La decisión de la Comed
CARLOS MONTEMAYOR
CARLOS MONTEMAYOR
Proceso # 1695, 25 de abril de 2009
Hace 11 meses, los mediadores entre la guerrilla eperrista y el gobierno federal plantearon una serie de preguntas que deberían responder la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República. Sin embargo, ante los mensajes erráticos y cambiantes de la Secretaría de Gobernación, decidieron poner fin a una espera infecunda. Carlos Montemayor, integrante de la Comisión de Mediación y colaborador de Proceso, da cuenta puntual de las razones por las cuales los miembros de esta instancia dieron por terminadas sus funciones.
Pocos días antes de que cumpliera un año, la Comisión de Mediación entre el PDPR-EPR y el Gobierno Federal (Comed) tomó la decisión de poner fin a sus labores. El pasado martes 21 dio a conocer los puntos de vista y las razones con que valoró el proceso de diálogo desde su creación y a través de hechos recientes.
La Comed inició sus labores en mayo de 2008 y desde la primera reunión formal con los representantes del gobierno federal quedó muy claramente establecida la disposición al diálogo de la Secretaría de Gobernación. Ese fue un punto relevante en el inicio de las tareas de la comisión. Pero si bien la disposición gubernamental al diálogo no ha desaparecido, esa disposición no ha logrado convertirse en avances sustantivos para los propósitos de la mediación.
Los avances declarativos y el estancamiento sustantivo comenzaron a ser evidentes a partir del 13 de junio, cuando la Comed entregó amplios documentos sobre acciones procesales emprendidas, argumentos aplicables al caso de los señores Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –como desaparición forzada de personas– y una pequeña lista de cinco preguntas concretas sobre acciones policiales y militares. Tal documentación, que puede consultarse aún ahora en el sitio serapaz.org.mx, nunca mereció respuesta, comentario o análisis por parte del gobierno federal; por el contrario, en la sesión siguiente a la del 13 de junio, se le dijo a la Comed explícitamente que la consideraba como de único interés de los miembros de la comisión y no como dirigidos al gobierno federal. A partir de ese momento la línea declarativa siguió avanzando, pero sin señal de avance sustantivo.
Las tareas que siguió desarrollando la Comed hicieron posible que el 14 de agosto de 2008 se entregaran al gobierno federal otros documentos más amplios, que daban respuesta a las dudas del 13 de junio y que avanzaban en numerosos aspectos policiales, militares, informativos y judiciales que explicaban y sustentaban las razones por las cuales se pedía ampliar la interlocución con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR). Estos documentos también pueden consultarse en serapaz.org.mx.
Entre el 14 de agosto y el 6 de diciembre de 2008, la Comed mantuvo comunicación con la Secretaría de Gobernación vía telefónica y epistolar y mediante sesiones de trabajo con comisiones reducidas para abundar en los contenidos de los documentos del 14 de agosto. En sesión de trabajo efectuada el pasado 5 de febrero, el secretario de Gobernación hizo saber a la Comed, finalmente, que se aceptaba ampliar la interlocución con la Sedena, el Cisen y la PGR. Después, vía telefónica, se pidió a la comisión que entregara por escrito las preguntas y consultas que se desearan plantear a la Sedena. Con tal motivo, el 24 de febrero de este año de 2009 se envió por escrito al subsecretario de Gobernación el siguiente documento:
Propuesta de Agenda para la Ampliación de Interlocución de la Comed con la Sedena
1. En septiembre de 2007, el gobierno federal, a través del entonces subsecretario de la Sedena, el general Tomás Ángeles Dauahare, y del director de el Cisen, Lic. Guillermo Valdés Castellanos, trató de establecer contacto con el EPR a fin de evitar más acciones violentas por parte de la organización armada. Buscó tal comunicación a través de familiares y de exmilitantes del Procup-PDLP que actualmente participan en la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP) y actúan dentro de la legalidad en forma pacífica. El papel de ambos funcionarios fue limitado en tiempo y materia y consistió en abrir canales formales o informales para que el EPR supiera que el gobierno no deseaba llegar a un derramamiento de sangre tanto por un tercer atentado como por enfrentamientos. Consideramos oportunos y válidos estos intentos de acercamiento.
