Project Syndicate, Miércoles, 29/Abr/2020;
El acto de equilibrismo del COVID-19
Durante mucho tiempo, a medida que el gasto en salud iba representando una porción cada vez mayor del PIB de Estados Unidos, yo bromeaba con que los economistas de la salud se estaban convirtiendo en macroeconomistas, y que los macroeconomistas tenían que convertirse en economistas de la salud. Tristemente, esa broma hoy se hizo realidad. Estados Unidos y la economía global están en la contracción más profunda desde la Gran Depresión, debido a los confinamientos para mitigar la propagación del COVID-19 e impedir que los hospitales colapsen. Los ciudadanos están confinados en sus casas y sólo funcionan los servicios “esenciales” –alimentos, servicios públicos, atención médica, policía y cosas por el estilo.Según el pronóstico más reciente del Fondo Monetario Internacional, la economía estadounidense se reducirá casi el 6% este año (comparado con una contracción de alrededor del 7% en la eurozona y 5% en Japón). Los pronosticadores privados, por otro lado, prevén una caída anualizada en el segundo semestre en Estados Unidos de hasta el 40%, con un retorno al crecimiento en el tercer trimestre.
Si el gobierno no estuviera gastando varios billones de dólares para mantener a las empresas a flote, a los trabajadores en las nóminas y a los ingresos en niveles tolerables, el daño sería peor. De todos modos, el desempleo en Estados Unidos se ha disparado a su nivel más alto en más de 70 años.
Afortunadamente, los temores de que el virus se cobrara unos 2,2 millones de vidas en Estados Unidos (si no se tomaba ninguna medida) rápidamente se disiparon. Sólo unos pocos hospitales, en puntos calientes como la ciudad de Nueva York, han colapsado temporariamente; con apoyo federal y estatal, han podido hacer frente al alza en la cantidad de pacientes.
Han muerto decenas de miles de personas y el virus seguirá planteando una amenaza, particularmente para las personas mayores y para quienes tienen comorbilidades como diabetes, enfermedades respiratorias y problemas cardíacos. Pero el distanciamiento social al menos parece estar dando resultados, lo que implica menos hospitalizaciones y muertes.
Sin embargo, el gigantesco costo económico de la crisis también conlleva riesgos para la salud. El estrés financiero de los hogares tiende a derivar en un mayor abuso de sustancias, violencia doméstica y hasta suicidio. Algunos gobiernos cada vez están bajo una mayor presión de los trabajadores, las empresas y otros que exigen el fin de las cuarentenas. Varios países europeos ya han empezado a reabrir sus economías y la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, y varios gobernadores estaduales están preparando lineamientos para hacer lo mismo, en consulta con expertos de salud.
¿Los riesgos sanitarios y económicos se pueden equilibrar de manera sensata? El riesgo de regresar al trabajo y a la escuela no caerá a cero hasta que no contemos con una vacuna efectiva, o hasta que la población haya logrado una “inmunidad colectiva”. En ambos casos, eso probablemente llevaría un año o más. Aún así, hay varias maneras de reducir los riesgos sanitarios asociados con un retorno gradual a una actividad económica normal.
Por empezar, garantizar capacidad hospitalaria y suministros médicos suficientes aseguraría que no colapsen los sistemas de salud en futuros puntos calientes, al igual que las nuevas terapéuticas que puedan reducir sustancialmente los efectos más nocivos del COVID-19 en el organismo. También existe una clara necesidad de aumentar sustancialmente la cantidad de testeos, tanto para el propio virus, para prevenir una mayor transmisión comunitaria, como para anticuerpos a fin de determinar quién puede estar inmunizado, así como niveles de inmunidad colectiva. En California, la administración del gobernador Gavin Newsom ha empezado a contratar a miles de personas para realizar un rastreo de contactos de quienes dan positivo, aunque esto seguramente planteará cuestiones sobre violaciones de la privacidad individual por parte del gobierno.
Mientras tanto, el distanciamiento social generalizado, un resguardo continuo en casa para los más vulnerables y turnos escalonados para los trabajadores esenciales seguirán desempeñando un papel crítico, así como las precauciones de seguridad individuales, como usar mascarillas en público y lavarse las manos con frecuencia.
El cumplimiento de estos protocolos será más fácil para unos que para otros: autoridades electas, empresas, trabajadores y padres enfrentarán opciones difíciles. Las acciones que se tomen (o no se tomen) hoy producirán diferentes resultados en diferentes momentos, y las consecuencias a más largo plazo de cualquier respuesta determinada no serán fáciles de predecir. Intentar aplicar todas las medidas de respuesta a la pandemia mencionadas anteriormente de manera simultánea tiene sentido, pero también es sensata una estrategia que considere las contrapartidas.
Por ejemplo, si el testeo de anticuerpos y las nuevas terapéuticas resultan efectivos, estas dos medidas combinadas podrían reducir sustancialmente los riesgos generados por el COVID-19. Reconociendo que algunos ajustes y revocaciones temporarias pueden ser necesarios, estas intervenciones pueden guiar las decisiones sobre la reapertura de la economía. Asimismo, podemos aprender de otros países. Mientras que Dinamarca hoy está reabriendo las escuelas para los niños más pequeños, Singapur está regresando a una modalidad de confinamiento y Suecia recién está empezando a imponer una cuarentena seriamente.
Si bien estas decisiones deberían basarse en una consideración racional de los riesgos económicos y sanitarios, sería ingenuo pensar que la política no incidirá en la toma de decisiones sobre la pandemia. La elección presidencial de Estados Unidos de noviembre se acerca y las campañas partidarias negativas y acusatorias ya han comenzado. Los gobernadores demócratas serán presionados para distanciarse de las decisiones tomadas por la Casa Blanca; de los republicanos se esperará que abracen las mismas decisiones.
De una u otra manera, la elección siempre iba a ser un referendo sobre el desempeño de Trump y su conducta en el cargo. El foco ahora estará en cómo manejó la pandemia y la reapertura de la economía. Trump y sus colegas republicanos acusarán a los demócratas del Congreso de demorar un paquete de rescate y a los gobernadores demócratas de errar en sus respuestas a la crisis. Joe Biden, el supuesto oponente de Trump, y sus colegas demócratas harán el mismo tipo de acusaciones contra el presidente y otros líderes republicanos.
Sin embargo, la mayor equivocación hasta el momento no fue cometida por un político. El premio se lo lleva la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que en un principio se negó a permitir que los laboratorios comerciales desarrollaran y analizaran pruebas del COVID-19. Por el contrario, le otorgó un monopolio a los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, que pasó a realizar de manera chapucera una primera ronda de pruebas, causando una demora de varias semanas cruciales. Afortunadamente, ambas agencias han mejorado su desempeño desde entonces.
De cara al futuro, si los demócratas ganan la Casa Blanca y el Senado a la vez que retienen el control de la Cámara de Representantes, intentarán implementar una expansión radical del tamaño y alcance del gobierno, redistribuyendo ingresos y aumentando los impuestos en el camino. En una economía que todavía está al borde del colapso, estas políticas inevitablemente demorarán una recuperación plena haciendo subir los costos y creando incertidumbre. Eso, después de todo, es lo que un presidente Barack Obama recientemente electo y los demócratas del Congreso hicieron durante la Gran Recesión, a pesar de las advertencias tempranas de mi parte y de otros. Esa resultó ser la recuperación económica más lenta desde la Segunda Guerra Mundial.
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