Derivado de una sentencia de amparo, establece reponer el procedimiento a la esposa de José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa (miembro de Guerreros Unidos y hermana de sus principales líderes) y a los sicarios Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Gildardo López Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, pero además, el tribunal colegiado ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, porque consideró que la indagatoria de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, no fue “imparcial” y hay indicios de que los principales acusados “fueron torturados”.
El Tribunal no tiene atribuciones para encargar la creación de esa comisión, mucho menos para quitar atribuciones al Ministerio Público para encabezar las indagatorias. El tribunal ordenó que la comisión esté integrada por los representantes de las víctimas, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el Ministerio Público de la Federación, pero otorgándole sólo a los dos primeros la decisión de qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y decidió que, además, podrán validar la incorporación de organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
No puede hacerlo porque sencillamente no es legal y viola la Constitución dejar la justicia en manos de instancias ajenas a ella. El protocolo de Estambul ya fue aplicado a los sicarios que ahora el tribunal quiere proteger y que pide se les reponga el procedimiento.
No sólo eso. Los testimonios de esos sicarios están filmados, los hemos presentado en el programa Todo personal y en este espacio. En las grabaciones es más que evidente que no han sufrido ni torturas ni presiones extralegales. Fue hasta dos años después de su detención que, asesorados por los mismos que asesoran a los padres de las víctimas, se ampararon para decir que fueron torturados. Las declaraciones de las que tenemos versiones filmadas y que el lunes pasado volvimos a mostrar en Todo personal muestran otra cosa. Ahí, parte de lo que se ve y escucha, es lo siguiente.
El 16 de enero de 2015, Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo o El Terco, uno de los jefes de sicarios de Guerreros Unidos, contó cómo, la noche del 26 de septiembre, le avisaron a las nueve y media de la noche que les llevarían unos “paquetes” (así le dicen a las víctimas). Iban ocho patrullas municipales, con entre 30 y 35 policías y entre 38 y 41 “paquetes detenidos amarrados con mecates, algunos con esposas y otros ensangrentados”.
Fueron al basurero de Cocula. Dice El Terco que cuando llegaron al basurero, los de abajo (iban todos apilados) estaban muertos por asfixia y que quedaban vivos unos 18 jóvenes. Agustín García Reyes, El Chereje, detenido desde octubre del 2014, cuenta que “al llegar al basurero, El Jimy estacionó la camioneta y ambos empezamos a bajar a los estudiantes que traíamos atrás, los jalamos de los pies y los arrojamos al piso boca abajo y los cuatro (que iban en la camioneta pequeña) estaban vivos”. Enseguida, dice El Chereje, “llegó la camioneta grande y El Cepillo (El Terco), El Jona, El Pato, El Chequel, El Güereque y El Primo, así como El Bimbo y El Pajarraco, empiezan a bajar a los estudiantes que iban amontonados y estaban acostados a lo largo, unos sobre otros, boca abajo… El Terco y El Pato le empiezan a preguntar a El Cochiloco a qué habían venido. Y él respondió que por la esposa de Abarca… le disparan en la cabeza... El Terco nos dice a mí y a El Bimbo que empecemos a jalar los cuerpos que ya estaban muertos y los ponemos a la orilla del basurero… a los que quedaban vivos los bajaron caminando al fondo del basurero,
unos veinte aproximadamente”. Los mataron.
“Comenzamos a amontonar muchas piedras y empezamos entre todos a acarrear los cuerpos hacia el círculo y los vamos acomodando. El Terco les echa diesel o gasolina de un galón de veinte litros, les prende fuego con un encendedor y les vamos echando leña y plástico… comienzan a arder y yo, dice El Chereje, sigo juntando botellas, llantas, cualquier plástico para que no se apagara el
fuego”.
Cuenta El Chereje, y coinciden los demás sicarios que “permanecimos cerca de quince horas, hasta que nos dieron las cinco de la tarde… esperamos que se enfriaran las cenizas y las recogimos con la mano y unas botellas. Sólo había una pala. Ocupamos cerca de ocho bolsas de basura… llegamos al río San Juan como a las
seis de la tarde y empezamos a arrojar las bolsas completas al río y de ahí nos regresamos”.
Ésa es parte de la terrible historia, relatada por los victimarios, confirmada por pruebas y peritajes, de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014. Lo saben las autoridades, los padres y sus representantes. También el tribunal que libró esta insólita sentencia. Le toca a la Suprema Corte de Justicia frenar esta resolución con tanto sabor político-electoral. La pregunta es quién pudo tener tanta influencia en un tribunal colegiado como para lograrlo.