2. Durante ese período ocurrió una coincidencia importante: el cese del hostigamiento a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, aunque no al Comité Cerezo-México en su totalidad, pues fue agredido físicamente uno de sus miembros. En los acontecimientos relacionados con estos hermanos intervino después el Cisen. La relevancia de presionar y buscar contactos con el EPR a través de los hermanos Cerezo Contreras deriva de una presunción esencial: creer que son hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, reputado como dirigente principal del EPR, y de Florencia Canseco Ruiz. A partir de esta presunción, parece lógico que se les considerara canales de comunicación naturales con el EPR y, por tanto, de negociación. Es decir, las amenazas de muerte a los hermanos Cerezo Contreras pudieron interpretarse como un posible mecanismo de presión al EPR y una forma de enviar mensajes a la organización armada para disuadirla de efectuar más atentados. Sin embargo, tales amenazas no fueron útiles como disuasión para frenar precisamente el segundo atentado y, como lo decimos más adelante, tampoco para frenar un posible tercer atentado, pues esto se logró mediante la actuación de la Comisión de Mediación.
Empero, es posible que los numerosos intentos del gobierno por establecer contactos formales o informales con el EPR a través de gestiones como las del subsecretario de la Sedena y del director del Cisen, o de las presiones violentas o negociables con los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, o de la búsqueda de canales con exmilitantes del Procup-PDLP, hayan dificultado al gobierno federal entender el papel de la Comisión de Mediación en el proceso de diálogo. Ante algunas versiones difundidas en los medios informativos acerca de acuerdos secretos entre el EPR y el gobierno federal, solicitamos a la Sedena nos informe sobre la valoración que da ahora a esos intentos de establecer contacto directo o indirecto con el EPR y nos aclare si el ejército “cree” en el origen de la tregua del EPR. La Comisión de Mediación reitera que tal tregua es resultado de la condición planteada a la organización popular armada para iniciar las tareas mediadoras y que el gobierno mexicano precisa reconocerlo así.
3. Solicitamos tal valoración porque es también razonable creer, por todo lo anterior, que algunos sectores del gobierno federal hayan pensado que la “respuesta” del EPR fue la Comisión de Mediación. Por ende, que la tregua del EPR no deriva de la propuesta hecha a esa organización por la Comisión misma; por tanto, que la tregua no es una aportación al proceso de diálogo a través de la Comisión de Mediación y que no está comprometido el gobierno a una aportación equivalente en importancia política a la tregua eperrista.
4. Al tiempo que Gilberto López y Rivas, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y don Samuel Ruiz hacían pública su aceptación (un día antes de que el Frente Nacional Contra la Represión, FNCR, designara como sus representantes en la Comed a Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández) y pedían como condición al EPR el compromiso de una tregua durante el tiempo que durara la mediación, en la ciudad de Oaxaca elementos del Ejército mexicano al mando del general Oropeza Garnica tomaron el edificio de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca sin mandato judicial y se apoderaron de los libros de gobierno. Solicitamos a la Sedena nos amplíe la información sobre la motivación y resultados de este operativo, del que supimos directamente por voz del procurador del estado de Oaxaca.
5. El 26 de abril, el mismo día que el EPR emitió el comunicado para informar que aceptaba la tregua propuesta por la Comisión de Mediación, la Policía Militar y la Policía Federal Preventiva participaron en otro peculiar operativo en la ciudad de Oaxaca: la captura de nueve elementos de la Policía Ministerial de ese estado presuntamente vinculados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos de esos nueve elementos fueron finalmente arraigados por la PGR como presuntos culpables de secuestro, crimen organizado y, destacadamente, desaparición forzada en perjuicio de los eperristas mencionados. Se trató de Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, y de Ángel Reyes Cruz, agente de la misma corporación, apodado El Chicharrón y mencionado en el secuestro de Manuel Díaz Parada. Solicitamos a la Sedena nos informe si considera vinculados de alguna manera estos hechos y el motivo que llevó a la Policía Militar a participar en ese operativo.
6. En la madrugada del 2 de agosto de 2007 se efectuó otra acción del Ejército mexicano en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. El periódico La Jornada del 3 de agosto de 2007 informó que “en busca de presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), más de 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército mexicano catearon cuatro casas y un edificio de diez departamentos en la colonia El Sol… El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y concluyó poco más de una hora después... Los militares portaban pasamontañas y cubrieron los números de serie de los camiones y camionetas oficiales de traslado de personal…”. Familiares y analistas cercanos a la Comisión de Mediación consideraron este operativo como una señal de vida de por lo menos alguno de los desaparecidos, dado el modus operandi con que las autoridades proceden con personas que mantienen desaparecidas. Solicitamos a la Sedena nos abunde en la motivación y resultados de este operativo.
