"Asumo mi responsabilidad...", dice en exclusiva el "Comandante Emilio”/VERÓNICA ESPINOSA Y FRANCISCO MARÍN
Detenido el 30 de mayo de 2017 y preso actualmente en el Cereso 1000 en Valle de Santiago, Guanajuato, el exguerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete responde por escrito un cuestionario de Proceso en el que habla sin tapujos de su militancia en el extinto Frente Patriótico “Manuel Rodríguez”. En esta entrevista, la primera que concede tras su captura, aborda las diferencias con Ricardo Palma Salamanca, con quien durante lustros formó una dupla en el exilio mexicano.
VALLE DE SANTIAGO, GTO. / SANTIAGO DE CHILE.- Desde su celda del Cereso 1000 en Valle de Santiago, el exguerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete, Comandante Emilio, contesta por escrito un cuestionario enviado por Proceso, mientras espera el resultado del juicio que enfrenta como inculpado del secuestro de una ciudadana franco-estadunidense, así como del proceso de extradición –solicitado por la justicia chilena– relacionado con el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz.
Por medio de sus abogados Escobar Poblete envió las respuestas escritas de su puño y letra en las cuales relata su arribo a México y a San Miguel de Allende, el nombre que adoptó en territorio mexicano –el de Ramón Alberto Guerra Valencia– durante 20 años, así como de sus andanzas en esta ciudad guanajuatense como fotógrafo y editor de revistas…
Pero, sobre todo, expuso su etapa como militante del Frente Patriótico “Manuel Rodríguez” (FPMR) en su natal Chile y sus convicciones ideológicas, además habló con detalle de varios excompañeros de lucha, como Ricardo El Negro Palma Salamanca, quien hoy se encuentra asilado en París, donde ha defenestrado a Escobar en varias entrevistas periodísticas.
Desde que llegó a México, en 1998, Escobar Poblete decidió ocultarse en San Miguel de Allende, un lugar que le pareció “cosmopolita, lejos de todo y de todos”.
“Ahí encontramos la tranquilidad buscada –dice–. Comenzamos a tener amigos, mi hijo comenzó a ir al colegio y formamos una familia que se fue ampliando, con el cariño de muchos amigos. Amigos que hasta hoy lo somos, amigos generosos.”
Fue el último del grupo que se estableció en esa ciudad de Guanajuato. Ahí se reunió con Marcela Mardones, su pareja en esa época, y un hijo. En Chile, el gobierno había emprendido una persecución contra los exintegrantes del grupo guerrillero, activo opositor a la dictadura del general Augusto Pinochet.
En su respuesta fechada el 4 de marzo pasado, Escobar desmiente la versión de que tomó la identidad de un niño fallecido en Puebla: “Mucho se ha comentado de eso, pero la verdad es otra. Es simple, Ramón lo elegí porque fue el último nombre que uso el Che (Guevara) en Bolivia; Alberto era el nombre de mi padre; Guerra fue por un hermano Rodriguista asesinado (Julio Guerra); Valencia (lo tomé) de un compañero desaparecido. Y lo resolví en Santo Domingo, un lugar del DF (Ciudad de México), recuerdo”.
El Comandante Emilio relata sobre el comienzo de su nueva vida en San Miguel de Allende: “Fue difícil, en particular fui trabajando en fotografía, luego participé en restauración y construcción de alguna casa con un amigo arquitecto que conocí ahí en San Miguel; luego tuve un pequeño café internet, hice una revista de deportes, Deportivo San Miguel, y otra, Espiral, todo sobre vida sana, homeopatía, yoga, cuidar el planeta, pagando mis impuestos todos los años. Estábamos con mi familia en los centros de ayuda humanitaria René Mey, fue y es muy bonita labor”.
Asegura que cortó sus vínculos familiares en Chile por seguridad: “Yo sólo tenía la herencia de unas casas que mi padre dejó y una venta de acciones que estaban a mi nombre en Chile, del grupo Inforsa, que mi madre me vendió. Fue con lo que conté para iniciar”.