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EN PRIVADO /JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA
Milenio Diario
RETALES
2. PASADOS. En el fallo del Primer Tribunal Colegiado en Reynosa, en un juicio de amparo sobre cuatro acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ordenó la creación de una Comisión de la Verdad, en la que el Ministerio Público de la Federación operará bajo las órdenes de los representantes de los desaparecidos y de la CNDH. Entiendo que puede ordenar la reposición del procedimiento, pero ¿crear una Comisión de la Verdad? ¿Y las atribuciones constitucionales de ese Ministerio Público de la Federación? Y
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¡Por ley, perdón a matones de los 43!/Ricardo Alemán...
24 Horas...
Lo fácil sería decir que enloquecieron los jueces del Primer Tribunal Colegiado, con sede en Tamaulipas, quienes mandaron reponer el caso Ayotzinapa, otorgaron amparo a ocho presuntos criminales y ordenaron crear una comisión de la verdad.
Y si esos juzgadores habrían perdido la razón, lo fácil sería que el Consejo de la Judicatura los destituyera, y “tan tan”.
Pero no, lo cierto es que la “descocada” resolución del colegiado tamaulipeco –entidad en la que manda el crimen organizado- no sólo es una locura o una aberración jurídica; es un poderoso misil electoral.
Y es que detrás de la resolución judicial aparece un peligroso mensaje político-electoral que deja ver la mano del crimen organizado, por un lado y, por el otro, que está en marcha el perdón a los criminales, propuesta del candidato López Obrador.
Dicho de otro modo, resulta que un colegiado judicial le informa a los ciudadanos que, por ley, serán perdonados los matones de “los 43” de Ayotzinapa; propuesta del candidato de Morena, quien también pidió una comisión de la verdad.
Pero lo más importante no es lo que dicen los “descocados” jueces del colegiado en cuestión. No, lo importante es saber lo que harán el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte para acabar con la monstruosidad del colegiado tamaulipeco.
¿Y por qué es una monstruosidad?
1. Porque el Tribunal Colegiado violenta la Constitución, en los artículos 21 y 102, al desconocer las funciones y facultades exclusivas del Ministerio Público, único encargado de buscar y presentar las pruebas para la sanción de un delito.
2. Porque ningún juez, Tribunal Colegiado, ministro de la Corte y tampoco el Máximo Tribunal pueden secuestrar las funciones del Ministerio Público, y menos le pueden ordenar ser parte de una comisión de la verdad junto con la CNDH.
3. Porque someter al Ministerio Público a una comisión de la verdad es violentar los pilares del Sistema Penal.
4. Porque una comisión de la verdad se crea por decreto o por una ley aprobada por el Congreso, nunca mediante una resolución judicial que debe ser parte de la impartición de justicia.
5. Porque en su resolución, el colegiado presupone desconfianza a distintas instituciones como el Ejército, la Marina, la Policía Federal e incluso al Ejecutivo Federal sin que tenga facultad alguna para ello.
6. Porque de seguir en curso el mandato judicial del Tribunal Colegiado, muy pronto podrían estar en la calle los presuntos responsables del crimen de “los 43” de Ayotzinapa, mientras que el mensaje a la sociedad sería de total impunidad.
7. Y porque en el extremo de la monstruosidad, la resolución propone “una solución amistosa” para un caso como el de “los 43”, lo que supone que para el Tribunal Colegiado la ley se maneja a contentillo.
En suma, una locura. ¿Pero quién está detrás de esa monstruosidad judicial? Ése es trabajo del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte. Y deben actuar pronto, ya que el 1 de julio los ciudadanos no pueden acudir a votar con esa amenaza judicial.
Al tiempo.
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Comisión de la verdad/Jorge G. Castañeda
Amarres
El Financiero,
Somos muchos los que desde hace años interminables hemos pugnado por la idea de una comisión, o varias comisiones, de la verdad, de justicia y de investigación en México. Tuve la oportunidad de hablar de ello, en compañía de Margarita González Gamio, con Diana Laura Rojas de Colosio, en 1994. Luché por ello antes de la toma de posesión de Vicente Fox en el 2000 y durante los primeros dos años de su gobierno. He defendido la idea en múltiples foros internacionales, no sólo para México sino para muchos otros países donde se ha realizado. Y por último, en tiempos recientes, junto con muchos otros, he empujado esta idea dentro de la campaña de Ricardo Anaya, en particular con el agregado de la cooperación internacional, tomando como ejemplo –no como modelo– la CICIG en Guatemala.