7. Según publicó la revista Proceso el 18 de mayo de 2008, en su número 1646, el 9 de agosto del año 2007 “llegaron a las oficinas de IDP dos sujetos que se identificaron como militares y les informaron que habían presenciado el ingreso de los militantes eperristas en el Campo Militar Número Uno, ubicado en la Ciudad de México”. En entrevista con la revista Proceso, Felipe Canseco Ruiz afirmó que los hechos fueron denunciados ante las secretarías de la Defensa y de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Nosotros, como colectivo de expresos políticos, le dijimos en una reunión al subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare, lo que nos revelaron dos militares en nuestra oficina. El general nos dijo que no tenía jurisdicción sobre esos asuntos. Nosotros entendimos que no estaba a su alcance confirmar la versión, ni podía intervenir en este asunto”. En efecto, hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal. Todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del Ejército en este proceso de pesquisas y acciones del gobierno federal. Deseamos saber qué piensa la Sedena sobre los motivos que llevaron a esos militares a dar tal información.
8. Es relevante destacar que ocho días después de que el entonces subsecretario de Sedena y el director del Cisen se habían entrevistado con los integrantes de IDP, Felipe Edgardo Canseco Ruiz y Hermenegildo Torres Cruz, este último fue detenido por elementos de la PGR. Esta Comisión considera sumamente delicado que una de las personas con las que el gobierno federal se había acercado para buscar comunicación con el EPR hubiera sido arrestada, aunque liberada a la brevedad. Por ello, preguntamos quién ordenó, para qué y por qué dicha detención. Es razonable, además, suponer que las acciones de la PGR no estaban coordinadas con el Ejército y que podrían resultar excluyentes. Deseamos confirmar y conocer las posibles razones de esta aparente falta de coordinación.
9. Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio del 2008, en la televisora del canal 13 de Oaxaca, la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que el EPR contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la comandancia de la Policía Ministerial del Estado en la ciudad de Oaxaca para internarlos en los separos. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, conocido en el medio policial oaxaqueño como “comandante Corro”, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como los “Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.
El EPR ha precisado que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron dejados hacia las 5 de la tarde del 24 de mayo de 2007 en un punto cercano al hotel El Árbol (sin que se hubieran hospedado en ningún momento ahí), pues tendrían una reunión de trabajo a las 7 de la tarde. Fue la última vez que tuvieron contacto con ellos. Si fueron conducidos con el “comandante Corro” a las 00:00 hrs. del 25 de mayo, no pudieron provenir, pues, de los Loxicha.
Por otro lado, ese mismo día (o noche) estaban activos dos comandantes que pudieron haber concurrido en la aprehensión, conducción, entrega o desaparición de los dos eperristas: Alfredo Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez. De estos comandantes, Jonás Gutiérrez Corro está desaparecido y los dos restantes han sido asesinados en la ciudad de Oaxaca. Deseamos saber si Sedena ha considerado la eliminación de estos elementos vinculada de alguna forma con la desaparición de los eperristas. Esta pregunta la haremos también a la PGR y al Cisen.
Desde la perspectiva de los documentos, la Comed estuvo esperando nueve meses a que se materializara la ampliación de la interlocución, nueve meses transcurrieron sin que recibiera comentario, respuesta o análisis de los documentos del 14 de agosto, y 11 meses sin que recibiera respuesta a los documentos del 13 de junio. No puede afirmarse, por tanto, en este sentido, que la decisión tomada por la Comed fuera apresurada, irreflexiva o inesperada.
Paso ahora a algunas comunicaciones telefónicas recientes que también influyeron en el ánimo de los integrantes de la Comed. El pasado 3 de abril la Secretaría de Gobernación propuso telefónicamente a la comisión las fechas del 17 o del 24 de este mismo mes para celebrar la primera reunión de ampliación del diálogo en una de dos modalidades: sólo con la Sedena, o con las tres dependencias juntas, Sedena, Cisen y PGR. Además se le preguntó a la Comed si el documento del 24 de febrero era una consulta sólo para Sedena o también para la PGR y el Cisen, pues si no fuera ese el caso, que se enviaran por escrito las preguntas y consultas para la PGR y el Cisen.