Casi 21 años después, para Escobar Poblete ha cambiado todo. Ha pasado los últimos tres meses recluido en el Cereso 1000 de Valle de Santiago, mientras enfrenta un juicio por secuestro ante un tribunal de oralidad penal; un proceso que parece no tener fin.
Desde su captura el 30 de mayo de 2017, el entonces procurador Carlos Zamarripa Aguirre –actual fiscal general de Guanajuato– calificó al exguerrillero chileno como cabeza de una banda internacional de secuestradores que, dijo, ha tenido entre sus víctimas lo mismo a empresarios que a prominentes políticos, y abundó que operaba desde San Miguel de Allende, donde Escobar ocultó por casi 20 años su pasado bajo el nombre falso de Ramón Alberto Guerra Valencia.
De lunes a viernes, durante unas horas al día debido a la inseguridad que prevalece en la zona, la Fiscalía ha realizado decenas de peritajes de todo tipo, testimonios e informes con los que intenta demostrar la participación de Escobar en el secuestro de una ciudadana franco-estadunidense.
Justicia guerrillera
Con relación a los asesinatos perpetrados por el FPMR contra violadores de derechos humanos y colaboradores de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y en los inicios de la transición a la democracia, Escobar Poblete responde:
“Fue un anhelo de justicia para un vasto sector del pueblo chileno, no dejar sin castigo a estos asesinos y torturadores. No dejar impunes los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, puesto que, si no existía un Poder Judicial que juzgara a estos criminales, había tribunales del pueblo.”
Estos crímenes, en particular el del senador Jaime Guzmán Errázuriz, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y principal ideólogo del régimen pinochetista, ocurrieron en el marco de la campaña “Nunca impunidad”, decretada por la Dirección Nacional (DN) de dicha organización política en mayo de 1989.
En esta entrevista, la primera que concede desde su arresto, Escobar Poblete (Santiago, 1963) aborda aspectos desconocidos de la historia del FPMR, de cómo se sumó a las filas de la organización guerrillera; también responde a las polémicas declaraciones de su antiguo compañero Ricardo Negro Palma Salamanca, con quien conformó “la dupla letal” del FPMR.
Escobar Poblete y Palma Salamanca –que en México utilizaban las identidades de Ramón Guerra y Esteban Solís, respectivamente– acribillaron a Roberto Fuentes Morrison, un represor del régimen chileno; al coronel Raúl Fontaine, jefe de la inteligencia del cuerpo de carabineros, y a Víctor Valenzuela (26 de octubre de 1990), un escolta de Pinochet.
En el caso de Guzmán, el FPMR lo ejecutó de manera similar frente al Campus Oriente de la Universidad Católica. Los autores eran integrantes de la fracción autónoma del frente, una escisión del Partido Comunista (PC) ocurrida a mediados de 1987, luego que el partido aceptó sumarse a la política institucional diseñada por la dictadura de Pinochet y definida en la Constitución de 1980.
Esa decisión del PC, según los desertores, ponía freno a la “política de rebelión popular de masas” iniciada precisamente en 1980 y que tuvo como principales hitos la creación del FPMR el 14 de diciembre de 1983 y el fallido atentado a Pinochet, el 7 de septiembre de 1986.
Escobar Poblete abunda sobre el caso Guzmán: “Asumo mi responsabilidad política de ese hecho, por haberlo realizado el Frente y por ser integrante de la organización. Ahora, es importante destacar que yo fui involucrado en ello sin estarlo, porque detuvieron a Ricardo Palma, un compañero al cual quebraron psicológica y físicamente. Por su confesión es que hoy tienen injustamente encarcelada a Marcela Mardones, ya que, naturalmente, no tienen ninguna evidencia legal y sólida, más que una confesión de este compañero.”