Por eso no puede más que ser motivo de gran alegría y satisfacción que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas haya fallado ayer que, ante la solicitud de amparo presentada por familiares de las víctimas de Ayotzinapa y por cuatro de los procesados ante la desaparición de los 43 estudiantes, se debe crear una comisión de investigación de la verdad, compuesta por la CNDH, los familiares de las víctimas, la PGR, y el Ministerio Público, para reponer enteramente el proceso, ya que la investigación del caso no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
El Tribunal Colegiado afirma con o sin razón, y creo que con razón, pero ya lo verá la Suprema Corte en algún momento, que las instancias de administración de justicia mexicana existentes no funcionan. Sostiene que por un lado, el hecho de no haber interrogado o escuchado o investigado a otros posibles actores en la masacre de los 43 estudiantes –el Ejército, la Policía Federal– y aceptar testimonios de personas que fueron efectivamente torturadas o que la PGR no pudo demostrar que no lo fueron, invalida la llamada “verdad histórica”. Yo no sé si la verdad histórica es verdad o no. No descarto, sería deshonesto de mi parte decirlo, que en efecto la “verdad histórica” haya sido verdad. Pero lo que resulta evidente es que el proceso, el sistema, el andamiaje, la estructura de la administración y procuración de justicia en México, no sirven de nada. Y por eso el Tribunal Colegiado pide que se construya una institución ad hoc para paliar esa insuficiencia.
¿Prosperará la comisión de investigación de la verdad ordenada por el Tribunal Colegiado? Quién sabe. Sin duda el gobierno la llevará a la Suprema Corte; EPN ha podido “cargar” la Corte a un grado tal que posiblemente cualquier fallo contrario al propio EPN o a su legado sea rechazado. También es posible que, aunque la Corte respaldara al Colegiado, los obstáculos financieros, burocráticos, jurídicos y de todo tipo, resulten tan adversos que no sea posible avanzar por esta vía. Pero por el momento se trata de un avance considerable.
¿Qué falta? En primer lugar, la cooperación internacional. Afortunadamente, en esta materia, la aportación del GIEI, aceptada por Peña Nieto, –debe reconocérsele el hecho de haberlo admitido, quizás sea uno de los mayores aciertos de su gobierno– sienta un precedente para que dicha comisión de la verdad, dictaminada por el Tribunal Colegiado, pueda contar con esa asistencia. En segundo lugar, el hecho de que sean la CNDH y los familiares de las victimas quienes determinen las líneas de investigación de la comisión de la verdad, sienta un precedente. El precedente puede o no tener continuidad. Ya veremos. Pero el hecho de que en la jurisprudencia mexicana ya nadie pueda alegar que se trata de injerencias externas, ideas exóticas, tesis ajenas a nuestra idiosincrasia, o cualquier otra imbecilidad diazordacista, es un gran avance. Gracias al Tribunal Colegiado radicado en Tamaulipas.
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Golpe a la PGR
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REforma, 06 Jun. 2018
"La autoridad sólo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta". Principio jurídico
 El fallo del colegiado es un golpe brutal a la Procuraduría General de la República. Los magistrados determinaron en una decisión unánime que la investigación del caso Iguala "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial". Pero fueron más allá al señalar que, como "en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia".
Esta comisión estará formada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero solo los dos primeros podrán determinar las líneas de investigación y las pruebas que se desahogarán. El MP perderá su autonomía y tendrá que limitarse a obedecer instrucciones. Los dos primeros podrán también validar la incorporación a la comisión de otras organizaciones nacionales e internacionales.
El fallo en un juicio de amparo del Primer Tribunal Colegiado del 19º Circuito de Reynosa, Tamaulipas, ha sido considerado como "inédito" y lo es. Quizá más. Algunas de las disposiciones parecen ser incluso inconstitucionales.
El juicio de amparo es un arma muy poderosa para salvaguardar las garantías individuales, pero tiene límites como todo instrumento jurídico. Un tribunal colegiado puede suspender la acción de una autoridad, ordenar la reposición de un juicio o poner en libertad a un detenido, pero ninguna ley le da facultades para crear una comisión de la verdad. En todo caso, esto sería atribución del Poder Ejecutivo. En nuestro orden legal, recordemos, ninguna autoridad puede hacer más que lo que dispone la ley.
El artículo 21 de la Constitución establece que "la investigación de los delitos" y "el ejercicio de la acción penal ante los tribunales" corresponden al Ministerio Público. El tribunal, sin embargo, está dando a la comisión de la verdad la parte sustancial de esta responsabilidad en el caso Iguala. Como esto sería ilegal, señala que los "representantes de las víctimas" y la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinarán las líneas de investigación y las pruebas. Al Ministerio Público se le convierte en simple mensajero para entregar la documentación a los tribunales. La posibilidad de incorporar todavía más organizaciones a esa comisión de la verdad inquieta de igual manera. Los magistrados que inventaron este esquema no se han enterado que, como dice la sabiduría popular, demasiados cocineros echan a perder el caldo.
No hay indicación de que los "representantes de las víctimas" sean organismos imparciales para encabezar una investigación. Las organizaciones y abogados que han venido representando a algunos padres de los normalistas desaparecidos -no a todos- son altamente ideológicos y politizados. Desde el principio su objetivo ha sido culpar al Estado mexicano. Nunca les ha interesado conocer la verdad sobre lo sucedido en Iguala. Los normalistas son usados como bandera para un proyecto político.