El día 6 de abril, la Subsecretaría de Gobernación planteó a la Comed que la única opción posible de ampliación del diálogo era mediante una reunión con las tres instancias juntas. El día siguiente, el 7 de abril, durante una sesión especial de trabajo, la Comed informó telefónicamente a la Subsecretaría de Gobernación que aceptaba la propuesta y que pedía, con el fin de que esa reunión del 17 de abril no fuese sólo protocolaria, se le enviaran por escrito previamente las respuestas al documento del 24 de febrero. Durante esa misma comunicación telefónica, la Subsecretaría de Gobernación inquirió si las preguntas que debían responder las instancias de la interlocución eran las del último documento del 13 de junio de 2008; además, refirió que desconocía los documentos del 14 de agosto. Después de estas noticias sorpresivas, al día siguiente, el 8 de abril, la misma dependencia me comunicó que había localizado ya la documentación del 14 de agosto, pero que desconocía la del 24 de febrero. Ese mismo día transmití por correo electrónico las consultas y por la noche me transmitieron el acuse de recibo.
El 15 de abril por la noche, la subsecretaría informó que se suspendía la sesión prevista para el 17 y que confirmarían al día siguiente si sería posible contestar por escrito previamente las consultas del 24 de febrero. Se propuso a la Comed el 24 de abril para celebrar la sesión, pero se le hizo saber a la subsecretaría que algunos integrantes de la comisión no podrían asistir ese día. La subsecretaría sugirió que la Comed propusiera otra fecha, lo cual no hizo ya. El 16 de abril por la noche la subsecretaría informó que se respondería por escrito a las consultas el jueves 23.
En pocos días, la Subsecretaría de Gobernación dio un gran vuelco en el manejo de la documentación de la mediación. Era difícil saber si se trataba de un desorden de archivos, de ineficiencia de secretarias o de una tomadura de pelo. Sin el conocimiento y ponderación previa, por parte de la Sedena, el Cisen y la PGR, de los documentos extraviados en la Subsecretaría de Gobernación; sin contar a tiempo los representantes de la Sedena, el Cisen y la PGR (y al parecer, la propia Segob) con las bases de información de las consultas del 24 de febrero, le pareció a la Comed que, ante tales mensajes erráticos y cambiantes, era un momento lógico para suspender una espera que se avizoraba interminable e infecunda.
Respuestas a las respuestas
El viernes 24, la Secretaría de Gobernación incluyó en su portal, a las 16:27 horas y bajo la responsabilidad de Miguel Pizano, subdirector de Información de esa dependencia, las preguntas que la Comed planteó el 24 de febrero y un intento de respuestas que ejemplifican las modalidades de la formulación de las versiones oficiales. La primera respuesta puede considerarse falsa y notable e intencionalmente inexacta, según puede comprender cualquier lector por los numerosos hechos y datos en contrario que contienen los documentos que la comisión presentó el multicitado 14 de agosto de 2008. La segunda respuesta es también notablemente inexacta, porque es imposible afirmarla “categóricamente”: hay numerosas evidencias en contrario en los documentos de la Comed del 14 de agosto de 2008. Lo que la Segob propone como tercera respuesta no tiene el menor vínculo ni sentido con la tercera consulta planteada por la Comed.
La cuarta respuesta, por otro lado, está en flagrante contradicción con la versión que la Comed recogió de las propias autoridades del estado de Oaxaca en la ciudad capital de esa entidad federativa el verano del año pasado; se trata, pues, de una respuesta sujeta a revisión y confirmación. La quinta respuesta es extraordinariamente increíble e inútil: desde el 2 de octubre de 1968, hasta las desapariciones de activistas indígenas guerrerenses hace escasas semanas, no ha habido registros oficiales de grupos de choque militares ni paramilitares; es una respuesta a todas luces insuficiente.
La sexta respuesta es equívoca e insuficiente, como lo puede observar cualquier lector atento y medianamente informado. La séptima respuesta no alude en absoluto a la pregunta del documento de la Comed. La octava respuesta constituye, por el contrario, un planteamiento útil para analizar y comentar en una sesión de trabajo. Pero la última respuesta no tiene la menor relación con la última consulta planteada por la Comed en su documento del 24 de febrero de 2008.
Las respuestas públicas de la Segob, pues, confirman que los documentos entregados por la Comed al gobierno federal el 13 de junio, el 14 de agosto de 2008 y el 24 de febrero de 2009, no merecieron un análisis ya no digamos atento, sino sólo suficiente, desde junio del año pasado hasta el momento en que la comisión decidió suspender justificadamente sus labores.