Palma Salamanca, quien fue detenido el 25 de marzo de 1992, reconoció ante el subcomisario de la Policía de Investigaciones Jorge Barraza, encargado de la persecución del FPMR, su participación en los hechos, agregando que Emilio lo convenció de involucrarse: “Bueno, le dije, pero yo no quiero tener una participación directa en eso. ‘No, me dijo (Emilio), si yo soy el encargado. Tú me cubrís las espaldas’. Ese era mi papel”.
El juez que investiga la causa por la muerte de Guzmán, Mario Carroza, estableció poco después de conocerse la captura de Escobar Poblete que el exguerrillero era el “autor material” de esa muerte, según lo consignó en la solicitud de extradición remitida a la Corte Suprema de Chile el 13 de junio de 2017.
Marcela Mardones, por su parte, fue condenada por Carroza el pasado 14 de marzo a 10 años de prisión por su autoría en el “atentado terrorista contra una autoridad política (Guzmán) con resultado de muerte”.
Mardones fue detenida el 9 de junio de 2017, tras atravesar el sureño paso Peulla, en la frontera con Argentina. Ella escapó de México tras la detención de Escobar Poblete, su exesposo, con quien procreó dos hijos.
Interrogada por Carroza, Mardones admitió que hizo tareas de seguimiento de la rutina de Guzmán. Pese a su participación secundaria, ella es la única “frentista” que está en prisión por ese asesinato.
Palma Salamanca, quien vivió también en San Miguel de Allende, abandonó la ciudad tras la detención de Escobar Poblete. Se fue a Cuba y de ahí se desplazó a Francia, donde obtuvo asilo político el 2 de noviembre pasado.
La vieja dupla
El 30 de diciembre de 1996, el Comandante Emilio encabezó la operación “Vuelo de Justicia” para rescatar de la Cárcel de Alta Seguridad a cuatro integrantes del FPMR: Patricio Ortiz, Pablo Muñoz, Palma Salamanca y Mauricio Hernández Norambuena, Comandante Ramiro, el líder del Frente en esa época.
En esa ocasión se utilizó un helicóptero, previamente robado por el Comandante Emilio. Desde la aeronave se lanzó un canasto al patio central del penal en el que se subieron los cuatro guerrilleros, mientras Emilio y otro guerrillero del Frente descargaban sus fusiles M-16 a los centinelas.
Escobar Poblete rememora lo que significó para él aquel operativo: “Fue una operación llena de fraternidad, por la vida, en la que pudimos rescatar a los compañeros que nos propusimos. Cumplió todos los objetivos”.
Emilio también habla de sí mismo. En su escrito dice que es “un ser humano que busca vivir en paz”; “un convencido de que el amor es la base fundamental de cualquier construcción social”. Y añade: “Si esta paz es violentada con injusticias… no puedo, ni debo quedarme como espectador inmóvil”.
E insiste en que “por circunstancias traumáticas y de terror” tuvo que asumir distintos nombres; “pero la esencia de este ser humano es indivisible”.
En San Miguel de Allende, Escobar y Palma eran una dupla socialmente identificada, sobre todo durante el tiempo en que participaban en una revista y se dedicaron a la fotografía. Las declaraciones de Palma hace varias semanas no sólo sacudieron a Escobar sino a muchos que los conocieron en esa ciudad.
El 11 de febrero pasado, el semanario chileno The Clinic publicó una entrevista con Palma Salamanca titulada: La cultura comunista me tiene harto, es ideológicamente intolerante y autoritaria. En ella, el antiguo fusilero del FPMR aseguró que “la revolución está agotada” y se definió como “un reformista”.
Además, hizo una descarnada crítica al papel jugado por el FPMR y se refirió a Escobar como una persona “de pocas luces y más bien básico”. También se mostró sorprendido de que “estuviera metido en los secuestros de los que lo acusan”.
Enterado de las afirmaciones de Palma, Escobar dice que son “tristes y lamentables”, aunque matiza: “No puedo responder desde un punto de vista político, ya que no cuento con todos los elementos objetivos y subjetivos que rodearon esas declaraciones.