Otra decisión preocupante del tribunal es separar del caso a todo el equipo que lleva actualmente la investigación. Casi cuatro años después de los hechos, habrá que empezar de nuevo, pero con investigadores que no conozcan el caso, que no tengan facultades para establecer líneas de investigación y que obedezcan instrucciones de un grupo de activistas políticos. No parece que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del 19º Circuito estén tomando las medidas adecuadas para lograr una justicia pronta y mucho menos efectiva.
· DEPRECIACIÓN
La incertidumbre cuesta. El dólar se cotizaba ayer al cierre de operaciones a 20.70 pesos en ventanillas bancarias y a 20.38 en el mercado interbancario. El 16 de abril el dólar estaba a 18.01 pesos en el interbancario. El precio ha aumentado 13.1 por ciento desde entonces.
@SergioSarmiento
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EL TRIBUNAL ATROPELLA LA CONSTITUCIÓN /Rafael Cardona
La Crónica
Nos lo advierte la sabiduría acumulada: malhaya quien caiga en manos de médicos o abogados.
Pobre del país cuyo destino quede en manos de tinterillos y un Poder Judicial (en términos generales), dotado para extralimitarse por encima del texto constitucional e ignorar la soberanía de otros poderes y de los órganos autónomos.
Hoy, como hizo hace unos meses la Suprema Corte de Justicia (cuando amenazó con cesar al Congreso si no se acataba su capricho en cuanto a la Ley de Comunicación Social, mediante una amenaza aún vigente), la extralimitación le pasa por encima al Artículo 21 de la Constitución, el cual dice a la letra (Sin necesidad de interpretación alguna):
“… La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
“El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
“La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial…”
Pues en contra de este mandato se arrincona a la PGR, se inventan una Comisión de la Verdad y dejan a la CNDH subordinada a quienes lleguen a formarla.
Hoy los jueces del Primer Colegiado de Tamaulipas le han pasado una aplanadora con placas de la OEA al texto constitucional, y expedido una orden fulminante: crear una “Comisión de la Verdad” (como si no fuera esto en esencia la CNDH, pero de manera permanente y en todos los casos posibles) para determinar lo ocurrido en Iguala (y no digo Ayotzinapa porque en este lugar nada sucedió. Ocurrió a muchos kilómetros de distancia).
Y de paso convertir los cuarteles militares de zonas reservadas a la Seguridad Nacional, en terreno de día de campo para las fobias de los interesados en torpedear al Estado desde el submarino de los Derechos Humanos mal entendidos, pero eficazmente aplicados en esta progresiva, incansable y, por lo visto, exitosa demolición.
Además, soltar a los procesados, porque sabe usted, los torturaron para obligarlos a confesar. Ellos desaparecieron a 43 personas, pero son inocentes porque les picaron los ojos.
“Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas (Mauricio de la Mora, Juan Trejo Espinoza y Héctor Gálvez), resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura…
‘…De esta forma, el tribunal señala que por las ‘graves violaciones a los derechos humanos’ a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
“Dicha comisión”, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar”. De la noche a la mañana Vidulfo Rosales se convierte en par del “Ombusdman” constitucional.
Hoy ponen la Iglesia en las manos de Lutero y le entregan un poder similar a los padres de Ayotzinapa (nunca se habla de las madres) al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a despecho de una investigación ya sumamente avanzada de esta institución del Estado, en la cual se toman en cuenta todos los elementos invocados en esta estúpida resolución del Colegiado.
Pero el extremo de la sandez es ordenar la creación de un organismo público desde las febles líneas de una sentencia judicial de posible apelación en la Corte (como si la Corte sirviera para algo, dice Andrés Manuel), sin tener facultades de administración pública.
—¿Quién va a constituir esa comisión? ¿Cuántos integrantes debe tener y por qué? ¿Quiénes y por qué? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién pagará la protección de sus integrantes? ¿Cuáles serán sus facultades, de dónde surgirá su adscripción administrativa? ¿Cómo se empatarán sus imaginarias funciones con una fiscalía autónoma en proceso?
Son muchas preguntas y muy pocas respuestas porque esta actitud de los jueces es resultado de la embestida contra el Estado. No es una defensa jurídica de los derechos humanos de nadie.
Es la herencia de la Organización de Estados Americanos a través del Grupo Internacional de Expertos Independientes quienes medraron para socavar a la PGR y a través de ella al miope gobierno mexicano, el cual no sólo les abrió las puertas, sino también la faltriquera con el oro.
Su finalidad es convertir a México en una Guatemala (ya Andrés Manuel pidió la intervención de la ONU y la creación de esta CV), con un gobierno títere de los organismos internacionales.
Ese peligro supera las amenazas, aranceles y cañones de Trump.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com