Hace 11 meses, los mediadores entre la guerrilla eperrista y el gobierno federal plantearon una serie de preguntas que deberían responder la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República. Sin embargo, ante los mensajes erráticos y cambiantes de la Secretaría de Gobernación, decidieron poner fin a una espera infecunda. Carlos Montemayor, integrante de la Comisión de Mediación y colaborador de Proceso, da cuenta puntual de las razones por las cuales los miembros de esta instancia dieron por terminadas sus funciones.
Pocos días antes de que cumpliera un año, la Comisión de Mediación entre el PDPR-EPR y el Gobierno Federal (Comed) tomó la decisión de poner fin a sus labores. El pasado martes 21 dio a conocer los puntos de vista y las razones con que valoró el proceso de diálogo desde su creación y a través de hechos recientes.
La Comed inició sus labores en mayo de 2008 y desde la primera reunión formal con los representantes del gobierno federal quedó muy claramente establecida la disposición al diálogo de la Secretaría de Gobernación. Ese fue un punto relevante en el inicio de las tareas de la comisión. Pero si bien la disposición gubernamental al diálogo no ha desaparecido, esa disposición no ha logrado convertirse en avances sustantivos para los propósitos de la mediación.
Los avances declarativos y el estancamiento sustantivo comenzaron a ser evidentes a partir del 13 de junio, cuando la Comed entregó amplios documentos sobre acciones procesales emprendidas, argumentos aplicables al caso de los señores Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –como desaparición forzada de personas– y una pequeña lista de cinco preguntas concretas sobre acciones policiales y militares. Tal documentación, que puede consultarse aún ahora en el sitio serapaz.org.mx, nunca mereció respuesta, comentario o análisis por parte del gobierno federal; por el contrario, en la sesión siguiente a la del 13 de junio, se le dijo a la Comed explícitamente que la consideraba como de único interés de los miembros de la comisión y no como dirigidos al gobierno federal. A partir de ese momento la línea declarativa siguió avanzando, pero sin señal de avance sustantivo.
Las tareas que siguió desarrollando la Comed hicieron posible que el 14 de agosto de 2008 se entregaran al gobierno federal otros documentos más amplios, que daban respuesta a las dudas del 13 de junio y que avanzaban en numerosos aspectos policiales, militares, informativos y judiciales que explicaban y sustentaban las razones por las cuales se pedía ampliar la interlocución con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR). Estos documentos también pueden consultarse en serapaz.org.mx.
Entre el 14 de agosto y el 6 de diciembre de 2008, la Comed mantuvo comunicación con la Secretaría de Gobernación vía telefónica y epistolar y mediante sesiones de trabajo con comisiones reducidas para abundar en los contenidos de los documentos del 14 de agosto. En sesión de trabajo efectuada el pasado 5 de febrero, el secretario de Gobernación hizo saber a la Comed, finalmente, que se aceptaba ampliar la interlocución con la Sedena, el Cisen y la PGR. Después, vía telefónica, se pidió a la comisión que entregara por escrito las preguntas y consultas que se desearan plantear a la Sedena. Con tal motivo, el 24 de febrero de este año de 2009 se envió por escrito al subsecretario de Gobernación el siguiente documento:
Propuesta de Agenda para la Ampliación de Interlocución de la Comed con la Sedena
1. En septiembre de 2007, el gobierno federal, a través del entonces subsecretario de la Sedena, el general Tomás Ángeles Dauahare, y del director de el Cisen, Lic. Guillermo Valdés Castellanos, trató de establecer contacto con el EPR a fin de evitar más acciones violentas por parte de la organización armada. Buscó tal comunicación a través de familiares y de exmilitantes del Procup-PDLP que actualmente participan en la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP) y actúan dentro de la legalidad en forma pacífica. El papel de ambos funcionarios fue limitado en tiempo y materia y consistió en abrir canales formales o informales para que el EPR supiera que el gobierno no deseaba llegar a un derramamiento de sangre tanto por un tercer atentado como por enfrentamientos. Consideramos oportunos y válidos estos intentos de acercamiento.