“Tampoco creo correcto responder, desde la posición de prisionero en la que me encuentro, que mínimamente es desventajosa; y lo único que se lograría sería hacerle el juego a la derecha en Chile, que estará con su morbosidad política de siempre, esperando como pajarracos carroñeros comer de sus víctimas.”
No obstante, se pronuncia “desde un punto de vista humano”, según remarca: “Ricardo (Palma), desde su muy temprana edad arrastraba una serie de frustraciones, indecisiones y traumas, por situaciones familiares, sin haber encontrado alguna terapia que hubiera sanado ese cuadro psicológico”.
Y afirma que cuando la policía chilena detuvo a su excompañero en 1992, “con la tortura, además de doblegarlo, acentuó aún más esa debilidad emocional”.
Y añade: “El rescate fue un pequeño tanque de oxígeno que un buzo desesperado recibe en el fondo del mar. Mi detención –y la terrible posibilidad de haber sido detenido y extraditado y volver a las prisiones pinochetistas– hizo que Ricardo se viera sin más oxígeno en esa profundidad y buscó otra vez culpables con una inmadurez evidente, donde le tiró a todo: a la organización, a la izquierda, a las revoluciones, inclusive a su familia, pero nunca reconoce esas responsabilidades en él, principal responsable de sus ‘frustraciones’”.
Otro viejo capítulo
El libro El gran rescate, editado por LOM, relata la liberación de presos del FPMR de la Cárcel de Alta Seguridad, e incluye los relatos aportados por “todos los compañeros” partícipes de la operación. Y aclara que de manera circunstancial Palma firmó ese volumen, que estaba casi hecho en su totalidad: gran parte de su contenido no estuvo en sus manos. “A este compañero (Palma) –puntualiza el entrevistado– se le consideraba de confianza…”.
Escobar Poblete se pronuncia respecto de la política de “Guerra Patriótica Nacional” (GPN), emprendida por el FPMR al final del régimen dictatorial y al principio de la “transición a la democracia”. Asegura que la GPN “no fue casual ni antojadiza: estábamos en plena dictadura, y entonces no se creía posible una transición a la ‘democracia’”.
Estima que en esa época “todo el mundo” veía que el plebiscito de 1988 era una más de las tantas maniobras para ganar tiempo y legitimar la dictadura, la que buscaba extenderse por una década más, por lo menos. “Tenían todo el poder –dice–, habían hecho una Constitución para sus fines. No existía Poder Legislativo ni Judicial. No había nada para hacer un estado democrático ni ninguna base para hablar de transición”.
Puntualiza que, en ese estado de cosas, “lo más coherente y correcto fue lo que hizo (El Comandante) José Miguel (Raúl Pellegrin, fundador y principal líder del FPMR) y la Dirección Nacional (DN)”, en orden a intentar “sentar las bases… para preparar una eventual agudización de la lucha política y armada”.
Y agrega: “Había que reorientar los esfuerzos, descentralizar la táctica y centralizar la estrategia. Se avizoraba que el paso superior para la lucha contra la dictadura, pasaba por diseminarnos en la montaña y llevar la lucha fuera de las ciudades. Para ello, lo primero era crear y producir focos guerrilleros, que pasarían a ser engrosados por muchos cuadros y combatientes. La DN, junto a José Miguel, eran cuadros fogueados en las guerras de Nicaragua y El Salvador”.
Escobar también responde a preguntas sobre la operación de asalto al poblado cordillerano de Los Queñes (Región del Maule), realizada dos semanas después del plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el que contrariamente a lo que el FPMR había pronosticado, la opción “No” a la continuidad de Pinochet, ganó. El dictador tuvo que reconocer su derrota.
“Los Queñes –escribe Escobar– fue la toma de un poblado perfectamente planificada; sólo (existió) una baja militar, un costo muy pequeño”. No obstante, admite que “el asesinato de José Miguel y la Comandante Tamara (Cecilia Magni) empañó todo”.
En esa derrota, comenta, nada tuvo que ver la decisión del Comandante José Miguel de dar inicio a la GPN.
