La nueva fuerza actuará también como “migra"/
MATHIEU TOURLIERE
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende dotar a la Guardia Nacional de facultades para revisar documentos y arrestar a migrantes que transiten por territorio mexicano y custodiar los centros de detención migratoria, así como para controlar las garitas y las zonas fronterizas, con la cooperación del Instituto Nacional de Migración (INM).
En su estado actual, la iniciativa de Ley General de la Guardia Nacional elaborada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal –a cargo de Julio Scherer Ibarra– repone la política migratoria en un enfoque de seguridad nacional, pues otorga atribuciones del INM al nuevo cuerpo de seguridad, que a su vez tiene un doble mando civil y militar.
Ello hace eco al polémico Plan Frontera Sur, el programa de contención migratoria diseñado por la Secretaría de Marina (Semar) que el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó en verano de 2014: a raíz de su implementación, el INM multiplicó las redadas antimigrantes en el sur del país, con el apoyo de los militares y de la extinta Policía Federal (PF). Durante el sexenio pasado, las autoridades deportaron a 699 mil 497 migrantes centroamericanos.
La nueva administración sigue el mismo camino: la iniciativa de ley entregada al Senado el jueves 11 plantea, de manera ambigua, que la Guardia Nacional podrá “ejercer, en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el INM, las facultades que en materia migratoria prescribe la Ley de Migración”.
Establece que la Guardia Nacional vigilará las “zonas fronterizas”: estará presente, entre otros lugares, en “las garitas o puntos de revisión aduaneros” y en las carreteras, donde inspeccionará las “entradas y salidas de mercancías y personas”, verificará que “los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Migración”, y apoyará el “aseguramiento” –la detención– de migrantes que realice el INM.
De acuerdo con la misma iniciativa, el cuerpo de seguridad tendrá la facultad de “resguardar dentro de las estaciones migratorias a los extranjeros que violen la Ley de Migración cuando el caso lo amerita a solicitud del propio INM”. De entrar en vigor, este punto de la iniciativa –plasmado en la fracción 38 del artículo 11– convertiría de facto estas “estaciones migratorias” en centros penitenciarios.
Proceso preguntó al INM si el equipo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal consultó o elaboró la iniciativa con base en la opinión del instituto. Hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
La iniciativa, que será discutida y probablemente modificada en el Senado, se presentó en medio de una grave crisis migratoria en México, que se agudizó en meses recientes con la llegada de cientos de miles de centroamericanos en condiciones de precariedad extrema.
Esta situación quedó ilustrada en las estadísticas que actualizó el martes 9 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense (CBP): de acuerdo con la agencia, de los 265 mil 949 centroamericanos detenidos por las autoridades migratorias entre octubre de 2018 y marzo pasado, 210 mil 580 viajaban en familia o eran menores de edad no acompañados.
En su edición 2214, Proceso reportó la preocupación de activistas y defensores de derechos humanos de que el gobierno federal vuelva a adoptar una política “dura” de contención migratoria. De hecho, en marzo pasado, los agentes del INM detuvieron a 12 mil 700 personas, un 23% más que en el mes anterior, y una cifra mayor a las 11 mil 779 realizadas en marzo de 2018, durante el sexenio de Peña Nieto.
La Ley de Migración vigente, que entró en vigor durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, plantea que el INM es la autoridad competente para “instrumentar la política en materia migratoria”, “vigilar la entrada y salida de personas al territorio” y seguir el procedimiento administrativo migratorio, que incluye “la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación”.
La legislación determina que la Policía Federal (ya desaparecida) puede actuar en “auxilio y coordinación” con el INM para realizar controles migratorios o para trasladar los migrantes, pero plantea que “la presentación de los migrantes en situación irregular sólo puede realizarse por el instituto”.
Fronteras militarizadas
“En vez de la Guardia Nacional que va a enviar Donald Trump a la frontera, nosotros vamos a impulsar el desarrollo y el bienestar de los mexicanos de este lado del Río Bravo”, comentó López Obrador el 4 de abril de 2018.
El entonces candidato a la Presidencia de la República comentaba el anuncio del magnate estadunidense de que desplegaría miles de tropas de la Guardia Nacional en su frontera con México para detener a los migrantes.
“De este lado del Río Bravo”, los militares ya tenían el control de la frontera. En 2013, Peña Nieto encargó a la Secretaría de Marina que diseñara el Programa de Atención Integral a la Frontera Sur.
De acuerdo con ese programa, que Proceso reveló en febrero de 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sería la encargada de coordinar las “operaciones de control y vigilancia” en el sur del país, con el propósito de “ordenar el flujo migratorio” e impedir el paso a los más de 250 mil centroamericanos que cada año cruzan el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.
El documento planteaba que las instituciones castrenses operarían de la mano con la PF, el INM y el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), así como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En verano de 2014, el gobierno de Barack Obama prendió las alarmas ante la llegada de más de 50 mil niños centroamericanos no acompañados a su frontera sur, que colapsó los albergues y centros de detención.
Tras una intensa presión de Washington sobre el gobierno mexicano, Peña Nieto concretó el programa diseñado por la Semar y anunció en julio de 2014 la implementación del llamado Plan Frontera Sur.
El número de operativos y redadas antimigrantes se disparó en los estados fronterizos, principalmente en las zonas del tren de mercancías conocido como La Bestia, donde se llevaron a cabo 6 mil 880 acciones en tres años. En el primero, los albergues ubicados en la ruta migratoria reportaron un 85% de incremento en las agresiones perpetradas contra migrantes por parte de las autoridades.
En octubre pasado, el gobierno de Peña Nieto desplegó de nuevo la PF y el INM para impedir la entrada a México a los miles de migrantes centroamericanos que arribaron a la frontera en la caravana conocida como “éxodo centroamericano”. El día 19 de ese mes, mientras Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump, se encontraba en Los Pinos, los agentes rociaron al grupo con gases lacrimógenos.
De acuerdo con el sexto informe de gobierno de Peña Nieto, presentado el mes previo, entre septiembre de 2017 y junio de 2018 se reforzó el Plan Frontera Sur, con 308 operativos realizados de manera conjunta por la PGR –ahora Fiscalía General de la República (FGR)–, la Semar, la Segob, la PF, el INM y la SHCP.
La iniciativa de Ley de la Guardia Nacional reproduce esta intromisión de la nueva fuerza policiaco-militar en labores del INM, y contradice el discurso de la “nueva” política migratoria, anunciada en diciembre pasado. El gabinete de López Obrador insistió en ese entonces que la política migratoria de la nueva administración ya no tendría un enfoque de seguridad nacional.
En noviembre pasado, tres semanas antes de tomar las riendas del INM, Tonatiuh Guillén López subrayó en entrevista con Proceso la necesidad de abandonar “esta práctica de supervisión, de vigilancia cuasi policiaco, que al final de cuentas no resuelve nada y genera tensiones”.
Insistió en que los abusos contra los y las migrantes son producto de la “visión de seguridad nacional” con la que los gobiernos anteriores abordaron el fenómeno migratorio y prometió que, en la administración de López Obrador, esta visión “se abandona”.
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