2. Durante ese período ocurrió una coincidencia importante: el cese del hostigamiento a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, aunque no al Comité Cerezo-México en su totalidad, pues fue agredido físicamente uno de sus miembros. En los acontecimientos relacionados con estos hermanos intervino después el Cisen. La relevancia de presionar y buscar contactos con el EPR a través de los hermanos Cerezo Contreras deriva de una presunción esencial: creer que son hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, reputado como dirigente principal del EPR, y de Florencia Canseco Ruiz. A partir de esta presunción, parece lógico que se les considerara canales de comunicación naturales con el EPR y, por tanto, de negociación. Es decir, las amenazas de muerte a los hermanos Cerezo Contreras pudieron interpretarse como un posible mecanismo de presión al EPR y una forma de enviar mensajes a la organización armada para disuadirla de efectuar más atentados. Sin embargo, tales amenazas no fueron útiles como disuasión para frenar precisamente el segundo atentado y, como lo decimos más adelante, tampoco para frenar un posible tercer atentado, pues esto se logró mediante la actuación de la Comisión de Mediación.
Empero, es posible que los numerosos intentos del gobierno por establecer contactos formales o informales con el EPR a través de gestiones como las del subsecretario de la Sedena y del director del Cisen, o de las presiones violentas o negociables con los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, o de la búsqueda de canales con exmilitantes del Procup-PDLP, hayan dificultado al gobierno federal entender el papel de la Comisión de Mediación en el proceso de diálogo. Ante algunas versiones difundidas en los medios informativos acerca de acuerdos secretos entre el EPR y el gobierno federal, solicitamos a la Sedena nos informe sobre la valoración que da ahora a esos intentos de establecer contacto directo o indirecto con el EPR y nos aclare si el ejército “cree” en el origen de la tregua del EPR. La Comisión de Mediación reitera que tal tregua es resultado de la condición planteada a la organización popular armada para iniciar las tareas mediadoras y que el gobierno mexicano precisa reconocerlo así.
3. Solicitamos tal valoración porque es también razonable creer, por todo lo anterior, que algunos sectores del gobierno federal hayan pensado que la “respuesta” del EPR fue la Comisión de Mediación. Por ende, que la tregua del EPR no deriva de la propuesta hecha a esa organización por la Comisión misma; por tanto, que la tregua no es una aportación al proceso de diálogo a través de la Comisión de Mediación y que no está comprometido el gobierno a una aportación equivalente en importancia política a la tregua eperrista.
4. Al tiempo que Gilberto López y Rivas, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y don Samuel Ruiz hacían pública su aceptación (un día antes de que el Frente Nacional Contra la Represión, FNCR, designara como sus representantes en la Comed a Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández) y pedían como condición al EPR el compromiso de una tregua durante el tiempo que durara la mediación, en la ciudad de Oaxaca elementos del Ejército mexicano al mando del general Oropeza Garnica tomaron el edificio de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca sin mandato judicial y se apoderaron de los libros de gobierno. Solicitamos a la Sedena nos amplíe la información sobre la motivación y resultados de este operativo, del que supimos directamente por voz del procurador del estado de Oaxaca.
5. El 26 de abril, el mismo día que el EPR emitió el comunicado para informar que aceptaba la tregua propuesta por la Comisión de Mediación, la Policía Militar y la Policía Federal Preventiva participaron en otro peculiar operativo en la ciudad de Oaxaca: la captura de nueve elementos de la Policía Ministerial de ese estado presuntamente vinculados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos de esos nueve elementos fueron finalmente arraigados por la PGR como presuntos culpables de secuestro, crimen organizado y, destacadamente, desaparición forzada en perjuicio de los eperristas mencionados. Se trató de Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, y de Ángel Reyes Cruz, agente de la misma corporación, apodado El Chicharrón y mencionado en el secuestro de Manuel Díaz Parada. Solicitamos a la Sedena nos informe si considera vinculados de alguna manera estos hechos y el motivo que llevó a la Policía Militar a participar en ese operativo.
6. En la madrugada del 2 de agosto de 2007 se efectuó otra acción del Ejército mexicano en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. El periódico La Jornada del 3 de agosto de 2007 informó que “en busca de presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), más de 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército mexicano catearon cuatro casas y un edificio de diez departamentos en la colonia El Sol… El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y concluyó poco más de una hora después... Los militares portaban pasamontañas y cubrieron los números de serie de los camiones y camionetas oficiales de traslado de personal…”. Familiares y analistas cercanos a la Comisión de Mediación consideraron este operativo como una señal de vida de por lo menos alguno de los desaparecidos, dado el modus operandi con que las autoridades proceden con personas que mantienen desaparecidas. Solicitamos a la Sedena nos abunde en la motivación y resultados de este operativo.