“(Él quería) dejar asentado que, pasara lo que pasara con Pinochet, el pueblo podría estar seguro de que estaba en condiciones de pasar a una fase superior de la lucha.”
Escobar atribuye el escaso éxito de la GPN al hecho que “en el mismo seno de la DN estaba hace muchos años enquistado un esbirro de Pinochet conocido como Bigote (Luis Arriagada Toro).
Bigote, quien iba como segundo al mando (en Los Queñes), hizo la traición más grande y dolorosa en la historia del Frente, al entregar a José Miguel y a Tamara, a quienes las fuerzas represivas asesinaron brutalmente en La Rufina y tiraron sus cuerpos al río Tinguiririca.
“Era un lugar al que jamás hubieran llegado la policía ni el ejército, si este traidor no hubiera sabido su ubicación”, sostiene Escobar.
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"Todo estaba pactado" entre México y Chile/
VERÓNICA ESPINOSA Y FRANCISCO MARÍN
GUANAJUATO, GTO.- “Es más que obvio que hubo un acuerdo entre gobiernos (el de Chile y el de México) al final del sexenio de Enrique Peña Nieto para entregarles a Raúl Julio Escobar”, sostiene el abogado Ángel Maximiliano Santiago Ibarra, defensor del Comandante Emilio en el juicio de amparo que actualmente lleva ante la justicia federal mexicana para impedir que se cumpla el acuerdo para extraditar a su cliente a fin de que se le juzgue y sentencie en su país por “acto terrorista con resultado de homicidio”.
“Todo estaba pactado. Ahora tenemos la posibilidad de que México niegue su extradición y cumpla con su obligación de prevenir futuras violaciones a sus derechos humanos, pues es totalmente posible que eso ocurra en Chile”, advierte.
El amparo solicitado por Escobar parte de dos circunstancias que, según el abogado, evidencian cómo “todo fue preparado” para que el gobierno de Peña Nieto entregara a Raúl al gobierno chileno:
El juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Luis Joel Escalante Pavia presidió una audiencia en la que comparecieron representantes de la entonces PGR, quienes presentaron la solicitud de extradición hecha por el gobierno chileno, así como los defensores de Escobar, quien sólo pudo hablar mediante un enlace de videoconferencia desde el Cefereso de Ocampo para plantear al juez su solicitud de asilo dirigida al gobierno mexicano, que fue ignorada.
La opinión jurídica a favor de la extradición, remitida por el juez a la cancillería mexicana, quedó fechada el 25 de noviembre de 2018, el mismo día en que la dependencia emitió el acuerdo de extradición, un documento de más de 100 páginas.
“A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de Peña Nieto tenía listo el mismo día el acuerdo de extradición, para el que debía de tener la opinión jurídica. Además, la Ley de Extradición dice que el Ejecutivo tiene un plazo de 20 días para estudiar la opinión jurídica, valorar si coincide o no con ella y emitir el acuerdo… pero no hubo estudio, no se esperaron ni un día; lo tenían todo preparado”, señala el abogado.
Luego –según narró el propio Escobar a Proceso en una carta–, las autoridades del Cefereso de Ocampo impidieron a sus defensores tener acceso al documento de notificación que le entregaron los representantes de la cancillería el 26 de noviembre, con un plazo de 30 días para interponer el amparo.
Dice Escobar: “Hasta el 24 de enero de 2018 en la audiencia (del juicio por la acusación de secuestro de la que se dice inocente) mi abogado me informó que el documento de la SRE ‘no lo encuentran’ en la oficialía de partes (del Cefereso)”.
Aún sin la notificación, la defensa del exguerrillero interpuso un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito, donde fue admitido. Sin embargo, como ocurre con la audiencia de juicio por secuestro, que se ha alargado por innumerables inconvenientes –entre éstos que las autoridades del propio Cefereso se negaron a trasladar a Escobar a tiempo para el inicio de la etapa de juicio y fueron hasta apercibidos por el tribunal–, en el caso del juicio de amparo contra la extradición las cosas también se le han complicado al acusado.