7. Según publicó la revista Proceso el 18 de mayo de 2008, en su número 1646, el 9 de agosto del año 2007 “llegaron a las oficinas de IDP dos sujetos que se identificaron como militares y les informaron que habían presenciado el ingreso de los militantes eperristas en el Campo Militar Número Uno, ubicado en la Ciudad de México”. En entrevista con la revista Proceso, Felipe Canseco Ruiz afirmó que los hechos fueron denunciados ante las secretarías de la Defensa y de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Nosotros, como colectivo de expresos políticos, le dijimos en una reunión al subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare, lo que nos revelaron dos militares en nuestra oficina. El general nos dijo que no tenía jurisdicción sobre esos asuntos. Nosotros entendimos que no estaba a su alcance confirmar la versión, ni podía intervenir en este asunto”. En efecto, hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal. Todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del Ejército en este proceso de pesquisas y acciones del gobierno federal. Deseamos saber qué piensa la Sedena sobre los motivos que llevaron a esos militares a dar tal información.
8. Es relevante destacar que ocho días después de que el entonces subsecretario de Sedena y el director del Cisen se habían entrevistado con los integrantes de IDP, Felipe Edgardo Canseco Ruiz y Hermenegildo Torres Cruz, este último fue detenido por elementos de la PGR. Esta Comisión considera sumamente delicado que una de las personas con las que el gobierno federal se había acercado para buscar comunicación con el EPR hubiera sido arrestada, aunque liberada a la brevedad. Por ello, preguntamos quién ordenó, para qué y por qué dicha detención. Es razonable, además, suponer que las acciones de la PGR no estaban coordinadas con el Ejército y que podrían resultar excluyentes. Deseamos confirmar y conocer las posibles razones de esta aparente falta de coordinación.
9. Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio del 2008, en la televisora del canal 13 de Oaxaca, la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que el EPR contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la comandancia de la Policía Ministerial del Estado en la ciudad de Oaxaca para internarlos en los separos. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, conocido en el medio policial oaxaqueño como “comandante Corro”, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como los “Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.
El EPR ha precisado que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron dejados hacia las 5 de la tarde del 24 de mayo de 2007 en un punto cercano al hotel El Árbol (sin que se hubieran hospedado en ningún momento ahí), pues tendrían una reunión de trabajo a las 7 de la tarde. Fue la última vez que tuvieron contacto con ellos. Si fueron conducidos con el “comandante Corro” a las 00:00 hrs. del 25 de mayo, no pudieron provenir, pues, de los Loxicha.
Por otro lado, ese mismo día (o noche) estaban activos dos comandantes que pudieron haber concurrido en la aprehensión, conducción, entrega o desaparición de los dos eperristas: Alfredo Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez. De estos comandantes, Jonás Gutiérrez Corro está desaparecido y los dos restantes han sido asesinados en la ciudad de Oaxaca. Deseamos saber si Sedena ha considerado la eliminación de estos elementos vinculada de alguna forma con la desaparición de los eperristas. Esta pregunta la haremos también a la PGR y al Cisen.
Desde la perspectiva de los documentos, la Comed estuvo esperando nueve meses a que se materializara la ampliación de la interlocución, nueve meses transcurrieron sin que recibiera comentario, respuesta o análisis de los documentos del 14 de agosto, y 11 meses sin que recibiera respuesta a los documentos del 13 de junio. No puede afirmarse, por tanto, en este sentido, que la decisión tomada por la Comed fuera apresurada, irreflexiva o inesperada.
Paso ahora a algunas comunicaciones telefónicas recientes que también influyeron en el ánimo de los integrantes de la Comed. El pasado 3 de abril la Secretaría de Gobernación propuso telefónicamente a la comisión las fechas del 17 o del 24 de este mismo mes para celebrar la primera reunión de ampliación del diálogo en una de dos modalidades: sólo con la Sedena, o con las tres dependencias juntas, Sedena, Cisen y PGR. Además se le preguntó a la Comed si el documento del 24 de febrero era una consulta sólo para Sedena o también para la PGR y el Cisen, pues si no fuera ese el caso, que se enviaran por escrito las preguntas y consultas para la PGR y el Cisen.
El día 6 de abril, la Subsecretaría de Gobernación planteó a la Comed que la única opción posible de ampliación del diálogo era mediante una reunión con las tres instancias juntas. El día siguiente, el 7 de abril, durante una sesión especial de trabajo, la Comed informó telefónicamente a la Subsecretaría de Gobernación que aceptaba la propuesta y que pedía, con el fin de que esa reunión del 17 de abril no fuese sólo protocolaria, se le enviaran por escrito previamente las respuestas al documento del 24 de febrero. Durante esa misma comunicación telefónica, la Subsecretaría de Gobernación inquirió si las preguntas que debían responder las instancias de la interlocución eran las del último documento del 13 de junio de 2008; además, refirió que desconocía los documentos del 14 de agosto. Después de estas noticias sorpresivas, al día siguiente, el 8 de abril, la misma dependencia me comunicó que había localizado ya la documentación del 14 de agosto, pero que desconocía la del 24 de febrero. Ese mismo día transmití por correo electrónico las consultas y por la noche me transmitieron el acuse de recibo.
El 15 de abril por la noche, la subsecretaría informó que se suspendía la sesión prevista para el 17 y que confirmarían al día siguiente si sería posible contestar por escrito previamente las consultas del 24 de febrero. Se propuso a la Comed el 24 de abril para celebrar la sesión, pero se le hizo saber a la subsecretaría que algunos integrantes de la comisión no podrían asistir ese día. La subsecretaría sugirió que la Comed propusiera otra fecha, lo cual no hizo ya. El 16 de abril por la noche la subsecretaría informó que se respondería por escrito a las consultas el jueves 23.
En pocos días, la Subsecretaría de Gobernación dio un gran vuelco en el manejo de la documentación de la mediación. Era difícil saber si se trataba de un desorden de archivos, de ineficiencia de secretarias o de una tomadura de pelo. Sin el conocimiento y ponderación previa, por parte de la Sedena, el Cisen y la PGR, de los documentos extraviados en la Subsecretaría de Gobernación; sin contar a tiempo los representantes de la Sedena, el Cisen y la PGR (y al parecer, la propia Segob) con las bases de información de las consultas del 24 de febrero, le pareció a la Comed que, ante tales mensajes erráticos y cambiantes, era un momento lógico para suspender una espera que se avizoraba interminable e infecunda.
Respuestas a las respuestas
El viernes 24, la Secretaría de Gobernación incluyó en su portal, a las 16:27 horas y bajo la responsabilidad de Miguel Pizano, subdirector de Información de esa dependencia, las preguntas que la Comed planteó el 24 de febrero y un intento de respuestas que ejemplifican las modalidades de la formulación de las versiones oficiales. La primera respuesta puede considerarse falsa y notable e intencionalmente inexacta, según puede comprender cualquier lector por los numerosos hechos y datos en contrario que contienen los documentos que la comisión presentó el multicitado 14 de agosto de 2008. La segunda respuesta es también notablemente inexacta, porque es imposible afirmarla “categóricamente”: hay numerosas evidencias en contrario en los documentos de la Comed del 14 de agosto de 2008. Lo que la Segob propone como tercera respuesta no tiene el menor vínculo ni sentido con la tercera consulta planteada por la Comed.
La cuarta respuesta, por otro lado, está en flagrante contradicción con la versión que la Comed recogió de las propias autoridades del estado de Oaxaca en la ciudad capital de esa entidad federativa el verano del año pasado; se trata, pues, de una respuesta sujeta a revisión y confirmación. La quinta respuesta es extraordinariamente increíble e inútil: desde el 2 de octubre de 1968, hasta las desapariciones de activistas indígenas guerrerenses hace escasas semanas, no ha habido registros oficiales de grupos de choque militares ni paramilitares; es una respuesta a todas luces insuficiente.
La sexta respuesta es equívoca e insuficiente, como lo puede observar cualquier lector atento y medianamente informado. La séptima respuesta no alude en absoluto a la pregunta del documento de la Comed. La octava respuesta constituye, por el contrario, un planteamiento útil para analizar y comentar en una sesión de trabajo. Pero la última respuesta no tiene la menor relación con la última consulta planteada por la Comed en su documento del 24 de febrero de 2008.
Las respuestas públicas de la Segob, pues, confirman que los documentos entregados por la Comed al gobierno federal el 13 de junio, el 14 de agosto de 2008 y el 24 de febrero de 2009, no merecieron un análisis ya no digamos atento, sino sólo suficiente, desde junio del año pasado hasta el momento en que la comisión decidió suspender justificadamente sus labores.
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