Pruebas desechadas
El abogado Maximiliano Santiago tuvo que interponer un recurso de queja (50/2019) en contra del juez séptimo de distrito, puesto que éste, afirma, se negó a admitir un paquete de pruebas en favor del chileno.
Ese recurso fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal el pasado 25 de marzo, por lo que el tribunal revisará y resolverá sobre las pruebas que el propio abogado detalla:
“El juez que aconsejó la extradición no realizó un control de convencionalidad, que implica contemplar en su estudio todos los tratados, acuerdos y convenios que México ha firmado en materia de extradición y derechos humanos. Solamente tomó en cuenta el acuerdo bilateral entre México y Chile en el tema.”
La figura de extradición, explica, ha evolucionado conforme a la doctrina internacional. “Anteriormente –dice– se evaluaba en términos de relaciones internacionales, por lo que era procedente concederla cuando se cumplieran los requisitos que se establecieran en el tratado de extradición respectivo.
“Sin embargo, a partir del reconocimiento en el derecho internacional del individuo como sujeto de derecho –y no como objeto de las relaciones entre los Estados–, resulta necesario ponderar el proceso de extradición no sólo desde los tratados de extradición, sino también desde aquellos derechos humanos previstos en cualquier tratado internacional, sea cual sea su denominación o la materia que regule; es decir, a la luz de la totalidad del cuerpo de normas internacionales de derechos humanos.”
De tal suerte, añade el defensor de Escobar, dentro de un procedimiento de extradición se involucran derechos y valores que deben ser plenamente tutelados, como la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio, el libre desarrollo de la personalidad, el debido proceso, la adecuada tutela judicial efectiva, la permanencia en otro país y, en general, la dignidad de todas las personas.
Esto implica que en este proceso de extradición, que no ha concluido, “el Estado mexicano deberá cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, puesto que, en tanto una vez que Raúl Escobar Poblete sea entregado al país solicitante, México no tendrá jurisdicción para hacer valer los derechos de dicha persona, y el deber de protección de derechos humanos constituye un deber de prevención”.
Los argumentos de “Emilio”
El contexto histórico del propio Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), del que Escobar formó parte antes de ocultarse en México por más de 20 años bajo el nombre de Ramón Alberto Guerra Valencia, es uno de los elementos que la defensa pide analizar en el juicio de amparo promovido en contra del acuerdo de extradición.
“Hay un derecho reconocido a la resistencia, se legitima un levantamiento de armas por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en contra de un régimen autoritario y totalitario caracterizado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, en los años de 1973 al 1990; la respuesta del régimen fue la persecución política en contra de las y los disidentes políticos”, señala el abogado.
Al recibir estos elementos, dice el abogado, el juez séptimo de Distrito los desechó porque “en su opinión no tienen relación con el proceso. Ahora un tribunal colegiado los conocerá y revisará. Raúl es un perseguido político; el Frente tenía el apoyo de la población chilena y su propósito no era causar terror en la sociedad, sino derrocar a Pinochet. El gobierno chileno no garantiza que respetará sus derechos y México debe reconocerlo”.
O como lo escribió el propio Escobar en una de sus cartas dirigida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador:
“Les recuerdo que la ultraderecha en Chile está de regreso al poder, son los mismos que le crearon la Constitución a Pinochet; son los mismos que crearon la figura de ‘senador vitalicio’ a Pinochet, convirtiendo a un asesino en intocable. Son los mismos que jamás han dicho nada de los crímenes de la dictadura, por la simple razón de que sería acusarse a ellos mismos de la muerte del presidente (Salvador) Allende, de la muerte del general (René) Schneider, de la muerte del ministro de Defensa Carlos Prats, de la muerte del canciller Orlando Letelier, de la muerte de miles de chilenos inocentes, y con todo descaro, y con una falta de vergüenza absoluta, quieren ‘hacer justicia’ pidiendo mi extradición, cuando lo único que hacen es una parodia burda de actuar con legalidad. Es una paradoja.”
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